En el año 1998 el gobierno de entonces presupuestó 451 millones de bolívares en subsidios o transferencias para los sindicatos y federaciones públicas y privadas. Según una serie de reportajes publicados por El Nacional en los días finales de aquel año, solamente había dos ministerios que no incluían este tipo de subvención: Defensa e Industria y Comercio (El Nacional, 23/12/1998).

"Las debilidades del sindicalismo venezolano, especialmente del sector público, no son pocas ni fáciles de erradicar. Clientelismo partidista, corrupción en sindicatos importantes como los petroleros o los de la construcción, perpetuación en el poder –como ocurre en los casos de la educación- son algunas de las fragilidades de buena parte del movimiento obrero del país", escribía Adriana Cortés.

De acuerdo con cifras de la Oficina Central de Estadística e Informática, de un total de 4,4 millones de personas económicamente activas para el trabajo, por lo menos 1 millón estaban afiliadas a un sindicato. "De este total, aproximadamente 80% corresponde a trabajadores del sector público". Tanto por el volumen de personas como por lo cuantioso de las transferencias, quedaba clara la alta dependencia del movimiento sindical del Estado venezolano. Adicionalmente, del total de las 1.800 contrataciones colectivas existentes para la fecha, a cada trabajador se le descontaba no menos del 1% del salario.

Transferencias presupuestarias al movimiento sindical venezolano en los años 1997, 1998 y 2001

Fuente: El Nacional.

El asesor económico de la CTV, Aníbal Franquiz –consultado al respecto- explicaba que "el presupuesto total (anual) de la Confederación no llega a 50 millones de bolívares. El edificio sede, José Vargas, es propiedad de Coracrevi, los empleados ganan sólo el mínimo y a los directivos se les asigna a cada uno una cuota de 50.000 bolívares mensuales" (El Nacional, 23/12/1998).

Carlos Navarro, secretario general de la CTV para el momento decía: "los aportes de organismos nacionales como el Congreso o las Asambleas Legislativas, bien utilizados, son necesarios y útiles a la democracia. Prefiero esto a la ayuda de las empresas". Por contraste, el investigador del Instituto Latinoamericano de Estudios Sindicales, Rolando Díaz, también citado, consideraba el asunto como una aberración: "En Venezuela, el sindicalismo nace muy ligado a la suerte del estamento político. Por ello, cerca de 85% de los sindicatos registrados en el país pertenecen al sector público y por esta interrelación se crea la política de los subsidios. Se trata de un sindicalismo paraestatal".

Otra fuente consultada, el secretario Sindical del Movimiento al Socialismo, Rodrigo Penso Crazut, recién había concluido un perfil del movimiento sindical agrupado en la CTV, que arrojó las siguientes debilidades:

Pero justo es traer a colación las indagadas fortalezas de la CTV:

Concluía el trabajo destacando que, según los entrevistados, los sindicatos más corrompidos del país eran los del sector petrolero, la construcción y el educativo. Veamos los argumentos para cada caso:

El 7 de abril la denominada Fuerza Nacional Constituyente de Trabajadores (FNCT), en la figura de uno de sus voceros: Jacobo Torres, anunciaba el eventual desconocimiento de la CTV, para dar lugar a una nueva central obrera.

Agregaron "haber solicitado a las comisiones de Asuntos Sociales y Política Interior de la Cámara de Diputados la apertura de una investigación por noticia criminis sobre el supuesto cobro, por parte de Federico Ramírez León –el presidente de la CTV-, de una mensualidad de 1.000 dólares de la partida secreta durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, hecho referido por Ignacio Betancourt, ex secretario privado de CAP, en un artículo publicado el pasado 4 de febrero" (El Universal, 08/04/1999).

Ramírez León había convocado el mismo día de la declaración de Torres a un congreso extraordinario de la Confederación, con la finalidad de aprobar algunas reformas internas que condujeran a un tipo de elección más directa de los dirigentes federativos y sindicales. Mientras, el aludido Frente convocaba para el fin de semana a la primera asamblea nacional para discutir la posibilidad de crear una central obrera identificada con el chavismo.

