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Capítulo 5/La corrupción en tiempo de Chávez  

 

 

 

La destitución del Contralor

Eduardo Roche Lander, como Contralor, presentó su último informe al pueblo (foto: Eud.com).

Como contralor general de la República, Eduardo Roche Lander inició su relación con Chávez cuando éste apenas era mandatario electo.

Antes de realizar el primer viaje al exterior por Latinoamérica, durante la mañana del 14 de diciembre el mandatario recibió, primero a la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez; y cerca de las diez al contralor Roche, en La Viñeta.

A la salida de la reunión Roche Lander explicó que había entregado un informe "donde planteo la necesidad de reconstruir el Estado. Hay que fortalecer las instituciones y controlar el crecimiento desorganizado del Estado, el cual en muchos casos, sirve para desarrollar actividades contra los intereses públicos y crear más corrupción" (El Nacional, 15/12/1998).

Roche Lander explicó que le recomendaba a Chávez las siguientes acciones concretas, entre otras:

Que cada organismo público cuente con un programa de gestión.

Que se emprenda de inmediato una auditoría de personal, de bienes y recursos, como base para su uso adecuado y productivo.

Que se detenga la expansión de los entes públicos, de esa suerte de administración paralela que sirve para engendrar sobrecostos, redundancias en la gestión pública y –de alguna manera- como sistema de "lavado de corrupción".

Que no se programe obra pública alguna o, en general, que no se tome ninguna decisión pública que implique desembolsos sin contar previamente con los recursos para financiarla o con la seguridad absoluta de que van a ser obtenidos.

Como Chávez durante la campaña y también en la madrugada del 7 de diciembre de 1998, en la rueda de prensa de El Ateneo había fustigado duramente a Pdvsa; Roche Lander también abordó la materia en los siguientes términos: "la Contraloría ha sido la que en primera instancia ha tenido una actuación en Pdvsa. Ya en 1995 le mencionamos en nuestro informe al Congreso que no tenía una estructura y que no era suficientemente eficaz". Recordaba que se estaba investigando el uso indebido de las naves y aeronaves de la petrolera estatal y señaló que aunque en general era una empresa bien administrada, existe una mayor demanda de transparencia frente al manejo de "sus cajas negras".

— ¿Cómo funcionan esas cajas negras? -le interrogaron los periodistas a las puertas de La Viñeta.

— Se trata de áreas cuyo funcionamiento no se conoce. Hay algunas operaciones que tienen que ser desarrolladas con mucha discreción, como es todo lo que tiene que ver con el mercadeo. Si nosotros expresamos a la opinión pública cuál es nuestra política de mercadeo, es como si nos desvistiéramos frente a los competidores. Entonces es conveniente que eso se mantenga en forma reservada. Pero la apertura, no solamente de Pdvsa, sino de toda la administración pública, es lo que nos va a ayudar a que tengamos una más eficiente administración y, al mismo tiempo, que haya menos corrupción.

El 2 de febrero de 1999, es decir el mismo día que tomó juramento el presidente Chávez y casualmente cinco días después de saber que un estafador llamado Braulio Arismendi se hacía pasar por Contralor y solicitaba contribuciones de hasta 600 mil bolívares a alcaldes y gobernadores (El Universal, 28/02/1999), Eduardo Roche Lander presentó su informe anual al Congreso de la República.

En el segundo párrafo del quinto informe presentado por el Contralor, se sintetizaba la situación de la administración pública: "tenemos que reiterar lo dicho en los cuatro anteriores; el Estado ha continuado y profundizado su situación de deterioro; la administración pública no se recupera de su crisis y escasa funcionalidad, sino que las intensifica; la corrupción no se ha detenido; y la lucha contra la impunidad no ha avanzado de manera suficiente" (Informe del Contralor al Congreso correspondiente a 1999 sobre la gestión de 1998).

Informaba que durante el año 1998 –último de la gestión del presidente Caldera- y en general durante el quinquenio 1994-1998, el balance de la Contraloría era así:

Se realizaron 2.900 intervenciones entre auditorías, inspecciones y fiscalizaciones.

