El Consejo Nacional Electoral (CNE) se convirtió en la organización del Estado más repudiada por la población en general.

Prueba de esto lo constituye el nivel de rechazo que obtuvo en el Estudio Nacional de Opinión presentado públicamente por la firma Estudios y Organización Eugenio Escuela, el 5 de julio de 2001. Ante la pregunta "en todos los países existen instituciones importantes, ¿usted confía en?, el resultado con respecto al CNE fue el siguiente:

Fuente: Eugenio Escuela.

Uno de los episodios que sin duda contribuyó a fortalecer la incredulidad del venezolano en el CNE fue la organización fallida de las elecciones pautadas para el 28 de mayo de 2000. Este episodio pasará a la historia como El Megadesastre o El Megafracaso, además en tiempos en los que la beligerancia del CNE fue crucial, si tomamos en cuenta que el llamado soberano fue convocado a sufragar en seis elecciones entre 1998 y 2000, con un costo superior a los 300 mil millones de bolívares.

Fuente: El Nacional y El Universal.

En enero de 1999, el Tribunal de Salvaguarda tenía tres expedientes abiertos en contra de la directiva del CNE presidida por Rafael Parra Pérez. Los casos venían del año 1998 y eran los siguientes:

La Dirección de Control de Entidades Autónomas de la Contraloría, en enero de 1999, exigió un reparo al ex director de Administración y Finanzas del CNE, Domingo Hernández, pues no había presentado fundamentos razonados por la cancelación a la empresa Preámbulo 121 de 340 millones de bolívares, con un cheque firmado por él y por el directivo Arnaldo León D’Alessandro, a cambio de ninguna contraprestación comercial al Consejo. Se trataba de algunos trabajos relacionados con la automatización del sistema de postulaciones (El Universal, 11/01/1999).

En paralelo, una comisión del Congreso presidida por David Paravisini, Emilio López y Héctor Vargas; tenía la presunción de que había muchos responsables en el pago a Preámbulo y por ello señalaron responsabilidad política preliminar a: Rafael Parra Pérez, presidente del CNE pero exonerado por la Contraloría; Mirian Kornblith, primera vicepresidenta; Rafael García Borges, segundo vicepresidente; Andrés Caleca, presidente de la Comisión de Control Administrativo; Eladio Hernández, presidente de la Comisión de Automatización, exonerado también por la Contraloría; y Arnaldo León D’Alessandro. Pero también fueron mencionados en el informe parlamentario: Héctor Mujica, ex director de Tecnología Electoral; Amarilis Gamboa, ex directora de Partidos Políticos, María Eugenia Gásperi Romero, del área de Finanzas; Francisco Parazo Marrero, de Bienes y Servicios; Domingo Hernández, ex director de Administración; Francisco Ruiz, Contralor Interno; Nelson Carmona, asistente del Consultor; y Manuel Pradas, gerente de Automatización (El Universal, 11/01/1999).

En otras palabras, toda la plana mayor del CNE, más el presidente de Preámbulo, César García, y Judith Murillo, de la firma y antes empleada del CNE (El Universal, 11/01/1999). El 14 de enero la Contraloría formalizó un reparo contra Domingo Hernández, quien debía retornar al fisco la cantidad de 340 millones 180 mil bolívares por concepto de la erogación no autorizada a Preámbulo 121 C.A. (El Universal, 15/01/1999).

— Nadie lo autorizó para esa contratación. No existe ningún documento que señale que alguno de los... directivos lo haya autorizado. El propio presidente del CNE le solicitó al Procurador de la República que, en vista de que no se trataba de un pago autorizado, proceda a recuperar el dinero –explicó Argelia Saúd, directora general de Control de Entidades Autónomas (El Universal, 15/01/1999).

Domingo Hernández estaba aparentemente en el exterior y contaba con 20 días para apelar el dictamen. El 4 de marzo una nueva decisión de la Contraloría recayó en el miembro principal del directorio del CNE, Arnaldo León D’Alessandro. Se le señaló como "uno de los responsables administrativos del pago indebido a la empresa Preámbulo 121, de 340 millones 180 mil bolívares, a pesar de que los trabajos convenidos nunca se efectuaron (El Universal, 05/03/1999).

Eduardo Roche Lander confirmó la responsabilidad administrativa de D’Alessandro y pidió su destitución de la directiva del CNE en un plazo no mayor de 30 días (El Universal, 05/06/1999). El presidente nuevo era Andrés Caleca, quien recibió la notificación, junto con las responsabilidades administrativas y sin perjuicio de acciones penales, de Domingo Hernández (fuera del país), Francisco Jaime Ruiz, Hugo Nicolás Conde y Nelson Corona.

— En este caso se me ha hecho un juicio político en el que se ha saltado a la torera toda la normativa procedimental y la valoración del cúmulo de pruebas que demostraban suficientemente mi inocencia –se fue en explicaciones Arnaldo León D’Alessandro en una rueda de prensa ofrecida el 08 de junio (El Universal, 09/06/1999).-. Soy de la convicción de que no imperaron en este caso en el que se me vincula criterios de tipo jurídico. La decisión de la Contraloría es apresurada y aberrante, afecta al Consejo Nacional Electoral, pues intenta sacarlo a todo evento antes del proceso constituyente para desestabilizar las funciones del CNE y poner en peligro el proceso.

Como el caso era hasta cierto punto inédito, se creó una confusión de a quién le correspondería destituir a D’Alessandro y los otros funcionarios.

