Hoy por hoy nadie duda que la red nacional de aduanas del país ha servido como uno de los soportes fundamentales que le han dado sostén a las redes públicas y privadas de corrupción en Venezuela.

Este privilegio no ha sido exclusivo de la IV como tampoco de la V República. Muy por el contrario, durante ambos períodos han surgido situaciones críticas que han ameritado su intervención, la destitución de las autoridades que las han conducido y supervisado, y la sucesiva aprobación de leyes y reglamentos para normar la actividad de las cadenas civiles y militares que en ellas intervienen.

Las aduanas sirvieron en el pasado para ayudar a consumar grandes fraudes de subfaturación o sobrefacturación tanto de importaciones como de exportaciones, evadir impuestos y aranceles, legalizar contrabando en detrimento de la industria nacional, extorsionar a particulares y empresarios y para amasar grandes fortunas unipersonales y grupales.

Hoy la situación no es nada diferente. Lo único distinto, si se quiere, es que la estructura administrativa y jerárquica de las aduanas depende de una Intendencia de Aduanas creada por la V República y que, junto con la de Tributos Internos, ramifican en dos la actividad de la Superintendencia Nacional Tributaria (Seniat). Pero en cuanto a las redes de corrupción que se benefician de la actividad impositiva y arancelaria, éstas se adaptaron con facilidad a la salida del viejo Ministerio de Hacienda, se asimilaron con eficiencia y capacidad al Servicio Nacional de Administración Tributaria, y han expandido con celeridad los tentáculos de irregularidades desde y hacia la Intendencia Nacional de Aduanas, el propio Seniat y, en general, hacia el conjunto de la sociedad, incluido el Poder Judicial y la Fuerza Armada.

De acuerdo con lo establecido por el Seniat, una aduana es "un ente público de carácter nacional prestador de servicios, y cuyas actividades de control están destinadas a lograr que el paso por el territorio nacional de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, se realice conforme a la normativa legal".

Se les clasifica de dos maneras: por jerarquía, en principales, subalternas y habilitadas. Y, por el sentido de tráfico: de entrada, de destino, de paso y de paso de frontera.

La política aduanera vigente persigue, entre otros, cubrir los siguientes aspectos, en concordancia con una serie de acuerdos, tratados y convenios internacionales de los que Venezuela es signataria como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT):

El año 1999 comenzó para las aduanas con la entrada en vigencia de una reforma a la Ley Orgánica de Aduanas. De los 155 artículos, se modificaron 95. Pero además, con el reconocimiento hecho por Edgar Vásquez, gerente de la aduana marítima de La Guaira, quien admitía que en 20 años no se habían realizado inversiones en la infraestructura aduanal (El Universal, 04/01/1999).

—Hay gente inescrupulosa que no tiene nada que ver con los funcionarios de la aduana ni con los de la Guardia Nacional, que forjan planillas y pasan las alcabalas porque no hay un mecanismo de detección de documentación falsa.

La Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), en cabeza de su presidente, Hugo Mijares Flores, procedió con la impugnación de la reforma de la ley ante la Corte Suprema. Este dirigente gremial es el mismo que en 1986 y 1989 denunció la inconstitucionalidad de los acuerdos firmados por el entonces ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, con las empresas verificadoras de precios, calidad y cantidad en las mercancías importadas con dólares preferenciales, a propósito del Régimen de Cambios Diferencial materializado en Recadi. Entrevistado por la periodista Yolanda Ojeda, expresó lo siguiente (El Universal, 18/01/99):

— Eso sería necio. Lo que hemos sostenido es que no se puede modernizar un carro viejo poniéndole la turbina de un DC-9. Hay dos grupos de agencias de aduanas: el primero, el de los grandes que son apéndices de bancos y compañías de seguros, llamados los 'pulpos' del negocio aduanero. A esta gente no le cuesta nada la fianza equivalente a los impuestos causados, lo que nos representa 40 millardos de bolívares. El segundo grupo: los pequeños y medianos que tienen detrás sólo nuestros clientes, sin bancos y seguros que no respalden; una fianza representa un costo muy elevado.

La anterior era la situación general con las aduanas en la transición entre el último gobierno de la IV y el primero de la V República. Sólo bastaría agregar el último escándalo de corrupción ocurrido en el Seniat, el cual fue divulgado por los medios el 30 de enero de 1999, apenas dos días antes de la asunción de Chávez al poder: "Denuncian corrupción en el Seniat", era, por ejemplo, el titular de El Universal.

"Un escándalo de corrupción reventó en el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, Seniat, esta vez por un caso de extorsión denunciado por un comerciante (Jorge Enrique Vásquez Villarreal), quien contó con pelos y señales cómo fue sobornado (3,5 millones de bolívares solicitados) por funcionarios de ese organismo, secundados por un cómplice perteneciente a la PTJ ( supuestamente, el grupo estaba integrado por Humberto Urbina, Robinson Rodríguez, Máximo Humberto Márquez Aguilar y Freddy Monasterios). Los detalles de la irregularidades fueron expuestos por Alberto Perdomo, quien ocupa el cargo de Coordinador Nacional del Seniat, y decidió hacer pública la denuncia hastiado de las irregularidades".

— Ahí hay cualquier cantidad de marramucias y nadie hace nada. Alguien tiene que hacer algo –se desahogó Perdomo con varios periodistas.

Al día siguiente de la juramentación de Chávez como Presidente, o sea el 3 de febrero de 1999, se conoció que "el comisario Alberto Perdomo, coordinador nacional de seguridad del Seniat" –el mismo que actuó en el caso del empresario Vásquez Villarreal-, "aseguró que el Superintendente Nacional Tributario, Eduardo Wallis Olavarría, lo destituyó del cargo por haber denunciado públicamente una serie de hechos ilícitos" (El Universal, 04/02/1999).

— Me han amenazado y me han dicho que voy a aparecer cualquier día con un mosquero en la boca –denunció el ahora ex funcionario.

Lo cierto era que la Disip había detenido preventivamente a varios funcionarios: Luis Koesling (hermano del abogado Ricardo Koesling), director nacional de Seguridad del Seniat; Máximo Márquez, jefe nacional de Investigaciones; el inspector de la PTJ, Robinson Rodríguez; Humberto Urbina, supervisor de Seguridad; y Freddy Monasterios, empleado del Departamento de Investigaciones. Como puede apreciarse, la composición de cargos del grupo es muy similar a la que tendría el denominado Los Blindados, detenido tras otra extorsión en Valencia en abril de 2001 y donde figuraría como imputado Carlos Díaz hijo del Superintendente Nacional Tributario, Trino Alcides Díaz.

