En una de las primeras declaraciones como presidente electo, Chávez abordó el tema de la corrupción administrativa en los siguientes términos: "ahora hay que hacer un gobierno que gobierne de verdad, que organice la administración pública y que la haga más eficiente y, sobre todo, que luche a fondo contra la corrupción" (El Nacional, 27/12/1998).

De hecho, antes de tomar juramento planteó al subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina de Estados Unidos, Peter Romero –el mismo funcionario con quien José Vicente Rangel como canciller polemizó a lo largo de año y medio-; un convenio para combatir la corrupción y el narcotráfico. Además de Romero, Chávez se había reunido en La Viñeta con el embajador de Estados Unidos en Caracas, John Maisto. "Hemos propuesto la posibilidad de un tratado bilateral para luchar contra la corrupción" –explicó Chávez-, "los ilícitos aduaneros y el narcotráfico, respetando la soberanía de ambos países".

—Nosotros estaremos con él mientras opere dentro de los parámetros constitucionales para reformar el país y para el bienestar del pueblo –dejó claramente sentado Peter Romero, al finalizar la reunión (El Nacional, 31/12/1998).

Mientras tanto, el diputado masista Gustavo Mujica sugería al quinto día del nuevo gobierno decretar la prohibición de salida del país hasta por 120 días a los más de 4.000 funcionarios del gobierno saliente de Caldera, afectando a ministros, viceministros, directores generales sectoriales y de línea y otros funcionarios de unos 74 organismos públicos. "La decisión debe darse mientras se auditan las actas de entrega de las distintas dependencias y se revisan los patrimonios adquiridos por esos funcionarios durante su gestión", explicaba el diputado (El Universal, 08/02/1999).

Con motivo de los primeros 100 días de gobierno, el presidente Chávez, entre otros muchos temas, abordó el de la corrupción. Dijo que "era un cáncer que ha carcomido a la nación a lo largo de muchos años" (El Universal, 14/05/1999).

— La crisis más terrible que tenemos es la crisis moral, la crisis de valores, la crisis ética. No haremos nada -advirtió- si solucionamos la crisis económica, si vienen los inversionistas; no haremos nada con la Constituyente si no solucionamos la crisis moral, la crisis ética, la corrupción. Tenemos derecho a rectificar.

Pero a lo largo del tiempo fueron apareciendo varios casos de presumible corrupción atribuible a la presente administración o, para ser un tanto más amplios, a la etapa revolucionaria que vive el país.

Así, situaciones referidas al Plan Bolívar 2000, Fondo Único Social, Cavendes, Gobernación del Distrito Federal, Seniat-Aduanas, megaelecciones 2000, Micabú y los 46 casos señalados por el comandante golpista y ex jefe de la Disip, Jesús Urdaneta Hernández, entre otros; fueron tomando cuerpo y forma en el tiempo y ante la opinión pública nacional e internacional.

Hugo Chávez, a fines de marzo de 2000, hizo entrega de una declaración jurada de bienes, tal como lo ordena la Ley de Salvaguarda, al Contralor Clodosbaldo Russián. Como para curarse en salud.

En lo que va de la presente administración, que ya entró en su tercer año de gestión, se han presentado a nuestro modo de ver cuatro situaciones de congestionamiento de corrupción, a las que el gobierno ha respondido de diversas maneras. Veamos la siguiente referencia visual que arroja, en general, un promedio de seis meses entre una crisis y otra, a cual más aguda:

Fuente: Varios medios de comunicación.

La tabla referencial anterior es útil para poder entender la evolución de la posición del presidente Chávez frente al asunto de la corrupción administrativa.

Cuando surgieron, entre julio y diciembre de 1999, los señalamientos iniciales del contralor Eduardo Roche Lander, primero generales y luego puntuales, contra la manera en que se estaba manejando financieramente el Plan Bolívar 2000 –digamos, la primera crisis de corrupción del gobierno-; el presidente Chávez reaccionó de dos formas. En primer lugar, permitió que el ministro de la Defensa de turno, general Raúl Salazar, y otros funcionarios responsables de la ejecución, explicaran que los fondos utilizados eran administrados no solamente por las Fuerzas Armadas Nacionales, sino por varios ministerios. Pero luego intervino directamente.

— Que no se preocupe nadie –dijo el ministro Salazar-. Todos los ministerios van a cumplir su función. Lo que pasa es que todo el mundo le empieza a dar la vuelta a cosas que no son (El Universal, 15/07/1999).

El segundo funcionario que le salió al paso a las observaciones de Roche Lander fue William Fariñas, quien luego fue presidente del Fondo Único Social, pero para el momento lo era del Fondo de Fortalecimiento Social y primer coordinador interministerial del Plan Bolívar 2000.

— Las críticas tienen que ver con la proximidad de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Somos objeto de la disputa política. Cuando se habla de que el plan está dilapidando recursos de las gobernaciones, se está mintiendo... Cada comando de guarnición está llevando rigurosamente las cuentas –dijo.

