Entre el grupo de generales de la cúpula militar del ex presidente Caldera que fueron investigados por el gobierno de Chávez estaba el yerno de aquél, el General de División Rubén Matías Rojas Pérez, Comandante General del Ejército y ex jefe de la Casa Militar. Había sido denunciado penalmente por presunto enriquecimiento ilícito por el Sargento Primero y dirigente del Movimiento V República, Oscar Burguillos, el 5 de enero de 1999, asistido por el abogado José Jiménez Loyo.

"Burguillos, quien se desempeña como director nacional de Movilización, Control y Seguridad del Frente Constituyente Juventud Patriótica, introdujo la solicitud de averiguación vía noticia criminis, motivo por el cual consignó ante el Juzgado XXVIII las informaciones publicadas por el (entonces) periodista José Vicente Rangel en las cuales denuncia el incremento del patrimonio de Rojas Pérez" (El Universal, 07/01/1999).

El juez temporal de Primera Instancia en lo Penal, Rubén Gutiérrez Rojas, había solicitado a la Contraloría la declaración de bienes del militar, con la finalidad de constatar lo declarado con un conjunto de cuentas bancarias objeto de investigación.

— El Comandante General del Ejército tiene en su poder 700 millones de dólares –dijo Burguillos a los periodistas, en las puertas de la Oficina Distribuidora de Expedientes- y por ello queremos que él explique al país de dónde sacó ese dinero, pues es imposible que haya acumulado ese monto con el sueldo que devenga y que no supera los 2 millones de bolívares mensuales (El Universal, 07/01/1999).

Un par de días más tarde el juez Gutiérrez Rojas recibió una declaración jurada de bienes por 700 millones de bolívares, más no de dólares, la cual amparaba unas propiedades agrícolas ubicadas en el estado Guárico.

El miércoles 21 de abril el tribunal dictó prohibición de salida por los primeros 30 días a Rojas Pérez y a su hermano, el Coronel Domingo Rojas Pérez, supuestamente investigado por encubrimiento (El Universal, 22/04/1999).

Surgió un tercer nombre en las investigaciones: Ana Rebolledo. La juez Rojas había solicitado su detención a la División de Capturas de la PTJ (El Universal, 24/04/1999).

El 2 de mayo Maureen Rojas ordenó la detención de los hermanos Rojas Pérez, por delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento, respectivamente, en el Fuerte Tiuna.

— Atribuyo este auto de detención a las fuerzas del mal que realizan actuaciones nocturnas durante un fin de semana –declaró el general a los periodistas-. Hago un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales, a los Cazadores, a los oficiales de las cuatro fuerzas y al consejo de generales del Ejército, para decirles que soy el mismo hombre que los comandó con gran moral y ética... Yo tengo todos los finiquitos en regla... Y no me he ido del país y tampoco soy un bandido (El Universal, 02/05/1999).

El ex presidente Caldera refirió que "todo el país sabe que se trata de un proceso político... La juez no sólo ha demostrado parcialidad sino ensañamiento. Sería muy grave que cuando se proclama la refundación de la República, se utilizaran maniobras judiciales en algunos tribunales para obtener determinados objetivos políticos y satisfacer motivaciones personales" (El Universal, 02/05/1999).

A estas alturas del proceso el abogado José Jiménez Loyo, apoderado de Burguillos, anunciaba que, a la vez, se constituirían en acusadores privados contra los hermanos Rojas Pérez. Pero además convocaban a un frente contra la corrupción "para actuar por acción popular en todos los juicios de delitos contra el patrimonio público, incluso si se presenta con algunos de funcionarios del actual gobierno" (El Universal, 04/05/1999).

Las abogados de los militares, Carmen Elena Crespo y Esther Guevara, intentaron un amparo para invalidar las detenciones, basadas en violaciones sucesivas y diversas a la defensa y al debido proceso y señalaron que la juez Maureen Rojas se extralimitó en sus funciones y abusó de poder (El Universal, 05/05/1999).

Al ser impuesto del auto de detención el general Rojas Pérez declaró:

— Ya es hora de que el pueblo de Venezuela pida al Ejército el currículum vitae del presidente del Congreso para que lo conozcan realmente, y le sigan los pasos al sargento Oscar Burguillos, quien desde el 31 de diciembre (a diario) iba a la fracción parlamentaria de un movimiento político en el Congreso, pasaba por la oficina del presidente, y le daba información a periodistas sobre cuando me detendrían... ¿Qué tribunal sesiona a la 1:30 de la mañana, la víspera de un 1 de mayo y de un fin de semana? –preguntó (El Universal, 05/05/1999).

Salvaguarda consideró improcedente el amparo solicitado por los hermanos Rojas Pérez, por cuanto el proceso estaba bajo investigación y sin decisiones firmes.

La estrategia de la defensa, basada en la necesidad de quitarle de las manos el expediente a la juez Maureen Rojas, apuntó las baterías a la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el mismo Tribunal de Salvaguarda solicitó un pronunciamiento para definir la instancia competente de investigación. La duda la sembró el grado del general y la ambigüedad que al respecto tiene la Ley de Salvaguarda. "Así como para el Tribunal de Salvaguarda Rojas Pérez no es considerado alto funcionario, estimamos que lo más acertado era enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión la tomamos basándonos en el principio de celeridad procesal y a los fines de evitar decisiones contradictorias en un futuro", analizó el magistrado Pedro Osman Maldonado (El Universal, 19/05/1999).

La Corte Suprema anunció el 10 de junio que el Tribunal XXVIII Penal era el competente para juzgar a los hermanos Rojas Pérez, en ponencia de Iván Darío Rincón. Pero sobre la marcha, otra sala, la de Casación Penal, anunciaba que conocería de un amparo solicitado por Rojas Pérez demandando su libertad tras 70 días detenido.

