Tal como lo había resuelto la Asamblea Constituyente, el parlamento mayoritariamente chavista electo el 30 de julio de 2000, tenía la obligación de culminar la transitoriedad en los órganos del Poder Ciudadano. Y, en consecuencia, se planteó la necesidad de convocar a unas mesas de diálogo para examinar las credenciales de quienes desearan postularse a los cargos de Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo. Se aprovecharía la oportunidad, además, para renovar un tercio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, junto a los miembros del Poder Electoral.

Luis Miquilena, ex presidente del foro Constituyente y del Congresillo, prometía que la selección se haría con la "activa participación de la sociedad civil" (El Universal, 03 de mayo de 2000). El mismo conglomerado cuya existencia había puesto en duda meses atrás. Quizás, el mensaje importante era tratar de borrar de la mente de los venezolanos la forma como habían llegado a sus cargos Javier Elechiguerra, Dilia Parra y Clodosbaldo Russián, en aquellos actos constituyentes de fines de diciembre de 1999.

Ya para septiembre existía en el seno de la Asamblea Nacional el ambiente necesario para aprobar un proyecto de Ley de Postulaciones. En efecto, la organización Primero Justicia había picado adelante y a comienzos del mes presentó un proyecto denominado Ley Orgánica de Regulación del Comité de Postulaciones Judiciales, del Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y del Comité de Postulaciones Electorales. El Movimiento al Socialismo hizo lo propio con el proyecto de Ley para la Designación y/o Ratificación de los Altos Funcionarios del Poder Ciudadano, Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.

La diferencia entre uno y otro, básicamente, estribaba en que en el de Primero Justicia las postulaciones, evaluaciones, preselecciones y presentación de ternas de candidatos descansaba plenamente en comités con la participación amplia de la sociedad civil, evitando la interferencia de los partidos políticos. Mientras que en el del MAS, se planteaba claramente la escogencia de 15 miembros de la propia Asamblea Nacional de mayoría oficialista "para evaluar a los funcionarios y funcionarias a que se refiere esta ley". Solamente se planteaba la creación de dos mesas de diálogo, una para el Poder Ciudadano y otra para el Tribunal Supremo, a los fines de recabar las postulaciones.

Otra opción que se manejó fue la expuesta por el contralor Clodosbaldo Russián, aspirante a la reelección, cuando afirmó que el artículo 279 de la Constitución Bolivariana permitía la escogencia de los funcionarios sin siquiera convocar a comités de postulaciones (El Universal, 12/09/2000). Ello en el caso de que no se convocaran a los Comités de Postulaciones por parte del Poder Ciudadano.

Pero finalmente fue aprobada una Ley de Postulaciones denominada Ley Especial para la Designación de Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y del Tribunal Supremo de Justicia, con la aplanadora de votos del MVR y el MAS. El instrumento permitió, por una parte la integración de un comité de 15 diputados del parlamento, más otro comité de 6 miembros de la sociedad civil electos del seno de la comisión de 15 integrantes de la Asamblea Nacional.

La aprobación de esta ley levantó urticaria en la oposición y en las organizaciones de la sociedad civil, porque redujo al mínimo la participación de la misma. Pero además el MAS discrepaba de la participación de "seis civiles" en el comité parlamentario. La voz cantante la llevó el diputado Carlos Tablante, quien argumentó que "de esta manera no tiene sentido crear las mesas de diálogo, es preferible una comisión de al menos 15 ciudadanos, una comisión grandota. Lo más natural para sociedad civil es estar en las mesas de diálogo, sin diputados, haciendo su trabajo ellos solos" (El Universal, 24/10/2000). Una vez más surgía, pero de una manera distinta a como fueron electos los primeros miembros del Poder Ciudadano, la imposibilidad de participación popular en la selección.

El diputado de Primero Justicia, Julio Andrés Borges, pensaba –antes de que la ley pasara a segunda y definitiva discusión, que "hay que seguir trabajando en otros aspectos de la ley-, que si no son atendidos podrían hacer de ella un simple parapeto en el que pareciera que hay participación, pero al final no es así. Al parecer serán los diputados quienes elijan a los miembros de la sociedad civil y nosotros peleamos porque sean seleccionados de la misma sociedad civil" (Unión Radio, 02/11/200).

