Como contralor general de la República, Eduardo Roche Lander
inició su relación con Chávez cuando éste apenas era mandatario electo.
Antes de realizar el primer viaje al exterior por
Latinoamérica, durante la mañana del 14 de diciembre el mandatario recibió,
primero a la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez; y cerca de las
diez al contralor Roche, en La Viñeta.
A la salida de la reunión Roche Lander explicó que había
entregado un informe "donde planteo la necesidad de reconstruir el Estado. Hay
que fortalecer las instituciones y controlar el crecimiento desorganizado del
Estado, el cual en muchos casos, sirve para desarrollar actividades contra los
intereses públicos y crear más corrupción" (El Nacional, 15/12/1998).
Roche Lander explicó que le recomendaba a Chávez las
siguientes acciones concretas, entre otras:
Que cada organismo público
cuente con un programa de gestión.
Que se emprenda de inmediato
una auditoría de personal, de bienes y recursos, como base para su uso
adecuado y productivo.
Que se detenga la expansión de
los entes públicos, de esa suerte de administración paralela que sirve
para engendrar sobrecostos, redundancias en la gestión pública y –de
alguna manera- como sistema de "lavado de corrupción".
Que no se programe obra pública
alguna o, en general, que no se tome ninguna decisión pública que
implique desembolsos sin contar previamente con los recursos para
financiarla o con la seguridad absoluta de que van a ser obtenidos.
Como Chávez durante la campaña y también en la madrugada del
7 de diciembre de 1998, en la rueda de prensa de El Ateneo había fustigado
duramente a Pdvsa; Roche Lander también abordó la materia en los siguientes
términos: "la Contraloría ha sido la que en primera instancia ha tenido una
actuación en Pdvsa. Ya en 1995 le mencionamos en nuestro informe al Congreso que
no tenía una estructura y que no era suficientemente eficaz". Recordaba que se
estaba investigando el uso indebido de las naves y aeronaves de la petrolera
estatal y señaló que aunque en general era una empresa bien administrada, existe
una mayor demanda de transparencia frente al manejo de "sus cajas negras".
— ¿Cómo funcionan esas cajas negras? -le interrogaron los
periodistas a las puertas de La Viñeta.
— Se trata de áreas cuyo funcionamiento no se conoce. Hay
algunas operaciones que tienen que ser desarrolladas con mucha discreción, como
es todo lo que tiene que ver con el mercadeo. Si nosotros expresamos a la
opinión pública cuál es nuestra política de mercadeo, es como si nos
desvistiéramos frente a los competidores. Entonces es conveniente que eso se
mantenga en forma reservada. Pero la apertura, no solamente de Pdvsa, sino de
toda la administración pública, es lo que nos va a ayudar a que tengamos una más
eficiente administración y, al mismo tiempo, que haya menos corrupción.
El 2 de febrero de 1999, es decir el mismo día que tomó
juramento el presidente Chávez y casualmente cinco días después de saber que un
estafador llamado Braulio Arismendi se hacía pasar por Contralor y solicitaba
contribuciones de hasta 600 mil bolívares a alcaldes y gobernadores (El
Universal, 28/02/1999), Eduardo Roche Lander presentó su informe anual al
Congreso de la República.
En el segundo párrafo del quinto informe presentado por el
Contralor, se sintetizaba la situación de la administración pública: "tenemos
que reiterar lo dicho en los cuatro anteriores; el Estado ha continuado y
profundizado su situación de deterioro; la administración pública no se recupera
de su crisis y escasa funcionalidad, sino que las intensifica; la corrupción no
se ha detenido; y la lucha contra la impunidad no ha avanzado de manera
suficiente" (Informe del Contralor al Congreso correspondiente a 1999 sobre
la gestión de 1998).
Informaba que durante el año 1998 –último de la gestión del
presidente Caldera- y en general durante el quinquenio 1994-1998, el balance de
la Contraloría era así:
Se realizaron 2.900
intervenciones entre auditorías, inspecciones y fiscalizaciones.
