"El que no la debe, no la teme", fue la clásica respuesta que ofreció públicamente William Dávila, militante de AD, gobernador de Mérida y presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, ante las intenciones del Congresillo de investigar corrupción regional. Por esos días se había conocido la renuncia del gobernador de Monagas, también de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, por eventuales razones de salud. Dávila expresó: "si la razón es de salud, espero que se mejore. Pero si me preguntan a mí, desde un punto de vista personal, ni renuncio ni me renuncian" (El Universal, 02/02/2000).

El Congresillo sustituyó a Martínez por una ficha del MAS: Miguel Gómez, de quien Miquilena dijo: "fue propuesto por mucha gente, ya que es un hombre muy conocido en Monagas como fundador del MAS , cuando se inició el partido en la región. Sobre el ex gobernador pesa una investigación ante la Fiscalía por la adquisición de una vivienda en Miami. Nosotros creemos que en este caso no se trata de una simple renuncia, sino del abandono de un cargo, y más cuando él tiene que responder por las acusaciones que pesan en su contra" (El Universal, 04/02/2000).

Canalizada la anterior salida institucional en el caso de Monagas, en marzo de 2000 y como consecuencia de un estudio técnico encomendado por la subcomisión de Política Interior presidida por Adán Chávez, siete alcaldes quedaron en la mira del Congresillo, por presuntos actos de corrupción. Se trataba de Hugo Mata Chacín, alcalde de Anaco; José Gregorio Arismendi, de El Tigre; y de Diego Alvarez, alcalde de Onoto, todos en el estado Anzoátegui y electos con los votos del partido Acción Democrática.

Los otros cuatro candidatos eran: José Gregorio Ruiz, alcalde de San Diego en Carabobo por AD; Arsenio González de la Sierra de Imataca en Casacoima por AD; Guillermo Pildain del MAS y alcalde de Pedernales; y Ramón Yánez, también del MAS y alcalde de Tucupita. Los últimos tres en el estado Delta Amacuro (El Universal, 30/03/2000). Los gobernadores señalados eran: Alberto Galíndez del estado Cojedes, y José Bernabé Gutiérrez, también electos por votos blancos de Acción Democrática.

Pero ya para el 5 de abril, el más señalado fuertemente, incluso con un informe de por medio del contralor Clodosbaldo Russián, era el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez. "En el caso de Cojedes, lo que opera es la destitución inmediata", declaró el Contralor (El Universal, 05/04/2000). El presidente de la Comisión Legislativa, Miquilena, el mismo día declaraba que "si bien el acusado tiene derecho a conocer el tipo de acusación que se le hace, por el otro en algunas alcaldías afectadas se han aprovechado de la ocasión para raspar la olla, desbaratando los recursos del pueblo y la Comisión Legislativa no puede permanecer indiferente a un problema de esta naturaleza".

Afectos a Galíndez protagonizaron disturbios en la ciudad de San Carlos por espacio de varios días, en defensa de su gobernador. El 5 de abril el estado virtualmente se paralizó, se procedió a la quema de la legislatura donde el MVR había organizado un evento denominado Juicio a la corrupción y se reportaron 18 heridos. En Tinaquillo, El Pao y Cojeditos, ocurrió otro tanto (El Universal, 06/04/2000). Mientras, Galíndez procuraba ganar un amparo ante el Tribunal Supremo, pues "están violando mi garantía constitucional del derecho a la defensa, ya que no he sido notificado de la existencia de esas investigaciones, no se me ha permitido tener acceso a las presuntas probanzas que obran allí, ni tampoco he tenido el derecho a ser oído y a ejercer mi defensa".