La cadena de ilícitos en la dupla Seniat-Aduanas no se detenía:

El último superintendente nacional Tributario de la IV República, Jorge Wallis Olavarría, fue sustituido por el primero de la V: Humberto Prieto. Prometía el rescate de la autonomía funcional y presupuestaria del Seniat y una primera reestructuración, luego de ser juramentado por Hugo Chávez:

— Para el Presidente y para nuestro proyecto político, el Seniat tiene muchísima importancia, pues es lo que nos va a permitir obtener los recursos para superar el déficit fiscal... En la institución observamos una gran burocracia en la parte normativa y muy pocos recursos en la parte operativa (fue concebido para 2.000 empleados y disponía de 7.000 para el 1º. de febrero de 1999) (El Universal, 19/02/1999).

Prieto denunció el 13 de febrero la existencia de un "Seniat virtual".

— ¿Qué es eso? –le preguntaron los reporteros de la fuente.

— El Seniat virtual está integrado por el personal que fue despedido, pero que sin embargo, por disposiciones presentes en la Ley de Carrera Administrativa, no puede ser efectivamente separado de su cargo. En la organización hay casos de un cargo que es ocupado hasta por cuatro funcionarios. Esto está afectando el funcionamiento normal del ente. También hay unos 700 contratados o trabajadores temporales.

En torno al tema de las aduanas, fue muy específico: "el Estado y los venezolanos estamos pidiendo que las aduanas sean controladas". Por ello anunció un plan de control y nuevos jefes para las mismas.

El periodista y empresario Tomás Socías López, ex presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea), veía la situación en los siguientes términos: "hay un inmenso consenso nacional en torno a la necesidad de impedir que las aduanas sigan siendo el peor de los ejemplos de cómo se violan las leyes... Combatir el ilícito es el primer paso. De ser una curiosidad eventual, pasó a ser una industria próspera para quienes viven de él" (El Universal, 18/02/1999).

La primera intervención de las aduanas resuelta por el gobierno de Chávez ocurrió el 22 de febrero de 1999. El operativo, encabezado por Humberto Prieto, se realizó con la compañía de 180 fiscales del Ministerio Público, del Ministerio de Hacienda y efectivos de Resguardo Nacional Tributario de la GN, en las aduanas marítimas de La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Guanta y las aéreas de La Guaira y Valencia. Para el momento se estimaba que unos 300 funcionarios podrían estar ligados a la corrupción, algunos de los cuales ya contaban con expedientes internos.

— El objetivo de este plan –reveló Prieto- es hacer un saneamiento de las aduanas, empezando por la evasión de 80% de las importaciones que se hacen en el país... En cuatro años de existencia del Seniat se han instruido unos 120 expedientes y apenas se ha despedido un solo funcionario.

En apenas dos meses la recaudación en la aduana de La Guaira pasó de 20 a 100 mil millones de bolívares, según reportó el Destacamento 58 de la Guardia Nacional. Es decir, pasó de 5 mil millones semanales a 5 mil millones diarios, por el momento. Las intervenciones se fueron dando hasta completar un número de 16: la aérea y la marítima de la Guaira, Valencia, Puerto Cabello, El Guamache en Nueva Esparta, Maracaibo, San Antonio del Táchira, Centro-occidental, entre otras de las clasificadas como principales.

Para el antes citado presidente de Asonaga, Hugo Mijares Flores, la intervención de las aduanas "es una medida blandita. Allí en las aduanas no hay nada sano, hay que sustituir hasta los obreros que hacen la limpieza. La situación en las aduanas es una mesa que se compone de tres patas: los funcionarios del Seniat, la Guardia Nacional y los contrabandistas" (El Universal, 24/02/1999).

Un primer tropiezo importante que tuvo la gestión de Humberto Prieto, fue la designación como nueva gerente de la aduana marítima de La Guaira de Zulay Pérez Jiménez. "Ella fue mencionada en un informe de la contraloría interna (del Seniat), como una de las responsables por la supuesta evasión de 20 mil millones de bolívares mediante tránsitos internacionales" (El Universal, 25/02/1999).

La nueva Ley de Aduanas trajo consigo la necesidad de actualizar el respectivo reglamento, cuyo proyecto disponía de más de 700 artículos, algunos de los cuales fijaban los requisitos de desempeño de los agentes del ramo.

Los buenos deseos se vieron impactados con un auto de detención dictado al ex superintendente nacional Tributario, Eduardo Wallis Olavarría, y otros 30 funcionarios importantes y medios del Seniat. Un tribunal penal de Maracaibo dictaba medidas basado en la Ley de Salvaguarda. Se investigaba un posible fraude por el orden de los 30 mil millones de bolívares mediante el cobro irregular de Certificados de Registro Tributario (CRT).

Cuarenta allanamientos en Caracas y Maracaibo buscaban dar con el paradero de Wallis Olavarría y de Miguel Revette, ex gerente general de Desarrollo Tributario; Héctor Orochena, ex gerente de la Región Zulia y ex gerente de Fiscalización; y Nancy Becerra, ex gerente de Recaudación y para el momento del incidente gerente de Fiscalización, entre otros imputados (El Universal, 25/03/1999). En Zulia se procedió con la detención de Ileana Finol, Iván Rodríguez, Enmanuel García, Alida González, Donato Parra, Fabio Bello, y Félix Osorio (El Universal, 26/03/1999).

La cadena del delito, según la juez Isabel Hernández, estaba basada en la utilización de los CRT para cancelar a dos empresas inexistentes: Plásticos Occidente y Resinas El Lago, con supuestas casas matrices en Caracas. Las respectivas resoluciones culminatorias de certificados de reintegro y la reparación de derechos que exigían, adicionalmente, se publicaban en la Gaceta Oficial.

