Una información aparecida en varios diarios a comienzos de marzo de 1999 introdujo en la opinión pública el tema sobre supuestas irregularidades en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), el Instituto de Previsión Social del Personal (Ipsopol) y la Fundación de Ayuda al Funcionario (Fundafun).

Para el 13 de marzo la juez María del Carmen La Riva Ron, tenía una lista de 18 personas bajo investigación a las que les había dictado prohibición de salida del país y medidas cautelares, entre las cuales figuraban el ex director del cuerpo, José Ramón Lazo Ricardi; su esposa, Haydée de Lazo (ex presidenta de Fundafun); Antonio José Rojas, ex presidente de Ipsopol; Neptalí Medina, ex inspector general; Rafael Hidalgo, ex jefe de Personal; Iván Simonovis, jefe de Operaciones del Cuerpo; Yosué Polanco, jefe de los Servicios Médicos, y una periodista de la oficina de Prensa, Iris Palencia (El Universal, 13/03/1999).

El otro grupo de indiciados era: Johnny Lazo Ricardi, hermano del ex jefe policial; Jaime Berro, Raúl Angelis, Oswaldo Herrera, Ismelia Pinedo, Olga Ramos, Arelis Quevedo, Rafael Gómez, Ana Deyán y Marilin Martelo. Ya habían intervenido la Caja de Ahorros y se analizaban varias donaciones realizadas por Petróleos de Venezuela a Fundafun. Al parecer, la investigación venía desde 1992 y 1994 pero tomó cuerpo luego del triunfo electoral del chavismo en diciembre de 1998.

Como antecedente, es necesario recordar que el caso había estado primero, desde 1994, en manos del juez 45 penal, Antonio Figuera Medina, como consecuencia de una información publicada por el entonces periodista José Vicente Rangel, luego ministro de Relaciones Exteriores entrante. Había escrito sobre supuestos manejos poco ortodoxos en el caso de jubilados y pensionados de la policía científica por el orden de los 2 mil millones de bolívares. Posteriormente pasó a manos de la juez La Riva Ron, quien había ordenado analizar la ejecución de los presupuestos anuales de la PTJ desde 1992 a 1998, en virtud de que los pensionados y jubilados no entendían cómo era posible que no estuvieran recibiendo algunos incrementos y otras asignaciones a las que tenían derecho irrenunciable.

Un grupo de auditores asignados por la Guardia Nacional y de la misma PTJ habían levantado la información básica a solicitud de la juez. Pero fue el viernes 12 de marzo luego de las 8 de la noche cuando la encargada del tribunal 45 firmó las boletas de citación contra el grupo inicialmente mencionado. Otros jefes policiales del pasado, como Pedro Arturo Torres Agudo, Orlando Jordán Petit y Fermín Mármol León, iban a ser llamados como testigos, mas no como imputados.

El director entrante de la PTJ, Carlos Fermín, declaró que "lamentaba que esta averiguación haya tenido este resultado y dijo ser solidario con los funcionarios, ya que hasta donde sabe en la PTJ no ha habido malversación de fondos" (El Universal, 14/03/1999).

— Las cuentas entregadas por Lazo Ricardi están bien claras. En este organismo no hay fondos para funcionar debidamente, por eso no puede haber dinero para malversar –añadió el jefe policial.

El comisario general Iván Simonovis, luego reclutado por el alcalde mayor, Alfredo Peña, aclaró ante la opinión pública que nada tenía que ver con manejos dudosos. Precisó que el tribunal investigaba una camioneta Grand Blazer, placas ABC-57D que utilizó cuando era jefe de la Brigada de Acciones Especiales (BAE), adquirida con una donación de PDVSA en 1997.

Fue el 14 de marzo cuando el comisario José Ramón Lazo Ricardi hizo frente público a la situación planteada. Secundado por los abogados Ricardo Koesling, Joaquín Chaffardette y Pedro Berrizbeitia; planteó que no podía ser investigado por el Tribunal 45 Penal sino por el Tribunal Superior de Salvaguarda.

— Ese expediente estuvo archivado durante 8 años y ahora es reactivado enérgicamente por la juez, quien trabajó sábado, domingo, lunes y martes de carnaval. También me extraña que el juez Antonio Figuera Medina, quien abrió el caso en 1992, nunca me citó a declarar. No quisiera creer que se trata de un pase de factura de parte de alguien que se siente afectado por una averiguación hecha por la PTJ, en la que se le ha mencionado, o que se trata de una medida política para dañarme o dañar a la institución (El Universal, 15/03/1999).

Agregó el funcionario que bajo ningún respecto acudiría a la citación ordenada por la juez "porque eso sería convalidar la actuación de la juez, quien debe desprenderse del expediente".

— Tendré que esconderme –aseguró.

El ex director de PTJ introdujo un amparo constitucional ante Salvaguarda en el que argumentaba que su caso tenía que ser conocido por esa instancia, sin ocultar su intención de competir por la Alcaldía de Baruta.

La juez había levantado las medidas de cierre del Instituto de Previsión Social y del Economato de la PTJ, donde se habían registrado pérdidas millonarias en alimentos y presentado varios casos de atraso en préstamos de la caja de ahorros que suspendieron, incluso, varias bodas de funcionarios. Citó a Lazo Ricardi por segunda vez. Como no compareció, pensaba ordenar a la División de Capturas del propio cuerpo que dirigió Lazo Ricardi, detenerlo para obligarlo a presentarse. Simonovis quedó fuera de toda responsabilidad.

El 18 de marzo, Lazo Ricardi fue detenido en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, desde donde proseguiría viaje con destino a Miami. Portaba un maletín de doble fondo donde llevaba tres armas de fuego. Había ingresado a Colombia, violentando la prohibición de salida de Venezuela.

Anunció que contrataría a un grupo de abogados para solicitar asilo político en el hermano país, ante la Fiscalía. La juez La Riva Ron dictó sobre la marcha autos de detención en contra de Lazo Ricardi, su esposa y otros funcionarios de PTJ, por corrupción propia agravada en grado de coautoría y cómplice necesario en el delito de peculado doloso propio. Además, por actos simulados y fraudulentos lesivos al patrimonio público.

Los otros afectados fueron: Antonio José Rojas, por peculado doloso propio; Rafael Hidalgo, como cómplice necesario; Isnelia Pineda de Polanco, como cómplice en el delito de corrupción agravada, Josefina Granados, por aprovechamiento de actos simulados y fraudulentos. Exoneró de responsabilidad a los comisarios Mauro Yánez Pasarella, Hugo Morales Sindoni, Martín Martello y Orlando Jordán Petit. La juez se defendió contra "las declaraciones de los abogados de los indiciados que la vinculan con el periodista y entonces canciller José Vicente Rangel y su yerno, José Alberto Totesaut, asesinado en 1996" (El Universal, 20/03/1999).

— Tengo mi conciencia tranquila y he cumplido con el país –dijo María del Carmen La Riva Ron, la juez.

La huida de Lazo Ricardi le dio al caso un tinte más político. El ministro de Relaciones Interiores, Luis Miquilena, al ser consultado por los periodistas, expresó:

— Debe tener la conciencia bien cargada de delitos, porque no afrontó el juicio que se le sigue en los tribunales. Lazo Ricardi administró una serie de organismos de seguridad social policial de la manera más arbitraria, con todos los elementos de corrupción que ya conocen... El ex director de la PTJ es un hombre que incuestionablemente está incurso en graves quebrantamientos de la ley en el manejo de esta instancia policial (El Universal, 20/03/1999).

Mientras se gestionaba el asilo político ante el gobierno de Colombia, aquí en Caracas el abogado Chafardett anunciaba que la esposa del comisario, Haydée Galarraga de Lazo, tampoco se pondría a derecho. "Lazo Ricardi se marchó del país para no ser humillado por una juez incompetente para enjuiciarlo... La juez La Riva pretende cabalgar sobre la ola anticorrupción que anunció el presidente Chávez, pero ello sólo sirve para ocultar las razones por las cuales ha sido destituida. El Consejo de la Judicatura tiene lista la sentencia definitiva en torno a la juez, pero la ha retardado en hacerla pública para evitar enlodarla y que se vea luego a la juez como una víctima" (El Universal, 21/03/1999).

La descarga aún no finalizaba: "Pareciera ser que detrás de todo esto existe un drama pasional entre la juez y Lazo Ricardi. Ella utiliza a la Judicatura para satisfacer sus bajos instintos"

Lazo Ricardi, desde Bogotá, explicó vía telefónica que "voy a pedir mi asilo político, porque me considero un perseguido político. No tengo garantías para mi vida y he vivido un acoso terrible" (Unión Radio, 21/03/1999). Había contratado al abogado colombiano Horacio Gómez Aristizábal.

Como mencionó la manipulación política del expediente, una vez más Miquilena salió al paso: "La gente cuando anda bien enredada alega siempre persecución política. Ustedes saben que aquí no hay ninguna persecución política. ¿Qué acto político ha hecho él? Él es un simple policía y un delincuente que está procesado por el tribunal por un delito" (El Universal, 21/03/1999). El Ministro de Relaciones Interiores exaltó la honorabilidad de Rangel: "Juzguen ustedes entre uno y otro. ¿A quién le van a creer?", preguntó a los periodistas.

— Quienes han abusado del poder creen que los demás abusan del poder –respondió el canciller José Vicente Rangel. Cada ladrón juzga por su condición. Este es un problema estrictamente policial y serán las autoridades colombianas las que acogerán la solicitud de asilo o la rechazarán(El Universal, 21/03/1999).

Solamente el comisario Rafael Hidalgo se había puesto a derecho desde un primer momento. El resto era buscado infructuosamente por la División de Capturas de PTJ. Esperaban el desenlace del amparo solicitado por Lazo Ricardi sobre la competencia del Superior de Salvaguarda.

La Disip fue conminada a buscar por todo el país a la esposa de Lazo Ricardi, por instrucciones de la juez. Lazo Ricardi, una vez más enfilaba sus baterías celulares contra Rangel:

— Yo no quería prestarme a ese circo que pensaba montar la juez, de presentarme esposado ante las cámaras de televisión y de mandarme para una cárcel donde mi integridad física no estaba garantizada... Rangel fue el único periodista que entrevistó a La Riva Ron después que el Consejo de la Judicatura la destituyera por hechos dolosos cometidos en su tribunal. Esto que me está ocurriendo no es más que un pase de factura del canciller. Yo no voy a defraudar a mi país, tengo la conciencia tranquila (El Universal, 23/03/1999).

Luego vino el episodio de los 500 millones de bolívares. Por una parte, la juez había ordenado incautar los bienes de Lazo Ricardi –según reveló un funcionario del tribunal (El Universal, 24/03/1999)-, consistentes en una oficina de la avenida Solano López, una casa ubicada en El Cafetal, un apartamento en La Florida. Pero Lazo Ricardi sólo reconocía dos casas adquiridas a través del desaparecido Banco Obrero por 127 mil bolívares en El Cafetal; un apartamento de 27 millones en Caraballeda y un terreno en Píritu con un valor inicial de 800 mil bolívares. Negó tener oficinas en Sabana Grande.

Mientras la solicitud de asilo era presentada en Bogotá, aquí en Caracas el comisario Agustín Valle Linares, presidente de la Asociación de Jubilados de la PTJ, decía:

—Queremos dejar sentado una vez más que las directivas de las asociaciones de pensionados y jubilados no formularon denuncias ante ningún organismo judicial relacionadas con el expediente que actualmente se ventila en el Tribunal 45 Penal (El Universal, 24/03/1999).

El mundo parecía venirse encima del comisario cuando el Fiscal de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, el 29 de marzo le dictó detención sin beneficio de excarcelación a Lazo Ricardi por porte ilícito de armas. En realidad era solamente un arma la considerada ilegal, porque las otras dos estaban a nombre de sus esposa y eran de la PTJ. Aquí en Caracas, la juez La Riva fue recusada y tuvo que desprenderse del expediente, enviándolo de vuelta a la Oficina Distribuidora. Pero el Superior de Salvaguarda, posteriormente, consideró improcedente la recusación de la juez.

Pero Lazo Ricardi fue posteriormente liberado en Bogotá sin méritos como para ir a un juicio; y el expediente del caso seguía en primera instancia y había pasado por las manos del juzgado 8 Penal para caer en las de la ex directora de Prisiones del Ministerio de Justicia, Gloria Pinho, ahora juez 7 de Control.

El 23 de agosto José Ramón Lazo Ricardi se hizo presente, tal como lo hizo al marcharse de Venezuela, sorpresivamente, en el Tribunal 7 de Transición de la juez Gloria Pinho, siendo conducido a la Zona 2 de la Policía Metropolitana para su reclusión. "Si hubiera tenido alguna duda sobre mi inocencia, no hubiera regresado" (El Universal, 24/08/1999).

Sus abogados ya eran otros: Suyin Pino y José Luis Tamayo. Se vino por tierra desde Bogotá hasta Caracas. "Sigue detenido gracias a las más insólitas y sorprendentes argucias" dijo Tamayo.

Ya para los primeros días de octubre la Fiscalía tenía levantado un cuadro analítico según el cual podía ser procedente desestimar las imputaciones levantadas por la juez 45 Penal, María del Carmen La Riva Ron contra el ex funcionario policial. De allí que la defensa solicitó la libertad a la juez 11 de control, Omaira Pérez.

En efecto le fue conferida la medida de libertad bajo presentación periódica sin salir del país, el 4 de octubre. La Fiscalía había desestimado los cargos y las penas presuntas no superaban los cinco años. Ello lo hacía acreedor del beneficio procesal solicitado.

Luego de 43 días de reclusión, sentenció: "la única responsable de mis tribulaciones es María del Carmen La Riva Ron. Fui el chivo expiatorio perfecto de ella para justificarse ante el nuevo gobierno, ya que se encargó de juzgar sin tener pruebas fehacientes. Yo regresé una vez que supe de su suspensión y pensando que el nuevo Código Procesal demostraría mi inocencia. Mi esposa se pondrá a derecho ya que el problema de ella es menos complicado y regresará de Estados Unidos, una vez que se resuelva en su ausencia". (El Universal, 06/10/1999).

El 4 de enero de 2001, el comisario general José Ramón Lazo Ricardi, su esposa Haydée Galarraga y la abogado Isnelia Pineda de Palomares, fueron sobreseídos del caso de Ipsopol, producto de un dictamen emanado del Tribunal Supremo de Justicia, que consideró que el Instituto de Previsión Social del Personal no había sufrido daño patrimonial.

La ponencia fue defendida por el ex fiscal luego magistrado, Rafael Pérez Perdomo, quien ratificó decisiones previas de la Corte de Apelaciones, instancia que había confirmado que los cortes presupuestarios investigados habían sido utilizados para cancelar pagos a jubilados y pensionados de los egresados de la PTJ, por lo que no ocurrió aprovechamiento fraudulento. También Antonio José Rojas había obtenido la libertad en el caso, por las decisiones precedentes.

— Esto demuestra que la causa que se me seguía por presunto peculado culposo era un asunto personal más que judicial. Esto ha sido un ensañamiento de una persona que tiene nombre y apellido: María del Carmen la Riva Ron. Eso ha sido una mancha negra en el Poder Judicial. Una persona que tiene 36 denuncias por hechos de corrupción, ella ha debido ir a juicio y sin embargo se conformaron con destituirla –declaró Lazo Ricardi (Globovisión, 04/01/2001).