Se formularon 501 reparos por
12.985 millones de bolívares a funcionarios cuentadantes y
contribuyentes.
Se aplicaron 111 multas por 27
millones de bolívares.
Se abrieron 22 nuevas
averiguaciones administrativas que se sumaron a las 119 abiertas en
ejercicios anteriores.
Se declararon responsables
administrativos a 48 funcionarios.
Se ordenó la suspensión de
sueldos a 3.411 funcionarios por no presentar declaraciones juradas de
patrimonio.
Se remitieron 43 expedientes al
Ministerio Público y otros órganos jurisdiccionales en los casos donde
se detectaron indicios de ilícitos civiles y penales.
Los casos emblemáticos de 1998
fueron: auxilios financieros de Fogade, insuficiente supervisión de la
Superintendencia de Bancos, deterioro en los servicios de salud de la
Gobernación del Distrito Federal, insatisfacción por las viviendas
construidas por Fundabarrios, baja cobertura nacional del Programa
Alimentario Materno Infantil (PAMI), irregularidades en las aduanas, en
especial la de La Guaira; irregularidades en el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones, cientos de obras inconclusas con numerosos
contratistas que recibieron anticipos hasta por 13.585 millones de
bolívares, derechos fiscales pendientes por 144.119 millones de
bolívares.
Los casos acumulados desde 1994
hasta 1998, eran: la crisis financiera de 1994, demasiadas licitaciones
declaradas desiertas y consecuentes asignaciones de contratos a dedo,
relaciones comprometedoras entre altos funcionarios de la Corporación
Venezolana de Guayana (CVG) en la entrega de concesiones para la
explotación de oro, posteriormente negociadas en los mercados
internacionales; operaciones irregulares en el Seguro Social y Cadafe,
400 casos de incumplimiento en las operaciones de la Oficina Técnica de
Administración Cambiaria (OTAC) cuando el control cambiario, pago vía
fax a la empresa Samana, incompatibilidades en auditorías de Petróleos
de Venezuela, Onidex, formulación de reparos a la empresa Preámbulo por
cobrar dinero del Consejo Nacional Electoral y el pago de 50 millones de
dólares en penalidades por la no utilización de créditos contratados con
organismos multilaterales.
Según el informe del Contralor, "hemos insistido en que el
combate contra la corrupción tiene que ser protagonizado, en primer lugar, por
la presencia activa y vigilante de la sociedad civil; en segundo lugar, por la
disposición efectiva de los gobernantes a impedir, cortar y no ocultar todas y
cada una de las manifestaciones de corruptela; y, en tercer lugar, por la acción
decidida del poder contralor nacional y la intervención oportuna del sistema
judicial". Para Roche Lander, era esencial estimular una "cultura social de la
honestidad".
A propósito del balance del Contralor para el período
1994-98, es bueno traer a colación que algunas de las afirmaciones contenidas en
los informes parciales o comunicaciones privadas de Roche Lander en esos años no
fueron del total agrado del presidente Caldera. El 10 junio de 1996 Caldera
ofició al Contralor para rebatirle algunas afirmaciones contenidas en una misiva
que Roche Lander, a su vez, le había enviado al mandatario, apenas cuatro días
antes con motivo de la presentación del informe anual correspondiente a 1995.
"La opinión pública debería saber con plena certeza, en qué
razones se basa ese despacho para afirmar como lo hace en su correspondencia
arriba referida que ‘la corrupción en su sentido convencional no se ha detenido,
continuó creciendo’. Debería, por cierto, explicarse qué debe entenderse por
corrupción ‘en su sentido convencional’, expresión contenida en esa carta. La
gente considera" –escribió Caldera- "que corrupción es corrupción y no es fácil
entender qué modalidad corresponde a esa calificación de ‘convencional’. Por
otra parte, me siento obligado a expresarle que no creo pedagógico identificar
‘la corrupción propiamente dicha’ con el ‘desorden, la indisciplina, el
despilfarro y la indolencia’, vicios que sin duda deben atacarse enérgicamente
pero que no implican el sentido ético que es fundamental en la lucha contra la
corrupción".