Finalmente fue aprobada la ley en segunda y última discusión. Y la impugnación de la misma no se hizo esperar, incluso antes de que el presidente Chávez le pusiera el ejecútese. Dos funcionarios aspirantes a la reelección: Javier Elechiguerra, fiscal de la República; y Dilia Parra, defensora del Pueblo; procedieron en contra del instrumento. Al igual que el abogado Alejandro Terán. Luego se sumaron la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Queremos Elegir. El Tribunal Supremo de Justicia desvirtuó varias impugnaciones pero admitió el recurso interpuesto por la defensora del Pueblo, Dilia Parra. Todos coincidían en que se constreñía la participación ciudadana, al descansar la selección de los seis ciudadanos en un comité de 15 diputados.

La máxima instancia tribunalicia había encontrado algunas contradicciones entre el articulado de la novel ley y la Constitución Nacional, en especial en cuanto a la participación ciudadana. Pero además había sorprendido a propios y extraños cuando emitió un fallo solicitando un trato preferencial para los propios magistrados que aspiraban a la reelección. Posteriormente fue avalada la vigencia de la ley y el proceso un poco paralizado continuó su curso.

El presidente Chávez finalmente promulgó la Ley de Designaciones el 14 de diciembre de 2000.

Dos hechos políticos adicionales marcaron también este proceso de selección de autoridades: 18 de los 20 magistrados integrantes de las diversas salas del Tribunal Supremo de Justicia manifestaron su intención de ser ratificados. Ellos eran: el presidente, Iván Rincón Urdaneta; José Delgado Ocando, Levis Ignacio Zerpa, José Peña Solís, Octavio Sisco, Antonio García, Rafael Pérez Perdomo, Alejandro Angulo Fontiveros, Franklin Arriechi, Carlos Oberto, Omar Mora, Juan Rafael Perdomo, Jesús Cabrera, Carlos Escarrá, Moisés Troconis, Héctor Peña, Antonio Ramírez y Alberto Martín. Sólo desistieron por jubilación, Jorge Rosell y José Tinoco.

En los corrillos políticos ya se ventilaban todo tipo de apuestas en torno a la conformación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Una situación que no tenía que envidiarle en nada a la escogencia de los magistrados entre Acción Democrática, Copei y el propio MAS, en los tiempos de la IV República. Pero mejor reproduzcamos un diálogo sostenido por un periodista de El Nacional con un magistrado no identificado del máximo tribunal, a este respecto (El Nacional, 09/11/2000).

— ¿Quién te dijo que la designación de nuevos magistrados era un asunto de méritos? –reveló la fuente.

— Así está establecido en la Constitución, específicamente en cuanto a los requisitos exigibles a quienes aspiren a ocupar tales cargos, -le respondió el periodista.

— Sí, está bien. Pero el asunto es fundamentalmente político, en Venezuela y en cualquier parte del mundo.

— Si la injerencia política, político partidista, sigue privando al momento de la escogencia de las autoridades judiciales, no se podrá erradicar lo que todos reconocen como un vicio -insistió el reportero.

— Es una cuestión de acuerdos sobre la base de la correlación de fuerzas en los distintos órganos del Estado, derivada de los más recientes resultados electorales.

— ¿Está sugiriendo que, lógica o irremediablemente, en el Tribunal Supremo de Justicia se reproducirá la hegemonía del oficialismo que impera, por ejemplo, en la Asamblea Nacional?

— Más o menos.

El periodista completaba su nota aclarando que "divulgar tanta sinceridad sólo es posible a través de una declaración fuera de grabación". El Movimiento V República aspiraba, según esta versión, a unos 11 magistrados en la Sala Plena del Tribunal y garantizar la mayoría en la Sala Constitucional, de donde venían saliendo un conjunto de decisiones favorables al llamado proceso revolucionario. Los miembros del Tribunal Supremo estarían en sus cargos por espacio de 12 años.

