Ya con la nueva Constitución aprobada por una mayoría abrumadora que en nada afectaba el caudal de votos obtenido por Chávez en las presidenciales del año anterior, el 23 de diciembre de 1999 la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Decreto de Transición del Poder Público. El texto de 40 artículos, considerado por algunos como una "miniconstitución" previa a la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, fue tildado por el diario El Universal como "caída y mesa limpia".

Veamos algunos de los enunciados más trascendentes:

Los constituyentes de oposición, Alberto Franceschi, Allan Brewer Carías y Claudio Fermín no desaprovecharon la oportunidad: "en medio de la tragedia natural por los efectos de las lluvias, los venezolanos hemos tenido que presenciar este pillaje del poder, que lo concentra todo en unas solas manos, las del Poder Ejecutivo", denunciaron. "Lo que estamos presenciando es la instalación de un gobierno autocrático, autoritario, con ropaje constitucional... con alevosía, escalamiento y quien sabe si nocturnidad, ha asaltado el poder y ha colocado en todos los altos cargos públicos a personas que no han sido designadas con criterios de transparencia" (El Universal, 30/12/1999).

— En medio de la Tragedia de Vargas –nos explicó la ex constituyente Angela Zago en la entrevista del 9 febrero de 2001-, se estaban tomando decisiones que eran fundamentales para la transformación de la Nación... Esas cosas que se decidieron, se decidieron en pequeños comités con Luis (Miquilena), con Isaías (Rodríguez) y con el presidente (Chávez)... Esa es una de las razones por las que no vuelvo a trabajar en una cosa como esa.

Las nuevas autoridades provisionales tomaron sus cargos a partir del 27 de diciembre de 1999. En la primera sesión del Tribunal Supremo de Justicia el conjunto de los magistrados dejó entrever un criterio de independencia y autonomía, pero los rastros de sus vinculaciones con los partidos o personajes asociados al Polo Patriótico y el chavismo eran difíciles de ocultar. "Fuentes de toda confianza dieron a conocer que la condición para ratificar a cuatro de los quince magistrados de la Corte Suprema (incluyendo al actual presidente, Iván Rincón Urdaneta) fue discutida la semana pasada en una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Miquilena, quien exigió mantener lealtad al Gobierno, motivo por el cual la magistrado Hildegard Rondón de Sansó habría sido excluida de la lista" (El Universal 28/12/1999).

El mismo día tomó juramento del cargo como nuevo fiscal general de la República, Javier Elechiguerra, en sustitución de Pérez Perdomo. En su primera declaración pública señaló que "sería grotesco estar pensando en elecciones de presidente de la República y gobernadores ahorita", tal como lo mandaba el decreto de transición. Recuérdese que Elechiguerra siendo Procurador y antes abogado de Chávez como golpista, había sido candidateado para la Fiscalía.

Al día siguiente, el 28 de diciembre, Clodosbaldo Russián sustituyó a Roche Lander como contralor general de la República. "Ejerceré el cargo sin ninguna clase de interferencia política, actuando como un tribunal que administra justicia y en el marco del Nuevo Poder Ciudadano" (El Universal, 29/12/1999). Planteaba que la daría impulso a las investigaciones viejas de casos de corrupción, "como a los nuevas para que los responsables reciban las sanciones correspondientes".

— La Contraloría será manejada institucionalmente. Eso seguramente molestará tanto a quienes creen que vamos a tolerar irregularidades como a los que creen que ésta es una trinchera para atacar al gobierno. De ese equilibrio no me sacará nada ni nadie. Y desde ya lo digo: como ni siquiera fumo no me pueden ofrecer ni un palito de fósforo –le respondía en una entrevista al periodista Clodovaldo Hernández de El Universal, publicada el 4 de enero de 2000.

La designada defensora del Pueblo, Dilia Parra, era la única funcionaria transitoria que no tenía a quién sustituir. Se estrenaba esta unidad que, junto a la Fiscalía y la Contraloría, conformaba el nuevo Poder Ciudadano. Su primer acto fue el 28 de diciembre para instalar una comisión multidisciplinaria que estudiaría las nuevas competencias que a esta organización le pautaba la Constitución aprobada en referéndum.

Con Javier Elechiguerra en la Fiscalía, Clodosbaldo Russián en la Contraloría, y Dilia Parra en la Defensoría del Pueblo, sólo faltaba la conformación del Consejo Moral Republicano previsto en el artículo 273 de la Bolivariana, hecho que ocurrió el 7 de enero de 2000, y cuya presidencia recayó sobre el primero de los tres mencionados.