Una nota de prensa difundida por la Corte Suprema de Justicia el martes 19 de mayo de 1998, justo un año antes de finalizar su segundo mandato presidencial, anunciaba que el presidente Rafael Caldera no era enjuiciable, como tampoco el ministro presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, Alberto Poletto; y el senador Luis Raúl Matos Azócar; por el caso del canje de unos 4.000 millones de dólares de Bonos Brady por Bonos Globales.

Esta acusación había sido interpuesta el 12 de marzo anterior por el diputado José Albornoz de Patria para Todos, organización que siempre fue muy sensible al tema de la deuda externa. "Constituye un hecho del notorio conocimiento público, que desde inicios de 1997 se comenzó a fraguar una operación de crédito público, mediante la cual se consumó un canje de deuda externa, en forma sui generis, toda vez que se pretende hacer ver que se efectuó un cambio de los denominados Bonos Brady, con un valor facial accesorio por concepto de interés del 7,5% anual, por unos nuevos bonos emitidos igualmente por la República de Venezuela, por un valor facial principal de US$ 4.000 millones, más un valor facial accesorio por concepto de interés del 9,125% anual, bonos éstos denominados Globales", se razonaba en el escrito interpuesto por el diputado.

En virtud de esto, se solicitaba el enjuiciamiento contra los tres funcionarios (Matos Azócar era el ministro de Hacienda en el momento) por los delitos de "malversación genérica de fondos públicos, concierto de funcionarios con particulares, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y ocultamiento malicioso de documentos", todos sancionados por la Ley de Salvaguarda.

En ponencia del magistrado Alirio Abreu Burelli, la Corte consideró inadmisible el pliego por lo que "no hay mérito para el enjuiciamiento de los ciudadanos... ". Precisaba el máximo tribunal de alzada que "el antejuicio de mérito debe resolverse con los solos elementos que consten en la solicitud, sin que pueda esta Corte iniciar averiguación o proceso de complementación de pruebas, para determinar si se cometió un hecho punible, y si existen indicios de culpabilidad contra los funcionarios señalados".

Agregaba la información de la Corte que "el acusador (José Albornoz) presentó documentos en copia fotostática, respecto de los cuales solicita a esta corte que recabe los originales o certificaciones respectivas de los mismos, de cualquier oficina pública o privada donde se encuentren. Tal solicitud resulta improcedente, puesto que, se reitera, es carga del actor presentar las pruebas que fundamenten su solicitud, sin que sea competencia de esta Corte, en esta fase del proceso, realizar actuaciones dirigidas a averiguar los hechos".

A pesar de lo anterior la Sala Penal, por la diversidad de delitos imputados, resolvió examinarlos por separado, para pronunciarse al respecto, no encontrando méritos en ninguno. El punto de la discordia era si la operación requería o no autorización del parlamento por tratarse de una operación de crédito público. A la Corte le pareció que no, por criterio de la mayoría, pues consideró que se había actuado en apego al artículo 190 de La moribunda, es decir, que no requería de la autorización, aunque al PPT le parecía lo contrario.

Luego de conocerse los resultados de las elecciones del 6 de diciembre de 1998, donde resultó electo Hugo Chávez, el columnista de El Universal, Aderito De Sousa F., al hacer un juicio sobre el segundo mandato de Caldera, escribió: "el gobierno que Caldera presidió fue una afrenta contra el pueblo; una verdadera provocación, una invitación a haber votado masivamente el pasado seis de diciembre por Hugo Chávez Frías, así el mismísimo demonio nos llevara a todos al infierno, con tal de que también se lo llevara a él y a los que con él cogobernaron a Venezuela bajo la trágica secuencia de disparates públicos, de maniobras subalternas, de hipercorrupción, de favoritismos políticos y empresariales y de fallidas reformas económicas que comprometieron seriamente el bienestar del país" (El Universal, 13/02/1999).

Muy por el contrario el coordinador nacional y jefe de la fracción parlamentaria de Convergencia, Juan Francisco Sosa Maury, en la recopilación sobre el período 1994-1999 elaborada por el diario El Nacional: Gobierno de Caldera; refiere que el principal éxito del gobierno fue lograr "paz y estabilidad" y combatir la corrupción. De hecho le preguntan:

— Una de las promesas de Caldera antes de obtener la presidencia fue la de combatir la corrupción. ¿Cree que se haya atacado eficazmente y con resultados satisfactorios? –le preguntaron.