El dirigente sindical del MAS, Gustavo Mujica, denunció el 18 de julio que la dirigencia de la Federación Campesina –de afinidad política adeca- podría estar incursa en irregularidades del orden de los 30 mil millones de bolívares. Se trataba de un perjuicio en contra de un grupo de trabajadores del campo y del agro, puesto que la federación "vendió a un solo comprador, Osmer Becerra Barrios, 29 tractores a 20 millones de bolívares cada uno, cuando su precio rondas los 600 millones; taladros y otros equipos por 217 millones y galpones en Guacara por 500 millones de bolívares", cuando su valor en el mercado era muy superior (El Universal, 19/07/1999).

Los dirigentes agrarios Nelson Martínez, Américo Pernalete e Iván Kilin Camacho habían tomado la sede de la Federación Campesina en apoyo a las denuncias de Mujica, y solicitado la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.

En plena Constituyente, los asambleístas del oficialismo Froilán Barrios y Alfredo Peña anunciaron que el Consejo Moral Republicano recién aprobado en la nueva Constitución investigaría los bienes de todos los directivos sindicales. Un proyecto de resolución autorizaría para "proceder a la investigación de los delitos y actos contrarios a la moral y en detrimento de los intereses económicos de trabajadores, cometidos por dirigentes sindicales en ejercicio de sus funciones en las centrales nacionales, federaciones y sindicatos de base" (El Universal, 12/01/2000). El punto se incluiría en el luego famoso decreto de democratización sindical considerado por la Constituyente en sus días finales.

Igualmente, en el ambiente estaba el establecimiento de una comisión electoral con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, que procediera con elecciones en la CTV, CUTV, CGT y Codesa por la base y donde se asegurara la participación de "obreros, empleados, campesinos, asalariados, profesionales, científicos, hombres y mujeres de la cultura que trabajen por un sueldo con una relación de dependencia". Al final se incluyó la realización del célebre referéndum para que la población decidiera, además, por la realización de elecciones sindicales para una central unificada, realizado en diciembre de 2000, junto con las elecciones de concejales y juntas parroquiales.

Federico Ramírez León cuestionó el decreto de democratización por violatorio de los derechos sindicales y de normas mundiales consagradas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

— Una cosa es que nosotros solicitemos colaboración, pero otra cosa es aceptar la imposición de una comisión electoral que organice las elecciones de los sindicatos, gremios y confederaciones... eso es violatorio. Quiero recordar que fue Luis Miquilena quien pidió a la CTV que suspendieran las elecciones convocadas para el 27 y 28 de octubre de 1999, pues podían entorpecer las labores del Consejo Nacional Electoral en los preparativos del referéndum aprobatorio de la Constitución del 15 de diciembre (El Universal, 13/01/2000).

Con respecto al anuncio de Peña y Barrios, expresó:

— Que me revisen. Que las hagan. Nosotros no estamos cerrados a eso. Las investigaciones no pueden ser usadas como una medida de intimidación, de amenaza... No podemos aceptarlo porque amenazan la dignidad de los sindicatos y de los trabajadores –precisó.

La OIT emitió una primera condena internacional cuestionando la inconstitucionalidad del decreto de democratización sindical planteado. "El decreto sufre de vicios muy grandes. Viola toda la filosofía de derecho laboral mundial y los convenios 87 y 888 de la Organización Internacional del Trabajo", explicó el representante regional Luis Anderson (El Universal, 18/01/2000).

— Se generará una reacción internacional condenatoria, que puede llegar hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han expresado su preocupación por el cumplimiento de las normas laborales –añadió-. El proceso tiene que ser voluntario. No se hace con un decreto.

Finalizada la Constituyente, Froilán Barrios acudió a la Fiscalía y solicitó que cuatro sindicatos fueran investigados por manejos dolosos en sus finanzas:

—– El lunes vamos a entregar otro grupo de denuncias acotó el ex constituyente a las puertas del Ministerio Público-,. Ellos estarían violando los artículos 437, 438, 440 y 441 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por eso continuaremos investigando e iremos más allá de los sindicatos de base, hasta llegar a las federaciones, porque también vamos a indagar los casos de Fedepetrol, Fetrahidrocarburos y la CTV (El Universal, 02/02/2000).