Pero D’Alessandro había interpuesto un recurso ante la misma Corte, cuyo fin era evitar la destitución.

Finalmente, las autoridades del CNE procedieron con la salida de Arnaldo León D’Alessandro el 2 de julio de 1999, mediante una resolución interna basada en el criterio expuesto en los días precedentes por la Corte, de que era al CNE a quien le competía el asunto.

A lo largo de 1999 y hasta antes de las elecciones de relegitimación que pautaba el proceso constituyente y la nueva Constitución Bolivariana, el Consejo Nacional Electoral realizó tres consultas: el 25 de abril, el 25 de julio y el 15 de diciembre.

La primera información que dio cuenta de la organización de las llamadas megaelecciones la dio el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Isaías Rodríguez, el 14 de diciembre de 1999. Se requería la aprobación de un estatuto electoral que las rigiera, pero la fecha posible estaba enmarcada entre el 14 y el 28 de febrero de 2000 (El Universal, 16/12/1999). La Asamblea conversaba al respecto con el CNE.

Eduardo Semtei, quien venía de ser el administrador de la Constituyente y pasó a ser segundo vicepresidente de la nueva directiva transitoria del Consejo, fue quien anunció que el organismo estaría listo técnicamente para los megacomicios, a partir del 8 de mayo (El Universal, 06/01/2000).

El tema de una eventual separación de los comicios en dos tandas, comenzó a dar vueltas en la cabeza de más de uno. Pero fue el 18 de enero de 2000 cuando la Constituyente propuso la realización de las elecciones previstas para el domingo 28 de mayo. La directiva lanzó esta tesis a la comisión de Régimen Político para el estudio correspondiente.

Se requería la participación de los votantes para elegir: Consejos Legislativos Regionales, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales, Asamblea Nacional, Parlamento Andino, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Amazónico, Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes, Alcalde Mayor y sufragios para los indígenas en el caso de su representación ante los Consejos legislativos Regionales, Concejos Municipales y Juntas Parroquiales, de acuerdo con lo establecido para las etnias en La Bolivariana. Finalmente en los últimos actos constituyentes dictados en Ciudad Guayana el 31 de enero se resolvió efectuar las elecciones pendientes el 28 de mayo de 2000.

La eventual realización de las elecciones había provocado una cadena de impugnaciones ante el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Los ex constituyentes de oposición Allan Brewer Carías, Claudio Fermín y Alberto Franceschi solicitaban la postergación. El ex diputado y ex candidato presidencial, Gonzalo Pérez Hernández, pedía una fecha distinta al 28 de mayo, prohibir al CNE que siguiera con la organización y declararan la nulidad del estatuto electoral que las regía. Había otras tres impugnaciones, donde destacaba la interpuesto por el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de Febrero (Cofavic) y de Queremos Elegir, quienes pedían la suspensión por varias razones, entre otras que no estaba garantizada la participación y los electores no conocían el proceso ni disponían de la suficiente información como para votar a conciencia.

A pesar de que la empresa Unisys había recibido una extensión contractual por unos 254 millones de bolívares para la realización de una base de datos automatizada para las postulaciones del proceso que no efectuó a entera satisfacción del ente comicial, el CNE, apenas 15 días antes, ratificó la realización de las megaelecciones, en el entendido de que el único escenario que manejaba era el de las elecciones completas el 28 de mayo (El Universal, 19/05/2000). No obstante, el Consejo reconoció el 18 de mayo de 2000 que el proceso adolecía de algunos retrasos técnicos, detectados durante varios simulacros realizados.

Se tenía prevista la reorganización de un simulacro nacional para el 22 de mayo, pero ya se sabía que un lote de tarjetas flash card había arribado con defectos al país, mientras que la base de datos de los postulados era objeto de continuas revisiones y actualizaciones lo cual incidía en la remoción constante de las boletas electorales electrónicas que debían ser leídas por las flash card.

La empresa responsable de programar las flash card, ES&S, había divido al país en tres regiones. Pero la empresa española Indra había detectado inconsistencias en la relación tecnológica que se daba entre la base de datos de las postulaciones, las boletas electorales y las actas de escrutinio. Ello era la combinación letal necesaria para que los simulacros y los propios comicios fracasaran. De hecho, representantes nacionales e internacionales de Indra le plantearon al fiscal Javier Elechiguerra las serias dificultades tecnológicas: "si las megaelecciones estuviesen fijadas para hoy, sería técnicamente imposible realizarlas" (El Universal, 19/05/2000). El punto estaba en decidir entre un mandato constitucional que ordenaba realizarlas y la cada vez más notoria imposibilidad técnica de ejecutarlas. En el camino estaban las impugnaciones, única salida jurídica viable para convalidar elementos proclives a la suspensión.

Pero la crisis que desembocó en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender los comicios realmente comenzó desde el punto de vista de opinión pública el 24 de mayo, cuando la gerencia de Automatización estimó "temerario" realizar las elecciones el 28 de mayo. Se proponía trasladar la consulta mínimo hasta el 25 de junio. Alberto Cárdenas, gerente de Automatización, había consignado una comunicación al presidente del CNE, Etanislao González, en la que afirmaba que "las condiciones técnicas no garantizan un proceso seguro a menos que puedan realizarse previamente pruebas de flash card y de totalización" (El Universal, 25/05/20000).

