A comienzos del segundo semestre de 1999, Caracas fue sede del Seminario Internacional sobre Democracia y Corrupción. Con motivo de tan particular ocasión, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Ovidio Pérez Morales, dirigió un mensaje a los participantes advirtiendo "sobre las graves consecuencias que surgen cuando no prevalece la ética y el comportamiento adecuado en algunos sectores de la sociedad".

— Lo que necesita Venezuela no son solamente buenas costumbres –afirmó el prelado-, sino principalmente una voluntad implacable para erradicar los altos niveles de corrupción que ponen en grave riesgo el proceso democrático en el país.

Entre los asistentes a la jornada inaugural se encontraba el presidente Hugo Chávez, con apenas pocos meses en el poder. También el cura jesuita Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, dejó claramente sentado en el evento que "a la hora de establecer la valoración moral de las acciones públicas, la ley de la amistad es la que muchas veces prevalece sobre la ley que es aplicable a todos los venezolanos".

Casi enseguida Pérez Morales entregó el mando a monseñor Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, como nuevo presidente de la CEV.

Las tensiones entre el gobierno y la iglesia se pudieron a la orden del día y se fueron agudizando en la medida en que el verbo presidencial se hacía cada vez más ácido y los representantes de la iglesia también respondían. Nada diferente de lo que fue esta relación durante la campaña electoral de 1998.

— El lenguaje de la iglesia no es monopolio de nadie –decía Chávez en una de las alocuciones en vivo por la señal de Radio Nacional.

La iglesia no se quedaba atrás. Por ejemplo en la Semana Santa de 2000, el padre Clemente Pérez González desde la tribuna de la iglesia de Santa Teresa, se expresaba en los siguientes términos:

— Tengo sed de tí dice Cristo en la cruz, también al que tiene poder y autoridad de gobierno para que entienda que el poder es una oportunidad para servir, y cuanto más alto se está mayor debe ser la vocación de servir, porque si no el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ustedes entienden, ¿verdad? (El Universal, 22/04/2000).

Ni corto ni perezoso, Chávez, quien buscaba la relegitimación, se desprendía en elogios:

— De manera bastante irresponsable, y así lo digo, desde aquí (en rueda de prensa con motivo de la Cumbre del Grupo de los 77), han dicho que el proceso no está garantizado porque supuestamente yo designé a los miembros del Consejo Electoral... habría que preguntarles a esos obispos dónde estaban ellos cuando verdaderamente los miembros del Consejo Supremo Electoral anterior, que fue eliminado, sí eran designados por las cúpulas de los partidos políticos... Lo que pasa es que especialmente uno de ellos (Baltazar Porras) está compenetrado con el régimen anterior, pertenecen al régimen anterior. Ellos estaban allí cuando los presidentes se daban abrazos y levantaban la copa de vino y rezaban juntos. Sabían que esos presidentes estaban robando al pueblo, y los bendecían, bendecían el robo (El Universal, 15/04/2000).

El domingo 7 de mayo dos funcionarios de la Disip grabaron y tomaron fotografías en la misa que ofrecía monseñor Baltazar Porras en la catedral de Mérida. Sobre la marcha el ministro de Relaciones Interiores, Luis Alfonso Dávila, "negó enfáticamente que haya emitido esa orden a la Disip" (El Universal, 09/05/2000). Agregó:

— Me parece extraña esa denuncia... Este es un régimen que no tiene ningún periodista ni cura preso. No hay ningún perseguido político, pero hay quienes tratan de lograr publicidad haciéndose los mártires.

Haciendo gala de su connotada característica contradictoria entre sus funcionarios, al decir de sus múltiples críticos, el director de la Disip, Eliézer Otaiza, en paralelo a Dávila, confirmaba que sí eran miembros de la policía política los personajes que actuaron en la misa de solidaridad y apoyo a monseñor Porras.

— Lamentable. Vergonzoso. No se volverá a repetir. El cargo está a la orden. Yo asumo toda la responsabilidad de este cargo. Si por mi mando, por mi conducción, hay errores yo lo asumo cediendo el cargo –dijo el jefe policial (Unión Radio, 09/05/2000).

De hecho, especificó que los dos funcionarios que actuaron no lo hicieron por órdenes expresas emanadas de la institución. "En todo caso ya han sido separados de sus cargos y se les abrió un procedimiento interno".

El afectado, monseñor Porras, señalado por Chávez como "un adeco con sotana", se sintió satisfecho con las explicaciones de Otaiza.