Al final salieron los decretos sindicales y el presidente de la CTV anunció sus impugnaciones mediante una estrategia de amparos. "Colocan al CNE como única autoridad electoral de los procesos sindicales y eso está contra la libertad sindical" (El Universal, 10/03/2000). El 1º de mayo la Disip tuvo que movilizarse al edificio José Vargas, sede de la Confederación. Habían colocado un niple en un matero y realizado las llamadas de rigor para el alerta. Los volantes estaban firmados por un Frente de Resistencia de los Trabajadores de Venezuela: "esta es una operación llamada Santa María Iquique y tiene la finalidad de reivindicar a los trabajadores, que siguen siendo utilizados por las cúpulas partidistas" (El Universal, 02/05/2000).

El 1º de septiembre, unos 600 representantes chavistas de todo el país agolpados en una de las salas de Parque Central, crearon la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT). Luego de cantar el himno nacional, hablaron en orden: el dirigente sindical José Khan; Lino Martínez, ministro del Trabajo, Isaías Rodríguez, Vicepresidente de la República ; y el diputado del MVR, Nicolás Maduro.

El ministro Lino Martínez habló así: "cuando hablamos de corruptos se piensa en los grandes jerarcas adecos o copeyanos. A esos hay que borrarlos, pero hay que borrar también a los corruptos de nuestras filas... Hay que sacar de adentro esa cultura del sindicalero. Hay que devolverle la soberanía a los trabajadores" (El Universal, 02/09/2000).

Manuel Cova, miembro de la cúpula de la CTV, reaccionaba diciendo que "a la CTV no la destruye nadie, mucho menos este tipo de personas que se hacen llamar dirigentes sindicales bolivarianos que, por cierto, han permanecido callados ante la grave situación que hoy atraviesan los trabajadores" (El Universal, 02/09/2000).

El presidente Chávez intervino en la clausura del evento de la FBT y en su característico tono provocador, sentenció: "señores de la CTV, la Fuerza Bolivariana los va a arrasar, a echar" (El Universal, 02/09/2000).

Ramírez León respondió al reto del Presidente: "Si no fue demolida por Pérez Jiménez con sus diez años de dictadura, mucho menos la va a demoler Chávez. Eso es parte de una política de intimidación que, desde luego, le ha dado buenos resultados electorales" (El Universal, 05/09/2000).

— ¿Qué motiva al Presidente a querer arrasar con la CTV? –se le formuló una pregunta.

— Lo que pasa es que no tiene con quien pelear. Por eso nuevamente invita al combate. Pero nosotros estamos tranquilos, no negamos el derecho que ellos tienen, como lo hicieron, de constituir una fuerza política, aunque para eso utilicen los recursos del gobierno y el poder. Chávez lo que pretende es tener una CTV sumisa, de rodillas ante su inconmensurable poder. Pero la CTV no se amilana, no se intimida (El Universal, 05/09/2000).

La Fuerza Bolivariana introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Garantías y Libertades Sindicales, con el propósito de darle piso jurídico al referéndum sindical. "Los trabajadores podrán actuar para que sean elegidas todas las juntas directivas de sindicatos y federaciones que tengan sus períodos vencidos , para así exigirles que rindan cuentas y, en caso contrario, ejercer el poder revocatorio para elegir una dirigencia que responda a sus intereses", argumentaba el diputado emeverrista Nicolás Maduro" (El Universal, 03/10/2000). La Causa R también introdujo otro proyecto con el mismo fin.

El parlamento aprobó la ley el 10 de octubre utilizando toda la fuerza del chavismo: 106 votos de un total de 165. Se despejaba el camino para la realización, además, de un referéndum el 3 de diciembre inmediato.