Uno de los imputados, Héctor Orochena, se comunicó telefónicamente con el periodista Nelson Bocaranda Sardi a su programa radial, y reveló que "inicié una investigación e incluso sostuve reuniones con el coronel Humberto Prieto, actual superintendente del Seniat, y con el coronel Domínguez, su adjunto. Les expliqué lo grave de la situación e inclusive envié copia del informe a la Contraloría Interna del Ministerio de Hacienda. Como todo eso me generó dudas, llamo al teléfono que aparecía en la factura y me encuentro con que el proveedor era un taller mecánico"(El Universal, 26/03/1999). Expresó que la operación fue parada por su persona, Miguel Revette y Nancy Becerra.

La gravedad del caso, la jerarquía de los involucrados y la cuantía de recursos señalada, hizo que el ministro del Interior, Luis Miquilena, declarara que el Seniat "está siendo investigado en todo el país, y así como ocurrió en el estado Zulia, se pueden producir autos de detención en otras partes del país" (El Universal, 27/03/1999). Sin duda se trataba del primer caso de corrupción con personal del Seniat en la V República.

La primera intervención de las aduanas, además de la aplicación de multas por 60 mil millones de bolívares en cuatro meses, también generó reacciones como la planteada por el presidente de la Asociación Naviera de Venezuela, José Sabatino Pizzolante, quien denunció que "en Puerto Cabello hay una paranoia fiscal, porque se asume que todos los que por allí pasan son unos contrabandistas" (El Universal, 03/05/1999

El caso de Wallis Olavarría dio un giro, en tanto se asignó a una nueva juez, Mirtha Ríos de Álvarez, y en cuanto se aclaró que lo que pesaba en su contra no era un auto de detención sino una orden de captura. "Se trató de un error que no fue aclarado en su oportunidad porque no se le dio la debida importancia" (El Universal, 28/05/1999).

Fue a mediados de agosto de 1999 cuando el gobierno y las autoridades del Seniat comenzaron a acariciar la idea de crear una Intendencia de Aduanas. Hasta ese momento la supervisión aduanera era vista como una operación tributaria más dentro del conjunto de la Superintendencia Nacional.

Pero la estructura del Seniat no solamente demostraba su capacidad de corrupción interna, sino que también era presa de ataques externos. Tres pistoleros irrumpieron en la sede principal ubicada en Plaza Venezuela, sometieron a vigilantes y empleados, abrieron una caja fuerte y cargaron con cinco kilos de oro que estaban bajo custodia a la orden de un tribunal de Vargas. Esto ocurrió muy temprano por la mañana del 18 de agosto. "Más de 50 funcionarios civiles y militares se encargan de custodiar las oficinas del Seniat, pero ninguno de ellos pudo explicar cómo ingresaron los antisociales y tampoco cómo se marcharon" se leía en la reseña de El Universal (19/08/1999).

Un segundo proceso de reestructuración fue emprendido por el gobierno en el Seniat a comienzos de octubre de 1999. Estaba en cabeza del Ministerio de Finanzas, órgano que había procedido con la destitución del Coronel Aviación Rafael Domínguez Sequera, superintendente adjunto a Prieto; Willmer Lugo, intendente de Aduanas; José Gregorio Pérez, gerente de Informática; y Carlos Peña, gerente Jurídico Tributario (El Universal, 08/10/1999). Un comunicado anunció las designaciones de: Coronel Aviación Francisco Alvarado Pinto, como superintendente adjunto; Teniente Coronel Fernando Viloria Gómez, como intendente de aduanas; Víctor Mejía, gerente de Planificación; Amer Krajensky, gerente de Informática; y Freddy Sancler, gerente Jurídico Tributario.

"Desde hace algún tiempo se venían notando incoherencias en el Seniat. Se comenzó a investigar y se determinó que había una cantidad de puntos clave que debían cambiarse. Teníamos un problema de gerencia en el Seniat y éste es uno de los primeros pasos que estamos dando, luego vamos a proceder a la modernización de las aduanas y a la modernización de todo el sistema tributario aduanero", decía el comunicado.

Días antes, la Guardia Nacional y la Disip habían desmantelado una aduana paralela a la marítima de La Guaira, que era capaz de manejar los mismos números correlativos que la oficial, conectada con los bancos de la zona y con un completo stock de sellos y papelería oficial. Manejaba ingresos por el orden de los 1 mil millones de bolívares solamente en documentos de nacionalización y permisos sanitarios.

El organismo estaba virtualmente intervenido, ya que el titular Humberto Prieto había sido destituido por ofrecer declaraciones no autorizadas en materia económica, que contrastaban con criterios emitidos por la Oficina Central de Presupuesto, Banco Central de Venezuela y Ministerio de Finanzas, en materia de estadísticas y proyecciones. Fue sustituido por Pablo Balestrini.

Una encerrona de los gerentes y directores de línea del Seniat con el ministro de Finanzas, José Rojas, en la sede de Mata de Coco, fue suficiente para anunciar una nueva reestructuración global del organismo, tomando cuerpo aún más la creación de una Intendencia Nacional de Aduanas y otra de Tributos Internos.

Para proceder con el plan el gobierno oficializó por decreto la intervención del Seniat el 21 de diciembre de 1999. El ministro Rojas fue el portavoz de la noticia y concretó que una junta de tres interventores de Pdvsa, Finanzas y el Ministerio de Planificación y Desarrollo procedería a la conformación de las dos nuevas intendencias.

Así, el propio Rojas, Héctor Ciavaldini y Jorge Giordani quedaron constituidos en comité interventor. El superintendente Balestrini salió del cargo y en su lugar entró el Coronel Francisco Alvarado, como titular encargado.

Pero como siempre, un nuevo episodio enturbiaba la búsqueda de soluciones. En esta oportunidad un mayor retirado de nombre Eliécer Sanmartín, gerente de Tramitaciones del Seniat, "fue atrapado por detectives de la División General contra la Delincuencia Organizada de PTJ. El funcionario le había prometido al comerciante Julio Restrepo una licencia para vender licores en la tasca Mi Tesoro de la avenida Lecuna", reportó El Universal (16/03/2000). La operación era a cambio de 30 millones de bolívares.

Los trabajadores del Seniat reaccionaron frente a la situación de intervención del organismo. El sindicato de trabajadores se las ingenió para conseguir un dictamen de la Procuraduría General, según el cual el procedimiento resultaba "jurídicamente inconveniente", dada la personalidad jurídica de la institución (El Universal, 07/04/2000). En paralelo un grupo amplio de trabajadores y funcionarios rechazaron la presencia de Petróleos de Venezuela en la junta interventora a través de un remitido al presidente Chávez: "el sometimiento del Seniat al control de Pdvsa, que es el primer contribuyente del Estado, es éticamente improcedente y contradice su promesa original de descubrir la caja negra de Pdvsa" (El Universal, 11/04/2000).