Se formularon 501 reparos por 12.985 millones de bolívares a funcionarios cuentadantes y contribuyentes.

Se aplicaron 111 multas por 27 millones de bolívares.

Se abrieron 22 nuevas averiguaciones administrativas que se sumaron a las 119 abiertas en ejercicios anteriores.

Se declararon responsables administrativos a 48 funcionarios.

Se ordenó la suspensión de sueldos a 3.411 funcionarios por no presentar declaraciones juradas de patrimonio.

Se remitieron 43 expedientes al Ministerio Público y otros órganos jurisdiccionales en los casos donde se detectaron indicios de ilícitos civiles y penales.

Los casos emblemáticos de 1998 fueron: auxilios financieros de Fogade, insuficiente supervisión de la Superintendencia de Bancos, deterioro en los servicios de salud de la Gobernación del Distrito Federal, insatisfacción por las viviendas construidas por Fundabarrios, baja cobertura nacional del Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI), irregularidades en las aduanas, en especial la de La Guaira; irregularidades en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cientos de obras inconclusas con numerosos contratistas que recibieron anticipos hasta por 13.585 millones de bolívares, derechos fiscales pendientes por 144.119 millones de bolívares.

Los casos acumulados desde 1994 hasta 1998, eran: la crisis financiera de 1994, demasiadas licitaciones declaradas desiertas y consecuentes asignaciones de contratos a dedo, relaciones comprometedoras entre altos funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en la entrega de concesiones para la explotación de oro, posteriormente negociadas en los mercados internacionales; operaciones irregulares en el Seguro Social y Cadafe, 400 casos de incumplimiento en las operaciones de la Oficina Técnica de Administración Cambiaria (OTAC) cuando el control cambiario, pago vía fax a la empresa Samana, incompatibilidades en auditorías de Petróleos de Venezuela, Onidex, formulación de reparos a la empresa Preámbulo por cobrar dinero del Consejo Nacional Electoral y el pago de 50 millones de dólares en penalidades por la no utilización de créditos contratados con organismos multilaterales.

Según el informe del Contralor, "hemos insistido en que el combate contra la corrupción tiene que ser protagonizado, en primer lugar, por la presencia activa y vigilante de la sociedad civil; en segundo lugar, por la disposición efectiva de los gobernantes a impedir, cortar y no ocultar todas y cada una de las manifestaciones de corruptela; y, en tercer lugar, por la acción decidida del poder contralor nacional y la intervención oportuna del sistema judicial". Para Roche Lander, era esencial estimular una "cultura social de la honestidad".

A propósito del balance del Contralor para el período 1994-98, es bueno traer a colación que algunas de las afirmaciones contenidas en los informes parciales o comunicaciones privadas de Roche Lander en esos años no fueron del total agrado del presidente Caldera. El 10 junio de 1996 Caldera ofició al Contralor para rebatirle algunas afirmaciones contenidas en una misiva que Roche Lander, a su vez, le había enviado al mandatario, apenas cuatro días antes con motivo de la presentación del informe anual correspondiente a 1995.

"La opinión pública debería saber con plena certeza, en qué razones se basa ese despacho para afirmar como lo hace en su correspondencia arriba referida que ‘la corrupción en su sentido convencional no se ha detenido, continuó creciendo’. Debería, por cierto, explicarse qué debe entenderse por corrupción ‘en su sentido convencional’, expresión contenida en esa carta. La gente considera" –escribió Caldera- "que corrupción es corrupción y no es fácil entender qué modalidad corresponde a esa calificación de ‘convencional’. Por otra parte, me siento obligado a expresarle que no creo pedagógico identificar ‘la corrupción propiamente dicha’ con el ‘desorden, la indisciplina, el despilfarro y la indolencia’, vicios que sin duda deben atacarse enérgicamente pero que no implican el sentido ético que es fundamental en la lucha contra la corrupción".

