El 11 de agosto de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguarda le dictó auto de detención por enriquecimiento ilícito al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a su posterior esposa, Cecilia Matos, como cómplice, en el caso de las cuentas mancomunadas. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta.

Si CAP no hubiera sido electo senador por el estado Táchira en los comicios de diciembre de 1998, no solamente hubiera tenido que quedarse en casa cumpliendo el resto de la condena por el asunto de los 250 millones de la partida secreta, sino que además habría sumado tiempo por una eventual condena por las cuentas mancomunadas.

El expediente que condujo a CAP a la casa por cárcel por lo de la partida secreta era identificado por el fiscal Ramón Escovar Salom y su asistente especial para este asunto, Francisco Arocha, como "el gordito".

La cifra anterior, supuestamente, estaría repartida en tres bancos suizos, pero una portavoz del ministerio de Justicia desde Ginebra, Daniele Bersier, se rehusó a confirmar la especie, al ser consultada por la revista Facts en julio de 2000.

Uno de los abogados de Pérez, Alberto Arteaga Sánchez, analizó la situación una vez que CAP fue electo nuevamente senador por Táchira, y expuso que "el artículo 143 de la Constitución (la moribunda vigente entonces) estipula que los senadores y diputados gozarán de inmunidad...y en consecuencia, no podrán ser arrestados, confinados o sometidos a juicio penal" (El Universal, 07/01/1999).

— Para reiniciar las investigaciones –recalcó el jurista- en todo caso tendría que ser instada la Corte Suprema de Justicia para que emita un pronunciamiento, y haría falta que se emita una decisión política por parte del Senado de la República, de allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Carlos Andrés Pérez.

Sostenía la tesis de que la investigación a Pérez tenía que ser suspendida por Salvaguarda, "pero, dado que la participación de Matos es considerada accesoria al hecho principal que se le atribuye a Pérez, evidentemente no podría darse responsabilidad penal en el caso señalado como partícipe del delito. Pero si se paraliza un procedimiento no se entendería que no se paralice el otro (el de Cecilia Matos)". De ser así, Pérez –sin la posibilidad de una constituyente en el camino- hubiera sido reenjuiciado a partir del año 2003, al cesar su nueva inmunidad parlamentaria.

En efecto, el proceso fue paralizado indefinidamente por el Tribunal Superior de Salvaguarda el 7 de enero de 1999. Su presidente, Pedro Osman Maldonado fue el portavoz: "en virtud de la prerrogativa adquirida por Pérez durante el último proceso comicial, esta instancia se encuentra impedida de proseguir con su enjuiciamiento" (El Universal, 08/01/1999). La supuesta participación de Cecilia Matos en el caso de las cuentas mancomunadas fue enviada a la Fiscalía dirigida por Iván Darío Badell, para que éste decidiera si se procedía con la formulación de cargos por complicidad.

Pero el fiscal Badell apeló la decisión de Salvaguarda, por considerar "incompetente" al Tribunal (El Universal, 13/01/1999). "El artículo 144 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Corte establecen que si se encuentra un proceso en curso y se dicta un auto de detención contra algún miembro del Congreso, la causa debe ser enviada al máximo tribunal del país, para que éste se pronuncie de oficio", fue el argumento central.

El 14 de marzo de 1999, Carlos Andrés Pérez anunció su boda con Cecilia Matos, "mi asistente personal", una vez separado legalmente de Blanca Rodríguez desde hacía tiempo (Agencia EFE, 14/03/1999). Pérez había hecho el señalamiento durante una entrevista concedida al programa Con nosotros de República Dominicana.

— ¿Se va a casar con Cecilia Matos? –le preguntaron.

— Puede ser.

— ¿Ella es el amor de su vida, Presidente?

— Sí, sí. Si yo hubiera estado en Venezuela, no contesto tan claro.

CAP también dio el paso de renunciar a la recién asumida senaduría por Táchira, para lanzarse como candidato a la Constituyente. "Quise dar el ejemplo y decirle al país que la asamblea debe ser un proyecto de todos los venezolanos y no solamente del presidente Chávez" (El Universal, 28/05/1999). Manifestó no temerle a la reactivación de un juicio en su contra y en el caso particular de las cuentas mancomunadas manifestó: "un fiscal imparcial se dará cuenta de que allí no hay nada". La menguada popularidad de CAP no pudo con el portaviones que le dio soporte a los candidatos de Chávez a la Constituyente, por lo que decidió marcharse a Nueva York. Desde allá le salió al paso al rumor de su muerte y a la posibilidad de ser nuevamente enjuiciado:

— Estoy tomando aires en Manhattan –expresó-... Me tiene sin cuidado la reapertura de un proceso judicial por la Corte Suprema de Justicia. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea. No hay problema con eso, que ya lo averiguó la Corte antes, cuando Caldera quiso acusarme por las mismas cosas (El Universal, 22/10/1999).