Las mesas de diálogo, ampliadas, se configuraron con unos 20 miembros de un total de casi 100 aspirantes a integrarlas. Igualmente se completó el comité de postulaciones, con los siguientes diputados: Willian Lara, Ernesto Alvarenga, Omar Mezza Ramírez, Cilia Flores, Tulio Jiménez, Alejandro Armas, Juan Mendoza y Calixto Ortega, todos del MVR; Leopoldo Puchi, Carlos Tablante y Luis Salas del MAS, para un total de 11 del oficialismo. El resto de la composición fue así: Henry Ramos Allup, Edgard Zambrano y Nelson López por Acción Democrática, y el segundo vicepresidente de la Asamblea, Gerardo Saer, por Proyecto Venezuela. Solamente cuatro de la oposición.

Primero Justicia, en la voz del diputado Gerardo Blyde, manifestó sentirse orgullosa de no pertenecer al "club de los 15" (Unión Radio, 22/11/2000).

— Lo que harán será usurpar las funciones que la Constitución le dio a la sociedad para que fuese ella la que se constituyera en comité para evaluar las postulaciones de quiénes van a ser nuestros futuros magistrados, Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo. Cualquier venezolano que tenga algún problema con el Estado jamás obtendrá una sentencia favorable, porque los magistrados y los jueces, que van a depender de estos magistrados, no se van a atrever a sentenciar en contra del gobierno.

En paralelo, también se habían escogido a los seis miembros de la sociedad civil, para incorporarse al comité de los 15: de un total de 48 aspirantes quedaron designados por la mayoría oficialista, Samuel Moncada, director de la Escuela de Historia de la UCV; William Pacheco, presidente de la Federación de Abogados de Venezuela; Ramón Espinoza, ex presidente de Pro Venezuela; Eleazar Díaz Rangel, ex director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV; Antonio Briceño Salas, dirigente de los trabajadores gráficos: y Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana.

Para mediados de diciembre, la mesa de diálogo del Poder Ciudadano había llegado a la siguiente selección de candidatos:

Políticamente la suerte del fiscal, Javier Elechiguerra, y de la defensora del Pueblo, Dilia Parra, estaba echada. Habían sido eliminados de las listas de preseleccionados. Probablemente se habían tornado incómodos para el oficialismo.

Aristóbulo Istúriz, dirigente del PPT, al ser consultado respecto de la exclusión de Elechiguerra expresó: "creo que ese es un cargo demasiado importante y que un gobierno que tiene la responsabilidad de conducir un proceso de cambios como éste no se puede dar el lujo, teniendo mayoría en la Asamblea y el respaldo del pueblo, de colocar a alguien que vaya a obstruir el proceso. Ahora, hay que tener cuidado, tampoco pueden ser genuflexos. No puede ser posible que el mérito de algunos sea sólo ser incondicionales. Por ejemplo, Ignacio Quintana no es un revolucionario; su único mérito es que es un incondicional y por eso está bendecido. Y Javier Elechiguerra, que acompaña este proyecto desde antes del 4 de febrero, es tenido como un enemigo sólo porque no es un incondicional. Esas son desviaciones que hay que corregir. La incondicionalidad puede convertirse, a la larga, en un valor de la revolución (El Nacional, 20/12/2000).

Una vez más el diputado Julio Andrés Borges manifestó su inconformidad con el proceso de selección de las autoridades del Poder Ciudadano y Judicial, cuando intervino en un evento denominado Reflexiones para una Venezuela por construir, cuando expresó: "los magistrados se están repartiendo por cuotas a los partidos" (Unión Radio, 09/12/2000). Además alertó sobre el "triple oficial": Isaías Rodríguez será el fiscal; Clodosbaldo Russián será ratificado como contralor, y Germán Mundaraín será el nuevo defensor del Pueblo.

En verdad el ambiente previo a la elección era de "fuertes a lochas" que el triple no tenía ninguna competencia en su elección. Una reseña de El Universal daba cuenta de lo que todo el mundo ya sabía por anticipado. "Todos los pesos pesado del partido (MVR) han iniciado las negociaciones de rigor para completar el número de votos necesarios (110) para aprobar la designación de Isaías Rodríguez en la Fiscalía y Germán Mundaraín en la Defensoría del Pueblo; y para ratificar contralor a Clodosbaldo Russián" (El Universal, 14/12/1999).

