La asignación de dólares por parte de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, constituyó el más grande caso –a nuestro juicio- de corrupción durante la IV República.

Una vez que iniciamos las investigaciones sobre este asunto en 1989, nos propusimos demostrar que "el régimen de Cambios Diferenciales implantado en desde 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi –especialmente a lo largo de esta última administración- fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y responsabilidades y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales y de las mayorías populares".

El 1o de diciembre de 1999 la juez del Tribunal Transitorio 1ro, Dora Bracho, anunció un sobreseimiento del caso, entonces llamado Recadi II, en virtud del fallecimiento repentino del ex ministro de Hacienda del gobierno de Lusinchi, Héctor Hurtado Navarro.

Hurtado había presidido varias de las Comisiones de Importaciones denunciadas por el entonces diputado Carlos Tablante. Nosotros, por nuestra parte, habíamos hecho el señalamiento primigenio de los desfases y sobregiros sufridos por varios presupuestos nacionales de divisas durante algunos años en la asignación de los dólares preferenciales.

"Fuentes dignas de todo crédito dieron a conocer" –se leía en El Universal- "que esta decisión debió ser emitida por el ya extinto Tribunal de Salvaguarda, instancia que recibió tres solicitudes de sobreseimiento por parte de dos fiscales del Ministerio Público, los cuales notificaron que Hurtado murió el 20 de octubre de 1993 (a la edad de 75 años) e instaban a pronunciarse en consecuencia" (02/12/1999).

Agregaba el comentario que "la investigación había quedado abierta en el caso de Eglée Iturbe de Blanco, ex directora general del Ministerio de Hacienda (además fue primer ministro de Hacienda del segundo gobierno de CAP), pero dado que ya transcurrió el lapso de prescripción la Fiscalía tendrá que declarar sobreseído el caso". Salvaguarda estaba intervenido por la Inspectoría de Tribunales, al calor de la reforma del poder judicial ordenada por la Asamblea Constituyente.

Carlos Tablante había interpuesto el 26 de junio de 1989 una denuncia referida al otorgamiento irregular de 60 millones de dólares que hizo la Comisión de Importaciones, presidida por Hurtado, a los hermanos asiáticos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shum.

La cuantificación y explicación financiera más completa que nos hemos encontrado en torno al escándalo Recadi -aparte del problema estrictamente moral-, la hallamos en el texto El desafío latinoamericano, del investigador del IESA, José Luis Cordeiro, cuando ampliaba un estudio elaborado por la revista Visión y otro contenido en el tercer tomo del Diccionario de la Corrupción en Venezuela.

"La inflación no es sólo terrible por empobrecer a la gente sino además, cuando va acompañada de controles, es un enorme cultivo para la corrupción. En el llamado ‘viernes negro’ del 18 de febrero de 1983 el bolívar es devaluado en cerca del 100% y se crea el fraudulento Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). Bajo Recadi surge un complicado sistema cambiario de cuatro niveles y la moneda cae de Bs. 4,30 a 12,75 por dólar tan sólo en 1983".

Agrega Cordeiro que "finalmente, al terminar Recadi en 1989, el bolívar llega a 39,60 por dólar y según la prestigiosa revista Visión, se malversaron alrededor de US$ 60 MMM (60 mil millones de dólares), o sea casi el doble del monto de la deuda externa en ese momento. Recadi es considerado el caso más espectacular de corrupción en toda Latinoamérica, quizás en el mundo entero".

Continúa explicando que en el tercer volumen del Diccionario de la corrupción en Venezuela... ‘el caso Recadi constituye la expresión culminante del proceso de degradación moral de la Venezuela contemporánea... Tiene dos vertientes muy bien definidas: la de los comerciantes e industriales particulares que obtuvieron los mayores beneficios de la gigantesca estafa a la Nación y la de los funcionarios públicos, de mayor o menor jerarquía, que fueron sus cómplices directa e indirectamente, por acción u omisión... Cabe resaltar la complicidad del Banco Central de Venezuela que hizo posible la realización de la gigantesca estafa’".

José Luis Cordeiro aporta que "el monto de la estafa es realmente increíble. Durante su existencia Recadi contó con un presupuesto de US$ 28,3 MMM (28 mil 300 millones de dólares), pero otorgó permisos para divisas que correspondieron a US$ 45,3 MMM (45 mil 300 millones de dólares). En pocas palabras, Recadi malversó directamente US$ 15,2 MMM (15 mil 200 millones de dólares) aunque el monto indirecto es por lo menos de cuatro veces esa cifra. Debido a que los dólares eran otorgados a las menores tasas de cambios (divisas preferenciales) pero luego terminaban siendo revendidos generalmente a la tasa de cambio libre, el monto malversado pudo incluir dólares comprados desde Bs. 4,30 a Bs. 39,60".

