Tan pronto como el chavismo comenzó a ocupar posiciones de liderazgo en los distintos poderes públicos, tras sucesivos y victoriosos procesos electorales, en la misma medida enfiló baterías en contra de las administraciones anteriores ligadas a ese pasado de las llamadas "cúpulas podridas" que tanto daño le habían hecho al país en los 40 años anteriores. El Congreso de la República no fue la excepción.

Luis Miquilena, entonces por vez primera ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Chávez, había soltado la perla de que en el congreso anterior había ocurrido una estafa del orden de los 3 mil millones de bolívares.

De hecho al constituirse como cuerpo, la presidencia de la Cámara de Senadores, presidida por Luis Alfonso Dávila, aprobó la necesidad de realizar un informe "para determinar supuestas irregularidades administrativas, tales como ingresos injustificados de personal, jubilaciones prematuras, aumentos exagerados de sueldos, movilizaciones apresuradas de cargos y otorgamiento de otros beneficios laborales a funcionarios, en las semanas precedentes al cambio de autoridades" (El Universal, 18/02/1999).

En paralelo la Cámara de Diputados, presidida por un joven abogado surgido como independiente de las filas del socialcristianismo y luego volcado plenamente a Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, hacía lo propio. Pedía una auditoría para conocer más de cerca un proceso de reestructuración administrativa y "determinar la presunta malversación de los recursos por parte de directivas anteriores" (El Universal, 18/02/1999).

Otro diputado, Alberto Franceschi, electo con los símbolos de Proyecto Venezuela, expresaba como jefe de la fracción parlamentaria que "si es verdad el registro de ese dolo, tiene que existir muchos presos". Había sido consultado debido a la acusación formulada por Miquilena y propuso la formación de una comisión investigadora bicameral.

Un primer aspecto que se indagó fue una resolución firmada el 28 de octubre de 1998 por el senador Pedro Pablo Aguilar, presidente del Congreso anterior, según la cual se "autorizó discrecionalmente (a la Dirección General Sectorial de Personal) aumentos exagerados de sueldo a unos 200 funcionarios, aún cuando existía un déficit de 14 mil millones de bolívares y una política de restricción de las finanzas y de reconducción presupuestaria" (El Universal, 22/02/1999). Había dudas en cuanto a la "legitimidad y legalidad" del papel firmado por Aguilar.

El entonces senador por Aragua, Carlos Tablante, planteó formalmente la creación de una comisión investigadora bicameral porque "hay que tomar medidas contundentes que a su vez envíen una señal clara de la disposición de los congresistas a corregir fallas y las debilidades existentes en el Parlamento" (El Universal, 03/03/1999).

El presidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila, anunció la apertura de una averiguación judicial con la finalidad de indagar la ejecución de los contratos de remodelación de las sedes parlamentarias por unos 1.000 millones de bolívares. "Son contratos que se vienen ejecutando desde 1993, pero no se pueden verificar" (El Universal, 04/03/1999). Añadió que se habían entregado unos anticipos para las refacciones, pero algunas no habían siquiera comenzado.

Las primeras denuncias formuladas por el presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles Radonski, se conocieron el 11 de marzo, cuando afirmó que había 200 millones de bolívares en contrataciones de personal, servicios y adquisiciones de bienes bajo procedimientos irregulares y un faltante de otros 200 millones de bolívares en caja sin respaldo documental. Acudió a un tribunal penal, a consignar los casos entre los que figuraban la compra de 16 computadores y un servidor por unos 52 millones de bolívares.

A Ixora Rojas, parlamentaria de AD y ex presidenta de Diputados no le quedó más remedio que salir a defender su gestión:

— Es totalmente clara, lo que me lleva a asegurar que Henrique Capriles, por su inexperiencia, está siendo usado como tonto útil por quienes no perdonan que en contra de su voluntad, una mujer llegara a presidir por primera vez la Cámara de Diputados.

La funcionaria aclaró que había dejado unos 7 mil millones de bolívares disponibles (4 mil millones sin ejecutar y 3 mil millones en efectivo) y recordó que había solicitado a la Fiscalía y la Contraloría su intervención.

El jefe de la fracción parlamentaria de AD, Henry Ramos Allup, emplazó a las nuevas directivas parlamentarias a denunciar seriamente las irregularidades. "No tenemos ningún interés en ocultar nada y que caiga quien caiga" (El Universal, 13/03/1999). Por su parte el MAS, que olfateó peligro para el senador Cristóbal Fernández Daló, también presidente del Senado, por intermedio del diputado Vicente Bello estimó que "las autoridades del Congreso deben publicar los informes de las auditorías realizadas durante la administración de Pedro Pablo Aguilar y las que actualmente llevan a cabo". Consideró que Dávila también tenía que aportar los presuntos ilícitos en el Senado a un tribunal penal, como lo estaba haciendo Capriles Radonski.

Alberto Franceschi, jefe de la fracción parlamentaria de Proyecto Venezuela, fue designado presidente de la comisión bicameral, ya formalmente constituida y que tenía como propósito iniciar un ciclo de interpelaciones con el ministro Miquilena, para luego proseguir con el contralor Roche Lander. Ofició al Seniat para que investigara los movimientos fiscales de varios funcionarios suspendidos y contratistas. En el primer grupo figuraban: Nelson Fossi, Rafael Figueroa, Nelson Guerra, Luis Benedicto Vera, José Luis González, Keny Navarro. Y en el segundo Juan José Lazo Ricardi, Francisco Contreras y Carlos Padilla (El Universal, 12/05/1999). También el Contralor aportó un listín de 22 casos atribuibles a las dos últimas administraciones del parlamento antes del chavismo.

El domingo 21 de marzo, el senador Dávila expresó que con respecto a las investigaciones en el Parlamento "durante la gestión del senador Pero Pablo Aguilar se pidió, a la Contraloría una investigación, y en informe posterior se establecen algunos hechos que pudieran presumir la responsabilidad del ciudadano Cristóbal Fernández Daló. La precisión sobre esto corresponde a la comisión respectiva" (El Universal, 21/03/1999).

Al día siguiente, el magistrado Nelson Chacón del Tribunal Superior de Salvaguarda, solicitó al Congreso la auditoría realizada por la Contraloría a la gestión del ex presidente del Senado y parlamentario masista -aliado del gobierno chavista-, Cristóbal Fernández Daló. "La única manera de que esta investigación pueda culminarse es a través de la colaboración, puesto que los resultados de esta auditoría permitirán esclarecer muchos aspectos, cosa que no podría suceder con las declaraciones" (El Universal, 23/03/1999). La juez 17 de primera instancia penal, Rosario Nouel de Monsalve, investigaba la gestión de Ixora Rojas y el Superior de Salvaguarda la de Fernández Daló.

Este último figuró ante la opinión pública el jueves 25 de marzo, exigiendo que se precisaran las responsabilidades. Fue interpelado por la bicameral y tuvo que defender su gestión entre 1996 y 1998.

—Desde hace más de un año he mantenido silencio ante las reiteradas denuncias en mi contra por parte de personas que mantienen hacia mí una conducta de retaliación o venganza por asumir medidas políticas de reestructuración administrativa y laboral que conllevaron al despido de algunos funcionarios, así como la destitución del contralor interno, Vicente Narváez" (El Universal, 26/03/1999).

Añadió que "el diputado Franceschi abusó de su condición de presidente de una comisión bicameral al despotricar contra mi persona durante una sesión secreta a la cual tuve acceso por una transcripción. Franceschi tiene que mantener respeto a toda persona mientras no existan indicios de culpabilidad", agregó.

Al ex presidente de la cámara alta se le imputaba también la adquisición de un vehículo de lujo: "ignoro la operación de ese vehículo. Que aparezca un documento en donde diga que yo compré o lo compró el Congreso, que aparezca la responsabilidad y si hubo delito", expresó el ex funcionario.

Pero Franceschi no había quedado del todo satisfecho: "la rochela administrativa en el Congreso de la República comenzó durante la presidencia del senador Cristóbal Fernández Daló, desde 1996 hasta marzo de 1998" (El Universal, 05/04/1999). De todos modos, Fernández Daló hablaba más de insuficiencias presupuestarias que de malversación, lo que motivó a que la comisión pensara en interpelar a Eduardo Gómez Tamayo (Convergencia-Copei) y Carmelo Lauría (Acción Democrática), presidentes del Senado y Diputados, respectivamente, durante el período 1994 a 1995.

— La corrupción administrativa salta a la vista –explicó Franceschi-. La misma se concentra fundamentalmente en una manía restauratoria de la sede administrativa y del propio Palacio Federal Legislativo.

Pero este diputado fue atacado por los colegas parlamentarios de Fernández Daló en el pasado. El diputado Martín Valero, del MAS, lo señaló de "encubridor" (El Universal, 06/04/1999).

— Resulta sospechoso –dijo este otro parlamentario- que Franceschi excluya de cualquier responsabilidad a los citados ex directivos (Gómez Tamayo y Lauría) y se aventure a señalar específicamente a Cristóbal Fernández Daló. Esta conducta de Franceschi es un sabotaje al trabajo investigativo que apenas comienza, ya que se coloca como parte interesada en señalar un responsable, encubriendo los viejos privilegios que el liderazgo político tenía en el Congreso.

El partido Patria para Todos, otro aliado del Polo Patriótico oficialista, se sumó a los cuestionamiento contra Franceschi. También lo llamaron "encubridor". El representante de esta tolda, diputado Rafael Uzcátegui le imputó que "pretende centrar la investigación en una sola persona y actuar como encubridor de otras gestiones" (El Universal, 13/04/1999). También se decía que era preciso interpelar a Ramón Guillermo Aveledo (presidente de Diputados por Copei).

Ante el acoso, Franceschi ya retirado de la jefatura de la fracción parlamentaria de Proyecto Venezuela por diferencias de enfoque con el ex candidato presidencial Henrique Salas Römer, preparó un primer informe donde afirmaba que las irregularidades en el Congreso de la República remontaban al año 1990. El 27 de abril de 1999 también anunció su intención de renunciar a la presidencia de la bicameral y al Congreso para optar por un escaño a la Asamblea Constituyente.

En no más de 27 páginas, el texto propuesto por Franceschi a los otros 6 miembros de la comisión decía que "efectivamente existe todo género de piezas probatorias de ilícitos y omisiones dolosas en la administración de bienes nacionales, que seguramente causaron daño patrimonial a la Nación, nos ha llevado a la conclusión de presentar ante el Tribunal Superior de Salvaguarda, todos los documentos colectados y analizados, con el objeto de no retardar urgentes diligencias para iniciar o acumular un expediente que eventualmente culmine en las sanciones penales contra los causantes directos e indirectos de daños patrimoniales a la nación".

Aunque suene un tanto extraño, el diputado del PPT, José Albornoz, solicitó la renuncia de su aliado el presidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila, por considerar que éste era negligente al calor de las investigaciones y, además, porque "ha tenido actitudes de omisión con algunos resultados que tienen relación con lo que fue la suspensión del pago al Instituto de Previsión Social del Parlamentario, lo cual causó una pérdida por 40 millones de bolívares en dos meses" (El Universal, 08/05/1999).

— Si somos transparentes –dijo Albornoz- claros y correctos, debería renunciar.

Esta fisura entre el PPT y Dávila del MVR estaba dada por "la destitución del director de Bienes y Servicios del Congreso, Rafael Figueroa, militante pepetista, por un supuesto sobreprecio de 600 mil bolívares en una orden de reparación de un aire acondicionado".

En el camino de las investigaciones había salido el nombre del diputado copeyano Nelson Chitty La Roche, como miembro de la comisión de Contraloría de Diputados. Había sido mencionado por el diputado José Luis López del oficialismo y por el contratista Francisco Contreras, como ligado a las remodelaciones. Por ello se vio obligado a replicar:

— No tengo, ni tuve, ni tendré que ver con esas denuncias. No doy contratos ni gestiono cobranzas... (El Universal, 08/05/1999).

Los abogados Diego García Urquiola y Pedro Oswaldo Acosta se convirtieron en acusadores privados de la ex presidenta de Diputados, Ixora Rojas, y acudieron al Tribunal 17 Penal para señalarla de los presuntos delitos de peculado doloso y enriquecimiento ilícito, "con pleno derecho de ejercer la acción popular" (El Universal, 14/05/1999).

El diputado Ezequiel Aranguren del PPT sustituyó a Franceschi en la presidencia de la comisión bicameral y denunció que AD, Copei y Proyecto Venezuela querían detener las investigaciones. Cuando el primero acudió ante el fiscal Rafael Pérez Perdomo a consignar el listado preliminar de ilícitos en el parlamento, los mismos sumaban unos 10.000 millones de bolívares en el período 1993-1998. Estaban agrupados en las siguientes categorías:

Un informe realizado por tres funcionarios de la Contraloría daba cuenta de que las refacciones de las fracciones parlamentarias de Copei, Convergencia, La Causa R y AD habían costado 3 mil millones de bolívares contra un presupuesto de 2.000 millones de bolívares y los contratos habían sido entregados sin la debida licitación y sin cumplir con las normas básicas de contratación.

El 2 de octubre se difundieron unas declaraciones de Ixora Rojas en las que ratificaba su inocencia. "He propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente que se consagren algunos requisitos mínimos en la nueva Carta Magna para quienes aspiren a ocupar cargos de jerarquía en los órganos legislativos, para que no tengamos jamás otro mediocre y gestiones tan grises con cargos de tan alta responsabilidad", con clara alusión a Henrique Capriles Radonski (El Universal, 02/10/1999).

Pero éste reaccionó el 8 de octubre en contra del subcontralor Alberto Silva Aristiguieta, al considerar que no era posible que éste se retractara o modificara argumentos sobre irregularidades presentadas por el contralor Roche semanas atrás. "Si la Contraloría va a ser parte para tratar de encubrir cosas, que se retire. Y que deje que sea la Fiscalía que ejerza las acciones penales" (El Universal, 08/10/1999).

El 4 de enero de 2000, finalizada la coexistencia entre el último Congreso del puntofijismo y la Asamblea Constituyente, tanto Luis Alfonso Dávila como Henrique Capriles Radonski firmaron el acta de disolución del parlamento. La reseña de El Universal, era por lo demás elocuente: "en menos de 10 minutos, más de 40 años de historia quedaron reducidos prácticamente a nada. Algo así como el refrán: "el muerto al hoyo y el vivo al brollo", escribían (El Universal 05/01/2000). ¿Y las investigaciones?".

— Espero que no se engaveten los 47 casos de corrupción presentados durante la gestión –dijo Capriles Radonski.

Por su parte, Dávila declaró:

— Aprendí lo difícil que es la política, porque si uno se descuida el que menos piensa es el que te clava la daga por detrás y de una forma totalmente malsana. Querían que saliéramos mal parados, pero allí están los resultados.

Pero un ex auditor del Congreso, Pedro Matos, acudió a la Fiscalía y denunció a Dávila y Capriles Radonski por corrupción. Veamos la argumentación: "ellos cometieron los mismos delitos por lo que denunciaron a Cristóbal Fernández Daló, Pedro Pablo Aguilar e Ixora Rojas, cuando extendieron el pago que debían recibir los empleados por concepto de pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, hasta el 30 de este mes, a pesar de que tenían conocimiento de que 1.233 personas estaban cubiertas demás, incluyendo los que aparecían en la lista de cobro y ya estaban muertos" (El Universal, 27/01/2000).

El ex senador del PPT Luis Lizardi aportó unos cálculos según los cuales durante los 22 años precedentes el Congreso de la República consumió 1 billón 68 mil millones de bolívares, en buena parte "gastos dispendiosos como los 2.730 millones de bolívares en consumo telefónico" (El Universal, 12/02/2000).

A todas éstas, la Fiscalía procedió a acusar a Ixora Rojas ante un tribunal penal. El fiscal Luis Ignacio Ramírez García formalizó cargos en el Tribunal 47 de Control a cargo de la juez Hortensia Padrón. La anterior juez del caso, Rosario Nouel de Monsalve, del 17 de Primera Instancia Penal, fue suspendida por la Comisión de Emergencia Judicial, presidida por el constituyente Manuel Quijada.

Rojas, desde España, aclaró que "estoy aquí porque fui invitada para observar el cercano proceso comicial, como vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Que quede claro que el año pasado no salí del país y que me interesa que se aclare esta situación, que no se cometió irregularidad alguna durante mi gestión" (El Universal, 10/03/1999).

Por su parte Cristóbal Fernández Daló, sin que nadie se lo solicitara, se apersonó en el Tribunal 1º. de Transición, pensando que tenía que ponerse a derecho. La juez Dora Bracho tuvo que explicarle que la PTJ no lo estaba buscando. "Sólo mandé el expediente a la PTJ", dijo la juez. "Después se verá si la Fiscalía lo acusa penalmente". Vicente Narváez Delgado, el ex contralor destituido por el otrora presidente del Senado, lo acusaba por irregularidades en el manejo de cuentas en el Banco Industrial de Venezuela, gastos celulares y facturas telefónicas pendientes de cancelar por 520 millones de bolívares, compra de dólares para contingencias y realización de contratos sin fiscalización.

— El Poder Judicial me devolvió la inocencia –exclamó llena de felicidad Ixora Rojas, en paralelo, al conocer una decisión que la exculpaba de toda sospecha-. Y si la justicia es del presidente Chávez, bienvenida, porque lo que yo quiero para mi país es que triunfe la justicia, y porque no puede haber democracia o revolución si no hay justicia. Soy la única mujer política que cuenta con un certificado de honestidad, otorgado hoy por la V República... Lo que importa ahora es que estoy feliz... (El Universal, 06/09/2000).

En efecto, la juez Hortensia Padrón había dictaminado la exoneración de responsabilidades vía sobreseimiento. Pero la decisión trajo varias consecuencias simultáneas: Henrique Capriles Radonski solicitó la revisión de la sentencia y en tal sentido se dirigió al presidente de la Magistratura, Manuel Quijada. Preguntó el ex presidente de Diputados, ya convertido en alcalde de Baruta: "¿ pueden los venezolanos imaginarse a alguien que gaste 5 millones de bolívares mensuales en llamadas de celular, o un arbolito que cueste 1 millón 800 mil bolívares? ¿Pueden entender que con el dinero del Estado se compren cajas de whisky 18 años, 17 sillas que costaron 12 millones de bolívares, platería para regalos que nunca recibieron los embajadores, o se admitan jubilaciones de gracia?" (El Universal, 06/09/2000).

Otra consecuencia fue que la Inspectoría Nacional de Tribunales inició un proceso de investigación a la juez Padrón y luego solicitó su destitución, por intermedio de la titular Josefina Intrialgo, a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, "por considerar que violentó el derecho y el debido proceso al solicitar al denunciante (Capriles Radonski) el pago de costas procesales por el orden de los 500 millones de bolívares" (El Nacional, 01/11/2000).

Mientras, el Alcalde de Baruta apeló la decisión por intermedio de los abogados Juan Martín Echeverría (ex ministro de Justicia), José García Guevara y Arturo López Massó, y el caso fue a dar a la Corte de Apelaciones de Caracas.

— El caso no está cerrado y clamaré justicia hasta el final. Así que si algunos se sentían muy felices ahora tendrán que estar muy pendientes- dijo Capriles Radonski.

El 22 de enero de 2001 la juez Lucía Hernández de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Caracas confirmó la decisión de sobreseimiento en el caso de Rojas, dictada previamente por la juez Hortensia Padrón. Rojas quedaba libre de culpas junto con otros funcionarios del Congreso: Ana Cárdenas de García, Olivia Pérez, Isabel Sánchez, Ramón Escalante y Moraima Hernández de Isea. Mariano Díaz, abogado de la dirigente adeca, precisó que las costas ya no había que cancelarlas porque no había habido juicio alguno (Tal Cual, 23/01/2001). Sin embrago Ixora Rojas amenazó con acudir a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia "para obligar a Capriles a cancelar los gastos que se generaron en el proceso".

Fuente: Congreso de la República, El Nacional y El Universal.

Mientras el último parlamento bicameral investigaba a las administraciones anteriores del Congreso, la Comisión de Contraloría tenía bajo investigación a 18 gobernadores y ex gobernadores de estado por irregularidades que rondaban los 4 mil millones de bolívares, según lo declaró el diputado Héctor Vargas (El Universal, 18/06/1999).

Fuente: Comisión de Contraloría del Congreso de la República

Otro diputado, Martín Valero del MAS, explicaba que la referida comisión recibía un promedio de una denuncia de presunta corrupción cada dos días (El Universal,17/05/1999).