No hay que olvidar que Caldera, tanto en su primer como en su
segundo gobierno, había creado sendas oficinas de vigilancia y control de la
administración pública. Un año después, el contralor Roche Lander volvía por sus
fueros y le respondía el 23 de mayo de 1997 al presidente Caldera: "expresó una
concepción errónea y atrasada de la corrupción, pues ésta no se puede
circunscribir solamente al enriquecimiento ilícito; también está compuesta por
el peculado, la malversación, la negligencia, el dispendio, los sobreprecios, el
desorden, el nepotismo, el clientelismo, el despilfarro, que son evidentemente
actos contra la ética y la moral pública".
En octubre de 1997, Eduardo Roche Lander le había formulado
un reparo administrativo al entonces ministro de Energía y Minas de Caldera,
Erwin Arrieta Valera, por unos 105 millones de bolívares debido al uso ilegítimo
y presuntamente personal de los aviones de Petróleos de Venezuela, en el famoso
affaire de Las colitas de Pdvsa. Este reparo, por cierto, fue
echado por tierra por el Tribunal 1º Civil y Contencioso Administrativo de
Región Capital a cargo del juez Pety Torres Sequera, por considerar que los
viajes eran para fines institucionales y respetando la normativa de uso de las
naves.
Ya para marzo de 1999 el contralor Roche hacía públicas sus
intenciones de ser ratificado en el cargo, como en efecto ocurrió cuando
presentó recaudos ante el Congreso. De unos 50 aspirantes, para el 6 de mayo de
1999, solamente habían precalificado en orden: Eduardo Roche Lander, Héctor
Atilio Pujol, David Monroy, Moisés Benaím y Pastrán Matute, todos con una
evaluación de 20 puntos. Fue ratificado el 3 de junio, con el apoyo de Acción
Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y un sector del Movimiento al Socialismo.
En los meses siguientes, Roche Lander se vio un tanto
acosado. Por una parte, dada su doctrina para entender los gastos secretos y el
manejo de las partidas presupuestarias correspondientes, se quejó de que los
organismos militares no le facilitaban la información al respecto. Estaba
interesado en investigar la utilización de fondos públicos durante la campaña
electoral que condujo a la selección de los miembros de la Constituyente. "La
excusa presentada" –informó casi a título de denuncia pública- "para no
facilitar la información ha sido que la misma es materia reservada, aun cuando
la Constitución vigente y las leyes establecen que, aparte de los gastos
secretos (partidas destinadas para seguridad y defensa), toda la información
deberá ser puesta a la disposición de la Contraloría" (El Universal,
03/08/1999).
Por otro lado la ex candidata presidencial Irene Sáez Conde
solicitó al Congreso abrir una investigación a la propia Contraloría encabezada
por Roche Lander, por negligencia en la fiscalización y los controles
administrativos en el estado Nueva Esparta. Habría que recordar que Sáez, aunque
adversó a Chávez en las presidenciales, logró la gobernación del estado oriental
sumando los votos del Polo Patriótico, tras la muerte súbita del anterior
gobernador Rafael Tovar.
Sáez Conde tenía en la mano una auditoría que decía que el
gobernador interino que actuó después de la administración Tovar y antes de que
ella asumiera, Bonaldi Rodríguez Mata, había cometido irregularidades por el
orden de los 31 mil millones de bolívares en faltantes y diferencias de caja,
órdenes de pago no localizadas, obras sin contratos y malversación", dijo la
Gobernadora quien luego renunciaría al cargo para tener un bebé(El Universal,
24/09/1999).
En julio de 1999, prácticamente al mes de haber sido
ratificado por el Congreso, Roche Lander lanzó el primer alerta sobre la forma
en que se estaba manejando el Plan Bolívar 2000, uno de los programas insignia
del presidente Chávez. "Detectamos una falta de definición para articular la
participación de las organizaciones y recursos involucrados que pueden
incrementar el desorden en la administración pública y, en consecuencia, la
corrupción" (El Universal, 15/07/1999).