— Yo creo que ese no es un problema de un gobierno ni de un quinquenio, ni de éste ni del que viene. Es un problema del Estado y de que el venezolano se fije metas a largo plazo en la lucha contra la corrupción. Éste es un problema de carácter social y que junto con los cambios que se requieren de las actuales medidas legislativas para atacar la corrupción debe ir en pareja una sanción de carácter social que creo que el venezolano todavía no ha internalizado. Nosotros seguimos premiando al corrupto, seguimos entendiendo como pendejos a quienes no meten la mano en la cosa pública y esa es una conducta social que tiene que ver con un proceso educativo.

Mención aparte merecen los constantes tropiezos e irregularidades en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de donde los ministros César Quintín Rosales y Ciro Zaa salieron con las tablas en la cabeza. Quintini "fue removido un par de semanas después de encargarse del ministerio. Lo denunciaron (Ignacio Iribarren) por irregularidades". Con respecto a Zaa, el reporte electrónico de El Nacional que estamos citando dice: "Caldera lo trae desde Mindur para que le lave la cara al ministerio y minimice los efectos del escándalo de su predecesor. Salió en 1996, y no precisamente por la puerta grande".

El 16 de enero de 1995, Caldera designó al profesor Adelso González Urdaneta como Comisionado Presidencial para la Vigilancia de la Administración Pública. Lo mismo había hecho en su primer mandato, con el nombramiento del general Monserrat Pérez, de 1969 a 1974.

— Ambas personas muy honorables –nos explica Eduardo Fernández- pero eso no resuelve el problema de la corrupción. Esos comisionados no resuelven el problema. Si Chávez crea una comisión presidencial anticorrupción tampoco resolverá el problema, porque el asunto de la corrupción hay que atacarlo desde varios puntos de vista, además del aspecto legal que no es el único enfoque importante, y estas cosas tienen que trabajarse bajo un clima de autoridad que tiene que revelar el país.

Entre las funciones del comisionado Adelso González Urdaneta, se encontraban las siguientes:

En uno de los libros que circularon como obsequio durante la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la Isla de Margarita, donde se reafirmó la Convención Interamericana contra la Corrupción, denominado Venezuela 97, se señalan las siguientes razones como definitivas para crear caldos de cultivos favorables a la corrupción:

"Estos cuatro factores constituyen áreas hacia las cuales se orienta la lucha" se lee en la recopilación encargada por la OCI a Pedro Miranda, y que sirvió de regalo a los mandatarios visitantes e invitados especiales.

La gestión de Adelso González Urdaneta puede ser visualizada en dos momentos diferentes, de acuerdo con la información disponible: a la mitad y al final del período presidencial de Rafael Caldera:

Fuente: Comisionado Anticorrupción.

En los primeros días de abril de 1999 Andrés Caldera, hijo del ex presidente Caldera y ex ministro de la Secretaría de la Presidencia, fue acusado, conjuntamente con un funcionario llamado César Gimón que había trabajado en los ministerios de Hacienda y Agricultura y Cría, por la fiscal 78, Theresly Malavé, por la colocación de "altos montos de dinero del erario público en la banca privada" (El Universal, 08/04/1999). Un particular, José Torres, previamente había enviado un fax al ministro entrante de Relaciones Interiores, Luis Miquilena, quien acudió a la Fiscalía.

Andrés Caldera se defendió al día siguiente y explicó que "la Fiscalía no podía solicitar el inicio de una averiguación en contra de ningún funcionario basándose sólo en un fax" (El Universal, 09/04/1999).

Decía el hijo de Caldera que "esta medida se adoptó contra la corrupción, puesto que era muy abultado el dinero que tenían los organismos en cuentas corrientes, lo cual se prestaba para componendas por debajo de la mesa". Por su parte Gimón amenazaba con emprender acciones penales contra el ciudadano José Torres. El asunto no pasó a mayores.

En diciembre de 2000 el embajador de Venezuela en El Vaticano, Ignacio Quintana, protagonizó un enfrentamiento con la familia Caldera. El punto de la discordia, según el diplomático chavista, era la negativa del ex presidente Rafael Caldera frente a la realización en diciembre de ese mismo año de un referéndum sindical.