Cárdenas contaba con el apoyo de todos los directores adscritos a la gerencia de Automatización. "En vista de que no se han mantenido los canales formales de entrega de información, esta Gerencia no se hace responsable por la generación de tarjetas flash card". Otro informe atribuido a Cárdenas denuncia que "el día martes en la madrugada se presentó en la Gerencia de Automatización personal de la Disip, acompañados por personal de la Fiscalía y el ingeniero Gustavo Reyes Zumeta (de la empresa STIS), sin el consentimiento de esta Gerencia extrajeron las bases de datos de postulaciones, además de información utilizada para el proceso electoral" (El Universal, 25/05/2000). Agregó: "luego de esta situación anómala que viola los procedimientos de seguridad, respecto de la información manejada por esta Gerencia, no podemos asumir responsabilidad sobre cualquier trabajo o proceso subsiguiente sin que el mismo pueda ser verificado por esta Gerencia".

El cuadro general organizativo de las elecciones arrojaba el siguiente mapa de debilidades cuatro días antes de las elecciones, según el reporte de la periodista Yolanda Valery Gil de El Universal, quien junto con la colega Roselena Ramírez Prado, del diario El Globo, posteriormente ampliaron en el reportaje titulado Megafracaso 2000: la conspiración de los sordos, editado en marzo de 2001 (El Universal, 25/05/1999):

El mismo día que se difundió la información anterior, el 25 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender las elecciones, tras una audiencia oral que dio lugar el amparo introducido por las organizaciones civiles Cofavic y Queremos Elegir, cuyos dirigentes, Liliana Ortega y Elías Santana, demandaban funcionamiento óptimo de la tecnología electoral, mejor preparación de los miembros de mesa y buena calidad en la información a los electores.

La audiencia contó con los testimonios y la participación de varios representantes del CNE, como el gerente de Automatización, Alberto Cárdenas; y el consultor Jurídico, Marcos Gómez. Pero además estaban presentes los directivos, Etanislao González, presidente del CNE; Eduardo Semtei, segundo vicepresidente; y Juan Badell, del directorio. La Fiscalía General de la República estuvo representada por Malanie Vendan; y la Defensoría del Pueblo por su director general, Juan Navarrete.

Una lapidaria intervención del gerente de Automatización, Alberto Cárdenas, vista por todo el país en cadena de radio y TV, marcó lo que sería el resultado jurídico de la decisión. Bastó y sobró que asumiera públicamente que "lamentablemente" no avalaba la plataforma tecnológica del proceso, para que se impusiera el consenso en favor de la suspensión inmediata y del diferimiento hasta subsanar todos los detalles.

La sentencia del Tribunal Supremo, bajo la modalidad del amparo oral –pues el escrito se hubiera dilatado una semana más en accionarse debido a los procedimientos rutinarios con quién sabe qué resultados-, estableció:

El consultor jurídico del CNE, Marcos Gómez, puso en evidencia durante la audiencia la ineficiencia manifiesta de la empresa ES&S, al señalarla como la responsable del Megadesastre:

— El CNE siempre buscó –explicó- la manera de solucionar los problemas planteados con respecto a este proceso comicial tan complicado... Pero también decimos que no ha habido la suficiente eficiencia en la labor de la empresa ES&S, que no sólo tenía la responsabilidad de mantener las máquinas, sino que también debía elaborar las tarjetas flash card... Por esa razón, la empresa Indra nos comunicó hoy jueves a las 7 a.m. que no es posible aceptar la base de datos que le entregó la empresa ES&S. Pero eso no es responsabilidad del CNE, instancia que no puede admitir tamaño incumplimiento de la empresa norteamericana (El Universal, 26/05/2000).

Sobre la marcha el presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena, se abocó a la búsqueda de consenso para una nueva fecha eleccionaria. Comenzaba la cuenta regresiva para la salida de la directiva del CNE encabezada por Etanislao González (presidente), Argenis Riera (primer vicepresidente), Eduardo Semtei (segundo vicepresidente) y los directores Juan Badell y Omar Rodríguez. Miquilena recibió el 25 de mayo a González y Semtei para escuchar sus argumentaciones frente al fracaso.

— Tal vez se exageró la nota de escrúpulos –dijo Miquilena- al insistir en la asignación de los contratos relacionados con la automatización de las megaelecciones a dos compañías distintas, lo que finalmente habría degenerado en competencia entre ambas (ES&S e Indra)-. Me parece que eso tiene mucho que ver con el retraso... Ahora, no quiero adelantar juicios... El tribunal Supremo de Justicia acordó que se abriera una investigación... Vamos a hacer todo lo posible porque el período que transcurra entre este momento y las elecciones sea lo más corto posible(El Universal, 26/05/2000).

Las empresas responsables de la plataforma automatizada, ES&S (Election Systems & Software) e Indra cayeron en un complejo y largo sinfín de acusaciones mutuas y contra el propio Consejo. La norteamericana intentaba salvar su responsabilidad aduciendo que el CNE hizo cambios en las bases de datos hasta el final: "estaba obligado por contrato a entregarnos la base antes del 4 de mayo pasado, pero no lo hizo ‘porque los archivos finales de datos no estaban completos para esa fecha... ES&S comenzó a recibir datos preliminares después del 10 de mayo. Sin embargo, el Consejo siguió haciendo cambios hasta el 21 de mayo’" (El Universal, 26/05/2000). Por su parte la española hacía saber que la base de datos de postulaciones recibida no tenía forma de recuperación y por lo tanto se retiraba del proceso y lo comunicó en la carta leída por el consultor jurídico, Marcos Gómez, en la audiencia oral (El Universal, 26/05/2000).

