Tal vez uno de los casos más destacados de supuesta corrupción asociada al quinquenio 1994-1999 haya sido el pago, vía fax con transferencia, que se hizo el 23 de enero de 1995 desde el ministerio de Hacienda de 9 millones 479 mil 880 dólares a la empresa Oto Melara, contra una cuenta bancaria identificada con el número 337006450 del Republic Bank of New York a nombre de la compañía Samana International Inc. Previamente con otro fax se había pedido la cancelación contra una cuenta cuya dirección era el Chase Manhattan Bank of New York.

En realidad era una porción de un monto de 25 millones 279 mil 680 dólares que el Estado había suscrito mediante contrato en 1988 con la empresa ya citada, para la compra, suministro, transporte, entrega de materiales, revisión posterior, mantenimiento y modernización del sistema de armamento y electrónica de un grupo de lanchas patrulleras y cañoneras de la Armada Venezolana.

Pero el punto clave era que la compañía Oto Melara, luego absorbida por la firma Armamenti Aerospazi, en junio del mismo año 1995 reclamó al Ministerio de Hacienda el pago pendiente por los mismos 9,5 millones de dólares, previamente cancelados. ¿Qué pasó? El asunto había sido reventado a la opinión por los periodistas Alfredo Peña y José Vicente Rangel, luego ministros de Secretaría de la Presidencia y Relaciones Exteriores, respectivamente, del gobierno entrante de Hugo Chávez Frías. De hecho, la juez Milena Noguera del Tribunal 29 Penal, ofició a los nuevos funcionarios en los primeros días de febrero de 1999, luego del cambio de gobierno, solicitando que la ayudaran a obtener los resultados de varios recursos rogatorios en Estados Unidos, pues el caso podía prescribir (El Universal, 21/02/1999).

Armamenti Aerospazi demandó ante un tribunal de Génova, Italia, al Estado venezolano por incumplimiento de pago y por secuestro de 18 pagarés consecutivos (del 31 al 48) por la misma cantidad de 9,5 millones de dólares. Pero previamente, el 21 de diciembre de 1994, la Dirección General Sectorial de Crédito Público de Hacienda había enviado a la Contraloría la información referida a una orden de pago numerada con el 27.354 para cancelar idéntico monto de 9,5 millones de dólares. ¿Doble pago? Allí comenzó todo.

Eduardo Roche Lander había calificado el caso de "sorprendente, puesto que se había cometido un fraude a la Nación al cancelar nueve millones y medio de dólares con un documento falso, sin que fueran presentados al gobierno los pagarés respectivos" (El Universal, 23/03/1999).

El gobierno de Estados Unidos, por intermedio de una División Criminal, envió la documentación a Venezuela a fines de marzo y mientras tanto aquí en Caracas preparaban la interpelación del Ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azócar. En ese momento se desempeñaba como funcionario ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Luis Alfonso Dávila, presidente del Congreso presidía una comisión bicameral de investigación.

El procurador Juan Nepomuceno Garrido ya había sido interpelado y declaró que "Venezuela pagó bien mientras se demuestre lo contrario" (El Universal, 09/04/1999).

El diputado David Paravisini, insatisfecho con los argumentos del Procurador, dijo que "Garrido demostró la hipocresía y la falsedad de Caldera y su gabinete en la lucha contra la corrupción... Mintió e impide que se demuestre quién estafó a la nación y quién permitió que los 9,5 millones de dólares se incluyeran en un crédito adicional, elaborado por el ministro de Hacienda de la época" (El Universal, 09/04/1999).

A todas estas Matos Azócar había sido liberado de responsabilidad por el Contralor al comprobarse que no era el ministro para el momento del primer pago. El ministro era Julio Sosa Rodríguez, luego fallecido, a quien por poco el contralor Roche Lander le amella su integridad y reputación, además de la amistad de toda una vida con Rafael Caldera.

— Una vez que la empresa intentó cobrar por segunda vez –dijo Matos Azócar en la interpelación del Congreso- el ministerio de Hacienda se negó a pagar y recomendó analizar alguna salida al problema legal que no sea negociada y que la empresa demuestre en los tribunales, como lo señala el contrato respectivo, que tiene derecho a ese pago (EL Universal, 16/04/1999).

Para abril de 1999 la juez Milena Noguera había dictado auto de detención en contra de Judith de La Hoz, ex directora de Crédito Público de Hacienda; Ramón Guillén, ex asistente de Crédito Público; y Luis Natera, encargado de la división de presupuesto y pago de Hacienda, "por la ordenación de pagos de servicios no realizados".

"La juez se abstuvo de emitir pronunciamiento en relación con la participación o no de los ex ministros de Hacienda, Julio Sosa Rodríguez y Luis Raúl Matos Azócar por cuanto este juzgado es incompetente. Sosa Rodríguez falleció y su mención en la decisión provocó la indignación de familiares y amigos por ofender su memoria. La Contraloría absolvió a Sosa Rodríguez y a Ismenia Morales por no haberles encontrado responsabilidad administrativa. A Matos Azócar no le dictó cargos. Fuentes consultadas manifestaron que durante la semana hubo movimientos porque desde el Congreso se intentó presionar a la juez para que se incluyeran los nombres del ex procurador Juan Nepomuceno Garrido, al ex secretario de la Presidencia, Andrés Caldera y a Matos Azócar", se leía en El Universal del 24 de abril.

Los otros mencionados en el caso, varios de los cuales también fueron interpelados, fueron: el ex procurador Jesús Petit Da Costa; el ex ministro de Hacienda, Freddy Rojas Parra; Ana Drossos, ex directora de Finanzas Públicas de Hacienda; el Vicealmirante Gonzalo Gómez Jaén, Inspector General de las Fuerzas Armadas; y Luis Xavier Grisanti, ex viceministro de Hacienda.