— No hay designación de funcionarios de Pdvsa... Fueron alguna vez... funcionarios de Pdvsa –explicó el Ministro de Finanzas... Pdvsa es una institución con una gran capacidad técnica y muchas veces nos presta funcionarios para llevar adelante ciertas actividades. Dentro de las personas que han sido nombradas, ninguno es funcionario activo de Pdvsa, sino que tienen una gran experiencia, son personas con doctorados, son grandes gerentes, que es lo que se necesita" (El Universal, 14/04/2000).

Pero el criterio del recién destituido intendente de Aduanas, Fernando Viloria, era totalmente contrario: "aunque el ministro (José Rojas) preside la junta, el director de la orquesta es el señor Ciavaldini, quien de hecho nombró a la mayor parte de los gerentes nuevos y al mismo Viceministro de Finanzas" (El Universal, 14/04/2000). En el lote de nuevas designaciones iba Pedro Rodríguez, designado como nuevo Intendente de Aduanas.

Mientras tanto la purga continuaba: salieron también Miguel Velandia, gerente de la Región Centro-Occidental; Tania Ruiz, de la oficina de Divulgación Tributaria; Héctor Pérez, director de Servicios; Marcos Carrillo, gerente de Administración; Edgard Hernández Behrens, gerente de Tributos Internos; y Carmen González, directora de Planificación (El Universal, 06/05/2000).

La junta interventora estudiaba unos 150 casos de destituciones adicionales, sobre personal con expedientes abiertos, al tiempo que anunciaba la apertura de una licitación con el fin de "analizar y estudiar propuestas para el mejoramiento de la estructura, adquisición de bienes de capital, materiales y contratación mediante concesión de tecnología para el sistema de carga y contenedores que serán utilizados por las diversas aduanas del país", revelaba otro comunicado del Ministerio de Finanzas despachado a los medios el 8 de septiembre.

El primer caso propiamente dicho e importante de corrupción en el eje Seniat-Aduanas en la V República lo constituyó la detención del intendente nacional de Aduanas, Pedro Rodríguez, el 3 de octubre de 2000. Una operación encubierta de la Disip dio como resultado la captura del funcionario activo en su propia casa (Pent-House del edificio Irvia en la avenida La Salle de Los Caobos), en momentos en los que recibía 10 millones de bolívares producto de una supuesta extorsión. Pero en su casa se encontraron más de 30 millones de bolívares en efectivo. "Fuentes ligadas al caso indicaron que el funcionario supuestamente cobraba una cuota semanal a los jefes aduanales: 10 millones de bolívares a los de Puerto Cabello y La Guaira, que son los lugares con más flujo de mercancía. El resto debía pagar 5 millones de bolívares por semana" revelaba la reseña de El Nacional (04/10/2000).

Enoé Vásquez, jefe de Investigaciones de la Disip, declaró que "todas las aduanas van a ser investigadas. Todas las que dependían del Intendente Nacional de Aduanas" (El Nacional, 04/10/2000).

La detención de Rodríguez se produjo como parte de un seguimiento realizado tras la denuncia hecha por el gerente de la Aduana, Víctor Molina, quien señaló que se le querían cobrar entre 10 y 20 millones de bolívares semanales por permanecer en el cargo (El Universal, 04/10/2000).

El Intendente fue confinado en la sede de la Disip y Chávez se enteró de la detención en Maracay, desde donde precisó: "donde quiera que haya una denuncia o rumores de corrupción, se abrirá de inmediato una averiguación que llegará hasta donde le corresponda al gobierno" (El Universal, 04/10/2000).

Carmelo Gualdrón, coordinador nacional de Seguridad del Seniat, estuvo presente en la detención de Rodríguez y, posteriormente, denunció amenazas de muerte:

— Me mandaron a contar mangueras contra incendio dañadas y me advirtieron que no tenía que seguir investigando hechos de corrupción. Si algo me llegara a suceder responsabilizo al Coronel Francisco Alvarado Pinto, superintendente nacional adjunto, y a Héctor Ciavaldini, presidente de Pdvsa... La corrupción (en el Seniat) llegó al extremo de la depravación (El Universal, 06/10/200).

Los 30 millones en efectivo encontrados en el apartamento de Rodríguez estaban ocultos en cajas de tabaco:

— Que yo sepa, ese señor jamás ha fumado – advertía Gualdrón, un ex funcionario e investigador de la PTJ.

El 6 de octubre el gerente de aduana denunciante, Víctor Molina, sostuvo el siguiente diálogo con los periodistas de la fuente judicial:

— ¿A usted también lo han amenazado de muerte como al jefe de seguridad del Seniat?

— No.

-¿Desde cuándo lo estaban extorsionando?

— Ehh... bueno...

—¿Cuánto dinero le pidió el Intendente Nacional de Aduanas?

— 10 millones de bolívares semanales.

— ¿En calidad de qué acudió usted a la Disip?

— En calidad de víctima.

— ¿Alguna empresa ha denunciado que le están cobrando para hacer los trámites?

— Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Ellos siempre dicen que les cobran las habilitaciones y los trámites, pero ninguno viene a denunciar quién les cobra.

"Molina, con su tabaco en la mano, prometió que cuando termine la investigación ofrecerá más detalles", finalizaba la reseña del día escrita por Luisa Amelia Maracara (El Universal, 06/10/2000).

Persuadido de la significación que tenía la captura in fraganti de Pedro Rodríguez, Tulio Hernández escribió en El Nacional (08/10/2000) que "los venezolanos de la era bolivariana necesitamos con urgencia un -¡por lo menos uno!- corrupto ejemplar. Un corrupto de verdad. No el chino de Recadi. Uno del cual no quede duda alguna y ni los jueces ni la opinión pública titubeen a la hora de condenarlo. Si es posible, que tenga cara de corrupto, ademanes de corrupto y, esto sería lo más importante, en torno al cual se reúnan las más sólidas e inequívocas pruebas de sus pervertidas maneras de actuar...".

Agregaba que "de lo contrario, si no aparece pronto, si no encontramos lo que podríamos llamar un corrupto ejemplar, o abandonamos el tema de la lucha contra la corrupción -promesa básica y soporte ideológico de los juramentos quinta-republicanos- o, a falta de evidencias y de culpables, nos servimos de los instrumentos de la fe revelada para no retomar los viejos caminos del escepticismo y la desilusión. Porque eso fue lo que nos dejó la IV República: amagos y amenazas de luchar contra la corrupción. Nos dejó, por ejemplo, la legendaria lista de corruptos de Don Luis Piñerúa que, cual telenovela infinita, nunca llegó al último capítulo, el de las revelaciones. Nos dejó el sabor amargo de la prescripción de los juicios a Lusinchi y Blanca Ibáñez, y la sucesiva humillación nacional de ver al ex Presidente de Juan Pablo II y otras fechorías colocando su trasero sobre la dignidad nacional cada vez que el fenecido Congreso requería de su voto vitalicio para terminar de cuadrar algún arreglo cupular".

— Búscate a los abogados que te busques, pero cómo vas a explicar el dinero, y lo del señor que fue a tu casa a llevártelo -exclamó Chávez en el Aló Presidente del domingo 8 de octubre-...Quiero verles las caras y que el pueblo los vea para que les dé pena. Eso sí, sin violar sus derechos humanos.

Otro artículo revelador fue el escrito por Trino Márquez en El Universal (18/10/2000): "desde que Hugo Chávez asumió el Gobierno, el Seniat ha tenido cinco Superintendentes. Con tal inestabilidad resulta imposible mantener una política permanente de supervisión de los mecanismos de recaudación fiscal y modernización de las aduanas y de control sobre los numerosos vericuetos que va construyendo la corrupción... Con relación a la corrupción, ciertamente nadie podría decir que había desaparecido en las administraciones anteriores. Los corruptos han demostrado una capacidad de adaptación mayor que la de los esquimales, además, son verdaderos genios de la inventiva. Los intereses que se combinan son muy poderosos e inveterados. La Guardia Nacional, los funcionarios civiles y los gestores privados forman un gang hermético. Por lo pasillos del organismo se comenta que el episodio de Pedro Rodríguez no es más que un ajuste de cuentas entre grupos que se disputan el poder dentro del servicio".

Por el delito de concusión fue acusado el ex Intendente de Aduanas por la Fiscalía ante el juez 36 de Control, Alejandro Rebolledo, el 21 de octubre, quien tenía que decidir si formalizaba una acusación. Había sido grabado y filmado el día de la captura y en las semanas precedentes. Por cierto que un carro embistió contra el vehículo del juez Rebolledo, la noche del 18 de octubre en la autopista Francisco Fajardo (El Nacional, 20/10/2000).

Un año después del segundo proceso de reestructuración emprendido en el Seniat y las aduanas, el 5 de noviembre de 2000, el presidente Chávez conformó un nuevo equipo gerencial, integrado por el ex rector de la UCV, Trino Alcides Díaz, como superintendente nacional Tributario; Elías Eljuri, ex vicerrector administrativo de la UCV, como intendente nacional de Tributos Internos; y el ex constituyente, Capitán José Vielma Mora, como intendente nacional de Aduanas.

El resto del nuevo equipo quedó conformado por: Coronel Francisco Alvarado Pinto, como superintendente adjunto ratificado; Freddy Sanclair, gerente jurídico; Aníbal Espejo, gerente de Recursos Humanos; Rigoberto Hernández Taboada, gerente de Recaudación; Pedro Azuaje (ex viceministro del Trabajo), gerente de Fiscalización. Ivonne Castro ingresó como gerente de Finanzas y Lucila Ascanio, como gerente de Región Capital.

— Para que Venezuela tenga un desarrollo continuo es necesario un sistema tributario que funcione perfectamente bien... Hay que reforzar al Seniat para recuperar el prestigio que tenía cuando fue creado –fueron las primeras palabras de Trino Alcides Días, tras ser juramentado (El Universal, 06/11/2000).

El ex rector se propuso de entrada un plan de rescate tanto del Seniat como del sistema de aduanas. Se propuso darle vigor al plan Sidunea, es decir, la instalación de una aduana piloto tipo laboratorio en La Guaira antes de que finalizara el año 2000. Se venían haciendo algunas pruebas con 12 empresas que importan 60% de la mercancía que ingresa por el puerto de La Guaira.

El intendente nacional de Aduanas, Vielma Mora, hizo saber que 10% de la nómina del Seniat tenía expedientes por corrupción.

— La situación del Seniat es peor de lo que se pensaba –declaró el superintendente Díaz a la semana de asumir el cargo (El Universal, 18/11/2000)... Los puntos más graves son la ineficiencia que presentan algunas gerencias, los procedimientos que se aplican no son los más convenientes, no hay casi controles y el personal de fiscalización no abarca todas las regiones.

Fuente: El Nacional, El Universal y Unión Radio.

El mismo día de las anteriores declaraciones, el 17 de noviembre, Pedro Rodríguez fue llevado a los tribunales. Una vez allí, gritó:

— ¡Todo esto es un montaje, una trampa política para afectarme a mí y a Héctor Ciavaldini, y al presidente Chávez lo están engañando con el proyecto de modernización del Seniat! (El Universal, 18/11/2000).

Para este momento el ex Intendente de Aduanas tenía ya 46 días preso en un calabozo de la Disip, el juez Rebolledo había conseguido méritos para el enjuiciamiento y, a la vez, decidió no otorgar ningún beneficio procesal por "existir peligro de fuga", cosa que contrarió a los abogados defensores Omar Mora y Rubén Pinzón. Los otros imputados eran: Michele Cimino, abogado de profesión; y Leonardo De Sousa, amigo de Pedro Rodríguez.

— Tengo mi moral alta. Si me hubiese sentido culpable lo hubiera declarado (...) Ser depósito de la Fiscalía es vergonzante –le confesó Rodríguez a la periodista Luisa Amelia Maracara- ... Censuré operaciones fraudulentas que él (Víctor Molina) cometió en La Guaira.

—¿Cómo se premia a alguien que había cometido irregularidades? – le preguntó la periodista.