El presidente del Consejo Moral Republicano, el fiscal Elechiguerra acusó a los directivos del CNE de haber mentido:

— Prefiero decir mentira y no engaño, porque esta última palabra me trae malos recuerdos –dijo-. Hasta la noche anterior a que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara diferir las elecciones el CNE sostuvo que sí estaba capacitado para afrontar el proceso electoral, frente a los integrantes del Consejo Moral republicano: Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo. Y por eso no podíamos más que sorprendernos ante las afirmaciones efectuadas en la audiencia por el consultor jurídico del ente comicial, Marcos Gómez (El Universal, 27/05/2000).

El abogado de Carlos Andrés Pérez, Alberto Arteaga Sánchez, fue uno de los primeros en advertir públicamente que la directiva del CNE había incurrido en delitos penales, como "peculado culposo, sustracción o destrucción de documentos e información y haber hecho pagos por obras no realizadas o mal ejecutadas" (El Universal, 27/05/2000).

Básicamente centró el análisis en delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público:

Mientras, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía la prohibición de salida del país para los directivos del Consejo el propio 28 de mayo. Ello, "mientras se individualizan las responsabilidades de todos los funcionarios que ocasionaron el diferimiento del proceso electoral" (El Universal, 29/05/2000).

— No basta solicitar la separación del cargo, o aceptar la renuncia que ellos puedan presentar –fijó su posición Dilia Parra, la defensora del Pueblo-, porque ello implicaría continuar con la viciosa práctica de que en Venezuela no se le imponen sanciones severas a quienes descaradamente violan el juramento de servir a la Patria, y luego pretenden arreglar la situación con una renuncia que permitiría evadir responsabilidades.

El viejo fantasma sobre si separar o no las elecciones en dos bloques, volvió a aparecer. Representantes del oficialismo, en principio, no veían la necesidad de fraccionar el proceso. "Existe un consenso porque sean completas, aunque el tiempo sea un poco más largo," argumentaba Elías Jaua, vicepresidente de la Comisión Legislativa Nacional y jefe de un comité para buscar la nueva fecha electoral (El Universal, 29/05/2000). Pero lo que sí estaba virtualmente resuelto era la remoción de la directiva del Consejo Nacional Electoral. "Eso es absolutamente indispensable", aseguró Luis Miquilena el mismo día.

El 29 de mayo, justo un día después de la abortada fecha, la juez Irma Mancilla, del Tribunal 5 Penal y de Control de Caracas, citó a la directiva del CNE en calidad de imputados. Se encargó de aclarar que la convocatoria no era como testigos. Además, llamó judicialmente a Alberto Cárdenas, el gerente de Automatización; Elizabeth Mijares, directora de Partidos Políticos; Pedro Marín, director de Tecnología Electoral; y a Rodolfo Zapata, director de Informática. Cada quien debía explicar su participación y responsabilidades en la organización de la puja electoral.

Esa misma noche del 29 la directiva presentó la renuncia ante Luis Miquilena, jefe del ente –el Congresillo- que los había designado. Resultó evidente que lo hicieron en medio de divergencias entre ellos, puesto que el presidente saliente del Consejo, Etanislao González, Argenis Riera, el primer vicepresidente; y el director principal, Juan Vicente Badell; suscribieron una carta en la que "reiteramos nuestra plena convicción de que todas nuestras actuaciones se produjeron con la diligencia y responsabilidad exigida por los cargos que nos correspondió ejercer, en el espíritu y propósito inalienable de alcanzar los altos fines de la República que nos fueron encomendados, y que en buena medida, hasta donde nos fue posible, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios personales, hemos avanzado para que en una fecha muy cercana culminen las actividades necesarias para la culminación de las elecciones que han de producir la relegitimación de los poderes públicos...".

Mientras que Eduardo Semtei, segundo vicepresidente, y Omar Rodríguez, también director principal; lo hicieron individualmente y en forma separada. Globovisión no se cansaba se colocar al aire uno de los momentos en los que Semtei, fervientemente, insistía: "el 28, el 28, el 28, el 28".

— Independientemente de los retrasos y errores –admitió Etanislao González la situación en breve rueda de prensa-, debo reiterarle al país que el jueves en la mañana (25 de mayo) pensábamos responsablemente que iba a producirse este proceso electoral (El Universal, 30/05/2000).

Curioso este comentario porque el 25 de mayo, primero, era el día fijado para la audiencia oral y, luego, según el consultor jurídico Marcos Gómez, a las siete de la mañana de este día Indra formalizó la separación del proceso por incompatibilidad tecnológica con la empresa ES&S.

Ya el 30 de mayo los gerentes salientes tenían prohibición de salida del país, dictada por la juez Mancilla. El abogado Hugo Albarrán, defensor de Semtei, insistía en que este último "no tenía conocimiento de que existían esas comunicaciones que indicaban fallas y que fueron libradas por parte de las empresas que prestaron el servicio al CNE" (El Universal, 31/05/2000).Desde 15 días antes a la fecha pautada para la elección, mínimo, se presume que ciertas instancias a lo interno del CNE conocían de la imposibilidad de realizar los comicios.

Uno a uno los imputados fueron haciendo acto de presencia en el Tribunal 5º. de Control, el 30 de mayo:

— ¡Están buscando un culpable! –exclamó a las puertas del tribunal el gerente de Automatización, Alberto Cárdenas, sobre quien también recayó prohibición de salida solicitada por la fiscal Rosa Memoly-. Pero ustedes se van a dar cuenta de que aparte de los problemas tecnológicos existen otros problemas (El Universal, 01/06/2000).