La primera vicepresidenta de la Comisión Legislativa, Blancanieves Portocarrero, se ocupaba de aclarar que de acuerdo con "el Régimen Transitorio de los Poderes Públicos, aprobado el 22 de diciembre por la Constituyente, sólo estamos facultados para intervenir gobernaciones y destituir alcaldes. La Fiscalía y la Contraloría proceden a destituir gobernadores" (El Universal, 11/04/2000). Aprovechó para anunciar las destituciones de los alcaldes de Tucupita (Ramón Yánez) y Casacoima (Arsenio González de AD), en el estado Delta Amacuro, ya mencionados, y el del municipio Brión (Higuerote) del estado Miranda, Domingo Palacios de AD. Con algunos votos salvados, el Congresillo designó a Gustavo Mata y a José Inocente Barreto como nuevos alcaldes en Casacoima y Tucupita, respectivamente. Por cierto que Barreto ya había manifestado su candidatura como alcalde por el MVR en el municipio en el cual se le adelantaba como alcalde interino (Casacoima). Pero dejaban el caso del gobernador de Cojedes en el congelador (El Universal, 12/04/2000).

Domingo Palacios, el alcalde de Higuerote, se salvó en la raya, pues un acuerdo político en el interior de la Comisión Legislativa resolvió detener las destituciones. Este funcionario tenía una acusación por malversación genérica, al tomar de una partida unos 72 millones de bolívares para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre de 1999. Pero llegó al convenimiento de reponer el dinero con el presupuesto del año 2000, cosa que aparentemente hizo y le fue aceptada por el Congresillo (El Universal, 13/04/2000). También el gobernador de Anzoátegui, Alexis Rosas, de Patria para Todos -uno de los partidos aliados del Presidente-, tenía sus barbas en remojo.

La estrategia anticorrupción de la Comisión Legislativa Nacional cambió radicalmente a partir del 24 de abril de 2000, cuando con las megaelecciones convocadas para el 28 prácticamente encima, se resolvió no acometer más destituciones. Dejemos que sea la palabra de la segunda vicepresidenta, Blancanieves Portocarrero, la que explique la situación, tras un diálogo con la periodista Luisana Colomine (El Universal, 25/04/2000).

— Hay varios escenarios y uno de ellos es que el pueblo sea quien decida, quien elimine a esos alcaldes y gobernadores. Y si repiten los mismos, pues todavía les queda el mecanismo del referendo revocatorio –explicó Portocarrero.

— ¿Entonces no habrá destituciones en lo que queda de tiempo a la Comisión Legislativa Nacional?

— No habrá destituciones, a menos que sea muy grave el caso.

— ¿A qué llama usted grave?, -replicó la periodista.

— Bueno, que todo sea demostrado por la Contraloría, la Fiscalía, el pueblo, la sociedad civil...

— ¿Pero la Contraloría no recomendó ya la destitución del gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez?

— Tú sabes que la Contraloría trabaja sobre lo administrativo y habría que conjugar ese dictamen con el de la Fiscalía. Esa es mi posición. Eso es muy delicado, sobre todo con una Constitución cargada de derechos humanos.

Sin embargo, los alcaldes arriba mencionados acudían a defenderse ante la comisión de Política Interior. Se habían sumado cuestionamientos a los titulares de Lagunillas, en el estado Zulia, Albenis Arrieta de Copei, y al de Michelena en el estado Táchira, José Cardozo también del partido verde. Los señalamientos hechos por la Contraloría en manos de Clodosbaldo Russián, a su vez venían de la gestión e informes de Eduardo Roche Lander, fueron heredados por el Congresillo y posteriormente endosados a la electa Asamblea Nacional, sin mayores consecuencias. De hecho, algunos alcaldes -como nos lo informó la presidenta de la CComisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Vestalia de Araujo, en el capítulo inicial-, fueron reelectos en sus cargos por el voto popular.

Dejemos una vez más que sea la redacción de la colega Luisana Colomine la que nos ofrezca un relato de la situación del alcalde de San Diego del estado Carabobo, José Gregorio Ruiz, cuando acudió a defenderse: "una de las más emotivas defensas fue la del alcalde de San Diego, quien incluso lloró ante los miembros de la subcomisión (de Contraloría del Congresillo), ‘pues en mi casa mi esposa se está halando los pelos con esto, y mis hijos no pueden ir a la escuela porque les dicen que su papá es corrupto’".