Luis Miquilena declaraba un par de días antes de la elección que "la gente trata de deformar los hechos. La verdad es que le han hecho mucho lobby a algunos, yo no sé quiénes son los que finalmente van a salir, ojalá sean los que se dice, porque ellos son gente suficientemente competente y me parece que se corresponde con la idea de que el país respire otros aires" (Unión Radio, 18/12/2000).

— Lo que sí tiene que quedar claro para la gente - agregó- es que el pueblo hace que se integren los cuerpos con gente que no sea enemiga de los procesos de cambio que el país está esperando".

El 20 de diciembre, sobre las once de la noche, se anunció el dictamen sin mayores sorpresas. La noticia hubiera sido que se designara a alguien diferente al "tubo oficial".

Isaías Rodríguez, el vicepresidente recién renunciado, fue nombrado Fiscal General en sustitución de Javier Elechiguerra; Germán Mundaraín como Defensor del Pueblo por Dilia Parra; y Clodosbaldo Russián fue ratificado en el cargo de contralor que ocupaba desde hacía un año, en sustitución de Eduardo Roche Lander.

En su primera declaración como nuevo Defensor del Pueblo, el abogado Germán Mundaraín dijo que en el Despacho habrá espacio suficiente para la intermediación, para la ponderación, para la democracia y para la tolerancia" (El Universal, 25/12/2000).

Para el Tribunal Supremo de Justicia, fueron ratificados 12 de los anteriores magistrados y entraron 8 nuevos, conformando un esquema para las seis salas constitucionales bajo la presidencia de Iván Rincón Urdaneta.

La selección se hizo bajo un ambiente de insultos y gritos, al mejor estilo del Congreso de la IV República. Pero la verdadera nota discordante fue la que le imprimió Primero Justicia al evento, al introducir al hemiciclo un cerdo, para expresar "la cochinada que el oficialismo le habría hecho al pueblo venezolano" (Globovisión, 20/12/2000).

— Oligarca es aquel que quiere concentrar el poder y eso son ustedes. Lo que se está negociando es repartir el Poder Ciudadano y el Tribunal Supremo de Justicia entre los cogollos de los partidos políticos y los partidos que se prestaron para esto son una parte de AD, el MVR, el MAS y Proyecto Venezuela... Yo no se cómo hacen para dormir –respondía molesto Borges al presidente de la Asamblea, Willian Lara, quien suspendió por instantes la sesión, igual que en el mejor estilo de Octavio Lepage en 1989.

Willian Lara, quien había hecho una ardorosa defensa de la transparencia del proceso de escogencia, les dijo a los diputados de la bancada oficialista: "los verdaderos políticos no caen en provocaciones infantiles".

Pero no todo terminó allí. Dos magistrados salientes del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Rosell y Carlos Escarrá, manifestaron sus insatisfacciones sobre la selección ocurrida en los días precedentes.

— A pesar de reunir las condiciones para ser magistrado del Tribunal y de que entiendo la natural función que cumple, no quise ser postulado (optó por la jubilación) debido a que el Tribunal tiene unas metas políticas que coinciden con las del señor Hugo Chávez y con el partido MVR, las cuales me son extrañas. No comulgo con la militarización de importantes sectores de la vida civil, ni con la política criminal de exterminio implementada a través del Ministerio de Relaciones Interiores, entre muchas otras cosas que han llevado a sentirse en Venezuela un aire de autoritarismo" (El Universal, 19/12/2000).

Pasaron varios días para que la opinión pública y en particular los medios de comunicación comprendieran el verdadero significado de los comentarios del magistrado Rosell. A las semanas explotó una agria polémica, impulsada por el vespertino Tal Cual, referida a la posibilidad de que algunos cuerpos policiales estuvieran realizando asesinatos extrajudiciales contra miembros del hampa común.

— El requisito que nunca hubiera cumplido es el político –dijo Rosell-, en el cual fue muy claro el señor Miquilena: los magistrados a designar deben comulgar con el proyecto V República, República que por desgracia hasta ahora no veo, ni vislumbro hacia un futuro próximo.

El magistrado Carlos Escarrá deslizó la tesis de que "se está evaluando con base en simpatías y no en el estudio de credenciales. De qué otra forma entender que habiendo sido el ponente del 70% de las ponencias de la Sala Plena y de casi la mitad de la Sala Político-administrativa, no haya clasificado".