Luego vino la etapa de los propios jefes de guarnición. Por ejemplo, el comandante de la Brigada de Cazadores y de la guarnición del estado Monagas, General Nestor González González, denunciaba que ciertos informes y documentos entregados a la Contraloría de la República, habían sido "maquillados para manipular posteriormente la información" (El Universal, 11/12/1999).

Pero en la medida en que el asunto subió de tono, el presidente Chávez trató de aclarar las cosas directamente. La oportunidad fue con motivo de un acto militar en la Base Aérea Libertador en Maracay.

— Uno puede ceder en cualquier cosa, pero en materia de corrupción, no hay concesiones con nadie. No pasarán –dijo el Presidente-. No habremos hecho nada si no solucionamos la madre de todas las crisis, que aquí comenzó hace cuatro décadas y está representada en la crisis ética y moral... Necesito del país político la diafanidad de sus críticas honestas, pero no puedo aceptar a ningún precio que la oligarquía que arruinó al país, y que hoy se esconde detrás de mil maneras, detrás de sutiles mecanismos de defensa o de vergonzosos e indefinidos subterfugios que matizan su deshonestidad, quiera volver sobre sus fueros a terminar de destruir a la Nación (El Universal, 11/12/1999).

Antes de la recordada suspensión de las megaelecciones de mayo de 2000, también se cruzaron varios casos –en el segundo congestionamiento crítico de corrupción- como el del entonces presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena, acusado por el fiscal Elechiguerra por varios delitos en una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia; el impacto inicial de la quiebra de Cavendes bajo la administración del constituyente prochavista Luis Vallenilla; y, por si fuera poco, el comandante golpista Urdaneta Hernández, avalado por otros dos insurgentes del 4F, Francisco Arias Cárdenas –a la sazón candidato presidencial de oposición- y Yoel Acosta Chirinos, había denunciado 46 casos de corrupción de la administración de Chávez ante la Fiscalía de la República.

Una reseña del periodista español de El País, Paco Gómez Nadal, a propósito de una rueda de prensa de Chávez en Madrid, exhibía el estado de ánimo del Presidente, frente al problema: "Hugo Chávez hizo ayer un truco de magia y convirtió las múltiples denuncias sobre corrupción en su administración en algo favorable" (El País de España, 22/02/2000).

— "¡Qué bueno que eso ocurra! – dijo el presidente venezolano cuando la prensa le mentó el virus de la corrupción durante su comparecencia en Madrid, donde asiste a un foro sobre la reconstrucción de las zonas devastadas en diciembre (de 1999) por las inundaciones en Venezuela".

— Vamos a ver cómo superamos esta prueba, cómo funciona el nuevo sistema de justicia de la República Bolivariana –explicó el mandatario, de acuerdo al escrito del periodista español que finalizaba diciendo que "la habilidad de Chávez para transformar los escollos en trampolines no cesó ahí".

Una vez relegitimados todos los poderes, para fines del mismo año 2000, entre octubre y diciembre, se le presentó al gobierno de Chávez la tercera situación de crisis por varios casos de corrupción: el caso Cavendes se había convertido en juicio al igual que el de las fracasadas megaelecciones. Pero a la vez insurgían otros episodios de denuncias como las aportadas por el nuevo Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña, contra el ex miembro del gabinete y ex gobernador, Hernán Grüber Odremán; los señalamientos hechos por varios parlamentarios regionales en contra del gobernador reelecto de Barinas y papá del Presidente, Hugo de Los Reyes Chávez, y la detención in fraganti del intendente nacional de Aduanas del Seniat, Pedro Rodríguez, al momento de recibir dinero producto de una casi segura extorsión.

En esta oportunidad el Presidente tomó el "toro por los cachos" directamente y en todo momento.

—Esto tiene que acabarse de una vez y para siempre. El tesoro del pueblo no es para jugar con él –decía con fuerza el presidente Chávez en el programa radial Aló Presidente del 1º de octubre-... Ojo pelao frente a la corrupción... El que vea una irregularidad, denúnciela. El que tenga que ir a prisión, que vaya... hago un llamado a los poderes del Estado para que actúen.

Al referirse concretamente al caso de su padre, expresó: "en el supuesto negado de que se comprobara algún delito, yo iré a pedirte la bendición adonde decidan enviarte los poderes de la Nación, detrás de una reja".

—Pongo ese ejemplo con todo mi dolor para tocarme una llaga –agregó-, pero lo que quiero decir es que no tendrá mi protección ni el más cercano de mis amigos o familiares, aunque me cuesta la vida y me quede solo.