No hay que olvidar que Caldera, tanto en su primer como en su segundo gobierno, había creado sendas oficinas de vigilancia y control de la administración pública. Un año después, el contralor Roche Lander volvía por sus fueros y le respondía el 23 de mayo de 1997 al presidente Caldera: "expresó una concepción errónea y atrasada de la corrupción, pues ésta no se puede circunscribir solamente al enriquecimiento ilícito; también está compuesta por el peculado, la malversación, la negligencia, el dispendio, los sobreprecios, el desorden, el nepotismo, el clientelismo, el despilfarro, que son evidentemente actos contra la ética y la moral pública".

En octubre de 1997, Eduardo Roche Lander le había formulado un reparo administrativo al entonces ministro de Energía y Minas de Caldera, Erwin Arrieta Valera, por unos 105 millones de bolívares debido al uso ilegítimo y presuntamente personal de los aviones de Petróleos de Venezuela, en el famoso affaire de Las colitas de Pdvsa. Este reparo, por cierto, fue echado por tierra por el Tribunal 1º Civil y Contencioso Administrativo de Región Capital a cargo del juez Pety Torres Sequera, por considerar que los viajes eran para fines institucionales y respetando la normativa de uso de las naves.

Ya para marzo de 1999 el contralor Roche hacía públicas sus intenciones de ser ratificado en el cargo, como en efecto ocurrió cuando presentó recaudos ante el Congreso. De unos 50 aspirantes, para el 6 de mayo de 1999, solamente habían precalificado en orden: Eduardo Roche Lander, Héctor Atilio Pujol, David Monroy, Moisés Benaím y Pastrán Matute, todos con una evaluación de 20 puntos. Fue ratificado el 3 de junio, con el apoyo de Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y un sector del Movimiento al Socialismo.

En los meses siguientes, Roche Lander se vio un tanto acosado. Por una parte, dada su doctrina para entender los gastos secretos y el manejo de las partidas presupuestarias correspondientes, se quejó de que los organismos militares no le facilitaban la información al respecto. Estaba interesado en investigar la utilización de fondos públicos durante la campaña electoral que condujo a la selección de los miembros de la Constituyente. "La excusa presentada" –informó casi a título de denuncia pública- "para no facilitar la información ha sido que la misma es materia reservada, aun cuando la Constitución vigente y las leyes establecen que, aparte de los gastos secretos (partidas destinadas para seguridad y defensa), toda la información deberá ser puesta a la disposición de la Contraloría" (El Universal, 03/08/1999).

Por otro lado la ex candidata presidencial Irene Sáez Conde solicitó al Congreso abrir una investigación a la propia Contraloría encabezada por Roche Lander, por negligencia en la fiscalización y los controles administrativos en el estado Nueva Esparta. Habría que recordar que Sáez, aunque adversó a Chávez en las presidenciales, logró la gobernación del estado oriental sumando los votos del Polo Patriótico, tras la muerte súbita del anterior gobernador Rafael Tovar.

Sáez Conde tenía en la mano una auditoría que decía que el gobernador interino que actuó después de la administración Tovar y antes de que ella asumiera, Bonaldi Rodríguez Mata, había cometido irregularidades por el orden de los 31 mil millones de bolívares en faltantes y diferencias de caja, órdenes de pago no localizadas, obras sin contratos y malversación", dijo la Gobernadora quien luego renunciaría al cargo para tener un bebé(El Universal, 24/09/1999).

En julio de 1999, prácticamente al mes de haber sido ratificado por el Congreso, Roche Lander lanzó el primer alerta sobre la forma en que se estaba manejando el Plan Bolívar 2000, uno de los programas insignia del presidente Chávez. "Detectamos una falta de definición para articular la participación de las organizaciones y recursos involucrados que pueden incrementar el desorden en la administración pública y, en consecuencia, la corrupción" (El Universal, 15/07/1999).