— Bueno, pero ahí está la cuestión de la nobleza de uno. Soy un hombre noble, que cree en la caballerosidad, en la lealtad... El no aceptó irse al proyecto. ¿A quién le conviene salir de la aduana cuando se acerca diciembre, cuando se mueve el mayor volumen de mercancía?

— ¿Cuál es su relación con Michele Cimino?

— Me fue presentado dos semanas después de llegar al Seniat.

— ¿No se lo presentó un amigo suyo?

— Bueno, sí. Leonardo (De Sousa) sí es mi amigo.

— Si hay un montaje, ¿cuál es el interés de Cimino?

— No sé cuál es la vinculación entre uno y otro, cuando leí el expediente me desayuné.

El 17 de enero, cuando Trino Alcides Díaz apenas tenía dos meses y medio al frente del Seniat, se procedió con el allanamiento de una empresa de bolsas plásticas denominada 2442 SRL, ubicada en los altos mirandinos y señalada de evadir impuestos por más de 13 mil 400 millones de bolívares. Lo llamativo del allanamiento es que estuvo encabezado por el presidente Hugo Chávez, el superintendente Díaz y funcionarios de la Guardia Nacional, Seniat y Fiscalía. Extraño allanamiento en el que no hubo detenciones, pero luego aparecieron como imputados Juan Díaz, contador público, y Rosalba Bernaola de Cavanillas, empleada (El Nacional, 09/04/2001).

— Vengo de un allanamiento, primer allanamiento en mi vida en el que participo. Estando preso me allanaron mi celda varias veces y mi casa cuando era oficial activo del Ejército. Para gratificar un poco esa batalla nuestra de todos los días, hay unas mafias bien organizadas desde hace mucho tiempo y nunca nadie se metía con ellas, porque anteriormente los mafiosos financiaban campañas, teníamos presidentes amarrados, subordinados a esas mafias o a esos grupos, como se les llame. Hoy, vi a unos falsos empresarios que son unos mafiosos, incurren en delitos. Pero hay un gobierno que no tiene compromisos ni ataduras con ninguna mafia, con ninguna élite, con ningún sector y eso no se perdona... Yo quise ver, con todo un procedimiento por supuesto, respetando las leyes, un fiscal, un juez, la Guardia Nacional, y yo fui de invitado especial pues, a mirar -explicaba su participación en el allanamiento el presidente Chávez ante el cuerpo diplomático congregado en Miraflores (El Universal, 18/01/2001).

Un extenso reportaje publicado por El Nacional el miércoles 24 de enero de 2001 nos hizo conocer que la empresa 2442 SRL era propiedad de la familia de Baruch Ivcher, Menahem Ivcher y Mercedes Benarroch de Ivcher. El primero, enemigo jurado de Vladimiro Montesinos y del hoy ex presidente peruano, Alberto Fujimori, quien en 1997 le había retirado la nacionalidad peruana y confiscado un canal de televisión (Canal 2 Frecuencia Latina de Lima). Todos se encontraban fuera del país para el momento del allanamiento (El Nacional, 24/01/2001).

Los abogados David Bittan Obadía, José Salcedo Vivas y Martín Manzanilla, apoderados de la firma 2442, salieron al paso de la situación planteada: "Montesinos está detrás del allanamiento a la empresa propiedad de la familia Ivcher" (El Nacional, 26/01/2001).

— La presencia del propio presidente Hugo Chávez en el allanamiento de las empresas le otorga, desde ese mismo momento, un efecto político a todo el procedimiento. Aunque la presencia del jefe de Estado impidió cualquier exceso en el allanamiento, cosa que agradecemos, estamos cien por ciento seguros que todo esto es una retaliación de Montesinos –detalló la posible vinculación el abogado David Bittan, al aclarar que cualquier situación tributaria estaban dispuesta a resolverla.

La Fiscalía levantó cargos por contrabando y la empresa despidió cerca de 60 empleados por encontrarse paralizada, junto con otra denominada Keter Plastic.

Al anterior lo sustituyó en el plano de la opinión pública el caso de la detención de Gilberto Gutiérrez, un valorador de la aduana marítima de La Guaira, quien fue acusado de intentar extorsionar, presumiblemente, al empresario Arnoldo García, dueño de la empresa Canteras y Mármoles. Fue capturado in fraganti luego de haber sido filmado recibiendo 1,5 millones de bolívares. Pero luego fue reincorporado a su cargo y buscó el asesoramiento legal del abogado Omar Arenas Candelo. "García urdió en connivencia con funcionarios de la Disip una pretendida entrega controlada, de manera de crear la apariencia de un delito in fraganti que nunca ocurrió" (El Nacional, 03/04/2001). Este funcionario fue condenado a cuatro años de casa por cárcel, por la juez Rosalía Barreto, juez 2da. de Vargas (El Nacional, 22/04/2001).

— Se trata de un montaje promovido por los verdaderos corruptos que sí existen en las aduanas del país. El caso de García es uno más en los que los importadores corruptos, que tienen mucho poder económico y político, utilizan sus influencias para salirse con la suya –sentenció el conocido abogado penalista.

Este otro caso fue la antesala para el que vendría después: la captura de algunos de los miembros del grupo denominado Los Blindados, donde figuraría el hijo de Trino Alcides Díaz, Carlos Díaz, funcionario del Seniat desde 1997.

— ¿Carlos Díaz tiene cargo en Seniat? – le tomaron opinión al intendente nacional de Aduanas, José Vielma Mora, desde el semanario La Razón (15/04/2001).

— Trabajaba allí antes de asumir el cargo Trino Alcides Díaz. Creo que en Auditoría Interna del Seniat. Era auditor investigador, y aún es funcionario.

— ¿Los detenidos con el jefe de Seguridad trabajaron o trabajan en el Seniat?

— No conozco a ninguno de ellos, salvo a Carlos González, quien era el jefe de Seguridad Interna del Seniat.

— ¿También mete las manos en el fuego por la honestidad de Carlos Díaz, hijo del Superintendente?

— Sería aventurada una opinión. Cuando ocurrió todo yo estaba en Chile, en una reunión del Centro Interamericano de Administración Tributaria, pero además me toca la parte aduanera. No he querido revisar el expediente, ni siquiera he visto el video. No lo voy a hacer. Me parece que Carlos, al igual que todos los acusados, son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario.

