Además de Recadi, la crisis financiera de 1994, Fogade, los señalamientos contra los ex presidentes adecos Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, y los casos de corrupción surgidos durante el segundo mandato de Rafael Caldera; en la muestra analizada aparecen otra serie de señalamientos e irregularidades administrativas que en su momento constituyeron verdaderos escándalos de opinión pública.

Entre estos figuran los autos de detención y posterior condena por tres años de Gardenia Martínez y Orlando García (ex jefe de Seguridad de CAP), por la compra de municiones vencidas a la empresa Margold por 4 millones 900 mil dólares. Este caso venía desde el 21 de octubre de 1991 y se señalaba a los imputados por tráfico de influencias y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos (El Universal, 09/12/1998).

Por igual se ventiló la negativa de varias directivas de Viasa a un grupo de 11 pilotos, de pago de unos 725 millones de bolívares del fondo de pensiones y jubilaciones. Así que los abogados del grupo demandaron por estafa agravada a Eduardo Quintero (ex presidente de Viasa), José María Nogueroles, Ana María de París, Aurelio Useche, Luis Ignacio Mendoza y a otros treinta ejecutivos más (El Universal, 09/04/1999).

El ex gobernador de Sucre, Ramón Martínez, el mismo que privatizó regionalmente las Salinas de Araya, tampoco las tenía todas consigo. Por un lado, la Contraloría de la República le había declarado sin lugar un recurso jerárquico y se le ratificaba su responsabilidad administrativa en la firma de un contrato de fideicomiso con el Banco Internacional por el orden de los 100 millones de bolívares, sin la autorización del Congreso de la República. Aparte, un tribunal penal del estado Sucre había dictado auto de detención a varios ex directivos de la Fundación de la Vivienda Regional. Así, recayeron medidas en contra de Rosa Elena Cardona, Ezequiel Ramos Cardona, Ernesto Serrano, Olys Meaño Campos, María Zabala y Mayanin Álvarez. Se les acusaba supuestamente de malversación genérica, lucro de funcionarios, ejercicio legal de protección y estafa por más de 10 mil millones de bolívares (El Universal, 18/06 y 17/07 de 1999). Luego cesaron las causas, por distintas razones.

La gestión del directorio del Banco Central de Venezuela durante una década fue cuestionada por el supuesto ocultamiento de 4 billones de bolívares al fisco en utilidades cambiarias. El punto fue planteado por el diputado Gonzalo Pérez Hernández y secundado por los parlamentarios Luis Emilio Rondón, Héctor Vargas, Edgard Polanco y Pedro Velásquez. El informó concluyó que "existen suficientes elementos de prueba, publicados y reconocidos por los propios representantes del BCV, incluidos sus propios estados de resultados, que demuestran la comisión de acciones irregulares en la formación, registro y presentación de los resultados y cuentas anuales, ahora semestrales, del instituto emisor, durante los últimos 10 años", con el consiguiente daño patrimonial (El Universal, 13/10/1999).

El experto Marcos Sandoval salió en defensa del Banco Central y como presidente encargado explicó que "hay errores de interpretación por la sencilla razón de que el instituto emisor no realiza ganancias cambiarias con las reservas" (El Universal, 15/10/1999).

El Banco Industrial se vio envuelto en una operación adelantada por la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, al detectarse en medio de la llamada Operación Casa Blanca desarrollada en varios países latinoamericanos, una transferencia no escrutada por 50.000 dólares atribuidos al lavado de dinero producto del narcotráfico. Fue detenida la gerente general de la institución en Miami, Esperanza Matos de Saad, hermana del ex ministro Luis Raúl Matos Azócar; Carmen Salima, abogado de los golpistas del 4F; y algunos ejecutivos bancarios venezolanos como Roberto Vivas que había trabajado en el Banco de Venezuela. El caso se convirtió en un verdadero cangrejo, el Banco Industrial estudió una serie de contrademandas por daños y perjuicios. Pero, a su vez, la Reserva Federal de Estados Unidos, pensaba revocar la licencia de operación al banco por no advertir depósitos provenientes del lavado de dinero.

Pero en el camino le retiraron los cargos a Esperanza Matos de Saad quien al admitir haber incumplido normas internas, la Fiscalía de Estados Unidos le retiró los cargos mayores de conspiración y lavado de dinero por 9 millones de dólares, a cambio de un acuerdo amistoso (El Universal, 24/02/2001).

También se conoció la absolución del senador Bernardo Celis, del partido Convergencia del presidente Rafael Caldera, en el caso de la quiebra del Banco Andino, al sentenciarse que algunos hechos no reunían todas las características de punibles (El Universal, 04/11/1999).

Fuente: El Nacional, El Universal, TalCual, El Mundo, Quinto Día, La Razón, Unión Radio y Globovisión.

También destacan dos indultos concedidos por los presidentes Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera, a los ciudadanos Larry Tovar Acuña y Braulio Jatar Alonso, respectivamente. Ambos levantaron polvo en la opinión pública.

Con respecto al primero, el presidente Velásquez firmó a ciegas un decreto de indulto al jefe de la Conexión Euro-Americana de tráfico de drogas, por lo que a la secretaria privada de la presidencia, María Auxiliadora Jara de Tarazona, le fue dictado auto de detención. Se trató de un caso lleno de contradicciones y enfrentamientos entre funcionarios oficiales, algunos de la cuales están relatados en u libro del periodista Ricardo Escalante.

Con respecto al indulto concedido por el presidente Caldera el 30 de diciembre de 1998 al abogado Braulio Jatar Alonso, éste previamente había sido apresado en Maiquetía el 29 luego de siete años de autoexilio en Miami. Se le sindicó de intentar extorsionar al empresario Camilo Lamaletto, tras la divulgación de un célebre video -grabado también en Miami- donde el primero le solicitaba 250 mil dólares al segundo para calmar los ánimos en una investigación que hacía un comité parlamentario sobre supuestos daños ecológicos por la construcción de una carretera. Paralelamente Douglas Dáger se encontraba en la misma ciudad norteamericana para el momento de la reunión con Lamaletto.

El video rodó como pólvora por toda Caracas y diarios como El Nacional y El Universal, en paralelo, divulgaron todo su contenido. Jatar Alonso se marchó del país alrededor del 20 de marzo de 1991 y Dáger tuvo que abandonar la presidencia de la Comisión de Contraloría, recibiendo una condena política. En el video Jatar Alonso daba como un hecho a Lamaletto que sería juramentado como ministro de Justicia, en caso de que Eduardo Fernández ganara las elecciones de diciembre de 1988.

El indulto a Jatar fue investigado por la juez 44 Penal Migdalia Beltrán, quien consideró irregular la forma en que se concedió, aunque fuera por razones de humanidad (El Universal, 12/01/1999). Otro que reaccionó fue el fiscal Iván Darío Badell, quien planteó la necesidad de reglamentar los indultos, "pues a veces se conceden estos perdones en medio de procesos que están en curso" (El Universal, 13/01/1999).

— Pero ministro, si es por comprensión humanitaria, hay cantidad de presos que deberían estar fuera –le preguntaron al titular de Justicia, Hilarión Cardozo.

— Perdón –dijo- estamos hablando de la facultad que el señor Presidente tiene. No es que haya un derecho de la gente sino una facultad del Presidente que decide en conciencia otorgar, y es él el que tiene que medir de qué manera aplica o mueve esa decisión.

Alejandro Terán, abogado de Braulio Jatar, aseguraba a los periodistas en medio de la polémica desatada que "ya es tiempo de exponer a la opinión pública que los interesados en que Jatar estuviera fuera del país eran, entre otros Blanca Ibáñez, Cecilia Matos y Carlos Andrés Pérez, quienes presuntamente estaban muy interesados en que Jatar estuviera fuera del país, dada la información que manejaba en los famosos casos de los jeeps y Recadi" (El Universal, 14/01/1999). Según este abogado, Camilo Lamaletto fue condenado por una corte del estado de Florida por "mal uso e invasión de la privacidad".

— ¿Pero su defendido no le cobró 250 mil dólares a Lamaletto? –le interrogaron los periodistas.

— Él sólo le llevó a Lamaletto un contrato entre dos partes, para asesorarlo en todos los juicios que él tenía. Además, el juicio prescribió en julio de todas maneras, así que el indulto fue humanitario.