La Organización Política Mundial (OPM), brazo ejecutivo del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha definido a la corrupción internacional como "el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común" y a la gubernamental como "la desviación de los fines de la función pública en beneficio particular".

De acuerdo con el juicio de la OCDE, "la corrupción ha dejado de ser considerada un problema exclusivamente doméstico y constituye hoy uno de los principales desafíos de la agenda global".

Por esta razón el 17 de diciembre de 1997, en París, los países miembros y otras naciones no integrantes alentaron la ratificación de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Transnacionales, conocida también como la Convención contra el Soborno Transnacional (CST) de la OCDE.

El preámbulo de la convención establece que "el soborno es un fenómeno generalizado en las transacciones económicas internacionales, incluyendo el comercio y las inversiones, lo cual constituye una seria preocupación moral y política". Cada país participante está obligado, "con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico a prohibir y sancionar el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de su funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial".

Transparencia Internacional solicitó al Instituto Gallup International Association (GIA) un estudio sobre las fuentes de soborno en el mundo, cuyos resultados se conocieron en enero de 2000.

El mismo consistió en la realización de entrevistas de profundidad con líderes del sector privado de las 14 economías emergentes más importantes que en su conjunto demandaban más del 60% de las importaciones del comercio mundial: India, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, Argentina, Brasil, Colombia, Hungría, Polonia, Rusia, Marruecos, Nigeria y África del Sur. Como contrapartida se indagó sobre el posible pago de sobornos desde las compañías líderes de las 19 principales naciones exportadores del mundo. Así, se divulgó el Índice de Fuentes de Soborno (IFS) cuya escala de percepción implica una calificación de 10 para los más limpios y de 0 para los más proclives al pago de sobornos transnacionales, circunstancia esta que reconfirma la presencia de la corrupción en el comercio y las transacciones comerciales:

Pregunta: "en los sectores empresariales que le son familiares, por favor indique si es muy probable, bastante probable o improbable que compañías de los siguientes países paguen soborno para obtener o conservar negocios en su país":

Fuente: Transparencia Internacional.

Los compañías transnacionales de los llamados "tigres asiáticos", incluyendo China, resultaron ser las campeonas en el pago percibido de sobornos, fundamentalmente a funcionarios de los gobiernos de los países en vías de desarrollo y emergentes. El segundo lugar lo ocuparon globalmente las empresas representativas de las naciones europeas como Italia, Francia y España.

¿Cuáles son los sectores de su país de residencia en los que altos funcionarios públicos estarían muy probablemente, probablemente o improbablemente dispuestos a aceptar sobornos o a extorsionar?

Fuente: Transparencia Internacional.

Según la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, "la cultura de la corrupción bloquea la capacidad de los gobiernos para suministrar los servicios básicos a los ciudadanos, mina la confianza de la gente en la democracia y a menudo está ligada al crimen transfronterizo, incluidos el tráfico de drogas, el crimen organizado y el lavado de dinero (Consejo de Las Américas, 02/05/2000). Estados Unidos fue el primer país del planeta que internamente legisló en específico contra el soborno. Lo hizo en 1977.

La Unión Europea, por intermedio de una comisión especializada, ha desarrollado una política común con iniciativas de coordinación entre sus Estados miembros, en la medida en que las prácticas corruptas transnacionales han tocado sus intereses de grupo.

De hecho, el 15 de diciembre de 1995, mediante resolución, instó a los Estados y a las instituciones "a emprender acciones de lucha contra la corrupción" y definió áreas o ámbitos donde es indispensable establecer iniciativas y estrategias sobre las que se viene trabajando desde hace más de cinco años:

Los países que vienen trabajando programas nacionales anticorrupción con el apoyo de agencias multilaterales como el Banco Mundial, distintos de América Latina son: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Benin, Bosnia, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chad, China, Etiopía, Georgia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Kazakhastán, Kenia, Corea del Sur, Malawi, Mali, Moldavia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Sri Lanka, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam, Yemen y Zambia.