El ex ministro de la Secretaría de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar, declaró que el caso le estaba haciendo daño a la imagen internacional de Venezuela, "pues siguen detenidos aunque los fiscales manifestaron que no hay elementos en el juicio. Se puede pensar que en Venezuela se practican detenciones arbitrarias con menosprecio de las garantías judiciales" (El Universal, 12/09/1999).

El domingo 12 de septiembre de 1999 el general Rubén Matías Rojas Pérez recobró, al igual que su hermano, la libertad dictada –aun sin cerrarse definitivamente el proceso judicial- por la juez 32 de Control Nélida Acosta, designada como consecuencia del conflicto de competencia entre el XVIII Penal y Salvaguarda, en momentos en que ya había comenzado la razia en el Poder Judicial ordenada por la Constituyente.

— Mentalmente nunca he estado preso y pude irme del país pero no lo hice, porque ante todo soy un militar y tengo una familia a la que debo darle la cara –declaró el militar al abandonar el recinto carcelario y luego trasladarse el Club Ecuestre del Ejército, donde se disputaba el Clásico Alicia Pietri de Caldera y se encontraba su esposa, Cecilia Caldera, el ex presidente Caldera, junto a otros familiares sorprendidos por la excarcelación (El Universal, 13/09/1999).

— ¿Qué va a suceder con su carrera militar? –fue consultado por los periodistas.

— El general Rojas Pérez se encuentra en la misma situación que cuando lo apresaron: soy un hombre solvente, fortalecido moral y éticamente, y agradecido de la institución. Llevo mi frente en alto, porque jamás he metido la mano en situaciones anormales. Tengo todos los finiquitos de la Contraloría. A mí se me investiga porque soy un campesino prestado al medio militar. Yo nací en la finca que tengo hoy día, lugar en el que mis padres criaron a 10 hermanos.

— El Fiscal señala que no hay pruebas suficientes para acusarlo, pero el Contralor indica que hay 300 millones de su fortuna que no tienen explicación?

— Si la Fiscalía no consigue pruebas para acusarme, ¿cómo consiguió la sobrina de Alfaro Ucero, la juez XXVIII Penal (Maureen Rojas), suficientes indicios para mantenerme detenido?. Ahora, la Contraloría tiene distintos procesos que investigar: una verificación, una averiguación administrativa y una acusación, y en este caso sólo se cumplió en forma parcial el proceso de verificación. Pero en los tribunales está probado el origen de mis bienes.

Al enterarse del dictamen, el presidente Chávez dijo: "que se cumpla la ley". Mientras que el ministro de la Defensa, el general Raúl Salazar, comentó que "esta conducta demuestra que sí se está respetando el estado de derecho" (El Universal, 13/09/1999).

La prohibición de salida y de enajenar y gravar se mantenían por cuanto el proceso no estaba del todo concluido, no obstante que la Fiscalía no hizo cargos contra los hermanos militares. Eran de los primeros favorecidos por los beneficios procesales del entrante Código Orgánico Procesal Penal (COPP). En otras palabras, podían permanecer libres mientras se determinaba o no la culpabilidad.

El fiscal general Rafael Pérez Perdomo, ante los cuestionamientos señalados por el contralor Roche Lander, precisó que "no es que está estancado el caso del general Rojas Pérez, sino que al momento de plantearnos la acusación nos dimos cuenta de que no existían las pruebas suficientes que demostraran el delito por el cual lo acusan" (El Universal, 02/10/1999).

— ¿Se cierra el caso? –le preguntaron.

— No, nosotros mandamos a ampliar la prueba y, si la tenemos, oportunamente realizamos la acusación. Si no podemos tenerla en los tiempos establecidos por la ley, que son seis meses, entonces no se puede.

Al general Rojas Pérez, quien estuvo detenido entre el 3 de mayo y el 12 de septiembre, la Fiscalía podía volver a acusarlo sólo hasta fines de la primera quincena de marzo del año 2000. En el camino quedó una decisión de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones que ordenó enjuiciar de nuevo al militar, revocando una decisión de la juez 3 de Control, Auristela Salazar, quien había emitido criterio de sobreseimiento y de finalización del juicio por falta de pruebas, el 24 de febrero de 2000. Pero el fiscal Alexis Rivero apeló, pues el Ministerio Público acusó por escrito de enriquecimiento ilícito al general y el juicio volvió a tomar curso legal. Quedaba libre de sospecha Domingo Rojas Pérez, acusado de encubridor.

El general Rubén Rojas Pérez apeló ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema por lo que consideró una "justicia especial en mi contra", la que ratificó que el yerno de Caldera sí era enjuiciable, pero que remitía el expediente a la Corte de Apelaciones de Caracas, para un nuevo pronunciamiento favorable (El Universal , 11/08/2000).

Así, este caso comenzó a desvanecerse de los medios de comunicación social, hasta desaparecer por completo.

— Este gobierno continúa con la tradición, porque ni siquiera en eso innovan porque no tienen imaginación, que se hacía en la llamada IV República –nos explica el ex candidato presidencial, Eduardo Fernández-, de utilizar la denuncia de corrupción como instrumento para descalificar a la oposición. Este gobierno, con el inmenso poder que tiene, llegó sobre la base de denunciar que todo lo anterior era corrupto y no tiene un solo procesado por corrupción en la IV República. Bueno, ¿no y que éramos todos unos corruptos y unos ladrones? Porque al general Rojas Pérez le pidieron excusas y lo mandaron de regreso para su casa. Si todos los males del país eran por la corrupción, yo me imaginaba que iban a aparecer muchos corruptos, pero no ha aparecido ni uno solo.