Cuatro meses más tarde, el funcionario fue más preciso y en
noviembre de 1999 señaló un presunto fraude inicial por unos 70 millones de
bolívares en la administración del plan cívico-militar. Se había realizado una
auditoría en las guarniciones de los estados Anzoátegui y Bolívar. Se trataba de
sobrefacturación por unos 70 millones de bolívares, tras la adquisición de
insumos y materiales de ferretería en cuatro empresas proveedoras. Es decir, se
habían facturado bienes por 82 millones de bolívares cuando apenas valían no más
de 11 millones 235 mil. "De acuerdo a la información obtenida en la sede de
estas compañías la diferencia entre el monto justificado ante el Ministerio de
la Defensa y el cancelado y asentado en los libros de contabilidad es de 84%. A
esto habría que agregar que el dinero sobrante fue exigido en efectivo por los
oficiales encargados de la adquisición, que por cierto es la forma en la cual se
maneja la partida secreta (El Universal, 17/11/1999).
Pero para diciembre de 1999, la Contraloría ya estaba
haciendo señalamientos por más de 400 millones de bolívares en irregularidades
cometidas en una tercera guarnición: la de Monagas. "El problema parece
recurrente" –explicó públicamente Roche Lander-, "ya que se detectaron
irregularidades en tres de las tres guarniciones inspeccionadas, y por eso nos
reuniremos con el ministro de la Defensa, Raúl Salazar, a quien pediré una
profunda revisión del plan para corregir vicios o acciones delictivas" (El
Universal, 10/12/1999). Había enviado una comunicación al presidente Chávez,
donde entre otros párrafos, advertía que "los hechos descritos constituyen
graves irregularidades que no pueden pasar por alto sin ser objeto de las
sanciones correspondientes y sin que se efectúe una profunda revisión de la
ejecución del Plan Bolívar 2000".
Roche Lander fue destituido de su cargo por un acto de la
Constituyente el día 23 de diciembre del 99, situación que lo llevó a expresar
que tenía "el deber de presentar al pueblo de Venezuela el informe de los
resultados de la gestión contralora durante el año 1999. Al presentarlo al país,
ya no soy Contralor General de la República, pues por un acto arbitrario y de
muy dudosa legalidad, la Asamblea decidió removerme del cargo al que había sido
electo por concurso para el período 1999-2004".
Al respecto del primer año de gestión del presidente Chávez,
el ex funcionario señaló que "por muchos motivos 1999 será un año de ingrata
recordación para los venezolanos. En ese año, Venezuela sufrió una de las más
severas paralizaciones de su economía y la más terrible catástrofe natural de su
historia. Por si fuera poco, excepto por la aprobación de una nueva
Constitución, cuyas bondades están todavía por verse, el Estado venezolano
continuó su proceso de deterioro y corrupción" (Informe del Contralor
correspondiente a 2000 sobre la gestión de 1999).
Al Plan Bolívar 2000 se le señalaban las siguientes
observaciones, "si bien es justo reconocerle una intención loable":
Carece de objetivos, metas y
organización adecuada, todo ello sustituido por una acción improvisada,
informal y desordenada.
Involucra a la Fuerza Armada
Nacional en tareas ajenas a su misión fundamental, la cual
inevitablemente es descuidada.
Exhibe una deplorable situación
de corrupción, caracterizada por la utilización de facturas falsas y el
manejo discrecional e irregular de fondos públicos, como lo pudo
constatar la Contraloría en auditorías practicadas en varias
guarniciones militares.
En la construcción de viviendas
de interés social, de una promesa de construir 63.000 unidades en 1999,
al 30 de octubre sólo se habían terminado 7.153, lo que representa menos
del 50% de las construidas en 1998, que fueron 15.169.
La acción de la Contraloría de forma comparada entre el año
1998, último de la gestión de Rafael Caldera, y 1999, primero de la
administración de Chávez, se puede visualizar de la siguiente manera, en los
rubros más comunes de fiscalización: