En diciembre de 1999 una subcomisión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, bajo la batuta Luis Manuel Esculpi, investigaba presuntas irregularidades cometidas con dineros de la partida secreta del Ministerio de la Defensa, por unos 1.000 millones de bolívares.

A los efectos de la indagación, había sido citados el General Pedro Nicolás Valencia Vivas, otro miembro de la cúpula militar del ex presidente Caldera, y los entonces Generales de División del Ejército, Lucas Rincón, Comandante General –luego Ministro de la Secretaría de la Presidencia y General en Jefe Inspector de la FAN de Chávez-, y Víctor Cruz Weffer, Jefe del Estado Mayor, posteriormente designado presidente de la Fundación Proyecto País (Plan Bolívar 2000), jefe del Cufan, presidente del Fondo de Desarrollo Urbano y Comandante General del Ejército, también en la era chavista.

A Valencia Vivas lo estaban solicitando mediante carteles, pues no había atendido los llamados del comité parlamentario. Estaba ya retirado del servicio activo. "Rincón y Cruz Weffer se desempeñaban como jefes de Administración y de Finanzas del Ejército, respectivamente, y tramitaron varios cheques a solicitud de Valencia Vivas. Según investigaciones preliminares de la subcomisión, algunos de esos cheques fueron a dar a manos de algunos de los allegados del ex ministro (de la Defensa)" (El Universal, 01/12/1999).

Esta narración continuaba diciendo que "trascendió que el ex ministro Valencia se encuentra fuera del país, luego que se envió a ubicarlo con una comisión de la PTJ, tras desatender una citación parlamentaria. Asimismo, se dijo que su cuñada, Diana Auxiliadora Pérez y el esposo de ésta, Jorge Chullmir, también están fuera el país. Ambas personas serían citadas por la subcomisión, pues fueron, según las investigaciones, beneficiarios de los cheques".

Finaliza la nota diciendo que "Cruz Weffer, en sus declaraciones, hizo hincapié en aclarar que los fondos que se investigan no eran del Ejército, sino de la partida que manejaba el Ministerio de la Defensa. En tanto, Lucas Rincón manifestó su voluntad de acudir a cualquier instancia, pues es su interés que el caso se aclare en beneficio de la institución".

En ausencia, la Cámara de Diputados discutió un informe elaborado por el Comité de Defensa, en el que se concluye que durante la gestión del General Pedro Valencia Vivas como Ministro de la Defensa, se incurrieron en irregularidades como desvío de fondos en beneficio de familiares y relacionados por la cantidad de 600 millones de bolívares y no estaba claro el procedimiento según el cual se realizaron transferencias al Banco Unión por más de 1.030 millones de bolívares; y a la empresa Bijoux Collection C.A. por otros 400 millones de bolívares.

El diputado precisó que podía ser castigado con prisión de 3 a 10 años de cárcel y una multa de 20 a 60% del valor de los bienes del delito, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Salvaguarda. "El ex titular castrense no se encuentra en el país", dijo.

Según el diputado Esculpi, "cuando se busca de dónde se emitieron esos cheques (hasta 10 en una misma fecha: 16 de julio de 1997), aparecen unas cuentas del Ejército y todos los indicios materiales como testimoniales señalan que el Ministro de la Defensa, para el gobierno de Rafael Caldera, ordenó la emisión de esos cheques"(El Universal, 09/12/1999). Se trataba del cuarto general que ocupó posiciones importantes durante la segunda gestión del ex presidente Caldera que era cuestionado.

Del informe, aprobado por unanimidad en la sesión del 9 de diciembre de 1999 en la Cámara de Diputados, se extrae que "todos los oficiales entrevistados reconocieron que actuaron por instrucciones superiores derivadas, en muchos casos, del titular del despacho castrense. No pudo ser comprobada por los parlamentarios la participación de otros efectivos, salvo Valencia Vivas, para establecer otras responsabilidades. Se determinó que se derivan graves indicios respecto a la presunta comisión de fraude fiscal por evasión de impuestos de las empresas Bijoux Collection, Corporación AKCH y Joyería Dalebo, así como la doble contabilidad de ésta y otras empresas propiedad de Jorge Chulmir".

Un caso colateral se vinculaba a la gestión del ex ministro de la Defensa, Pedro Nicolás Valencia Vivas. El 30 de marzo de 2000, la Fiscalía Militar ordenó la detención de un militar y siete civiles por la compra de automóviles a un costo de 800 millones de bolívares y por intermedio del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (Ipsfa).

La manzana de la discordia era que se ordenó el pago por adelantado del dinero a las empresas Raumil Motors y Omura Motors, las que se declararon en quiebra inmediatamente sin entregar la totalidad de los vehículos. Esto provocó las acusaciones en contra del Coronel José Montes González y de los civiles Raúl Bochetti, Gerardo Carmona, Josefina Figueroa, Magali Pedroza, Miriam Rocco, Teresa de Bochetti y Ana Figarella (El Universal, 31/03/2000).

En primera instancia, al grupo le levantaron cargos por estafa continuada, falsificación de documentos y delitos diversos contra la administración militar y salvaguarda, pero luego fueron absueltos al sobreseerse las causas. Con posterioridad, la Corte Marcial enfiló cargos contra el General de Brigada Carlos Alberto González Marcial, presidente del Ipsfa.

Éste recurrió a la Corte en solicitud de un amparo por violación del derecho a la defensa y del debido proceso y el máximo tribunal sentenció y creó jurisprudencia al interpretar el artículo 266 de la nueva Constitución Bolivariana, al extender la necesidad del antejuicio de mérito, incluso, a los Generales en situación de retiro, como era el caso de González Marcial desde 1998.