— ¿Cuáles problemas? –vino la repregunta obligada.

— Hay que ver en qué condiciones se encuentran las boletas, porque hasta el día en que tomó la decisión el Tribunal Supremo no teníamos todas las boletas. Nosotros hicimos chequeos y pruebas en algunos estados y no estaban completas las boletas. Luego llamamos a la empresa Indra, la cual coincidió con nosotros en el sentido de que debíamos participarle lo ocurrido a los miembros del CNE.

— Según su opinión ¿en qué tiempo deben hacerse las elecciones?

— Primero hay que revisar cuál es el problema con las boletas, para lo cual hará falta por lo menos un mes.

La Comisión Legislativa Nacional o Congresillo había abierto un espacio para la participación de modo que la sociedad civil interviniera en la escogencia de las nuevas autoridades electorales. Fue así como de un total de 23 finalistas en una mesa de diálogo, se escogieron a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el 3 de junio de 2000: Alfredo Avella, Imelda Rincón, Rómulo Rangel, César Peña y Vicente González, como principales y José Manuel Zerpa, Leonardo Pizani, Ignacio Avalos, Rómulo Lares y Roberto Ruiz, como suplentes.

La escogencia había sido precedida en la mañana por el estudio formal de la acusación que haría el Ministerio Público a la directiva anterior por peculado culposo y certificaciones falsas, delitos previstos en los artículos, 58, 59 y 78 de la Ley de Salvaguarda, que suponía prisión entre 3 meses y 10 años. El otro punto a dilucidar era que los miembros del CNE, cómo funcionarios públicos de menor nivel, podían ser juzgados ante la justicia ordinaria. Los imputados se acusaban mutuamente en el tribunal al punto de que unos afirmaban que otros sabían con anterioridad sobre la imposibilidad de realizar los comicios: "Durante las declaraciones tomadas a Eduardo Semtei y Omar Rodríguez, éstos habrían manifestado que Etanislao González sabía antes del 20 de mayo que las megaelecciones no se podrían llevar a cabo. Él había recibido de la ES&S una comunicación en la que se explicaba que no podría haber elecciones" –se reseña en El Universal (04/06/2000)-, "ya que no estaban listas las flash card porque no se les habían dado las bases de datos. Él les dijo a los gringos que no se preocuparan por eso, que su labor era que las elecciones se hicieran. Etanislao no informó nada. El 20 dijo que sí era posible hacerlas y mira lo que pasó. Es un irresponsable".

La tesis de que" algunos sabían desde antes" que no habría elecciones parecía confirmada cuando el jefe de la Disip, capitán Eliézer Otaiza, declaró públicamente que ciertas irregularidades "fueron detectadas con mucho tiempo, mucho más de 10 días antes de las elecciones" (El Universal, 07/06/2000).

El costo para la repetición de las elecciones en las nueva fechas fijadas, pero con los comicios divididos: el 30 de julio todas las elecciones menos concejales y juntas parroquiales; y el 3 de diciembre de 2000 el resto; se calculó en 89.000 millones de bolívares. Del total, el nuevo CNE con Alfredo Avella como presidente, disponía de 17.000 millones de bolívares heredados de la junta anterior, por lo que se solicitaba un crédito adicional a la Oficina Central de Presupuesto por los restantes 72.000 millones de bolívares (El Universal, 24/06/2000).

Quedaba claro que los nuevos procesos corrían bajo la responsabilidad tecnológica total de Indra, siempre y cuando la empresa ES&S entregara el uso de la licencia para la nueva grabación de las tarjetas flash card. Pero había que reimprimir todos los tarjetones, adicionalmente. La nueva directiva había solicitado, también, una auditoría interna para contribuir con la Contraloría y la Fiscalía a precisar las responsabilidades de la gran torta electoral.

Semtei no las tenía todas consigo. El viejo pleito entre la ex funcionaria electoral Miriam Kornblith, primera vicepresidenta cuando el triunvirato que dirigía Andrés Caleca, y el ex segundo vicepresidente del CNE, Eduardo Semtei, llegaba a su fin el 26 de junio a las diez de la mañana, mediante un acuerdo reparatorio según el cual este último quedaba comprometido a: cancelar 6 millones de bolívares por los honorarios erogados por Kornblith a sus abogados en la demanda por difamación e injuria emprendida por la profesora del IESA contra el directivo saliente; la entrega de 1 millón de bolívares para mejoras en el Hospital de Niños; y dar disculpas públicas en los medios de comunicación.

De esta manera, Semtei resarcía los daños alegados por Kornblith cuando la acusó públicamente de corrupción, por cubrir gastos personales, consultas médicas, hacer mercado, alquilar vehículos y organizar fiestas supuestamente con fondos del Consejo Nacional Electoral. El pleito tenía origen en la confiscación de unas cajas que Semtei impidió que se retiraran en su oportunidad de las oficinas cuando Mirian Kornblith fue a retirar sus enseres personales. La firma del arreglo se realizó ante la presencia del juez Antonio Barrios, titular del Juzgado 23 de Juicio de Caracas.

— Como político que soy –leyó Eduardo Semtei un texto breve en el tribunal-, a veces expreso, con motivaciones estrictamente políticas, conceptos que podrían considerarse injuriosos y constituir posibles especies difamatorias. Ha sido esta circunstancia la que me condujo al error de atacarla en forma indebida... Como errar es de humanos... por medio de la presente retiro lo dicho en contra suya, que pudiere considerarse injurioso y difamatorio, y le ratifico mi voluntad de llegar a un acuerdo honorable que ponga fin a este proceso (El Universal, 27/06/2000).

Varios abogados: Joseph Topel Capriles, Andrés Sereno Bello y Luciano Bacalao, actuando como candidatos nominales del partido Patria para Todos a diversos cargos de elección; procedieron con una demanda civil contra los ex directivos del CNE, por considerar que había lesiones como víctimas del diferimiento al estimar que la directiva actuó con "negligencia". También recibieron lo suyo las empresas Indra y ES&S, pues el grupo demandante consideraba que "la responsabilidad de estas empresas se deriva, según el artículo 1.185 del Código Penal, por el incumplimiento de los contratos celebrados entre el CNE, Indra y ES&S" (El Universal, 08/06/2000). Ni Luis Miquilena se salvó de ser acusado, por haber escogido la fecha del 28 de mayo ni los integrantes del saliente CNE: "esa selección debió ser cuidadosa. No obstante se escogió a una directiva que seleccionó a empresas mal calificadas para llevar a cabo la Megaelección, cuya suspensión ahora constituye un acto culposo que ocasionó pérdidas y un perjuicio a nuestro patrimonio".

Pero fue el 27 de julio, al mes del fracaso, cuando la Fiscalía formalizó cargos contra González, Semtei, Riera y Badell, por peculado culposo propio, sancionado con prisión de 3 a 10 años de prisión y multa variable de 20% a 60% de valor de los bienes públicos involucrados en el delito (artículo 58 de la Ley de Salvaguarda). La juez Irma Mancilla tenía que convalidar la información y proceder si consideraba que debía actuar penalmente. El ex directivo Omar Rodríguez "fue el único que no resultó señalado por el delito citado, ya que se habría mantenido al margen de decisiones del CNE" (El Universal, 28/07/2000). Pero Jacqueline Rodríguez, secretaria ejecutiva de la Presidencia, sí entró en el lote, al ser considerada "cómplice en el delito de peculado doloso propio".

Eran diversas las consideraciones que alegaba el Ministerio Público para soportar el pedimento de acusación penal (El Universal, 29/07/2000):

Dos militares, el Coronel de la FAV, Silvino Bustillos; y el Capitán del Ejército Luis Eduardo García Morales; demandaron a la Fiscalía acusar al propio presidente Chávez y al presidente del Congresillo, Luis Miquilena, por peculado doloso (El Universal, 29/07/2000).

— Son coautores... relacionados con la pérdida de 60 mil millones de bolívares en el denunciado megadesastre... Ellos designaron a dedo a los ex miembros del Consejo Nacional Electoral... Fue Chávez quien fijó la fecha de las elecciones postergadas.

El 30 de julio se realizó la primera parte de las elecciones pospuestas y el ya presidente Chávez logró hacerse con la victoria frente a su más inmediato rival, el ex comandante y también ex compañero Francisco Arias Cárdenas. Logró el 59% de los votos válidos, contra 37% de Arias y casi 3% de Claudio Fermín.

El abogado de Etanislao González, Ramón Haddad, recusó a la juez Irma Mancilla el 4 de agosto, por extralimitarse en sus funciones de juez. "Este expediente está lleno de ciertas irregularidades. Así, por ejemplo, el caso llega a manos de la juez Mancilla porque la Fiscalía le requiere efectuar una inspección ocular. Posteriormente le solicitaron, a ella misma, que dictara sendas prohibiciones de salida del país, sin que se efectuara la distribución. Lo más grave" –aseveró- "es que la juez Mancilla dice que dictó prohibición de salida alegando: 1) la comisión de un delito que amerita pena corporal, y 2) que hay indicios para sospechar peligro de fuga; y con ambas expresiones emite opinión y se excede (El Universal, 05/08/2000).

A fines de agosto el Tribunal 28 de Control Penal se encargó de decidir si procedía el juicio contra el grupo ex directivo. Un recurso interpuesto ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Caracas, a cargo del juez Braulio Sánchez, decidió que era procedente la recusación contra la magistrada Mancilla, aparte de que se alegaba la parcialización de los funcionarios del Ministerio Público. A todas éstas la ex directiva del CNE, Mirian Kornblith, se preguntaba en un artículo publicado en El Universal: ¿hubo fraude en las elecciones del 30 de julio?. Veamos lo sustancial de su respuesta (El Universal, 31/08/2000):

Para Kornblith, "se ha especulado que buena parte de las boletas premarcadas que circularon durante la jornada electoral correspondían al lote producido para el proceso del 28 de mayo de 2000. En todo caso, sea cual fuere el origen de las boletas con óvalos premarcados, su inclusión ocasionó distorsiones serias en los resultados, cumpliéndose así el objetivo para el cual se ideó y puso en marcha esta práctica fraudulenta" (El Universal, 26/11/2000). Basó la apreciación en un estudio estadístico de datos oficiales, del que concluye que "la práctica aumenta los votos nulos e incrementa los votos válidos del tipo de varias tarjetas válidas".

Luego de dar varias vueltas por los predios de la nueva justicia bolivariana, el expediente de los ex directivos aterrizó en el Juzgado 47 de Control, donde su titular, Iris Cabrera, dictaminó el sobreseimiento de los imputados, pues consideró que "nunca existió el delito de peculado doloso" (El Universal, 14/10/2000). Enterado de la decisión, Eduardo Semtei declaró:

— Las fallas técnicas ocurridas que impidieron las megaelecciones del pasado mes de mayo, no implican que haya delito o peculado.

Mientras que Etanislao González precisó que buena parte del dinero utilizado para financiar las elecciones del 28 de mayo, fue utilizado en las del 30 de julio, así como en las del 3 de diciembre. Ruth Capriles, directora de la Red de Veedores de la Ucab y coautora del Diccionario de la Corrupción en Venezuela, manifestó sin titubeos (El Universal, 15/10/2000):

— Se añade otro caso al expediente venezolano de la impunidad. Es la gota que derramó el vaso de la indefensión que se vive en Venezuela... No tenemos a donde acudir... no hay ley, no hay Constitución, todo está supeditado al parecer de algunas personas. Alguien tendrá que escucharnos, aunque sea fuera de Venezuela.

Mientras que Liliana Ortega, una de las accionantes del amparo que suspendió las elecciones en mayo, expresó (El Universal, 15/10/2000):

— Con el nivel educativo que existe en el país, con el estado en que se encuentran los ambulatorios, los parques y los barrios, es inconcebible que no existan responsables por la pérdida de este dinero. Es un escándalo para Venezuela que después de cinco meses no existan responsables, ni un proceso que castigue el desastre de las megaelecciones. Esta sentencia lo que demuestra es que en la justicia venezolana ha triunfado una vez más la impunidad.

La Fiscalía anunció que apelaría la decisión de la juez Iris Cabrera. "Tenemos plena conciencia de que estamos en presencia de un delito, por lo tanto la Fiscalía no cesará en su empeño por llevar este caso hasta las últimas consecuencias", fue la declaración del director general del Ministerio Público, Alí Núñez. El sobreseimiento estaba sostenido en que la acusación de la Fiscalía no individualizaba las responsabilidades, como lo exige la nueva Constitución Bolivariana. Se accionó la revocatoria de la decisión, mediante un recurso de apelación incoado por los fiscal Rosa Memoly, Luis Ignacio Ramírez y Rómulo Pacheco. La Corte de Apelaciones de Caracas quedó encargada de dilucidar si anulaba o no la determinación.

El 3 de diciembre, como sabemos, se procedió con el resto de elecciones para elegir concejales y juntas parroquiales en todo el país, además de un referéndum para remover a todas las juntas sindicales nacionales, sectoriales y regionales.

El último día del año 2000, se conoció que el caso de las fallidas megaelecciones del 28 de mayo iría a parar al Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de encontrar, finalmente, a algún responsable. La Fiscalía había fallado en las acusaciones previas tanto en primera como en segunda circunscripción y el saldo contra el erario público seguía incólume: 164 mil 325 millones de bolívares menos en el Fisco Nacional y el megadesastre seguía sin responsables visibles. La meta era provocar un fallo convincente en la Sala Penal del TSJ. Por su parte la Contraloría a cargo de Clodosbaldo Russián analizaba la posibilidad de encontrar responsabilidades administrativas, "porque había procedimientos internos que cumplir y que no fueron respetados por algunos directivos" (El Universal, 31/12/2000).

De modo que en enero de 2001 trascendió que la instancia contralora buscaría sancionar a los responsables. Había culminado un informe preliminar que destacaba que "la responsabilidad administrativa afectaría a Etanislao González, Argenis Riera, Eduardo Semtei, Juan Vicente Badell y Jacqueline Rodríguez... según lo previsto en el artículo 113, ordinal tercero, de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que dice que serán sancionados administrativamente aquellos funcionarios que actúen con omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes del patrimonio público. La Dirección Contencioso Administrativo de la institución intentará, igualmente, exigir la reparación de daños ocasionados al Estado. Ello permitirá reintegrar al Fisco el monto de dinero invertido en la organización de unos comicios fallidos por falta de organización y fallas técnicas" (El Universal, 05/01/2001).

El CNE nunca escapó en todo este tiempo del calor de los escándalos de distinto signo. Por ejemplo, ya con el ex decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV a la cabeza, Roberto Ruiz –que antes había sido director suplente-, el Consejo atravesaba por la difícil situación de suspender a varios gerentes como José Antonio Rodríguez, de Administración; Gustavo Liquilarena, de Finanzas; Nelson Bravo de la División de Habilitados; y José Ramón Duarte, de Contabilidad; por el extravío de unos cheques que sumaban más de 42 millones 897 mil 620 bolívares con 20 céntimos en anticipos por gastos médicos y de alimentación. Ello ocurrió en febrero de 2001, cuando doce cheques fueron cobrados quién sabe cómo. Pero habían sido emitidos, con firmas y todo, por el ente comicial. Ruiz declaró ante la suspensión de los funcionarios: "no se trata de una acusación, sino simplemente de una medida cautelar, mientras se completa todo lo concerniente con las investigaciones" (Globovisión, 28/02/2001).

El 28 de marzo de 2001 Eduardo Semtei lanzó la tesis de que la suspensión de las elecciones del 28 de mayo había sido una conspiración "contra el presidente Hugo Chávez en la que participaron el ex fiscal, Javier Elechiguerra, el ex candidato presidencial y ex gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y hasta la CIA (Central Intelligence Agency) de Estados Unidos" (Unión Radio, 28/03/2001). De acuerdo con esta inédita versión, dada por Semtei ante el comité de Control Electoral de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que lo interpeló, "las conspiraciones tienen como norma que no hay pruebas fehacientes. Son deducciones, intuiciones".