Cuatro meses más tarde, el funcionario fue más preciso y en noviembre de 1999 señaló un presunto fraude inicial por unos 70 millones de bolívares en la administración del plan cívico-militar. Se había realizado una auditoría en las guarniciones de los estados Anzoátegui y Bolívar. Se trataba de sobrefacturación por unos 70 millones de bolívares, tras la adquisición de insumos y materiales de ferretería en cuatro empresas proveedoras. Es decir, se habían facturado bienes por 82 millones de bolívares cuando apenas valían no más de 11 millones 235 mil. "De acuerdo a la información obtenida en la sede de estas compañías la diferencia entre el monto justificado ante el Ministerio de la Defensa y el cancelado y asentado en los libros de contabilidad es de 84%. A esto habría que agregar que el dinero sobrante fue exigido en efectivo por los oficiales encargados de la adquisición, que por cierto es la forma en la cual se maneja la partida secreta (El Universal, 17/11/1999).

Pero para diciembre de 1999, la Contraloría ya estaba haciendo señalamientos por más de 400 millones de bolívares en irregularidades cometidas en una tercera guarnición: la de Monagas. "El problema parece recurrente" –explicó públicamente Roche Lander-, "ya que se detectaron irregularidades en tres de las tres guarniciones inspeccionadas, y por eso nos reuniremos con el ministro de la Defensa, Raúl Salazar, a quien pediré una profunda revisión del plan para corregir vicios o acciones delictivas" (El Universal, 10/12/1999). Había enviado una comunicación al presidente Chávez, donde entre otros párrafos, advertía que "los hechos descritos constituyen graves irregularidades que no pueden pasar por alto sin ser objeto de las sanciones correspondientes y sin que se efectúe una profunda revisión de la ejecución del Plan Bolívar 2000".

Roche Lander fue destituido de su cargo por un acto de la Constituyente el día 23 de diciembre del 99, situación que lo llevó a expresar que tenía "el deber de presentar al pueblo de Venezuela el informe de los resultados de la gestión contralora durante el año 1999. Al presentarlo al país, ya no soy Contralor General de la República, pues por un acto arbitrario y de muy dudosa legalidad, la Asamblea decidió removerme del cargo al que había sido electo por concurso para el período 1999-2004".

Al respecto del primer año de gestión del presidente Chávez, el ex funcionario señaló que "por muchos motivos 1999 será un año de ingrata recordación para los venezolanos. En ese año, Venezuela sufrió una de las más severas paralizaciones de su economía y la más terrible catástrofe natural de su historia. Por si fuera poco, excepto por la aprobación de una nueva Constitución, cuyas bondades están todavía por verse, el Estado venezolano continuó su proceso de deterioro y corrupción" (Informe del Contralor correspondiente a 2000 sobre la gestión de 1999).

Al Plan Bolívar 2000 se le señalaban las siguientes observaciones, "si bien es justo reconocerle una intención loable":

Carece de objetivos, metas y organización adecuada, todo ello sustituido por una acción improvisada, informal y desordenada.

Involucra a la Fuerza Armada Nacional en tareas ajenas a su misión fundamental, la cual inevitablemente es descuidada.

Exhibe una deplorable situación de corrupción, caracterizada por la utilización de facturas falsas y el manejo discrecional e irregular de fondos públicos, como lo pudo constatar la Contraloría en auditorías practicadas en varias guarniciones militares.

En la construcción de viviendas de interés social, de una promesa de construir 63.000 unidades en 1999, al 30 de octubre sólo se habían terminado 7.153, lo que representa menos del 50% de las construidas en 1998, que fueron 15.169.

La acción de la Contraloría de forma comparada entre el año 1998, último de la gestión de Rafael Caldera, y 1999, primero de la administración de Chávez, se puede visualizar de la siguiente manera, en los rubros más comunes de fiscalización:

Acción fiscalizadora de la Contraloría General de la República en 1998 y 1999
Ultimo año Caldera Primer año Chávez
Tópico

Año 1998

Año 1999

Número de intervenciones fiscales contraloras

2.900

1.622

Cantidad de reparos formulados

501

120

Monto en bolívares de los reparos formulados

12.985.000

14.753.000

Número de funcionarios con responsabilidad

48

64

Cantidad de expedientes remitidos a órganos jurisdiccionales

43

35

Cantidad de multas expedidas a funcionarios

111

82

Monto en bolívares de las multas expedidas

27.100.000

34.120.000

Fuente: Informes de la Contraloría General de la República.

   

 

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