Con este nombre el periodista español Ernesto Ekaiser, tituló la Crónica secreta de Mario Conde, el famoso banquero que en apenas "seis años y doce días" echó por la borda y a la quiebra a Banesto el 28 de diciembre de 1993. Se trataba del cuarto banco privado de España y su saneamiento sólo era posible si se invertían 650 mil millones de pesetas.

Con apenas 20 días de diferencia, luego que el banco norteamericano J. P. Morgan detectó irregularidades en los estados financieros de Banesto desde el 31 de diciembre de 1992; aquí en Venezuela comenzó a reproducirse -con sus particularidades locales- la misma situación.

El domingo 16 de enero de 1994 el gobierno interino de Ramón J. Velásquez decidió la intervención del Banco Latino, dejando a la deriva a más de 6 millones de clientes y, en entredicho, la reputación como buen administrador del ex presidente de la institución y también del Banco Central, Pedro Tinoco; y de sus pupilos: Gustavo Gómez López, Giácomo León, Ignacio Andrade y otros tecnócratas de nuevo cuño a los que les encantaba establecer relaciones con el poder político y no conocían límites en cuanto a la ambición económica.

Las investigaciones accionaron causas judiciales en contra de Claudia Febres Cordero, Gustavo Gómez López, María Angélica Pulgar Corao, Arturo Celestino Malavé Álvarez, Rosemay Rojo Peña, María Teresa Pulgar Corao, Adolfo Malavé Álvarez, Giácomo León Roseles, Fernando Antonio Lauría, Mery Rosen Spilbergman, Diloa Martínez de Morillo, Agustín Aliber Hermosa, Daniel León Yallonardo, Pedro Miguel Gilly, Folco Falchi, Mery Roffe de Silverman, Niloha Martínez de Morillo, Eloy Alfredo Montenegro, Carmen Teresa Ferrarotti, Jany Beatriz Killworth de Paoletti, Ricardo José Cisneros Rendiles, Gustavo Enrique Planchart Pocaterra, Oscar de Los Santos Briceño González, Elio Silva Orellana, Francisco Cabrera Reina, Jorge Emilio Gómez Hernández, Jesús Nava Castro, Guilermo Bello Vicentini, Tomás Niembro Concha, María Delgado Martínez, José Vicente Melo López.

Adicionalmente, Virginia Drelts Peláez, Adolfo Malavé, Martín Jacinto Gutiérrez Ramírez, Rafael Enrique Abre Anselmi, Pedro Almoguera, Guillermo Vegas Pacanins, Francisco Javier Cárdenas Egui, Carlos Luis Fernando Cuesta, Miriam Delgado de Martínez, José Luis Blanco, Manuel Ignacio Arcaya Arcaya, Edwin Acosta Rubio. En su mayoría exonerados el 12 de julio de 2001 por una sentencia emitida por la Sala Accidental Primera de Reenvío de la Corte de Apelaciones de Caracas, a cargo de los magistrados Carmen Mireya Tellechea, Irma Avila Maestracci y María Eugenia Oporto. El fallo fue apelado por el fiscal Isaías Rodríguez.

Un informe de la Superintendencia de Bancos, confeccionado en diciembre de 1993, decía que el Banco Latino mantenía un déficit de 58.000 millones de bolívares y proponía un plan de recuperación, mediante la venta de activos no bancarios, la racionalización de gastos y diversas exigencias patrimoniales. Luego el déficit se amplió a más de 200 mil millones de bolívares. El Latino había salido de la Cámara de Compensación por espacio de casi una semana. Y los banqueros de la llamada "Red Conexus", enfrentada a los de la "Red Suiche 7B", no pudieron recolectar los 40.000 millones de bolívares que, junto con varios aumentos de capital por parte de los accionistas y unos bonos que pondría en garantía el Centro Simón Bolívar por otros 8.400 millones de bolívares; podrían paliar la situación de insolvencia.