— Los que daban los fondos para la campaña de Arias Cárdenas eran los cubanos mayameros. La CIA trabajaba conjuntamente con estos cubanos en la realización de las conspiraciones en toda América Latina. Si no, ¿de dónde viene la protección a los patrocinantes de la campaña de Arias Cárdenas? ¿De dónde viene?... El presidente de la empresa ES&S reconoció que tenía contactos con la CIA, además las personas que estaban cuidando a los funcionarios de ES&S (el día del allanamiento en el Hotel Meliá Caracas) se identificaron como miembros de la CIA y dijeron que los estaban protegiendo porque había amenazas sobre ellos.

Alfredo Avella, quien había ejercido la Presidencia antes que Roberto Ruiz, pero se mantenía como director del organismo, pasó a ejercer una posición disidente al oficialismo dentro del organismo. Éste fue el indicador que evidenció en abril las discrepancias existentes en el seno del directorio. Por diversas razones, cuatro directivos habían hecho efectivas sus renuncias en los últimos meses, de tal suerte que el organismo se aproximaba a celebrar el primer aniversario del megadesastre sumamente debilitado y desacreditado.

Las periodistas Yolanda Valery Gil (El Universal) y Roselena Ramírez Prado (El Globo) se habían pasado el último año completando y redactando la investigación que lograron verter en el texto Megafracaso 2000: la conspiración de los sordos, el cual fue bautizado el 21 de mayo por la Fundación Andrés Mata de El Universal. Este trabajo se completó editorialmente en marzo de 2001, con el mérito de llegar a conclusiones tres meses antes de que el contralor Clodosbaldo Russián presentara su informe definitivo sobre el entuerto electoral de un año atrás.

El libro de las colegas desentraña en 276 páginas y con el aporte de 50 entrevistas y relatos inéditos un pedazo de la historia electoral reciente del país. A título de conclusión, trabajaron sobre tres hipótesis que condujeron al desastre: la conspiración arista, la conspiración chavista y el proceso electoral del 28 de mayo como posible escenario de una guerra comercial entre empresas del ramo. Pero al final aportan su visión conclusiva del asunto desde un punto de vista periodístico.

La conspiración arista:

Roberto Ruiz, presidente del CNE, anunció el 28 de mayo la disposición del directorio a retirarse de los cargos: "Nuestros cargos están a la orden de la Asamblea Nacional y exigimos al Parlamento que se pronuncie por una Ley del Poder Electoral para remplazar y nombrar las legítimas autoridades del CNE (El Universal, 29/05/2001).

El informe definitivo de la Contraloría General de la República en torno al megadesastre fue dado a conocer al país el 8 de junio de 2001. Entre las conclusiones principales, destacan las que a continuación compendiamos (El Universal, 09/06/2001):

En lo que se suponía era la etapa final de la directiva encabezada por Roberto Ruiz, surgió un nuevo capítulo en el largo historial de escándalos en el cuerpo electoral: la filtración de una grabación donde supuestamente el consultor jurídico de la entidad, Celiz Mendoza, figura negociando los resultados electorales del estado Mérida, para chalequearle la reelección a William Dávila, "por presiones políticas de arriba" (El Nacional, 08 y 09/06/2001). Allí ganó presuntamente Florencio Porras, como ya dijimos, el candidato por el MVR.

— Manifiesto mi repudio frente a las imputaciones que se me han hecho, a través del diario El Nacional, en razón de la supuesta grabación que le fue presentada por unos personajes que desconozco y que me permito desvirtuar –trató de aclarar la situación Mendoza en rueda de prensa... William Dávila está detrás de esta campaña orquestada.

La transcripción de la conversación ocurrida en Nueva Esparta refiere que los directivos José Manuel Zerpa, Vicente González y Rómulo Rangel, podrían haber actuado como "cómplices" también para perjudicar el triunfo de Morel Rodríguez en el propio estado oriental a favor de Alexis Navarro Rojas del MVR.

Roberto Ruiz le pidió a la Fiscalía, a propósito del caso, una investigación para determinar el origen y la legalidad de la grabación. Y las contradicciones entre Alfredo Avella y el resto del directorio salieron a flote por el caso Mérida. Las consecuencias de las megaelecciones suspendidas el 28 pero luego realizadas el 30 de julio de 2000 todavía estaban presentes entre nosotros y se hacían sentir.

— El CNE debería ser pechado por Salvaguarda –sentenció Avella (El Universal, 17/06/2001).

El 6 de junio de 2001 se conoció que el fiscal Isaías Rodríguez solicitaría a la Sala Penal del Tribunal Supremo la reapertura de las investigaciones y de un juicio contra los ex directivos del CNE, pues el Ministerio Público sigue estimando que está claro el delito de peculado doloso propio (El Universal, 06/06/2001).

— La posibilidad de reabrir el juicio sería la única procedente, ya que actualmente no se podría juzgar a los imputados partiendo de los resultados del informe del contralor, el cual no formó parte del debate probatorio que ya tuvo lugar en los tribunales penales de primera instancia.

Recientemente se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de la magistrada Blanca Rosa Mármol, desestimó un recurso de casación interpuesto por los fiscales del Ministerio Público contra una sentencia anterior de la Corte de Apelaciones que exculpaba a los directivos del CNE por el desastre electoral del 28 de mayo. Muy por el contrario, la nueva decisión de la Magistrada obligaba a la Sala Sexta de Apelaciones de Caracas a decidir una vez más sobre la responsabilidad de los ex funcionarios en las fallidas elecciones, quedando pendiente un pronunciamiento final acerca de si incurrieron en peculado doloso propio