Pero la ciudad de Mérida seguía siendo centro de importantes acontecimientos. Tres días antes de las megaelecciones convocadas más no celebradas el 28 de mayo, la Gobernación de Mérida fue allanada por unos 20 funcionarios de la misma Disip, al frente de los cuales iba el comisario Juan Alvarez. La misión era realizar una auditoría para darle soporte a algunas denuncias por corrupción contra el mandatario regional de Acción Democrática, William Dávila, también presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela. El mismo día el presidente Chávez llegaba al aeropuerto para respaldar al candidato del MVR a la gobernación, Florencio Porras, y declaraba a la prensa local:

— El Ejecutivo no tiene nada que ver con esta intervención (El Universal, 25/05/2000).

Por su parte, Dávila desmintió las versiones según las cuales el Presidente habría dicho que se negó a entregar libros de contabilidad.

— Esto creo que pudo haberse evitado y perfectamente solicitado de forma decente, pacífica y democrática, en el momento más indicado –señaló en tono airado (El Universal, 25/05/2000).

Las noticias de Mérida se trasladaron a Caracas. "Un enfrentamiento que por poco llega a las manos protagonizaron el vicepresidente de la República, Isaías Rodríguez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Baltazar Porras, cuando –bien tempranito- coincidieron en la antesala de un canal de televisión" (Globovisión). Cuando leían el periódico, lado a lado, el arzobispo quiso criticar la actuación que la Disip tuvo en la Gobernación de Mérida... El Vicepresidente acusaba al arzobispo de no representar a la iglesia ni al pueblo cristiano, y éste le devolvía el insulto agregando que él no representaba ni al gobierno ni al pueblo (El Universal, 26/05/2000).

Ya para septiembre, realizadas las elecciones pospuestas para el 30 de julio, el nuevo gobernador era el candidato de Chávez, Florencio Porras. Éste anunció la intervención del hospital Sor Juana Inés de la Cruz, cuya administración estaba en manos de la Arquidiócesis de Mérida, a cargo de Baltazar Porras. La medida oficial era por presuntos actos de corrupción.

Con menos de tres meses en el cargo, el nuevo gobernador se presentó en la Fiscalía y denunció simultáneamente a monseñor Baltazar Porras y al ex gobernador derrotado, William Dávila.

Con respecto al prelado, un Porras solicitó que el otro Porras fuera investigado por malversación al frente del hospital Sor Juana Inés de la Cruz, "administrado por una fundación registrada por la Arquidiócesis de Mérida, ambas gobernadas por el sacerdote" (El Universal,12/10/2000).

Florencio Porras señalaba los siguientes hechos irregulares, encontrándose monseñor ausente en Roma:

— La acción es del conocimiento de Chávez –declaró el Gobernador merideño-, desde el sábado pasado, cuando éste visitó la capital merideña. Yo le hice un resumen de la investigación y de las pruebas relacionadas con la iglesia. Me dijo que siguiera adelante... La acción no es contra la institución eclesiástica, sino contra la persona de Baltazar Porras como responsable directo. Asumo el riesgo de que se diga que lo acusamos porque está en la oposición, pero esta no es una factura política. Lo que pedimos es que se determinen responsabilidades (El Universal, 12/10/1999).

Con respecto al ex mandatario regional William Dávila, su sustituto lo acusó ante el Ministerio Público por malversación de fondos públicos, traslado de partidas y celebración de contratos por interpuestas personas en los siguientes asuntos:

— Esto tampoco tiene que ver –dijo el gobernador chavista- con la solicitud de reconteo de votos que hiciera Dávila ante el Consejo Nacional Electoral (El Universal, 12/10/2000).

En otras palabras, el gobernador Florencio Porras había señalados irregularidades por más de 500 millones de bolívares, entre los dos casos:

William Dávila picó adelante contra las denuncias, ante la ausencia de Baltazar Porras, y precisó que se trataba "de una acción de sicariato político" (El Universal, 13/10/2000).

Con respecto a las acusaciones en contra del presidente de la CEV, señaló: "su delito es trabajar de buena fe por el país y por el estado (el hospital había atendido 550 mil pacientes en tres años, con un sistema de visitas domiciliarias)".

Mientras se le daba chance a Baltazar Porras de regresar al país, otro prelado, Hernán Sánchez Porras, secretario de la Conferencia Episcopal, asumía su defensa:

— Conocemos su integridad y por eso rechazamos cualesquiera imputaciones que se hagan en su contra. Creo que se debe a la situación política de Mérida. Es una prolongación de esa crisis y donde está involucrado monseñor...(El Universal, 13/10/2000).

