"No estaba en mis planes estar aquí, a pesar de que soy abogado", diría Manuel Quijada tras su ratificación como presidente de la nueva Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. "Esto implicaría presenciar, por lo menos, la depuración que dejará como resultado el inicio de los concursos en el Distrito Federal. Después no tendré nada que buscar aquí y quienes queden en la comisión deberán entregar el trabajo efectuado con las restituciones, suspensiones y destituciones a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que creará próximamente el Tribunal Supremo de Justicia" (El Universal, 03/02/2000).

Atrás quedaban, de la fase anterior, la destitución de 47 jueces y la suspensión de otros 294. Quijada negó que el presidente de la Constituyente, Luis Miquilena, lo hubiera llamado "requiriendo la destitución de 300 jueces para colocar en su lugar a abogados del Polo Patriótico" (El Universal, 03/02/2000). Ya para el 16 de febrero esta nueva comisión anunciaba la designación de otros 116 jueces provisorios en sustitución de los suspendidos o destituidos por la de Emergencia Judicial. Se sumaban a los 101 jueces previamente seleccionados también como provisionales. La cantidad era insuficiente en el momento para suplir a los casi 350 jueces removidos. Cabe destacar que los provisorios lo serían hasta que fuesen evaluados y pasaran también por concursos de oposición.

Por otro lado, se anunciaba la necesidad de elevar de 1.200 a 2.000 el número de tribunales en todo el país, "para hacer más eficiente, loable y transparente el trabajo judicial", justificaba Quijada el plan. Además de insuficientes, los tribunales deben actualmente atender competencias múltiples. Atienden materias relacionadas con lo civil, mercantil, del trabajo, de tránsito, menores y hasta asuntos agrarios, situación ésta que enrarece los procedimientos" (El Universal, 24/02/2000). Coincidía plenamente con los resultados de la Hoja de Vida encargada por la Corte los años anteriores y que ya vimos antes de forma resumida.

Entre las designaciones provisorias se había "colado" la de la juez Sonia Villamizar, quien no era abogado. Había ingresado como jueza de Municipio para Caracas. El inspector René Molina constató que el título de la UCV consignado por Villamizar no era auténtico. Notificó a la policía científica y al Ministerio Público. Respecto de este caso, Quijada expuso ante los medios que "es el de una persona inescrupulosa que intentó ingresar al Poder Judicial, para tomar posesión del Juzgado Décimo de Municipio del Distrito Federal, y que para colmo ha trabajado como abogada en diversos organismos del país y dicta clases en un instituto privado desde 1965" (El Universal, 30/03/2000).

A la supuesta abogada se le levantaron cargos por "forjamiento de documentos públicos y falsificación de firmas y de sellos del estado". La postulación de Villamizar se le atribuyó a Elio Gómez Grillo, vicepresidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia. La periodista Irma Álvarez reportó en El Universal del 31 de marzo de 2000 que "según documentos en poder de la reportera, esta funcionaria impartía clases de Ética Profesional, Educación Correccional I y II, Derecho Penitenciario y Penal a los alumnos del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (Iunep), institución que dirige el citado vicepresidente de la comisión judicial".

Pero ya la situación del inspector de Tribunales, René Molina, comenzaba a hacerse insostenible en el seno de la comisión. ¿La clave? Inconformidad con algunas designaciones de jueces provisorios. "Hay unos ocho casos de jueces que serán restituidos, a pesar de que fueron suspendidos por acusaciones graves", declararía Molina (El Universal, 13/04/2000).

— Nuestro papel aquí –declaró Molina- es garantizar una transparencia, contra viento y marea, porque yo no milito, ni estoy buscando cargo. Mi única responsabilidad con la sociedad venezolana es este cargo, que es el único y el último que tendré dentro de la administración pública. Me voy a ir de él de acuerdo con mis principios, porque yo no vine aquí para transar con nadie... El que pase la prueba sólo estará en el Poder Judicial por sus méritos y sus exámenes. Me opondré a nuevas tribus judiciales.

El comentario no fue del agrado de Manuel Quijada. "Esta comisión no está controlada por los partidos políticos tal como sucedió con el Consejo de la Judicatura", dijo el funcionario (El Universal, 15/04/2000). Pero aprovechaba la misma rueda de prensa para responderle a Carlos Tablante que "es absurdo que Tablante entre sus críticas afirme que la Comisión en seis meses ha suspendido y destituido a apenas 400 personas. Esa suma significa 45% de la totalidad de los jueces: 408 suspendidos; 46 destituidos; 12 que han renunciado y 23 jubilados. Esta es una cifra alta considerando que utilizamos un método empírico pero que implica muchas revisiones. Estoy seguro de que Tablante, cuando fue ministro de la Conacuid (época de Caldera) ni siquiera destituyó a ningún juez vinculado al narcotráfico".