— ¿Y cuando regresa?

— Dentro de poco tiempo, para las elecciones, ja, ja, ja.

El periodista Roberto Giusti, jefe de prensa de Miraflores cuando el golpe del 4F, lo entrevistó desde Nueva York, a fines de octubre de 1999:

— Afrontaré las situaciones que se me presenten... -dijo CAP.

— ¿Cuándo piensa regresar a Venezuela?

— No hay fecha fija. Pero tenga la seguridad de que cuando se me presente cualquier cosa allí estaré.

— ¿A pesar de que no tenga las garantías de una justicia imparcial?

— Eso pasó anteriormente y lo afronté.

— Usted dice que no era Presidente para el momento de haber ocurrido las irregularidades. ¿Es culpable el ex presidente Jaime Lusinchi?

— No entro en comparaciones puntuales –afirmó-, ni tampoco me dedico a juzgar la conducta de otros mandatarios. Yo juzgo las mías y hablo por mí.

A Pérez le había salido un nuevo fantasma de juicio cuando el magistrado Jorge Rosell resolvió revocar una decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda, que investigaba los gastos de la transición entre CAP y Jaime Lusinchi, mediante la utilización de fondos de la partida secreta de Relaciones Interiores, entre finales de 1988 y comienzos de 1989. El caso estaba bajo investigación desde el 21 de diciembre de 1993. Quedaron fuera de todo sospecha el ex ministro de Relaciones Interiores, Simón Alberto Consalvi; el administrador de la oficina de CAP, Tirso Ramos Linares; y el ex director de Administración de Miraflores, Jorge Mogna Salazar.

Este caso fue colateral al de las cuentas mancomunadas y se abrió a instancias de la propia Corte Suprema de Justicia. Los abogados de Pérez, reaccionaron de inmediato: " es un exabrupto jurídico", replicó Alberto Arteaga Sánchez.

Pero como el mismo Pérez diría alguna vez, "llueve y escampa". Apenas cinco días antes de ser eliminada la Corte, para dar paso al Tribunal Supremo de Justicia, se emitieron dos fallos favorables a CAP: uno, que lo exoneraba de responsabilidad frente a una vieja acusación formulada por el entonces diputado copeyano, Paciano Padrón, quien lo responsabilizaba por usufructo de beneficios, como gastos residenciales, transporte, escoltas, sueldos sin trabajar, cuando abandonó la presidencia por el caso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta. Los abogados Cornelio Vegas e Ignacio Ramírez secundaron a Padrón en la iniciativa judicial.

La otra decisión lo exculpaba, junto con el ex ministro de Relaciones Interiores y senador, Virgilio Avila Vivas, de extorsión, agavillamiento y tráfico de influencias, como producto de una grabación donde Pérez y Avila Vivas hablaban sobre cómo habrían, supuestamente, extorsionado al magistrado Juan Manuel Palís para atenuarle delitos a CAP. Esta denuncia fue consignada por el abogado Guillermo Ruth Ríos (El Universal, 06/01/2000).

El 12 de agosto de 2000, otro de los abogados de CAP, Reinaldo Gadea, informó que los fiscales especiales designados en el caso de las cuentas mancomunadas: María Alejandra Barrera, Alexis Rivero y Luis Álvarez; habían presentado un informe al fiscal Javier Elechiguerra en el que se aseguraba que no había pruebas suficientes para enjuiciar a la pareja, no obstante que se demostró la existencia de una cuenta mancomunada de unos 37.450 dólares y el asunto estaba al borde de la prescripción. El expediente estaba en manos de la Fiscalía, para que procediera a acusar o a sobreseer, de acuerdo con las normas del COPP.

Fue una llamada telefónica hecha por un connotado personaje de la IV República la que alertó al fiscal Elechiguerra sobre la posibilidad de prescripción de la causa contra Pérez y Matos en el caso de las cuentas mancomunadas.

— ¿Qué fue lo que ocurrió?

— La Fiscalía estaba muy atareada con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal y por poco Elechiguerra ni se entera de la posible prescripción de este caso. Yo lo llamé por conciencia ciudadana y luego él me devolvió la llamada para agradecerme.