Señala que "después de una malversación de US$ 60 MMM (60 mil millones de dólares) sólo hubo un inculpado. El ciudadano de origen chino, nacionalizado venezolano, Ho Fuk Wing, fue el único preso. Debido a sus delitos relativamente ‘menores’ (60 millones de dólares), por los que recibió el nombre del "Chino" expiatorio, fue apresado el 1 de junio de 1989. Ho Fuk Wing permaneció detenido alrededor de tres años sin haber recibido ni una primera sentencia. Finalmente fue sentenciado y permaneció preso cuatro meses más. El 23 de octubre de 1992 salió libre el ‘Chino’ expiatorio e inmediatamente declaró a la prensa: ‘fui un preso político: 26.000 empresas se beneficiaron con dólares preferenciales de Recadi, alrededor de 200.000 empresarios involucrados, y fui el único preso".

El punto álgido de la ponencia que emitió la Corte Suprema de Justicia el 19 de febrero de 1990, cuyo presidente era Otto Marín Gómez, en escrutinio de Jesús Moreno Guacarán –ambos ligados a AD- determinó que "la Comisión de Importaciones, creada por decreto 1.546 del 6 de mayo de 1987, autorizó conformidades de importación para obtener divisas al tipo de cambio preferencial, por encima de lo estipulado en los respectivos Presupuestos de Divisas (experticia contable cursante en los folios 228 y 234 de la décima séptima pieza del expediente) y al actuar de esa manera no pudo incurrir en la comisión del delito de malversación específica pues, se repite, dicho presupuesto era una guía para orientar la atención que merecen los distintos mercados cambiarios, un instrumento de valor estratégico y de planificación, de carácter estimativo e indicativo, cuya ejecución no puede ser exigida dentro de los parámetros preestablecidos, porque desnaturalizaría el propósito y razón de su aprobación y existencia" . Se reconocía pero a la vez se despreciaba el delito.

Durante la vigencia del Decreto 1.546, los cargos correspondientes a esta Comisión de Importaciones estuvieron desempeñados por los siguientes funcionarios:

Desde aquel entonces hasta ahora el caso Recadi siguió dando de qué hablar. El 11 de junio de 1999, el entonces presidente de la subcomisión del Sector Financiero de la Comisión de Contraloría de Diputados, Gonzalo Pérez Hernández, anunció que en la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda todavía se procesaban 11.000 casos de presuntas irregularidades que "ocurrieron durante el Régimen de Cambio Diferencial (Recadi), aplicado en Venezuela durante el período 1983-1989" (El Nacional, 11/06/1999).

Tres informaciones más marcaron el recuerdo de este caso de corrupción, durante todos estos años. Habían destituido al intendente de Aduanas, Fernando Viloria, un ex golpista del 4F. El funcionario se opuso a la instalación de sistemas de verificación de mercancías, similares a los vigentes en las aduanas durante Recadi.

— Estos sistemas –dijo Viloria- fueron los mismos que permitieron que ocurriera Recadi. No es recomendable la contratación de empresas verificadoras. Estas verificadoras sólo las usan los países subdesarrollados. Si se contratan constituirán un atraso, será pura vagabundería que incrementará la corrupción (El Universal, 14/04/2000).

La otra información dio cuenta de que "en el Ministerio de Finanzas y el Seniat se lleva adelante el proceso de licitación y contratación de empresas verificadoras (empresas de inspección previa al embarque en las importaciones que se hacen para determinados productos) con firmas que estuvieron involucradas en el caso del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi), vigente entre los años 1983 y 1989" (Tal Cual, 29/05/2000). Obviamente se referían a las compañías Bureau Veritas, Caleb Brett, Société Genérale Surveillance y la Chinesse National Import and Export Commodities Inspection Corporation.

"Con la participación de las empresas verificadoras se legalizó la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado venezolano" titulamos en una de las entregas de la Agenda Secreta de Recadi. El punto era que estas empresas habían cobrado el 1% de impuesto sobre los 30.000 millones de dólares en importaciones privadas, unos 300 millones de dólares, "pudiéndose evitar así esta nueva forma de salida de poderosas sumas por concepto de verificaciones que, a la larga, se convirtieron en avales de operaciones ilícitas" expresaba un informe del Congreso publicado en La gran estafa.

Más recientemente, en la edición del semanario Quinto Día que circuló la semana del 12 al 19 de enero de 2001, se informó que el gobierno chavista estaba ganado a la idea de "reactivar investigaciones sobre dólares preferenciales durante la era Recadi". Las autoridades del Seniat habían oficiado a toda la banca privada comercial, solicitando ubicar las empresas receptoras de dólares preferenciales.

— Estamos tratando de ubicar la forma como fueron otorgados esos dólares, a quiénes y si fueron bien utilizados. De lo que se trata es que si, por ejemplo, una ensambladora es uno de los renglones investigados y obtuvo dólares, identificar cómo fue el proceso. Sobre toda la información haremos una base de datos que servirá mucho para el futuro.