Baltazar Porras regresó a Caracas el propio 12 de octubre y con la misma se defendió:

— Es un atropello jurídico y una cacería de brujas la forma como la gobernación allanó el hospital y derogó un convenio por medio del cual lo administraba una fundación eclesiástica del mismo nombre. Quieren montar un show para descalificar la labor de la iglesia en ese hospital, que ha sido modelo de gestión privada de salud pública. El centro beneficia al estado Barinas, donde el presidente Chávez ha alabado su modelo de gestión.

— ¿Está dispuesto a ir preso? –le preguntó un periodista en el aeropuerto.

— Yo sí. Yo le pediría a la Fiscalía que llegue hasta sus últimas consecuencias, porque estas cosas no pueden quedar así. Y que también haya responsabilidades por parte del Gobernador, porque es muy fácil sentirse envalentonado y tener el poder para hacer lo que se quiera.

Porras volvió sobre sus fueros e insistió en "la cacería de brujas".

— El gobierno está detrás de la cabeza de la iglesia. Es una persecución política y un intento de difamación –respondió a una pregunta difundida por la agencia española EFE, el 17 de octubre-. La iglesia católica venezolana va a agotar todas las instancias legales para defender su honorabilidad.

El nuncio apostólico en Caracas, padre André Dupuy, asistió a una reunión en la Cancillería el 23 de octubre, con José Vicente Rangel, el titular; el vicepresidente Isaías Rodríguez, Luis Miquilena, director general del MVR; y Luis Alfonso Dávila, ministro de Interiores y Justicia. Del encuentro no fue mucho lo que pudieron obtener los periodistas. Nadie soltó prenda más allá de haber sido "una reunión de cortesía". Sólo Dávila se atrevió a no decir nada:

— Haremos todo lo necesario para que los nexos con la iglesia permanezcan de la mejor forma por los siglos de los siglos, amén. El caso Porras es una cosa puntual, local, que no tiene nada que ver con las relaciones con la iglesia (El Universal, 24/12/2000).

Un artículo insertado al día siguiente por el escritor Manuel Alfredo Rodríguez, titulado Monseñor Porras planteaba algunas hipótesis al respecto de la crisis entre el gobierno y la iglesia (El Universal, 24/10/2000).

"Al leer las injurias del sedicente gobernador de Mérida contra el presidente de la Conferencia Episcopal uno se pregunta qué pretende la ‘revolución pacífica’ de la iglesia católica y hasta dónde llegarán sus agresiones contra ella. A la primera, pudiera responderse con la hipótesis de que se busca amedrentarla para que guarde silencio ante una crisis económica y social magnificada por la ineptitud, la corrupción y la demagogia populachera del régimen cuartelario. A la segunda, no es fácil intentarle respuesta dado el menestrón ideológico de la llamada V República y el silencio de su ‘proyecto’ sobre las relaciones del Estado con la iglesia mayoritaria... La averiguación solicitada por el procónsul impuesto al estado Mérida no puede desvincularse de las expresiones anticlericales proferidas por el Comandante en una o varias de sus pavosas alocuciones".

Un par de fiscales del Ministerio Público, Oswaldo Domínguez Florido y Reyna Rosa Trujillo Vilchez, solicitaron por oficio a la Asociación Bancaria Nacional los movimientos y las cuentas bancarias de monseñor Porras, el padre Leonardi Villasmil, el administrador del hospital Ovidio Rojas, del ex gobernador de Mérida y su esposa, y del ex secretario de gobierno, Isaac León. (El Nacional, 23/11/2000).

Esta vez desde Madrid, Baltazar Porras respondió que se "sentía físicamente amenazado" (Agencia EFE, 23/11/2000).

— Son públicos los ataques del gobierno venezolano contra mi persona y la iglesia. Tengo varias causas judiciales abiertas, donde se me acusa de malversación de fondos y se acusa a la institución de haber colaborado y callado la corrupción de gobiernos anteriores. Las últimas noticias que tengo es que se está preparando otra causa judicial contra mí acusándome de corrupción de menores... Es muy difícil catalogar a Chávez: es un soñador, un líder carismático con un lenguaje que llega mucho a la gente y que maneja muy bien la estrategia militar aplicada a la política y al campo mediático. De ahí a que sea capaz de llevar a cabo el proceso de transformaciones que requiere el país, está por verse –hablaba frente a la Asociación de Periodistas de Información Religiosa (APIR), invitado por la Conferencia Episcopal Española.