El Superintendente, luego de recibir apoyo del Presidente, volvió a tocar el tema del hijo:

— Esto está en manos de la Fiscalía. Si ellos determinan que mi hijo tiene cierta culpabilidad lo destituiré de inmediato (Televen, 16/04/2001).

El fiscal Isaías Rodríguez confirmó, aunque Trino Alcides Díaz al comienzo lo negó, que la Disip había tomado las dependencias de Seguridad y Auditoría Interna del Seniat en busca de pruebas y documentos para la investigación emprendida. Y en paralelo, el Superintendente se defendía de las acusaciones levantadas contra su persona y su hijo, por el funcionario Carlos González Silva:

— El debe presentar pruebas al respecto... Con respecto a mi hijo, no es como se ha dicho por allí que estaba huyendo y que tenía auto de detención. Fue de manera voluntaria como testigo a declarar (Unión Radio, 09/04/2001).

El equipo gerencial del Seniat propuso dos instrumentos para combatir la corrupción interna y flexibilizar al Seniat: uno era un decreto de emergencia aduanera, y otra era una Ley del Servicio Integrado de Administración Tributaria, pues el Seniat no tenía ley propia con fuerza para emprender una nuevo saneamiento administrativo y de personal en no más de seis meses. El marco jurídico también evidenció las diferencias de criterio entre Trino Alcides Díaz y José Vielma Mora. "Mientras el Superintendente Nacional Tributario... asegura que tanto el decreto como la Ley del Seniat se encuentran en manos del presidente Chávez, el Intendente de Aduanas... reitera que el decreto no ha salido aún del órgano recaudador"(El Universal, 05/05/2001).

— No, no, no, no. Lo tiene el Superintendente, pregúntenle a él sobre el decreto de emergencia de las aduanas –decía Vielma Mora-. Yo quiero que salga inmediatamente, pero si no está listo yo no me puedo parar, yo sigo trabajando, sobre todo en el tema de la modernización de las aduanas.

"Para el Superintendente... la decisión de aprobar estas medidas de emergencia dependen del Presidente y de la Vicepresidenta, quienes los tienen en sus manos actualmente" revelaba El Universal del mismo día en la misma nota (05/05/2001).

Por su parte, en una entrevista publicada por el periódico Hoy de Barquisimeto, el teniente José Nelo, quien no se había puesto a derecho y se le señalaba como posible jefe de Los Blindados, anunció su pronta entrega ante el Ministerio Público, no sin antes disparar varios dardos envenenados: "Es imposible que hubiera tomado 300 millones de bolívares por los que se me acusa, porque yo ni siquiera estaba ahí el día que desmontan el fraude" (El Nacional, 02/05/2001).

— Las mafias tributarias quieren desestabilizar la gestión que adelantan el superintendente tributario, Trino Alcides Díaz, su hijo, Carlos Díaz, Carlos González y yo. A mí me quieren meter en esto porque nosotros le estamos dando palo a los contrabandistas en Carabobo... Nosotros no somos de ninguna banda. Dicen que somos blindados porque la mayoría de nosotros entramos por orden presidencial, lo que es verdad. Pero de ahí a que seamos Los Blindados, no lo creo.

Responsabilizó al comisario Enoé Vásquez, jefe de Investigaciones de la Disip de "formar parte de una mafia que cobra vacunas" (Globovisión, 07/05/2001). Luego concedió una entrevista clandestina a El Nacional, donde expresó que no se entregaría hasta tanto la Fiscalía no le cambiara su figuración de acusado a testigo (El Nacional, 11/05/2001).

Para el fiscal Isaías Rodríguez la propuesta de Nelo, un ex golpista del 27 de noviembre de 1992, no le fue indiferente: "sólo el tribunal puede quitarle la condición de imputado a José Nelo" (El Nacional, 13/05/2001).

José Vielma Mora anunció el 29 de mayo que unos 802 funcionarios de las aduanas saldrían con la firma del decreto de emergencia aduanera por tres años, de los cuales 402 tenían expedientes abiertos por la Disip y el Ministerio Público.

La causa contra los supuestos Blindados seguía ventilándose en el tribunal 10 de Control de Carabobo, a cargo del juez Héctor Pérez la Rosa. Éste dictó el 16 de junio una medida de privación de libertad contra Carlos Díaz, hijo del Superintendente, por considerar que había suficiente evidencia de su posible participación en la extorsión a la firma Textiles Castillo. Fue recluido en la sede de la Disip de Naguanagua, al tiempo que José Nelo aclaró que él no tenía nada que ver con la detención de Díaz: "No se ha enviado ninguna prueba o acusación", aunque se mantenía fugitivo (El Nacional, 17/06/2001).

El Superintendente visitó a su hijo detenido el Día del Padre: "lo han tratado muy bien, claro está, nosotros deploramos mucho que lo hayan casi incomunicado, incluso no han permitido las visitas, lo cual es otro atropello que se hace contra él, pues como ustedes saben, se encuentra detenido ilegalmente" (El nacional, 18/06/2001). Luego Díaz salió gracias a una medida sustitutiva concedida el 28 de junio, pero con la investigación abierta en su contra.

En medio de la nueva situación del caso de Carlos Díaz, El Nacional pudo entrevistar a otro protagonista anterior: Pedro Rodríguez, el ex intendente nacional de Aduanas. Fue trasladado al hospital José Gregorio Hernández, luego de sufrir una crisis de hipertensión.

— Se quiere sabotear a ultranza el plan de modernización de las aduanas, y eso está demostrado en que cada vez que va a comenzar a ejecutarse, se paraliza por un nuevo escándalo... Yo conocí a Carlos (Díaz) cuando estaba dentro del Seniat, en auditoría, y no tuve ningún problema con él. Espero que muy pronto salga de este problema, y la verdad se exponga a la luz pública (El Nacional, 21/06/2001).

— ¿Por qué cree que han postergado tanto su juicio? –le preguntó la periodista Lucía Lacurcia.

— El asunto es que el Presidente fue engañado. Le echaron un cuento mal echado, porque le hicieron ver que yo era el gran corrupto y era responsable de todo el desastre de las aduanas, cuando yo tengo documentos probatorios de que yo en comunicación con el ministro José Rojas le hice un inventario de todo lo que debía corregirse, y sobre la necesidad de intervenir las aduanas, sobre todo las de La Guaira y Puerto Cabello.