Producto de la circunstancia planteada la Fiscalía, por intermedio de Alí Núñez, segundo en jerarquía después de Elechiguerra, declaró que "no existe informe alguno que favorezca al ex presidente Carlos Andrés Pérez y su pareja, Cecilia Matos. Acabamos de solicitar información al Tribunal Supremo con relación a la posibilidad de prescripción pronta de la averiguación iniciada en el caso de las cuentas mancomunadas. Si el abogado Gadea tiene ese informe debería mostrarlo, o se entenderá que él dio esta información para ver qué tipo de reacciones provocaba y que es natural que él considere que su representado no es enjuiciable" (El Universal, 16/08/2000).

El magistrado Alejandro Angulo Fontiveros advirtió sobre la prescripción de la causa contra los Pérez-Matos, en virtud de que había que aprovechar el momento en que el ex presidente renunció a su inmunidad parlamentaria para lanzarse como candidato a la Asamblea Constituyente-. "El proceso debió reactivarse de forma inmediata, cuando CAP renunció a su condición de senador por el estado Táchira, el 27 de diciembre de 1999" (El Universal, 28/09/2000). El punto clave era que la Fiscalía, a la que Angulo Fontiveros había remitido el expediente desde el 9 de agosto de 2000, se había demorado más de 6 meses en decidir si acusaba o sobreseía la causa. Habían transcurrido 9 meses y la defensa de CAP podía, fácilmente, pedir el cierre del caso. Este caso también era previo a la aprobación de la Constitución Bolivariana, que incluye entre sus artículos la imprescriptibilidad de los casos contra la cosa pública.

En una entrevista que el periodista Carlos Croes le hizo a Pérez, le preguntó (Quinto Día, 01 al 08/09/2000):

— ¿A quién le agradece Pérez haber salido a salvo del juicio (por la partida secreta).

— A nadie. ¿Tú crees que un presidente que haya realizado los grandes negocios de la nacionalización del petróleo y contratado grandes obras, vaya a meterse con 30 tipos para ganarse un millón de dólares?

— ¿De dónde sale el mito de Carlos Andrés Pérez y su gran fortuna?

— Del odio, porque de la envidia no se puede salvar quien haya tenido éxito...

— En aquellos momentos se dijo que usted era socio de Felipe González y de empresarios vinculados a éste.

— Fíjate tú, la falsedad quedó demostrada, comprobada, con todo lo que gastó el gobierno de Caldera pata tratar de acusarme y no pudo encontrar un solo cheque mío.

— ¿Cuánto gastó el gobierno de Caldera?

— Mucho dinero.

— ¿En Venezuela?

— Sí, y en el exterior.

— ¿Cuánto gastó?

— Miles de millones de bolívares.

— ¿Por qué?

— Porque querían demostrar a todo trance que yo era un ladrón.

— ¿El gobierno de Caldera fue corrupto u honesto?

— Claro que fue corrupto, chico. Mira, la primera vez que yo conocí de un caso de corrupción fue cuando un amigo mío me contó como habían comprado los dos barcos Independencia de las compañías petroleras. ¿Te acuerdas? A ese amigo le habían quedado 2 millones de dólares, 2 millones de dólares a su hermano y 1 millón a otro, y así por el estilo. Luego, cuando yo llego por primera vez a la Presidencia, un mediodía me llama el presidente de la CVG, Argenis Gamboa, y me dice que fue invitado por el representante de una empresa alemana a un desayuno en el Tamanaco, y éste le comunica: ‘mire, doctor Gamboa, nosotros, de esta obra, sólo pagamos la primera parte de la comisión. ¿A quién le tenemos que cancelar la otra parte?’. Ellos creían que yo estaba metido en eso. Yo llamo a Pedro Pablo Aguilar y le transmito lo que me ha comunicado Gamboa. Aguilar me sugiere ‘¿vamos a hablar con Caldera’. Conversó con Caldera y yo por mi lado, llamo al embajador y le transmito mi inquietud. Aquí ha pasado esto y esto, pero como todavía hay un dinero que no le hemos pagado a esa empresa, lo vamos a retener y adviértales que no vayan a reclamar, porque así si que vamos a armar un gran escándalo internacional, sin insisten en pedir ese dinero que hemos retenido como garantía.

— ¿En el segundo gobierno de Caldera hubo corrupción?

— Claro, fue una gran corrupción.

— ¿Cómo le consta eso?

— Pero si eso lo vivimos todos los venezolanos, comenzando por el ‘pimentón’ y tantos otros hechos que todavía permanecen extrañamente silenciados.

— ¿Cuántos negocios grandes frustró usted como Presidente?

— Mira, eso es muy difícil precisarlo...