La juez Noguera también decretó la detención de los particulares Adrián Kupferschmied, Eduardo Berlín Brinner y Erick Daniel Chummer Gutt, por haber supuestamente cobrado en algún lugar de una intrincada cadena de relaciones vía fax, los 9,5 millones de dólares.

Judith de La Hoz, Luis Natera y Eduardo Berlín obtuvieron un beneficio procesal y la juez les concedió la libertad condicional, teniendo Berlín que pagar una fianza superior a los 10 millones de bolívares.

Posteriormente, la Sala 10 de la Corte de Apelaciones revocó los autos de detención a Ismenia Morales Henríquez y a Luis Natera, "por no tener nada que ver con el pago apresurado que efectuó el ministerio de Hacienda a la empresa Samana", declaró el magistrado Pedro Osman Maldonado (El Universal, 15/09/1999). Pero a su vez le ratificaron las medidas a Judith de La Hoz, por ordenar un pago sin contraprestación de servicio; le cambiaron la calificación del delito a Ramón Guillén por la de cooperador inmediato; a Eduardo Berlín se le cambio la falta de estafa por la de aprovechamiento de cosa proveniente del delito. Pero la sala no se pronunció en los casos de Adrián Kupferschmied y Erick Daniel Chummer Gutt, porque ninguno de los dos se había puesto a derecho y estaban señalados por estafa agravada.

A finales de junio de 2000, el Ministerio Público por intermedio de los fiscales Raiza Rodríguez y Theresly Malavé, presentó acusación formal contra los imputados ante el Tribunal 33 de Control, a cargo de María Cristina Reverón. Ésta "consideró que Eduardo Berlín incurrió en aprovechamiento de cosas provenientes del delito, después de estudiar la acusación de la Fiscalía. Pero tuvo que declarar sobreseída la causa ‘por extinción penal’ ya que transcurrieron más de 5 años desde que se cometió el ilícito que afectó al Estado, en enero de 1995" (El Universal, 13/07/2000).

Inmediatamente el caso se quedó un tiempo sin jueces, porque ninguno quería asumirlo en tiempos de reforma judicial y, aparte, otros fueron recusados por los abogados de los imputados. La fiscal Raiza Rodríguez había denunciado que la esposa de Berlín (Mañanita Osuna) había hecho contactos con diversos jueces y escabinos del jurado.

La juez 21 de Juicio, Elsa Gómez, "consideró imprudente la denuncia efectuada por la fiscal Raiza Rodríguez... pues la fiscal no debió comentar que la esposa de uno de los imputados se le acercó para dejarle entrever que había contactado el tribunal, si no tenía las pruebas para sustentar lo dicho" (El Universal, 31/10/2000). Así este caso, como muchos otros, dejó de tener incidencias reflejadas por los medios de comunicación social, en la medida en que tampoco ocurrieron nuevos episodios que revelar.

Pero quedaba pendiente la figura de Adrián Kupferschmied. Había logrado salir del país a tiempo. Este personaje es el mismo que entrevistamos el 20 de abril de 1989, cuando disponíamos de la información de que era conocido como El Rey de Recadi, es decir, el supuesto gestor de los gestores en la obtención de divisas preferenciales.

Ocho años más tarde, en marzo de 1997 la periodista Jacqueline Goldberg, de la revista Exceso, en un reportaje titulado Adrián Kupferschmied, sombras nada más, escribió que " la tirria que Kupferschmied le profesa a la prensa tiene como instante genealógico la entrevista que le hiciera el periodista Agustín Beroes... Se comenta que esa entrevista causó serios daños a la imagen del empresario –punta de lanza de sus movimientos financieros- y propició el derrumbe de promisorios negocios hoteleros en la isla de Cuba".

La misma colega indicó que "desde la época de Jaime Lusinchi –cuando lo bautizaron Rey de Recadi- Adrián Kupferschmied ha venido observando cómo su nombre brota espasmódico de los diarios nacionales enmarañado en muy diferentes y nada lustrosos acontecimientos" (Exceso, marzo 1997, número 55).

Una subcomisión especial de la comisión de Energía y Minas del Senado había aprobado por unanimidad un informe en el que se aseguraba que en la compra de las Salinas de Araya a Ensal habrían ocurrido perdidas para el Estado por el orden de los 732 millones de bolívares, al cancelarse solamente 4,09 millardos, "dejando por fuera de la comercialización unas 305 mil toneladas de sal asentadas en la llamada Laguna Madre y en las salinas artificiales" (Exceso, marzo 1997, número 55). Este proceso fue conducido por el gobernador de Sucre, Ramón Martínez, del MAS.

Con respecto al caso Samana, tras un comentario del entonces periodista Alfredo Peña, Kupferschmied replicó: "lo de Rey de Recadi era una burla, pero decir que yo me robé 10 millones de dólares es demasiado. Me dieron un buen golpe. Tal vez algún juez abra una investigación por noticia criminis y eso me preocupa, porque en este país la inseguridad jurídica es muy grande", respondió al periodista Máximo Peña, de El Nacional, el 23 de noviembre de 1996.

— La cuenta de Samana no es mía –aseguró-. De haberla sido, no habría enviado jamás ese dinero al Republic International Bank of New York.

"Las ocupaciones laborales de Adrián Kupferschmied" –concluía la semblanza de la periodista Goldberg- "constituyen todo un caleidoscopio. Cuentan que su despacho es una suerte de pequeño mercado persa dividido en cubículos donde se comercializa desde azúcar, oro, plata, bonos, acciones de la bolsa y mermeladas de Maxim’s de París hasta contratos de armamento".