Ruiz era señalado por irregularidades del orden de los 15 millardos, de los cuales habría supuestamente malversado unos 65 millones, pero a la vez aspiraba a la reelección en el cargo para el 28 de mayo. Al de Anaco, Hugo Mata Chacín, se le atribuía la asignación de 37 contratos por más de 308 millones de bolívares para una sola obra, asignados a la misma empresa. "Mata dudó ante la subcomisión y dijo desconocer esa parte del informe del Contralor. Tampoco supo explicar el fraccionamiento de los montos para evadir la Ley de Licitaciones y no respondió a una pregunta clave del legislador Luis Gamargo, sobre cómo fue presupuestada la obra", escribía Colomine.

A pesar de frenar las destituciones pero a la vez con el ánimo de austar a los opositores con su utilización, luego vinieron los casos del alcalde de Petare, Raoul Bermúdez, de Copei, y el del gobernador de Convergencia en Yaracuy, Eduardo Lapi. Veamos. A Bermúdez se le achacaban irregularidades y desacato a las citaciones del Congresillo. "Si este domingo no comparece, tendremos que intervenir la alcaldía y propondremos a la plenaria su destitución del cargo" le advertía el legislador Rafael Vargas (El Universal, 29/04/2000). La situación se le complicaba a este alcalde pues seis empleados despedidos tres años atrás habían iniciado una huelga de hambre en el hospital Pérez de León de Petare, y Luis Miquilena había ido a visitarlos, según refirió Vargas. Bermúdez se presentó en el parlamento transitorio y logró un acuerdo que evitó su destitución, finalizó la huelga de hambre y consolidó el pago de salarios caídos.

Mientras, el gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi, era acusado de "rebeldía institucional" al negarse a enterar el presupuesto local a la Comisión legislativa Regional. Elías Jaua decía "nosotros no estamos dispuestos a tolerar más este desacato a un poder autónomo, como lo es el legislativo regional" (El Universal, 27/06/2000). Miquilena reforzaba la posición: "si hubo desacato se intervendrá la gobernación. Nosotros no estamos pintados en la pared y eso tiene que ser sancionado de alguna manera". El gobernador Lapi se defendía expresando que "se han entregado al Consejo Regional 90 millones del presupuesto de 300 millones. Estos señalamientos son políticos. Esas denuncias van más bien hacia lo electoral que a la defensa de los recursos del Estado. Con todo y eso, obtendré 80 por ciento de los votos en las próximas elecciones", como en efecto ocurrió.

Otros cuatro gobernadores que estuvieron en la mira fueron: Germán Valero del Zulia y sustituto de Arias Cárdenas; Alfredo Laya de Vargas y de la alianza oficialista con Patria para Todos; Sergio Omar Calderón del Táchira por Copei; y William Dávila de Mérida por AD. Algunos pasaron su buen susto cuando piquetes de la Disip les allanaban sus predios por instrucciones del Congresillo.

La célebre Comisión Legislativa Nacional finalizó sus actividades el 28 de julio de 2000, basado en un presupuesto de 14 mil millones de bolívares, con el siguiente balance:

"Esta asamblea se bautizó bajo el signo de nuestros adversarios, las voces agoreras, las Casandras de siempre, nos estigmatizaron. No fue fácil sustituir a hombres ya casi mineralizados en el poder. Tuvimos el apoyo de nuestro propio pueblo y eso nos hacía legitimar. Torcimos el cuello a la retórica infecunda, No vinimos aquí a hacer proyectos personales. Yo me siento orgulloso de mis compañeros legisladores. El juicio inexorable de la historia nos absolverá. Ahora soy un burdo desempleado", decía Luis Miquilena en sus palabras finales como presidente de la Comisión Legislativa Nacional, ente que le daba el paso a la primera Asamblea Nacional prevista por la nueva Constitución Bolivariana aprobada a fines de 1999.