Por instrucciones precisas del presidente de la República, Hugo Chávez, al General de Brigada y ex comandante del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional con sede en Caracas, Ramón Rodríguez Mayol, se le abrió una investigación sumaria.

— Así lo ordené al ministro de la Defensa, pero ello no implica que él sea culpable –declaró el Presidente, (El Universal, 28/03/1999) con apenas dos meses en el poder-. Yo dejaré que la Corte Marcial, que es la instancia a la que le corresponde juzgar o investigar oficiales generales, se pronuncie al respecto, puesto que yo sólo ordené la apertura y hasta allí llega mi posición.

— ¿Lo van a juzgar por corrupción o por un golpe de Estado? –le inquirieron los reporteros.

— No voy a pronunciarme... Hay unas averiguaciones que son secreto sumarial y por tanto yo no puedo estar emitiendo opinión. Yo no puedo dar detalles en este sentido, porque es la justicia la que se encargará de revisar algunos indicios que pudieran comprometer ciertos hechos de corrupción.

"Yo expreso mi confianza en que el asunto sea resuelto satisfactoriamente" diría el ex presidente Caldera a varios allegados, al ver a un segundo miembro de su cúpula militar, bajo arresto en el Hospital Militar (El Universal, 29/03/1999). El ministro de la Defensa, General Raúl Salazar, prácticamente descartaba la participación de Rodríguez Mayol en una conspiración.

La Corte Marcial, presidida por el Coronel del Ejército José Ascanio Báez, disponía de ocho días para decidir. En efecto, el 5 de abril le dictaron auto de detención a Rodríguez Mayol, poniéndolo a las órdenes de la Policía Militar. El anuncio lo hizo el ministro Salazar, quien dijo que además estaban detenidos dos Coroneles y un Mayor, absteniéndose de suministrar los nombres. "En todo caso, es por problemas administrativos y bajo ningún concepto, político" (El Universal, 06/ 04/1999).

Trascendió que eran 6 y no 3 los militares que investigaba la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) asociados a las presuntos actividades irregulares del General Rodríguez Mayol. Así, se comenzó a hablar de un intento de desfalco por el orden de los 200 millones de bolívares, razón por la que la DIM investigaba la adquisición de bienes del militar activo. La versión que daba El Universal en los primeros días de abril, decía que "más de 9 vehículos formaban parte de las compras que realizaba, siempre en efectivo, el General o alguno de sus testaferros. Además fuentes ligadas con el caso informaron que Rodríguez Mayol tendría propiedades en Miami, Puerto La Cruz, Margarita, Valencia y Mérida, además de una cuenta off shore en las Islas Caimán" (El Universal, 12/04/1999).

La misma versión daba cuenta de probables vinculaciones "con varios candidatos presidenciales... y, presuntamente, Rodríguez Mayol permitió a dos grandes compañías que venden ropa a bajos precios legalizar la mercancía, la cual aparecía por un monto por debajo de lo real".

Para el 24 de abril tres tribunales: el 39 y el 28 Penal, más la Corte Marcial, se disputaban el expediente, por lo que la Corte Suprema se vio precisada a intervenir para dirimir el conflicto de competencia planteado por la juez Blanca Romero de Castillo con atribuciones en materia de Salvaguarda.

El general rindió declaración indagatoria el lunes 26 de abril dentro de una estrategia de apelación al auto de detención dictado en su contra por ilícitos administrativos. Estaba detenido en Ramo Verde. Le habían confiscado 14 vehículos que el militar justificó "porque podía ser objeto de un atentado" (El Universal, 03/05/1999).

La información del día también apuntaba a que "las pesquisas se encaminan hacia el círculo de relaciones del General, incluyendo a la secretaria Lina Villasana, de 28 años, residenciada en la urbanización El Paraíso y a quien se le vincula sentimentalmente con el ex comandante. La Corte Marcial ordenó que se le congelara a la secretaria una cuenta bancaria donde posee más de 250 millones de bolívares y se tiene información de que se marchó del país rumbo a Inglaterra. Se informó que Rodríguez Mayol le habría obsequiada un automóvil a la dama y otro vehículo a su padre. Además le asignó un chofer" (El Universal, 03/05/1999).

Los nombres de los otros imputados se fueron conociendo en la medida en que la Corte Marcial fue dictando autos de detención: Coroneles Juan Ubaldo Jiménez Silva y Oscar Jesús Silva Hernández, ambos de la GN. Sobre los oficiales pesaba la acusación de agavillamiento, sustracción de fondos pertenecientes a las FAN, pagos indebidos, insuficiencia de raciones alimentarias para la tropa y abuso de autoridad. Ya la cifra de acusaciones estaba montada en más de 1.000 millones de bolívares. Se había procedido con la investigación de los civiles, Oscar Silva a quien se le congelaron cuentas por 80 millones de bolívares, Manuel Navarro y de la secretaria Maiyarí Contreras.

La Sala de Casación resolvió que tanto la Corte como el 39 Penal podían conocer del mismo, basado en que los posibles hechos punibles eran distintos en cada tribunal. Así, la Corte Marcial luego de retomar la causa, confirmó los cargos al General Rodríguez Mayol por apropiación indebida y abuso de autoridad. El caso quedó marcado como el primero en la jurisdicción militar con juicio oral desde la entrada en vigencia del COPP.

El Tribunal 4to. Militar de Control había recibido una solicitud de hábeas corpus de manos del general imputado y se estudiaba si podía quedar en libertad, ya que los cargos eran inferiores a los cinco años y el COOP establecía medidas sustitutivas de libertad.

—Y es que mi defendido –argumentó el abogado Jesús Millán- tiene tres meses detenido, sin que fuera detenido in fraganti y sin que pese sobre él una sentencia firme, en consecuencia debería quedar en libertad. Tampoco existe riesgo de fuga, puesto que es militar activo (El Universal, 21/07/1999).

Más bien lo que ocurrió fue que un fiscal militar, Coronel Jaiber Alberto Núñez, presentó acusación contra Rodríguez Mayol por los delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito con cargos como para 22 años de prisión y se establecía un lapso legal para el juicio oral.

"Con las lágrimas contenidas, el General Rodríguez Mayol juró ante Dios, la patria, las Fuerzas Armadas y el público presente en la sala de audiencias que es inocente de los cinco delitos que se le imputan", era la narración sobre la primera incidencia del juicio (El Universal, 29/07/1999).

El Fiscal Militar había introducido una experticia financiera que señalaba que el patrimonio del General se había incrementado "196,54% desde 1997 hasta comienzos de 1999; 304,14% hasta fines de 1999; y 1.739,91% desde 1992 hasta 1999".

—Este ilícito tendría que demostrarlo y no significa que el general esté incurso en el delito de enriquecimiento ilícito. Con respecto a los cargos por abuso de poder ¿qué oficial no ha ordenado a un funcionario de menor rango que le deposite un cheque en el banco? –argumentaba la defensa ahora en cabeza del abogado Luis Moros Ghersi.

La Corte Marcial resolvió negarle la libertad al General procesado, en tanto que uno de los testigos: el dueño de un agencia vehicular, Ramón Vega, daba cuenta que el militar movilizó más de 69 millones de bolívares en la adquisición de automóviles.

Colateralmente, la abogado Cecilia Arismendi solicitó una averiguación por la detención arbitraria de Margiorie Pineda, acompañante del Coronel Oscar Silva Hernández. Fue detenida sin orden de arresto y mantenida por espacio de 16 días "por mandato del presidente de la Corte, Luis Ascanio Báez, e incluso abortó a causa de la tortura física y moral a la que fue sometida" (El Universal, 06/10/1999).

— Notifiqué que tenía un retraso en la menstruación –declaró la propia afectada- me hicieron unos exámenes y me ocultaron los resultados. Mientras tanto me trasladaban a las 7 de la mañana hasta la Corte Marcial para declarar ante Ascanio Báez, aunque los interrogatorios eran efectuados a altas horas de la noche. Un lunes un Coronel me dijo que estaba embarazada y que si no cooperaba detendría a mi madre. El martes cuando me desperté ya estaba sangrando.

A estas alturas, la defensa logró demostrar que la cuenta bancaria de Lina Villasana no tenía 1 mil millones sino 10 millones de bolívares, por lo que los fiscales no sabían leer los decimales (El Universal, 20/10/1999). Apareció la esposa del general, Celinda Paz de Rodríguez, quien dejó claramente sentado que otros colegas como el General Carlos Alfonso Martínez (Comandante de Operaciones de la GN) eran enemigos "de toda la vida" y por eso lo quieren eliminar (El Universal, 21/10/1999). A la lista sumó a los Generales: Felipe Rodríguez, Rubén Silva Ruiz y Edgard Bolívar.

— Me decidí a hablar porque la balanza la tienen ellos (los acusadores) –expresó la esposa del General acusado.

Finalmente el general Ramón Rodríguez Mayol fue condenado a 14 años de prisión por un dictamen emitido por la Corte Marcial. ¿Los cargos? Abuso de autoridad y sustracción de fondos de las Fuerzas Armadas. Al Coronel Juan Jiménez Silva por los mismos delitos, pero con una pena de 11 años y dos meses de cárcel, mientras que el Coronel Oscar Silva fue absuelto.

El argumento de la Corte decía que Rodríguez Mayol y Jiménez Silva "mantuvieron una coacción psicológica de temor a la mayoría de los oficiales del Core 5 mediante la imposición de sanciones por razones fútiles, para de esta manera lograr sus fines que eran la devolución de ciertas partes de dinero asignadas a los diez destacamentos de la unidad" (El Universal, 22/10/1999).

El General Rodríguez Mayol impugnó la decisión y exigió la libertad ante el Tribunal Supremo de Justicia al que acudió diciendo que "fui víctima de una campaña difamatoria, desde que asumió el actual presidente Hugo Chávez" (El Universal, 29/10/2000).

El 11 de julio de 2000, el General quedó en libertad plena al considerar el Tribunal Supremo la anulación de la sentencia de la Corte Marcial. En ponencia elaborada por el ex fiscal general Rafael Pérez Perdomo, "la máxima instancia jurídica militar habría incurrido en inmotivación (falta de argumentos para tomar la decisión), al dejar de valorar algunas pruebas que fueron promovidas por la defensa del militar. Así, se habrían detectado fallas en el proceso, que no demostraban la culpabilidad de Rodríguez Mayol" (El Universal, 12/07/2000).