— Inconcebible –vociferó Quintana-. Resulta desvergonzado y grotesco que un hombre que protagonizó la corrupción puntofijista, donde se consumieron 600 millardos de dólares, quiera aparecer dictando normas sobre justicia sindical... La herencia que le dejó a sus hijos y sus nietos, es que los enseñó a robar. Creó dos máquinas de corrupción, que fueron Copei y Convergencia. A través de estos dos sistemas, y del Consejo Supremo Electoral, recibieron del Estado centenas de millones de bolívares que iban a parar a manos de los líderes sindicales. Prueba irrefutable son las centenas de millones de bolívares que recibió Convergencia, y que cayeron en poder de su hijo Juan José Caldera (El Universal, 02/12/2000).

Los Caldera cuestionaron el nombramiento de Quintana como embajador, en medio de la polémica, y particularmente Juan José Caldera, el 3 de diciembre, había acusado al diplomático de haber obtenido el nombramiento "gracias a una triquiñuela del extinto Congresillo". Ello provocó que el Embajador insertara un derecho a réplica en las páginas de El Universal del 6 de diciembre. "Quiero concluir diciendo que reto a cualquiera de los Caldera a debatir públicamente para demostrarle al país la podredumbre de una familia que lo que ha hecho es usufructuar el tesoro nacional mediante diferentes vías de aprovechamiento. Juan José Caldera elude mi planteamiento esencial: ¿Qué hizo con las centenas de millones de bolívares que recibió Convergencia del Consejo Supremo Electoral en 1998? ¿Qué hizo con los diversos recursos que obtuvo por privilegiar contratos con el hoy desaparecido Ciro Zaa? Los Caldera están podridos en corrupción, poseo un arsenal de pruebas tanto de Juan José Caldera, en connivencia con sus cuñados, del ministro Nepote Andrés Caldera (sic) que, al igual que su hermano, hasta el año 1993 vivía buscando un bolívar para completar otro. Juan José Caldera esto es de todos conocido, vendía resorts para ganar 100 ó 200 dólares en un hotel de Aruba. Y su hermano Andrés Caldera recibió un salario sistemático durante más de tres años de mi oficina Quintana y Asociados. Tengo en mi poder y puedo exhibirlos públicamente los cheques que me pedían fueran emitidos".

La descarga era completa: "Respondo con la verdad. En 1º término mi nombramiento fue producto de una votación clara y determinante, triquiñuelas hicieron los Caldera y muchas otras personas para impedir mi nominación al Vaticano; 2º respecto a la duda sobre la procedencia de mis recursos, quiero precisar lo siguiente: mientras facilité dinero a los Caldera, no les importó la procedencia. Pero quiero puntualizar cosas concretas... En primer lugar beneficié a Juan José Caldera con un pagaré, a tasa preferencial, cuando tenía problemas económicos y con su vivienda; segundo, tampoco le importó a Juan José Caldera la procedencia cuando se instaló, por espacio de casi un mes, en mi casa de Fisher Island en Miami, con toda su familia, porque carecía de recursos para pagar un hotel; 3º tampoco le importó cuando hace 15 años, con urgencia, le envié un cheque desde Caracas a Andrés Caldera a París, cheque bancario de la Société Genérale por un monto de 50.000 francos, para evitar que fuera detenido por fraude bancario".

Casi finalizaba diciendo: "Oscura procedencia tienen los Caldera, desde su origen, cuando Rafael Caldera tiene que recurrir a un padre adoptivo. Amén de los aportes sistemáticos, en bolívares y dólares, que cuando realizaba algún viaje facilité a Rafael Caldera... Ellos comieron de mi dinero...

El diputado Juan José Caldera respondió a Quintana: "con respecto a mi persona lo emplazo, lo reto públicamente a que cumpla su deber ciudadano, a que venga al país a denunciarme ante los tribunales y asuma su responsabilidad, de lo contrario quedará una vez más comprobado lo que ya todos sabemos, que el embajador Quintana es un grandísimo charlatán" (El Universal, 07/12/2000). El día que dio estas declaraciones, el hijo de Caldera enseñó un viejo recorte del desaparecido Diario de Caracas, de 1988, donde al expresarse del ex presidente Quintana precisaba: "su máximo magisterio: ser consecuente con sus palabras, por eso su pueblo le da la máxima credibilidad". Juan José Caldera cerraba el episodio advirtiendo que "Quintana decía ser amigo del ex presidente Carlos Andrés Pérez y ahora es embajador de Chávez".