Tras el Latino, cayeron uno a uno los bancos: Construcción, Metropolitano y Confinanzas, Bancor, Barinas, Principal, La Guaira, Amazonas, Maracaibo, Andino, Venezuela, Consolidado, Progreso, República y la sociedad financiera Fiveca junto con todas las empresa relacionadas, en varias oleadas sucesivas. Otros como el Unión, por ejemplo, mantenían sus barbas en remojo. Las relaciones entre unos y otros eran tan imbricadas, que lo que se tuvo por delante fue una auténtica crisis financiera y bancaria sin precedentes en el país. Probablemente se trate del caso mas grave de irregularidades conocido, después de Recadi.

"La crisis bancaria venezolana tiene diversos y variados orígenes. Todos están siendo y serán analizados con profundidad. Sus consecuencias sobre la sociedad venezolana son tremendas. Se trata de una crisis de solvencia, originada, entre muchas razones, por mala gestión, por fraude, por el problema fiscal, por los desajustes en el entorno macroeconómico, por la falta de supervisión bancaria y por un cuestionable manejo de la misma por parte de las autoridades", la describiría sobre la marcha el presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza, en una conferencia dictada ante el II Congreso Nacional de Estudiantes de Economía de la Ucab en octubre de 1994 (Crisis bancaria, visión de un banquero privado).

En la tesis de grado que le mereció la distinción mérito para su publicación: La estatización del Banco de Venezuela; desnaturalización del negocio bancario; el colega Gustavo Pernalete expuso con claridad las siguientes causas globales de la crisis financiera de 1994, la cual se venía gestando desde la década de los años 80:

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se le dio piso jurídico, gracias al artículo 34, a los acuerdos reparatorios entre la República y los llamados banqueros prófugos, puesto que las causas judiciales podrían no solamente detenerse sino desaparecer, en virtud de la nueva modalidad de llegar a convenios de muto acuerdo. Así, los abogados de más de 400 ejecutivos bancarios involucrados en la crisis del 1994, de los cuales se calcula que al menos 200 abandonaron el país (entre ellos el yerno de Rafael Caldera, Fernando Araujo) encontraban una rendija por donde dirimir su situación legal y administrativa.

Esta posibilidad dividió las opiniones. Por ejemplo, el otrora procurador Juan Nepomuceno Garrido, declaró que "mucho mejor es la posibilidad de llegar a un arreglo que suscitar un pleito" (El Universal, 10/03/1998). En cambio, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, aclaraba que "hasta el momento sólo entrará en vigencia la norma que prevé la realización de acuerdos. Hay que tener en cuenta que un acuerdo implica una manifestación de voluntad de las partes y ello requiere de un lapso de tiempo mucho más largo" (El Universal, 06/03/1998).

El fiscal Iván Darío Badell era contrario a los acuerdos reparatorios pues "Venezuela no soporta más impunidad, sobre todo en delitos de cuello blanco. En relación con los banqueros, es materialmente imposible determinar el monto de los daños causados. Se puede cuantificar cuánto le costo a la República la quiebra bancaria, pero ¿quién puede valorar en dinero la contribución de cada banquero prófugo a la pérdida de confianza en el sistema financiero y en el país en general?" (El Universal, 09/03/1998). Igual pensaban los ahorristas perjudicados por sus inversiones en la llamada banca off shore de Curazao y Aruba, quienes manifestaron que "las nuevas disposiciones los dejaban desamparados" (El Universal, 06/03/1998).

A todas estas, con el gobierno entrante de Chávez, se designó Procurador a Javier Elechiguerra, quien declaraba que tenía toda la disposición de tomar las medidas jurídicas que condujeran a la recuperación de los auxilios financieros entregados por Fogade a los diferentes bancos. "De ahora en adelante, se buscará que el Estado pierda el menor número de casos, partiendo de la base de que somos un bufete cobrando un dinero que le pertenece a todos los venezolanos".

En marzo de 1999 el contralor del momento Eduardo Roche Lander, recordaba que del billón 600 mil millones de bolívares entregados a Fogade para los auxilios a los bancos, para el mes en cuestión solamente se había recuperado 49% en venta de activos y otros enseres y papeles de la banca intervenida. Menos de la mitad. Pero según la Dirección de Servicios Jurídicos de la Contraloría, la Fiscalía General de la República tenía todos los recaudos necesarios para intervenir desde el 16 de septiembre de 1997, en cuanto a ejercer acciones penales en el caso de los auxilios financieros entregados a los banqueros. "Sin embargo, esperó hasta el 26 de febrero de 1999 para solicitar una averiguación ante los tribunales penales ordinarios, por la presunta entrega irregular de anticipos a Fogade, por parte de un grupo de directores y ex directores del Banco Central de Venezuela" (El Universal, 24/03/1999).

Estas causas también llegaron tarde al Tribunal Superior de Salvaguarda, hecho que ocurrió el 24 de febrero de 1998, poniendo en riesgo de prescripción cualquier acción posterior porque solamente quedaban para el momento unos tres meses y varios días con respecto a los cinco años transcurridos desde junio de 1994. Por si fuera poco, en la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema reposaban desde el año 1996 al menos cuatro causas, entre amparos, acusaciones y recursos de nulidad, relacionadas con la entrega y uso de auxilios financieros, esperando por su respectiva decisión.

El presidente del Tribunal de Salvaguarda, Pedro Osman Maldonado, se encargó de aclarar que apenas hacía tres semanas le habían remitido el caso de los auxilios financieros. En paralelo, las autoridades del Banco Central de Venezuela, señalaban que para el instituto emisor lo de los auxilios financieros ya era cosa juzgada, con una sentencia emitida por la Corte de fecha 1 de julio de 1998, "donde se determinó que el Banco Central había procedido de conformidad con la ley al otorgar los anticipos, no apareciendo ninguna irregularidad que pueda ser calificada como delito" (El Universal, 24/03/1999).

— Estimo que el contralor Eduardo Roche Lander tiene suficientes elementos de juicio para sustentar el criterio de que parte del directorio del Banco Central de Venezuela debe ser responsabilizado por el fraude cometido por los banqueros prófugos que durante el año 1994 se hicieron de fondos públicos por la vía de los anticipos otorgados por el BCV a Fogade para que este organismo, a su vez, auxiliara a bancos insolventes -explicaba el diputado Gonzalo Pérez Hernández, miembro de la comisión parlamentaria que investigó el caso-. Se estima que los banqueros prófugos se beneficiaron indebidamente en una cantidad que está por el orden de los 7 mil millones de dólares (El Universal, 24/03/1999).

Según una auditoría realizada por la firma Espiñeira, Sheldon y Asociados, el costo de las demandas y procesos judiciales en curso entre los apoderados de los banqueros prófugos y las diversas instancias judiciales, para marzo de 1999, era superior a los 133 mil millones de bolívares. Y por otro lado, el sistema judicial expresado en el Tribunal Superior de Salvaguarda, por un extremo se daba el lujo de sancionar al ex presidente del Banco Construcción, José Gustavo Di Mase Urbaneja, con tres años y cuatro meses de prisión por el delito de distracción de fondos públicos en grado de continuidad y coautoría y a reparar los daños y perjuicios ocasionados, y por el otro exoneraba al ex presidente del Banco Barinas, Juan Domingo Cordero, de idéntica acusación, por ejemplo.

En mayo una nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia obligaba a los directivos de los bancos: Maracaibo, Metropolitano, Construcción, La Guaira, Bancor, Barinas, Fiveca y Amazonas, a cancelar intereses sobre los auxilios recibidos en calidad de préstamos por este grupo de instituciones. La cifra adeudada era casi 1 billón de bolívares: 974 mil millones de bolívares, a tasas de interés que variaban entre 45 y 85%. Solamente este grupo de ocho bancos habían entregado garantías a la República por el orden de los 16.577 millones de bolívares, de los que apenas se habían podido recuperar un poco más de 11 mil millones de bolívares (El Universal, 06/05/1999).

Entre enero y septiembre de 1999, es decir, entre el último mes de gobierno de Caldera y los primeros ocho de Chávez, se sucedieron el retorno al país del líder del Banco Progreso, Orlando Castro, y posteriormente de su hijo, Orlando Castro Castro; de la esposa de Gustavo Gómez López, presidente del Banco Latino, Claudia Febres Cordero; y la exoneración de culpas de los directivos de los Bancos Venezuela, Consolidado y Bancor por parte de los tribunales. Especialmente estos últimos tres casos, encendieron fuertes críticas en la opinión pública.

"La corrupción no prescribe" sentenció el presidente Hugo Chávez al ser consultado sobre la exoneración masiva de banqueros, un total de 24, producto de tres decisiones emitidas por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas, presidida por el juez Arnoldo Echegaray.

— Aquí no habrá justicia y decisiones verdaderas para poner el punto sobre las íes en el caso de los banqueros– exclamó el presidente algunas semanas después de la instalación de la Asamblea Constituyente-, hasta que no tengamos una alta corte de justicia, cuyos miembros de verdad no sean nombrados por los partidos, sino por sus condiciones morales, éticas, intelectuales, académicas; de una manera más libre y cristalina. En Venezuela, y lo digo con la más absoluta convicción, no tenemos Poder Judicial. La Asamblea Constituyente lo va a rehacer y sólo así podremos luchar eficientemente contra la corrupción (El Universal 06/09/1999).

Los casos del Venezuela, Consolidado y Bancor también provocaron que el contralor Roche Lander instara al fiscal Rafael Pérez Perdomo y al procurador Javier Elechiguerra a ejercer las acciones judiciales sobre los famosos auxilios. "Insisto en que a ellos corresponde clarificar y efectuar las acciones pertinentes de la situación de carácter penal, puesto que no se puede quedar impune una situación que derivó en un proceso de inflación y pérdida del poder adquisitivo de la moneda" (El Universal, 07/09/1999).

El inspector general de tribunales, Alirio Abreu Burelli, designó dos funcionarios para analizar la actuación de la Corte de Apelaciones. Lo propio hizo el fiscal Rafael Pérez Perdomo.

— La decisión se produjo en cumplimiento de nuestro deber de jueces de revisión. No tenemos responsabilidad en los disparates jurídicos que se cometieron en la elaboración de la Ley de Bancos –se excusó el juez Echegaray, quien aprovechó la oportunidad para responder al constituyente William Ojeda, autor del libro Cuánto vale un juez-... Mi nombramiento fue avalado por una sentencia de la Corte Suprema definitivamente firme. Es normal que alguien descontento por una sentencia acuda al juicio disciplinario, a veces por ignorancia. Lo importante es la declaratoria de inadmisibilidad (El Universal, 07/09/199).

En el ojo del huracán se encontraba también la juez Carmen Elena Pennacchiio, quien había defendido la sentencia en particular del Banco de Venezuela, aduciendo que "no podemos tomar decisiones sólo para complacer el Ejecutivo o a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Si bien existe una Comisión de Emergencia Judicial, no se puede tomar esto como una amenaza para coartar las decisiones que uno tiene que tomar. La sentencia se basa en la revisión de hechos y su fundamentación en el derecho, de donde se concluyó que no había ilícitos" (El Universal, 07/09/1999).

— A través de la Comisión de Emergencia Judicial –declaró el constituyente Carlos Tablante- debemos citar a los jueces que integran las salas de apelación, solicitarles una explicación y revisar con ellos las sentencias. Aunque no tengo pruebas, porque los delincuentes que actúan organizadamente nunca dejan huellas, aquí hubo dinero de por medio, grandes cantidades. Se habla incluso de que la doctora Carmen Elena Pennacchiio, a través de su ex esposo, recibió algo así como 1 millón de dólares. Eso me lo dijeron otros jueces. Si en la comunidad jurídica hay la convicción moral de que esta gente recibió mucha plata, lo lógico es que tomemos las medidas (El Universal, 07/09/1999).

CNN en Español formalizó el anuncio de la suspensión de los jueces Echegaray y Pennacchiio. "Fueron suspendidos pero no arrestados" declaró el constituyente Elías López Portillo (08/09/1999).

Ante tal situación el banquero ya citado, Oscar García Mendoza, exclamó: "no conozco los detalles, pero eso no huele bien. Creo que no hay justificación alguna para liberar a unos individuos que son responsables ante la opinión pública del mundo por una crisis que empobreció al país en 10 mil millones de dólares" (El Universal, 26/09/1999).

Veamos la evolución en el tiempo de algunos de los casos considerados emblemáticos durante la crisis bancaria de 1994, reflejados en la muestra de medios tomada para nuestra investigación:

Dada la concentración de absoluciones entre enero y septiembre, los jueces, a propósito de una decisión favorable al banquero y ex ministro Rafael Martín Guédez, temían tomar otras decisiones. "En el estricto sentido de la justicia, deberían absolver a todas las personas que estuvieron cuestionadas en el caso del Banco Amazonas, ya que se demostró que nunca hubo balances inexactos, ni aprovechamiento de fondos públicos", sostenía la abogada Sonia Oliveros Mora (El Universal, 21/09/1999).

En el caso particular del Banco de Venezuela, además de las irregularidades generales documentadas en la tesis de grado de Gustavo Pernalete, quien trabajaba en Banvenez para el momento de su intervención, hay que agregar estas otras anormalidades, ya más específicas:

El cuadro anterior de irregularidades provocó que el presidente del Banco de Venezuela y a la vez del Consejo Bancario Nacional, José Bouza Izquierdo, fuera a dar a Madrid, desempolvando una muy poco usada nacionalidad española. Bueno es recordar que José Álvarez Stelling, líder del Consolidado, tras una alianza con Orlando Castro, del Grupo Progreso, le había quitado el control de la institución, en una operación tipo take over, al grupo de Carlos Bernárdez, luego de varios años de disputa accionaria.

El 20 de mayo de 1998 la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España resolvió mantener la situación de presidio, en la conocida cárcel madrileña de Carabanchel, a José Bouza Izquierdo, "debido a que tenía pendiente una petición de extradición formulada por la justicia venezolana para juzgarle por delitos financieros" (El Universal, 20/05/1998). Al momento en que el ex presidente del Banco de Venezuela se presentó para conocer del estado de su extradición, el 18 de marzo anterior, fue detenido sorpresivamente, aunque luego también fue recluido en otra cárcel, la conocida como Soto del Real.

Quince días más tarde, la misma audiencia confirmó que la extradición de Bouza hacia Venezuela era procedente, quedando así ratificada la primera sentencia del Tribunal III de la misma instancia, que el 2 de febrero anterior había ya dictaminado la medida. Los abogados de Bouza Izquierdo habían apelado. Sólo que aún podía recurrir ante el Tribunal Supremo de España, como instancia de alzada para conocer la apelación. Para ese momento, 1º de julio de 1999, el ex presidente de Banvenez tenía dictados tres autos de detención por seis delitos diferentes tipificados en la Ley de Bancos, Salvaguarda del Patrimonio Público y de Fideicomiso. La solicitud de extradición fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 1997.

El 4 de septiembre de 1999, por decisión de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones Caracas, José Bouza Izquierdo también fue exonerado de delitos, en ponencia de la juez Carmen Elena Pennacchiio. Aunque solamente le quedaba pendiente uno por intermediación financiera ilícita con condena de dos a seis años de prisión. Pero como los autos venían desde 1994, el imputado, solamente con presentarse, podía solicitar los beneficios de ley y quedar inmediatamente en libertad. Es más, debido al tiempo transcurrido, sus apoderados podían pedir la prescripción de la causa, sin problemas.

Para ese entonces, ya Bouza había obtenido la revocatoria de su extradición en España, además de la nacionalidad originaria. Y, por si fuera poco, con el tiempo se había convertido en un próspero vendedor de sotfwares y contaba con varios puntos de alquiler de computadores, tanto en Madrid como en Barcelona, según nos lo testimoniaron varios periodistas que pudieron conversar con él en España en diversos momentos.

Junto con Bouza, fueron exonerados otros funcionarios de Banvenez: José Álvarez Stelling, Carlos Ernesto Stelling, Jesús Ramón Quintero –abogado de Álvarez Stelling- Tomás Castillo, Pablo Héctor Mantellini Oviedo, Ignacio Galdós, Víctor Planchart, Gustavo Díaz y Eralys González. El único imputado al que se le confirmó auto de detención fue al vicepresidente de Finanzas, Oswaldo Villalobos, con carrera bancaria desde 1972 y el primer prófugo de Banvenez.

Pero el 5 de octubre de 1999 se conoció que el Banco Industrial de Venezuela tenía que devolver en calidad de reembolso unos 11 millones de bolívares a dos de los exonerados del caso del Banco de Venezuela: Jesús Ramón Quintero y Pablo Héctor Mantellini Oviedo (luego secretario del Consejo Bancario Nacional). El dinero respondía a fianzas previamente canceladas por los imputados durante el proceso de juicio (El Universal, 05/10/1999).

En los primeros días de junio de 1994, exactamente dos meses antes de la estatización de Banvenez ocurrida el 9 de agosto, José Bouza Izquierdo se atrevió a dar consejo al resto de la banca nacional, al intervenir en el foro Cómo tener confianza en Venezuela, organizado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad Metropolitana en el Centro Cultural Consolidado. Ese día expresó:

— En estos días leí un grupo de recomendaciones a los banqueros que en diciembre de 1863, hace más de 130 años, Hugh McCulloch, por entonces interventor de la moneda, más tarde Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, había dirigido en carta a todos los bancos nacionales. Permítanme transcribirles textualmente algunos de sus párrafos: ‘no conceda créditos que no estén asegurados más allá de toda contingencia razonable; pague a sus empleados salarios que les permitan vivir con holgura y respetabilidad sin tener que robar; persiga un negocio bancario directo, honesto y legítimo’... Lo que acabo de leerles, no puede hoy tener más vigencia que nunca y fue escrito, como dije, hace más de 130 años. Es una vieja lección de actualidad –dijo Bouza a la audiencia (Los verdaderos banqueros, Revista BancoVen No 199, julio de 1994).

Ya más sobre la fecha de la estatización, el viernes 21 de junio de 1994, con fin de semana largo por delante, rumores por doquier y con los clientes castigando las taquillas y los cajeros de las 180 agencias de Banvenez en todo el país; Bouza Izquierdo convocó a un comité de gerentes en la Sala de Juntas de la institución. Eran como las 9 de la mañana de ese día:

— Quiero informarles que la campaña malsana de rumores contra el Banco de Venezuela va a llegar a su fin con la publicación, a fin de mes, de nuestro balance al 30 de junio, el cual le dirá a todos los venezolanos, clientes o no del banco, que la institución alcanza la más alta utilidad semestral en toda su historia: más de 6 mil millones de bolívares. Aunque todavía son cifras preliminares, estaremos en alrededor de los 6.100 millones de bolívares (exactamente fueron 6.179 millones de bolívares), lo cual representará una rentabilidad superior al 100 por ciento sobre nuestro capital.

La otra noticia del día era que el vicepresidente de Finanzas, Oswaldo Villalobos, quien no estaba en la reunión, había salido intempestivamente del banco y del país, según señalaron otros ejecutivos en los días sucesivos.

El primero de agosto, apenas 8 días antes de la intervención del banco y de las empresas filiales y relacionadas, un José Bouza Izquierdo más delgado, con una tez entre amarilla y verdosa, pero siempre con su sonrisa ensayada a flor de piel, se presentó en una celebración organizada por la Fundación Banco de Venezuela a las legiones de jubilados y veteranos de la centenaria organización. Tras recibir un reloj de mesa con música para ampliar su colección, el todavía presidente de Banvenez se expresó en los siguientes términos:

— Muchas gracias por este obsequio. Ahora quiero pedirles que recen mucho por mí y que recen más todavía por el Banco de Venezuela. Muchas gracias...

Esa noche claramente se comprendía que el fin de la alianza estratégica y de la sinergia protagonizada por el eje Bouza-Castro-Álvarez Stelling en el Banco de Venezuela, tenía las horas contadas. El día anterior, una famosa línea muerta que se materializaba en un aparato negro y que permitía realizar o recibir llamadas de José Álvarez Stelling desde la presidencia del Banco Consolidado, fue abruptamente arrancada de raíz por José Bouza Izquierdo de una pared de la presidencia de Banvenez, cuando éste –suponemos- también entendió que su prestigio como dirigente de la banca, la carrera iniciada 21 años atrás, el cuidado obsesivo de su apariencia, todo, estaba perdido.

La realidad era que el Banco de Venezuela arrojaba pérdidas iniciales por 63 mil 202 millones de bolívares y requería una inyección urgente por otros 5 mil millones de bolívares para un total de 68.202 millones de bolívares y poder reponer el capital social y el patrimonio a la centenaria institución. El famoso balance al 30 de junio de 1994 salió ciertamente publicado, pero luego se convirtió en una de las múltiples acusaciones contra los directivos, por su inexactitud.