Las razones por las que era necesaria una actualización del sistema nacional de identificación y cedulación, entre otras, las encontramos en un informe que le entregó el contralor Eduardo Roche Lander al presidente electo Hugo Chávez, el 8 de diciembre de 1998. Aquellas quedaron identificadas:

Las estadísticas de la Contraloría aludían a una merma en la capacidad de expedición de documentos de identidad por parte de la Oni-dex, incluido el año 1998 que fue eminentemente electoral.

Fuente: Contraloría General de la República.

Walter Márquez, quien en el pasado como parlamentario independiente electo en las filas del MAS investigó toda suerte de desaguisados en la Oni-Dex, particularmente a lo largo del año 1997; como embajador de la V República en La India advirtió en noviembre de 2000 acerca de algunas fallas que consideraba tenía el pliego licitatorio que el gobierno nacional emprendía para darle vida al proyecto Sinacoc: Sistema Nacional de Identificación y Control Ciudadano (El Nacional, 19/11/2000). En una misiva dirigida a los ministros de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel; y de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila -este último promotor de la iniciativa de actualización-, expresó:

El 10 de noviembre de 2000 se realizó un evento para la recepción de las ofertas y la precalificación respectiva, basada en documentos exigidos y manifestaciones de voluntad. El 22 de enero de 2001 se conoció que las empresas Indra, de España, (que participó en varias procesos electorales automatizados y en particular en el fracaso de las megaelecciones del 28 de mayo de 2000) y Hyundai, de Corea del Sur; se disputaban el liderazgo para dotar a los venezolanos de un tipo de cédula que incorporaba un chip electrónico, tras abrirse públicamente los sobres.

Un tercer consorcio, integrado por varias compañías internacionales, Iatex, finalizó en tercer lugar, pero con una oferta superior a las dos primeras. El Ministerio de Interior y Justicia había conformado una comisión de licitaciones para conducir el proceso y llevarlo a feliz término. Fueron eliminados el consorcio francés Sedir-Gemplus y el alemán, Eurodelta-Novacard-Ibcol-Dermalog, por no cumplir claramente con las especificaciones técnicas previas del proyecto, por lo que sus sobres ya habían sido devueltos con anterioridad.

Indra se presentaba asociada con las empresas ENAC, Syseca y la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres de España, mientras que los coreanos iban en comandita con Sedif, DST, HIT y AIT. La tercera precalificada, Iatex, planteaba una sinergia operacional y tecnológica con Multiplexor, Integris, Imaging Automation y Grupo Bull. Las respectivas ofertas fueron las siguientes:

Fuente: El Universal.

El ministro Dávila anunció que en una semana se conocería al ganador definitivo, una vez que se volvieran a revisar las ofertas técnicas y económicas, para luego buscar la firma final del contrato. El proceso de recedulación iniciado por la administración Caldera tenía un costo inicial estimado de 500 a 600 millones de dólares, por lo que Luis Alfonso Dávila expresó (El Universal, 23/01/2001):

— Quedó claro que los promotores del proyecto anterior estaban cometiendo algo irregular, por cuanto manejaban precios que no se compadecen con las ofertas que hemos recibido... Hay dos que ofertaron por la mitad del costo manejado en 1997.

Pero en el mismo evento los representantes de la descalificada Sedir-Gemplus manifestaron su molestia por quedar eliminados. "Es, vaya paradoja, la misma firma a la que los rumores filtrados meses atrás a periodistas y articulistas atribuían tener amarrado el contrato" –escribía el periodista Ernesto Villegas Poljak en la reseña de lo que fue la apertura de los sobres (El Universal, 23/01/2001).

La buena pro para Hyundai fue anunciada el 29 de enero de 2001 por el Ministerio de Interior y Justicia, por lo que la firma coreana dispondría de unos 42 meses para levantar todo el sistema digital de información ciudadana.

— Hemos cumplido ante los ojos de Venezuela y el mundo al llevar adelante un proceso licitatorio impecable, transparente, con la participación del Ministerio de Interior y Justicia y de la mayor parte de las universidades de Venezuela –refirió Dávila (El Universal, 30/01/2001).

La euforia del ministro Dávila duró muy poco, por no decir nada. Al día siguiente de la buena pro, la licitación y la escogencia de Hyundai fue cuestionada por el diputado copeyano César Pérez Vivas, quien argumentó que tenía serias dudas en cuanto a la calidad tecnológica del ganador y que era mejor investigar la licitación en la Comisión de Política Interior de la Asamblea.