Una vez más el presidente Chávez lanzó "plomo grueso" sobre la humanidad de Ramírez León y la CTV: "Y vaya usted al quinto infierno... Vaya y busque refuerzos del mismísimos Satanás... Nosotros sabemos cómo combatir con él... Ustedes, dirigentes sindicales, representan aquí mismo los intereses de Satanás... Hay que destapar la olla podrida de la corrupción... Una de las ollas más podrida es la de la CTV... ¿Qué fue la CTV durante muchos años?... Se les acabó la manguangua... Es el momento de liberarnos de las cadenas de ese viejo y corrompido sindicalismo que instaló el partido Acción Democrática hace más de 50 años"(Unión Radio, 26/11/2000).

Un aspecto antes no tomado en cuenta y propuesto con motivo de la aprobación de la nueva Ley de Libertades Sindicales obligaría a los dirigentes obreros a presentar una declaración jurada de bienes, tal cual funcionarios públicos. No obstante, la Fiscalía anunció que había abierto investigaciones a los máximos directivos de la CTV: Federico Ramírez León, como presidente; y a Carlos Navarro, como secretario general.

— Es un hecho conocido que quienes dirigen estas instituciones laborales las han convertido en un antro de perversidades administrativas –apoyaba la acción el ministro del Trabajo, Lino Martínez, apenas tres semanas antes de realizarse el referéndum sindical de diciembre (El Universal, 27/11/2000).

El propio fiscal Javier Elechiguerra aseguraba en unas declaraciones posteriores que "la Confederación de Trabajadores de Venezuela ha sido uno de los órganos más corruptos que ha habido, quizás, o sin el quizás, ha servido para el enriquecimiento grosero y vulgar, y ha pervertido totalmente el ejercicio sindical... Uno de estos dirigentes, producto de tantas elecciones, este año no pudo hacer uno de los dos viajes a Europa con toda su familia" (Globovisión, 28/11/2000).

Al calor de los días finales de la campaña electoral para el referéndum del 3 de diciembre, Nicolás Maduro propuso juzgar a los dirigentes sindicales de la CTV por "traición a la patria", porque estimulaban la toma de decisiones contra Venezuela desde el exterior (Unión Radio, 29/11/2000).

Bill Jordan, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Siols), junto a la dirigencia de los diez sindicatos más poderosos del mundo, convocados a Caracas por la CTV, anunció que "todo el arsenal de la Siols, compuesto por 150 millones de trabajadores en el mundo, se pondrá en marcha contra Venezuela. El gobierno ha querido minimizarnos pero no nos conoce. Ya el referéndum viola en sí mismo el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, porque no se puede pensar en convocar a militares, empresarios y religiosos para promover la salida de sindicalistas que no los representan" (El Nacional, 30/11/2000).

Al presidente Chávez no le gustaron las amenazas y señaló: "perro que ladra no muerde... Ellos son unos aliados de los sectores poderosos y corruptos del mundo. Que nos bloqueen si pueden... No me quitan el sueño para nada esos señores... Son unos ridículos (El Universal, 01/12/2000).

Desde el flanco de la Contraloría, Clodosbaldo Russián recordó que, producto de una resolución interna del ente, todos los funcionarios sindicales tenían 60 días para consignar su declaración jurada de bienes. "Yo aspiro a que cada uno de estos funcionarios declare, de lo contrario la Contraloría se los solicitará formalmente" (Globovisión, 01/12/2000).

Las cifras oficiales del referéndum fueron anunciadas por el CNE el jueves 7 de diciembre, sobre un escrutinio de 99,84% de los votos: el "sí" obtuvo 1.662.750 sufragios, el "no" 719.771, los votos nulos sumaron 280.002 y la abstención se colocó en 76,17%. Tras los resultados, la CTV volvió a iniciar un proceso de organización de elecciones, pero luego decidieron abandonar temporalmente los cargos, tal como lo anunciaron el 6 de diciembre.

— Tenemos que ir a elecciones. Tenemos que facilitar la transición. No puede ocurrir una sustitución por la fuerza y tampoco se pueden tomar decisiones unilaterales –justificaba Federico Ramírez León la toma de posición (El Universal, AP 06/12/2000).