Por el hilo telefónico desde Francia le respondió el canciller Rangel: "como católico, apostólico y romano, sé que mentir es pecado y eso vale tanto para seglares como para religiosos. Eso es falso, nadie en Venezuela puede decir que peligren sus derechos. Las palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal sencillamente no se ajustan a la verdad" (El Nacional, 24/11/2000).

Mientras aquí en Caracas, el vicepresidente Isaías Rodríguez, solicitaba a la iglesia clarificar si Porras "hablaba a nombre propio o no".

El presidente Chávez intervino también desde la cúspide declarativa, replicando a los periodistas, luego de ofrecer una clase magistral en San Cristóbal ante 2.000 alumnos del Primer Congreso Nacional de Educación Superior y Diversificada:

— No tengo nada que responder a esa pregunta. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y denunciar ante la corte celestial lo que quiera. Que lleve pruebas. Cada quien es libre de decir lo que quiera y lo que piensa, y no conozco los detalles sobre eso. Eso no requiere de ninguna posición oficial de nada. Me parece algo insignificante. Es bueno recordar que aquí no hay nadie invulnerable, ningún sector, ante los señalamientos de alguien. Busquen las pruebas y denuncien (El Nacional, 25/11/2000).

"En su última declaración señaló que estaba previsto, a juicio de él, que se le acusara de otros delitos, incluso delitos contra las buenas costumbres y efectivamente no conocemos nada de eso", insurgió de vuelta el vicepresidente ejecutivo, Rodríguez (El Universal 25/11/2000).

Una vez más Porras iba por la réplica: "con la oración podemos llegar ante la corte celestial, pero también necesitamos que los organismos gubernamentales sean libes y autónomos, con el fin de que respondan a los beneficios de la gente y no a los intereses de un grupo de poder" (El Nacional, 27/11/2000).

El 5 de febrero de 2001 el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Baltazar Porras, declaró a la agencia AP en Bolivia que "Hugo Chávez está despilfarrando el dinero que Venezuela ha recibido en los últimos dos años por el alza del precio del petróleo, en tanto que crece la violencia, la pobreza y el narcotráfico".

— Muchas de las determinaciones del Presidente están hechas al margen de la legalidad, al margen de la constitucionalidad, porque se está viviendo lo que se ha llamado un proceso de revolución pacífica, pero el Jefe del Estado descalifica a todo aquel que no comulgue plenamente con la línea que marca su gestión (Agencia AP, 05/02/2001).

En línea con el pensamiento anterior, la Conferencia Episcopal Venezolana presentó ante su equivalente latinoamericano, el 16 de mayo de 2001, un documento crítico sobre el gobierno en los siguientes términos (El Universal, 16/05/2001):

En esta oportunidad le correspondió al ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, descalificar el informe y tildarlo de "falto de densidad" (El Universal, 17/05/2001). Así seguía incólume el enfrentamiento iglesia-gobierno. Baltazar Porras expresó que el gobierno tenía "piel de quinceañera".

Un diputado de Acción Democrática en el Consejo Legislativo del estado Mérida, Roger Vivas, acusó al gobernador Florencio Porras de no notificar a tiempo y proceder en consecuencia con la recepción de 2.600 millones de bolívares en diciembre de 2000 para enfrentar una emergencia ocasionada por torrenciales aguaceros. "El decreto se elaboró tres meses después de haber recibido el dinero, el 12 de febrero, después de la emergencia" (El Universal, 07/03/2001).

A tal efecto fueron designados los fiscales Reina Trujillo (fiscal V de Mérida), Evelyn Medina y Oswaldo Domínguez. Pero en Caracas, concretamente el diputado emeverrista por Mérida, Luis Velásquez Alvaray, sometía ante la mayoría oficialista de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo según el cual en la gestión del gobernador Florencio Porras "sólo se cometieron errores procedimentales subsanables en el uso y destino de los recursos asignados en los decretos 015 y 012" (El Mundo, 08/03/2001).

Esta propuesta irritó a la oposición conformada por AD, Copei, Proyecto Venezuela y La Causa R, - sin embargo pasó- pues el bloque consideró que la asociación entre el oficialista MVR y el MAS "había absuelto" a Porras de una investigación en la que podía ser señalado al menos de irresponsabilidad administrativa al violentar procedimientos convencionales, luego de haber recibido el dinero en dos tramos: noviembre y diciembre de 2000, asignados por el ministerio del Interior y Justicia.

Ante esta posición el diputado Velásquez Alvaray, contestó: "la denuncia contra Florencio Porras (su correligionario de estado y partido), fue formulada sin sustentación" (El Mundo, 08/03/2001).