— Creo que el Ministerio de Interior y Justicia desestimó informaciones muy serias en relación con el riesgo que pudiera correrse con la data que se va a automatizar y con la tecnología que se va a usar. Hay que determinar la certeza de que esta gran inversión que se va a hacer no se perderá y no se convertirá en chatarra electrónica (El Universal, 01/02/2001).

La réplica contra Pérez Vivas la asumió el viceministro Igor Colmenares sobre la marcha: "la licitación fue transparente. Los procesos anteriores fueron muy viciados. Jamás se informó nada, porque las negociaciones fueron de gobierno a gobierno... Este proceso desde el comienzo fue abierto a la prensa, fue público y se informaron los pasos. Inclusive" –dijo- "se ofreció a los medios de comunicación que tuvieran a una persona permanentemente en los comités técnicos para que la ciudadanía supiera todo lo que pasaba" (Globovisión, 02/02/2001). Se insistió en que la nueva cédula digital podría estar en manos de los primeros ciudadanos en el mes de julio de 2001.

Eran tres los consorcios que cuestionaban la licitación y amenazaban con emprender acciones legales: IMA 200 (ENAC-Indra-Thomson), Sedir-Gemplus y la coalición Ibcol-Dermalog-Novacard-Eurodelta. A pesar del cuadro, el Ministerio por la vía de Igor Colmenares ratificó el 7 de febrero que el gobierno firmaría contrato definitivo con Hyundai que consignó una fianza por 22 millones de dólares. El portavoz de los participantes alemanes, Riggo Barrios, puntualizó que la tecnología ofrecida por los coreanos servía sólo para "sistemas policiales de control de criminalidad" (El Universal, 08/02/2001).

La solicitud hecha antes por el diputado Pérez Vivas ante la Comisión de Política Interior de investigar había sido bloqueada por la mayoría emeverrista hasta nuevo aviso. De todos los cuestionamientos, el que tenía mejor base era la inutilización de alrededor del 40% de la data actual de registro de identificaciones de la Oni-Dex en el nuevo proceso digital, razón aparentemente suficiente para no justificar la nueva inversión.

Luego de la sustitución de Luis Alfonso Dávila de Interiores y Justicia por Luis Miquilena, quien regresaba al despacho de Carmelitas (Dávila pasó a la Cancillería), éste declaró que consideraba que no había bases para realizar una nueva licitación (El Nacional, 25/02/2001).

— Estoy a la espera de la información. Me parece que no hay bases suficientes, hasta el presente, como para abrir otro proceso de licitación. Si en la investigación que hace la Asamblea Nacional se encuentran bases suficientes, entonces sería el momento de hacer el estudio correspondiente.

La Asamblea Nacional formalizó la apertura de una investigación en febrero de 2001, pero muy centrada en la fortaleza financiera de la compañía Hyundai, de la que se venían reportando problemas financieros y luchas internas de poder desde febrero. Por ejemplo, se mencionaba que Chung Mong Hun y Chung Mong Koo, ambos hijos del fundador de Hyundai: Chung Ju Yung, se peleaban por el control de las filiales Hyundai Engineering & Construction, Hyundai Motors y Hyundai Electronics Industries, las más apetecidas familiarmente.

Pero en adición, el primer conglomerado industrial de Corea del Sur buscaba dinero fresco por la cantidad de 2.300 millones de dólares para limpiar compromisos financieros y varios colapsos gerenciales que obligaron a la familia Chung a buscar la protección del gobierno coreano. Un contrato como el de la cedulación era fundamental para ayudar al rescate del holding al borde de la quiebra por disponer de un endeudamiento del tenor de los casi 10.000 millones de dólares.

De hecho, el 26 de febrero la Asamblea Nacional solicitó formalmente al Ministerio de Interior y Justicia el diferimiento de la firma del contrato definitivo, hasta tanto la Comisión de Contraloría no se pronunciara.

El vicepresidente de la instancia parlamentaria, Pedro Carreño, aclaró que podrían encontrarse daños al patrimonio público (El Nacional, 27/02/2001), por lo que lo mejor era concluir la investigación y verificar cada uno de los cuestionamientos de orden técnico, financiero y jurídico levantados contra Hyundai:

Un informe atribuido a Indra, expresaba las siguientes críticas (El Nacional, 27/02/2001):

La Subcomisión de Gasto Público del comité de Contraloría se propuso interpelar a los ministros Luis Alfonso Dávila, Luis Miquilena y a los representantes de las empresas competidoras, Hyundai e IMA 2000.

— Les recuerdo –dijo Luis Alfonso Dávila, en virtud de la situación planteada- que pude perfectamente haber firmado el contrato, lastimosamente todo estaba listo para ser firmado horas antes de entregar el Ministerio del Interior y no me pareció ni prudente ni conveniente hacerlo de esa forma, por lo tanto le expresé a mi sucesor (Luis Miquilena) que estaba todo absolutamente listo y que a él le correspondería hacer la firma del contrato (El Universal, 01/03/2001).

Durante marzo se realizaron las interpelaciones. Las posiciones fueron tan encontradas como para evidenciar que se trataba de una guerra comercial por el control del proyecto Sinacoc. Veamos tan sólo una muestra del todos contra todos:

En la documentación consignada por el grupo alemán Ibcol, liderado por Rolf Neger, se denunció a un supuesto comisionista, de esta manera: "el chantajista posee un apellido de alto vuelo en el mundo de la política venezolana y hablaba a nombre de altos personeros del gobierno cercanos al presidente Chávez" (El Universal, 13/03/2001). Agregó el representante: "El chantajista amenazó al consorcio Ibcol en términos dramáticos: ‘ustedes tienen la mejor tecnología cinco estrellas, pero si no nos dan tantos millones de dólares, ustedes no sólo perderán la licitación. Serán excluidos de los tres últimos precalificados. El consorcio Ibcol no dio soborno y el chantajista cumplió lo prometido... esta denuncia estremecerá a la opinión pública cuando salgan los nombres a la calle". Aseguró haber acudido a la Disip en el debido momento.

El diputado Alejandro Arzola, miembro de la Comisión de Contraloría, informó que el nombre del supuesto chantajista era Manuel López Contreras, y, supuestamente, era funcionario de segunda categoría en el Ministerio de Interior y Justicia durante la gestión de Luis Alfonso Dávila. El semanario Quinto Día, en la edición del 16 al 23 de marzo de 2001, en la primera página reveló que "Quinto Día averiguó que la extorsión se ubicó en 300 mil dólares. Como si fuera poco, aparece una dama dispuesta a echar el cuento después que la llevaron de viaje a Europa, donde iba el funcionario extorsionista. La joven sostiene que sólo consiguió en ese viaje un embarazo, pues no le honraron el compromiso matrimonial".

— Según un informe de la Disip, pareciera que esa persona que ustedes señalaron como autor de este chantaje no existe –le preguntó a Riggo Barrios, representante de Ibcol, el periodista Ernesto Villegas Poljak, al saber que la policía política no daba con el paradero del presunto comisionista Manuel López Contreras (El Universal, 19/03/2001).

— ¿Cómo que no existe?

— La persona llamada Manuel López Contreras.

— Si no existe entonces no sé quién era el que estaba haciendo la infinidad de llamadas y presiones, no sólo a nosotros sino también a los empleados de nuestra empresa, con amenazas. Pero tiene que existir, porque ese fue el nombre que teníamos. Ahora, que no lo encuentren, es otra cosa.

— ¿Esa persona tenía por nombre Manuel López Contreras?

— Sí.

— ¿El señor Rolf Neger dijo en la Disip que lo conocía desde hacía tres años?

— No, yo no sé si él dijo eso, porque no estaba presente cuando eso. Lo que te digo es que en los últimos meses de este proceso fue cuando este señor hacía presión. No sólo él, sino también personas que llamaban en nombre de él, para hacer presiones.

— ¿Y qué calidad tenía él para hacer estas presiones? ¿Se presentaba como funcionario?

— Mira, no lo sé. Nosotros tenemos experiencia en otros países donde también han existido ciertas presiones de personas que se quieren aprovechar de un contrato multimillonario para recibir algún beneficio. No sé si sea el caso de este señor. Es más, algunas personas usan nombres de personeros del gobierno que a lo mejor ni están enterados de que los están utilizando para esos fines. Las denuncias son reales y fueron consignadas.

— ¿Han cesado sus llamadas?

— Por ahora creo que sí. Por lo menos en los momentos en que yo he estado en la oficina. Creo que no ha llamado más.

Los perdedores solicitaron formalmente la revalorización de las ofertas pero con la condición de que se nombrara un nuevo comité de licitaciones y de que se repitiera la última fase del proceso. Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores y antes de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila, y los diputados emeverristas Pedro Carreño y Luis Velásquez Alvaray, tuvieron un ataja perros el día que la comisión de Contraloría interpeló al funcionario el 14 de marzo.

— Señor diputado –le dijo Dávila a Velásquez Alvaray- usted no actuó por mala fe. Actuó en desconocimiento flagrante de lo que se hacía en el Ministerio de Interior y Justicia. Ese procedimiento debo denunciarlo ante el país (El Universal, 15/03/2001).

La molestia del Ministro estaba centrada en cómo era posible que la comisión de Contraloría emprendiera una investigación y lo citara, basada en una comunicación apócrifa (el supuesto documento puesto a circular por Indra en la Asamblea Nacional).

— Debemos abrir la investigación –le contestó su correligionario Velásquez Alvaray- porque de lo contrario, señor Ministro, usted ahorita estuviera siendo acusado. Quien se molesta, yo lo siento. Se irán a molestar todos los ministros.

Miquilena todavía esperaba la conclusión de la investigación para tomar la determinación de si firmaba o no el contrato con Hyundai. Habían transcurrido ya tres meses desde que los coreanos habían ganado la licitación. El presidente de Hyundai, Tae Won Ahn, vino a Caracas pero difícilmente entendía por qué el diputado Carreño decía que había recibido amenazas de muerte e intimidaciones telefónicas (El Universal, 19/04/2001).

— Tenemos la certeza de que el gobierno y la Asamblea Nacional –expresó Ahn al calor de una traducción simultánea- tomarán las decisiones justas y correctas. Demostramos tener capacidad financiera y tecnológica y confiamos en el sistema legal venezolano. No ocultamos nada, no sabemos nada de corrupción y somos una empresa seria (El Universal, 30/04/2001).

— El diputado Pedro Carreño denunció amenazas de muerte por este caso –le replicó el periodista Ernesto Villegas Poljak.

— Eso nos sorprendió. Hemos trabajado en muchos países y nunca hemos hecho esas cosas. Si él recibió una amenaza, debería cerciorarse de quién lo hizo. Puede haber terceros tratando de manipularlo para que hable en contra nuestra.

Los representantes de la empresa Hyundai ejecutaron una ofensiva final por la aceptación de su triunfo, de tal suerte que entre otras acciones invitaron a los parlamentarios a una demostración de la tecnología ofrecida a Venezuela, pero en los laboratorios de Corea del Sur.

— Si en un país hay problemas de denuncias de corrupción y tráfico de influencias es en Corea del Sur –salía al paso Roger Bonet, portavoz del consorcio IMA 2001 e Indra-. Allí hay una especie de chantaje. Eso forma parte de los procesos de negociación (El Universal, 10/05/2001).

A estas alturas del proceso, una mayoría no cuantificada exactamente en el seno de la Comisión de Contraloría estaba muy ganada a poner en duda la victoria de Hyundai. La empresa reforzó su presencia en Caracas y trajo al presidente mundial de la firma: Sun Bae Kim. El embajador de Venezuela en Corea del Sur, Guillermo Quintero, en el interín envió al canciller Luis Alfonso Dávila un informe donde daba fe de la capacidad tecnológica de Hyundai, una vez que visitó los laboratorios involucrados en el proyecto (El Nacional, 05/06/2001).

A comienzos de junio circulaban dos versiones de informes preliminares, ambos dando por infundadas las críticas contra Hyundai.

— El informe no recomendará empresas, sólo concluirá si Hyundai está o no en capacidad de cumplir técnica y financieramente con lo previsto en el pliego de la licitación –aclaró el diputado Pedro Carreño... Ha sido una investigación compleja, en la cual ha habido presiones, intereses económicos y políticos de por medio, y hasta amenazas de muerte. Los que han filtrado que se va a exonerar a Hyundai o a favorecer esta empresa con el resultado de la investigación son unos embusteros o tienen intereses personales (El Nacional, 11/06/2001).

— ¿Los parlamentarios van a viajar finalmente a Corea?

— Vimos con gran preocupación, cuando volvimos a recibir a los representantes de Hyundai, que esta empresa le hizo una oferta a la Comisión de Contraloría para ir a Corea. En honor a lo que pienso, me parece un irrespeto al Parlamento. Nosotros tenemos los mecanismos y los medios para atender una investigación, y no podemos permitir que el investigado nos esté pagando viajes, pasajes, hoteles. Yo creo que esa es una forma velada de soborno. Así que el Parlamento no va; el diputado que quiera ir no será con la anuencia de la Comisión de Contraloría.

— En la Comisión de Contraloría la oposición tiene una apreciación muy diferente al MVR sobre este caso –le formuló la última pregunta la periodista Cenovia Casas de El Nacional.

— La oposición ha asumido una decisión premeditada desde el primer momento en que se introdujo la denuncia. Dos parlamentarios (Alejandro Arzola y Edgard Mora) han amenazado con acudir a la Fiscalía si no se presenta el informe. Que vayan a la corte celestial, no podemos aceptar presiones. ¿Qué interés tienen de presionar y amenazar? Pues para ver si tuercen el rumbo...

La Subcomisión de Control de Gasto Público de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional emitió un informe a finales de julio de 2001 en el que asientan que:

El informe, no obstante lo inocuo de su contenido, fue adversado por el canciller Luis Alfonso Dávila, ex ministro de Interior y Justicia, quien consideró que era necesario que los parlamentarios explicaran mejor las conclusiones, pues podrían persistir las dudas.

— El informe sí llega a contundentes conclusiones sobre la incapacidad del consorcio Hyundai para adelantar el proyecto del Sistema Nacional de Identificación y Control Ciudadano... Una vez concluidos todos los análisis, es inevitable que el informe no recomiende al Estado venezolano tomar el riesgo de contratar con esta empresa –explicó el diputado Luis Velásquez Alvaray (El Nacional, 03/08/2001).

Esta licitación para adelantar el Sistema Nacional de Identificación y Control Ciudadano, sin duda, es el más importante concurso abierto por la actual administración hasta el presente, no solo por la cuantía de la inversión sino por la importancia estratégica que tiene el proyecto a todo evento.

El 30 de agosto de 2001 el Ministro de Interior y Justicia, Luis Miquilena, anunció públicamente que había tomado la decisión de abrir una nueva licitación para darle curso al proyecto Sinacoc. Por igual que se solicitaría apoyo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para emprender el nuevo proceso. Las medidas tomaron a su antecesor, el Canciller Luis Alfonso Dávila, fuera del país.

— Es un hecho que vamos a convocar una nueva licitación –sentenció Miquilena... Asumo el costo de la revocatoria de la licitación. La decisión es irreversible (El Nacional, 31/08/2001 y 01/09/2001).

Se basó en las observaciones que puntualizó la Asamblea Nacional. Los otros sorprendidos, naturalmente, fueron los ejecutivos de Hyundai, algunos de los cuales ya habían emprendido algunas tareas preliminares al interior de la Oni-dex.

En vista de que la decisión fue publicada en forma de resolución en la Gaceta Oficial, además sin el conocimiento previo de Hyundai, a su regreso el canciller Dávila reaccionó:

— La decisión que se ha tomado en relación con la licitación la adopta el Ministro del Interior y Justicia en el ámbito de sus atribuciones. Ahí no hay ninguna duda respecto del tema... No voy a agregar ni una palabra más (El Universal, 07/09/2001).

— Ministro, ¿no se pone en entredicho su palabra cuando afirmó que era una de las licitaciones más completas y transparentes que se han hecho en Venezuela? –le insistieron los reporteros de Miraflores.

— Dije, y creo que no es necesario repetir, sobre ese particular yo no agrego ni una letra más, ni una sílaba más, ni una coma más...

Por su parte, Hyundai se debatía entre tomar o no medidas jurídicas contra la República para salvar su reputación internacional, pero sembró dudas serias acerca de la seguridad jurídica en el país, no sin ocultar furia y frustración.

— Aquí hay que tomar una medida heroica en relación con las licitaciones –nos explicó el ex fiscal Ramón Escovar Salom. Las licitaciones se convierten aquí en un juego paranoico porque el que pierde la licitación siempre acusa a la otra parte, la ganadora.

— Eso acaba de ocurrir con la digitalización y sustitución del actual sistema de identificación y cedulación...

— Pasa todos los días. Cualquier licitación que usted haga en Venezuela la van a acusar de corrupción. Es verdad que muchas veces hay comisiones fuertes que se pagan y caen en mecanismos muy adulterados. Pero la única manera de combatir esto es simplificando los procedimientos, porque justamente todas esa coimas aparecen porque los procedimientos son alterados. Si los procedimientos fueran sencillos y más transparentes, fáciles, las licitaciones serían más creíbles. La corrupción dentro de la corrupción vive es de la complejidad del procedimiento. Las cosas mientras más sencillas menos posibilidades le dan a la corrupción. Si se disminuyen los obstáculos y alcabalas entre una gestión y otra, disminuiría un buen trecho de corrupción.

— ¿Qué hace falta para lograr una efectiva simplificación procedimental y administrativa?

— La única cosa que yo aplaudiría de este gobierno es un decreto que se llama Ley de Facilitación de los Trámites Administrativos. Pero el problema es que ni los usuarios, ni la sociedad, ni los funcionarios, nadie lo conoce. Es una ley de la República con vigencia desde hace más de un año, pero usted le pregunta por ella a un funcionario y ni lo miran. Yo no creo que lo hayan formulado con el ánimo de combatir la corrupción, pero cualquiera que sea el objetivo tendrá repercusión sobre la corrupción... El ‘vuelva mañana’ es el grito de guerra de la ineficacia administrativa en Venezuela. Aquí para cualquier cosa hay que pasar una carrera de obstáculos. Disminuirlos sería ya un paso contra la corrupción.

A propósito de las licitaciones, el general Víctor Cruz Weffer, como presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (Fondur), declaró que, a su juicio, "licitar no es legal, ya que significa que los cuatro o cinco poderosos de la construcción se ganen todos los contratos" (Unión Radio, 07/03/2001).

— Existen mecanismos legales para eliminar el proceso de licitaciones, como el decreto de emergencia del año 2000, y en el 2001 la adjudicación también será directa por la reformulación de la Ley de Licitaciones, la cual establece que los recursos son por Ley de Endeudamiento Público Externo. Bajo este método se le da cabida a más de 400 empresas pequeñas, medianas y grandes. El mecanismo para elegir a las empresas que participarán en el proceso de construcción de viviendas consiste en recibir las ofertas de las distintas compañías, evaluar su capacidad y capital, y luego seleccionar a la más calificada.

La posición del militar a propósito de no licitar fue adversada por el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Andrés Azpúrua, quien consideró que "todos los proyectos que se están realizando en materia de vivienda tienen que ser licitados debido a que el proceso es más transparente. La adjudicación directa acentúa la discrecionalidad" (El Nacional, 09/03/2001).

— El sector privado quiere colaborar con el Estado en los proyectos, pero la actitud de algunos entes del gobierno no es adecuada –manifestó Azpúrua.

La palabras del militar Cruz Weffer tampoco pasaron desapercibidas al ex ministro del FIV, Luis Alvaray, quien afirmó que "así como podemos decir que la democracia es el mejor de todos los sistemas de gobierno conocidos, igualmente podemos afirmar, guardando las distancias, que la licitación es el mejor método para realizar las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado".

Las ventajas de licitar fueron expuestas por Alvaray (El Mundo, 13/03/2001):

"La nueva Ley de Licitaciones –remarcó Alvaray- promulgada en diciembre pasado (2000) echa por la borda todos estos puntos y aun cuando formalmente mantiene los procesos licitatorios, introduce en el artículo 81 una serie de posibilidades para la adjudicación directa y en la práctica la obligación de licitar desaparece".

Licitaciones como la llamada internacionalmente por PVD-Marina, para la adquisición de tres barcos transportadores de asfalto por más de 150 millones de bolívares, impugnada por Diques y Astilleros Venezolanos ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo; la del Metro de Maracaibo por 300 millones de dólares ganada por la empresa Siemens pero cuestionada por los perdedores; y la destinada a la rehabilitación de las casas de máquinas I y II de la central hidroeléctrica Raúl Leoni en Guri, auspiciada por Edelca, señalada por ex directivos de la empresa de electrificación; son apenas una muestra de licitaciones grandes que han arrojado dudas muy serias en la V República.