Carlos Ortega, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fedepetrol) compartía el punto y a los efectos dijo: apoyaremos la iniciativa de la CTV y abandonaremos los cargos para convocar a elecciones en breve plazo. Por cierto que sobre este dirigente, organizador de tres huelgas petroleras contra Petróleos de Venezuela en lo que va de la gestión de Chávez, recaía una acusación. La Fuerza Bolivariana de Trabajadores aseguraba que "ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción del estado Monagas, cursa una demanda interpuesta contra Carlos Ortega, acusado de cobrar 30 millones de bolívares a un sindicato de Maturín para permitir la afiliación a Fedepetrol" (El Nacional, 19/03/2001).

Los dirigentes del FBT que dieron la cara por la información fueron: Agustín Prieto, Eris Ramírez, Julián Perozo, Arturo Morgado y Pedro Sandoval.

— El dinero fue entregado a Luis Roberto Medina y a Olegario Núñez, de la oficina de consultoría jurídica de Fedepetrol –aseguraron.

Pero la idea de la transitoriedad surgida tras la renuncia a los cargos de la dirigencia de la CTV, no fue del agrado del diputado Nicolás Maduro: "los que estaban presidiendo ese órgano sindical no pueden ser los mismos que nombren a los que permanecerán en los cargos directivos en el período que dure la transición" (El Universal, 08/12/2000).

Varios integrantes de la agrupación Izquierda Democrática, Luis Manuel Esculpi, Enrique Ochoa Antich, Aníbal León, Gonzalo González y José Gómez Febres; solicitaron al CNE un pronunciamiento sobre la legalidad del referéndum efectuado, porque "de acuerdo con la ley, ninguna autoridad puede ordenar la disolución de un sindicato. Por tanto se asume que la suspensión de ahora es producto de un mandato directo del soberano, por lo cual el referéndum deja de ser consultivo para convertirse en aprobatorio" (El Universal, 09/12/2000).

La Asamblea Nacional dominada por el oficialismo decidió el 12 de diciembre, amparada en las disposiciones transitorias de la Ley de Democratización y Garantías Sindicales, "prohibir la enajenación de los bienes de la CTV".

— Esto a los fines de que los bienes o propiedades de esas organizaciones, que realmente son propiedades de los trabajadores, no puedan ser distraídos, si fuera el caso, u ocultados –aclaraba la situación el diputado Luis Franceschi, de la comisión de Desarrollo Social (Unión Radio, 12/12/200).

Por mandato de la misma Ley, el Consejo Nacional Electoral venía organizando la realización de elecciones en la estructura sindical. Han aplazado el proceso varias veces y lo más curioso es que sus principales promotores, es decir, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, le venían sacando el cuerpo a la iniciativa planteada por ellos mismos.

Aún así, varios dirigentes pusieron sus nombres sobre la mesa para optar por la presidencia de una nueva CTV: Froilán Barrios, ahora crítico del gobierno por el Frente Constituyente de Trabajadores; Alfredo Ramos, una de las fichas del Nuevo Sindicalismo y de la Causa R; Carlos Navarro, ex secretario general de la CTV; Carlos Ortega, ex presidente de Fedepetrol; y Rodrigo Penso, del Movimiento Primero de Mayo. Faltaba por definir si Nicolás Maduro u otro dirigente del MVR se animaba a participar por el oficialismo, pero a última hora los nombres que figuraban por el chavismo eran Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz, ambos de Patria para Todos. Finalmente, el oficialismo decidió apoyar la candidatura de Aristóbulo Istúriz y, aparte, Reina Sequera del MVR también lanzó su candidatura individual para los comicios pospuestos para el 25 de octubre de 2001.

Se calculaba que para las elecciones a efectuarse originalmente a partir del 25 de septiembre de 2001, si no surgían contratiempos de última hora, participarían unos 2 millones de trabajadores, buscando la legitimación directiva en unos 3.281 sindicatos y federaciones nacionales y regionales. Sólo el costo para elegir un nueva directiva en la CTV superaba los 120 millones de bolívares en tarjetones y material electoral. Luego de algunas demoras injustificadas se conoció el triunfo de Carlos Ortega, cuestionado inmediatamente por el candidato del oficialismo, Istúriz, y en general por el gobierno que no reconoce la existencia de un nuevo presidente de la CTV. Las denuncias por corrupción contra la dirigencia sindical no pasaron de allí.