— ¿Quién cree que le echó mal el cuento al Presidente?

— Yo estoy seguro de que ese fue el resultado de una rivalidad entre el ministro Rojas y Héctor Ciavaldini, que fue quien me envió en comisión de servicios a ejecutar el plan de modernización de las aduanas.

Mientras, el abogado Rubén Pinzón deslizaba una perla: "en Venezuela existe la pena de muerte solapada, y se la están aplicando a Pedro. Si se muere, se va a morir en la Disip, y la responsabilidad caerá sobre los fiscales y la juez, que negó la medida recomendada por el médico. Si se hiciera el juicio, no tendrían con qué probar su culpabilidad, y el pobre viejo es el estandarte de la lucha anticorrupción del gobierno. Si no fuera por él, no habría ni un preso por corrupción" (El Nacional, 21/06/2001).

Las estelas abrían paso para el próximo y seguramente no el último escándalo: la remoción del gerente de Administración del Seniat, Alirio Muñoz, en otro enfrentamiento interno con el superintendente Trino Alcides Díaz. Cuestionaba la realización de un nuevo proceso licitatorio para adquirir bandas de garantía por la cantidad de 1.700 millones de bolívares y le pidieron la renuncia.

— Quieren echar para atrás esa licitación para meter una empresa... Trino Alcides Díaz no es el hombre para dirigir esta institución tan difícil y tan compleja –acuñó el funcionario (El Nacional, 04/07/2001).

El Superintendente le respondió a Muñoz, públicamente:

— Alirio Muñoz quería ser Superintendente del Seniat y por eso actúa de esa forma... No existe ninguna confianza entre este caballero y mi persona. Recientemente, cuando ocurrieron los hechos de extorsión en Valencia, declaró que renunciaría en protesta por el apoyo y la ratificación en el cargo que me dio el Presidente de la República....

Trino Alcides Díaz expresó que la auditoría mencionada por Muñoz no costaría 1.700 sino 200 millones de bolívares. También refutó unas "compras urgentes" que lejos de hacerlas se procedió con una investigación que determinó la posibilidad de sobreprecios por 800 millones de bolívares, más bien (El Nacional, 05/07/2001).

Pero el ping pong continuó un día más, cuando Muñoz ripostó:

— Trino Alcides Díaz le mintió al país y a los medios de comunicación, es un ‘culillúo y no tiene bolas para tomar decisiones... Yo reto a Trino Alcides Díaz, a Elías Elyuri, a mi sucesor, Rigoberto Fernández, el que ellos seleccionen, para que demuestren que yo soy un corrupto... Quiero decir que vivo alquilado, en un apartamentico con mi mujer, y pago 150 mil bolívares mensuales. No tengo carro ni bienes. (El Nacional, 07/07/2001).

Sin embargo contraatacó: "Díaz fue bueno para manejar la Universidad Central de Venezuela, pero no el Seniat. En lo que va de año sólo se ha ejecutado 26% del presupuesto, y eso acarrea responsabilidad administrativa de acuerdo con las leyes de Régimen Presupuestario y de la Contraloría".

Tras la salida de Eliézer Otaiza de la Disip, con motivo del episodio Vladimiro Montesinos, el todavía intendente de aduanas, José Vielma Mora, cuestionó las sucesivas incursiones de la policía política en los recintos aduaneros.

— Las acciones del organismo policial en los últimos meses no redundaron en el aumento de la recaudación tributaria, sino que, por el contrario, repercutieron negativamente, haciéndole daño al Fisco, a la actividad importadora y exportadora y, por ende, a la economía venezolana –dijo el también ex constituyente-...Cuando atentamos en forma descontrolada contra las aduanas le hacemos daño a la economía y al país. Fui más eficiente que la Disip, que hizo más de 30 allanamientos en las aduanas y no metió ni un preso, mientras que yo he retirado a 10 personas por procedimientos administrativos.

Pero la aspiración central de la gestión del capitán Vielma Mora era la aprobación del decreto que declaraba la emergencia en las aduanas. Lo había planteado desde hacía seis meses y había logrado el apoyo de Consecomercio. Pero a los ojos del Superintendente Trino Alcides Díaz, era más necesaria una ley para el Seniat.

Las diferencias entre los dos funcionarios precipitaron la renuncia irrevocable de José Vielma Mora, el viernes 3 de agosto de 2001, convirtiéndose en el primer Intendente Nacional de Aduanas del gobierno que renuncia y no es removido.

Una gacetilla enviada por la agencia oficial de noticias, Venpres, atribuía al superintendente Trino Alcides Díaz que "Vielma Mora tenía intenciones de separar la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia y no estaba de acuerdo con muchos de los proyectos del Seniat". Paralelamente a la renuncia, el Superintendente destituyó al gerente de la aduana de Puerto Cabello, José Gómez Mogolló, hombre de confianza de Vielma Mora. Gómez declaró que "Vielma Mora renunció para apoyarme" (El Universal, 05/08/2001).

—Vielma Mora renunció cuando supo que la decisión era sacarme. Me respaldó porque sabe que lo hecho en Puerto Cabello es para mejorar la aduana y no hay ningún intento de bloquear el proceso de modernización" –explicó el ex gerente.

La tesis de Vielma Mora es que "un intendente de aduanas sin autonomía funcional, técnica y financiera no podrá hacer nada" (El Universal, 07/08/2001).

— Preferí no ser un parapeto –aseguró el ex funcionario-. Hay personas que están todavía ancladas en este socialismo trasnochado. Señores, ahorita hay que lanzarse a la modernidad para salir adelante y solucionar muchos problemas (El Nacional, 09/08/2001).

Por cierto que la salida de Vielma Mora dejó, entre otros, sin resolver el episodio entre el empresario de la empresa Canteras y Mármoles, Arnoldo garcía, y el jefe de la división de operaciones de la aduana marítima de La Guaira, Juan Elías Hanna, quienes se acusan mutuamente de acciones irregulares. El primero asegura que luego de haber denunciado la supuesta extorsión cometida por el funcionario Gilberto Gutiérrez, ha sido amenazado y sus mercancías son objeto de robo y cobros arancelarios indebidos (El Universal 21/07/2001). Mientras que el segundo afirma que el empresario trata de pagar aranceles inferiores a los previstos para el tipo de mercancía que trae a Venezuela.