El vicepresidente ejecutivo de la República, Isaías Rodríguez, secundaba al primer mandatario por esos días: "se darán golpes a la corrupción, esté donde esté, caiga quien caiga, tenga el tamaño que sea. Quien tenga informaciones sobre irregularidades administrativas que las haga llegar. Nosotros preservaremos la confidencialidad de la información" (El Universal, 06/10/2000).

El presidente volvió por sus fueros y resolvió ordenar una revisión exhaustiva en ministerios como los de Finanzas, Educación, Infraestructura y Desarrollo Social, para evitar más sorpresas como la del caso de Pedro Rodríguez en el Seniat.

—Yo tengo la espada desenvainada –dijo-, y si mi propia cabeza la tengo que cortar, la cortaré. Pero le declaro la guerra a muerte a la corrupción... Sería una ligereza acusarlo (a Rodríguez) antes de que lo hagan los tribunales, pero lo cierto es que hay muchas evidencias. Te busques los abogados que te busques, pero ese dinero y ese señor que fue a tu casa a llevártelo: ¿cómo explicas tú eso? La corrupción ahora se encuentra en los rostros que uno menos espera. No podemos tener compasión con nadie (Aló Presidente, 08/10/2000).

Pero más allá de las declaraciones principistas o efectistas, lo verdaderamente novedoso e importante que hizo el presidente Chávez frente a esta tercera situación crítica de corrupción, fue solicitarle al Vicepresidente Ejecutivo que se estudiara un Anteproyecto de Ley Anticorrupción y la posibilidad de crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Ello marcaba una diferencia sustancial con respecto a lo que habían sido las respuestas oficiales en los dos congestionamientos anteriores.

A fines de octubre de 2000 el vicepresidente Isaías Rodríguez reveló que un borrador –del que nos enteramos luego que había sido encargado al experto criminólogo y candidato autoexcluido a Fiscal de la República, José Alejandro Arzola- estaba a punto de ser finalizado.

— Específicamente, en nuestro caso se está abordando el tema que tiene que ver con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, entre otras cosas porque tocaría de alguna manera las relaciones con los funcionarios públicos y con la administración pública. Ésta ha sido un poco la parte más difícil de abordar, porque pudiera, en algunos casos, tocar algunas normas de esa Ley de Salvaguarda (El Nacional, 31/10/2000). La nueva normativa anticorrupción contendrá sanciones bien ejemplarizantes para quienes incurran en este tipo de delitos...g

El grupo encabezado por el experto José Alejandro Arzola inició el trabajo con un estudio de derecho comparado sobre leyes anticorrupción de Colombia, Uruguay y España.

Frente a esta realidad, el periodista Jesús Sanoja Hernández en el trabajo ya citado con motivo de los 18 años de la Ley de Salvaguarda se preguntaba: "La ley propuesta por el presidente Chávez llegó a los 20 meses de su vertiginoso y confuso gobierno. Mucho se ha hablado de corrupción en el Plan Bolívar 2000, y todavía está viva la cadena de contradicciones que va del Seniat al sistema aduanero, para sólo mentar dos casos. ¿Será la novedosa ley otro parapeto, como lo fueron las anteriores?".

La cuarta situación de congestionamiento de corrupción presentada al actual gobierno fue la comentada en el capítulo primero de este reportaje, donde se cruzaron en el tiempo –concretamente entre febrero y abril de 2001- el informe preliminar del contralor Clodosbaldo Russián sobre el desempeño del Plan Bolívar 2000; las denuncias en contra del Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, los recursos para los damnificados de Vargas; los cuestionamientos también formulados por la Contraloría contra los planes oficiales de vivienda. A todo esto debemos sumar nuevas acusaciones contra el ex gobernador de Caracas, Hernán Grüber Odremán; las dudas en torno a la licitación del nuevo sistema de identificación nacional; las intervenciones reiteradas en el sistema aduanero; la detención de funcionarios del Seniat como miembros de la banda Los Blindados; y las intervenciones de la Diex y el Setra, que ya reseñamos previamente.

De este nuevo embudo surgió también una respuesta novedosa por parte del gobierno y del presidente en particular, cual fue la posibilidad de decretar un estado de excepción previsto en la Constitución Bolivariana, para enfrentar la corrupción además de la pobreza.

Entre la tercera y la cuarta crisis de corrupción que se le presentó al gobierno, el Anteproyecto de Ley Anticorrupción encargado por Chávez estuvo dando vueltas en varios escritorios, despachos y maletines y fue consignado ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a finales de diciembre de 2000, luego retomado para su primera discusión por la Asamblea Nacional.

En la medida en que el tema y los casos de irregularidades administrativas han surgido a lo largo del mandato constitucional, en la misma proporción el presidente Chávez ha ido profundizando tanto el discurso como las respuestas anticorrupción, pero sin mayores resultados. En otras palabras, de una situación donde se solicitaba a funcionarios de primera y segunda categoría provocar aclaratorias, como en diciembre de 1999, ya para junio de 2000 el país estaba al borde de una declaratoria de excepción.