El punto con Tablante era que éste había cuestionando la forma "a dedo" conque la segunda comisión de justicia estaba designando a los jueces provisorios. "Algunas designaciones han tenido que ser a dedo" –contraargumentó Quijada- "por la sencilla razón de que son temporales, mientras se organizan las normas de evaluación y concurso, como efectivamente se elaboraron ya".

Este episodio entre Tablante y Quijada fue el primero de tres que marcaron, aparte de las relaciones entre los dos ex constituyentes, la actividad futura de la comisión y la salida de Manuel Quijada del nuevo Poder Judicial, como veremos más adelante.

En efecto, el miércoles 12 de abril Carlos Tablante envió una carta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón Urdaneta, y demás magistrados, donde señalaba los siguientes cuestionamientos a la Comisión presidida por Quijada en cuanto a la designación de jueces y otros aspectos:

Quijada acusó el golpe de la carta de Tablante y las críticas internas que formulaba el inspector Molina, y declaró que "los jueces provisorios se están escogiendo a dedo. Se ha hecho de esta forma, a dedo, como ha sido todo, porque estamos en una etapa de transición y no podemos hacer un concurso para escoger a todos los jueces provisorios, ya que no terminaríamos nunca. No obstante se les escoge por ser honorables y académicos", respondió (El Universal, 16/06/2000).

Para el 18 de julio la opinión pública se enteraba, en general, que arrancaba el proceso de examen de los jueces que concursaban para los circuitos de los estados Miranda y Vargas. Casi 100 candidatos a jueces, muchos de ellos designados como provisorios, corrían el riesgo de quedarse en el aparato si: el número de días de despacho era inferior a 60%, evidenciaban limitaciones físicas que les impidan garantizar el trabajo, la evolución patrimonial no se correspondía con los ingresos; o si el examen de cuentas del tribunal revelaba ingresos no registrados o egresos para propósitos ajenos a los fines de las cuentas", al decir del inspector de Tribunales, René Molina. En paralelo se designaban otros 116 jueces transitorios para cubrir vacantes en los estados Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre y Vargas.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el 2 de agosto de 2000 la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, para que arrancara con las funciones de coordinación del Poder Judicial y el control de las actividades de los jueces. Estaba en sintonía con la propuesta de Tablante y colocaba a la segunda Comisión Judicial a suspender y destituir y a la nueva instancia a designar jueces.

Un tanto harto de ser acosado simultáneamente por Carlos Tablante y René Molina, quien había renunciado como Inspector de Tribunales a propósito del caso del semanario La Razón y por un enfrentamiento con Luis Miquilena, Manuel Quijada declaró que "la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial no ha creado tribus. Eso es una tremenda infamia" (El Universal, 11/08/2000).

— Nos mete (Molina) a todos en un saco, como si fuéramos delincuentes. Seguro tiene problemas psicológicos, o no comprendo tanta denuncia. Los ataques tienen una connotación política, antigobierno, que se agravó con el caso del juez Pérez Perera, quien conocía el caso contra el delincuente difamador de la Razón, Pablo López, que debería estar preso. Pero lo que no sabe Molina, en medio de su afán de protagonismo enfermizo, es que él fue ratificado en el cargo gracias a mí, porque la Asamblea Constituyente iba a destituirlo, y por eso nadie más que yo tiene moral para rebatirlo. La otra infamia es que nos hayamos repartido los estados, para designar jueces por amiguismo y que estemos a punto de absolver a un lote de 40 jueces a raíz de negociaciones entre compadres.

Molina también recibía lo suyo. El miembro de la comisión José Chacín Buaiz, señaló que el Inspector había sido acusado en tres oportunidades ante el Tribunal Supremo de Justicia (El Universal, 11/08/2000). Molina, recuérdese, se había negado a destituir al juez Pérez Perera, quien conocía del caso La Razón, donde figuraban colateralmente viejas relaciones comerciales entre Luis Miquilena, ex ministro de Relaciones Interiores y Justicia, presidente de la Asamblea Constituyente y luego de la Comisión Legislativa Nacional o Congresillo; Manuel Quijada y el presidente de Multinacional de Seguros y financista electoral del presidente Chávez, Tobías Carrero.

Los tres miembros de la Dirección de la Magistratura, Manuel Quijada (coordinador general), Humberto Cubillán y Blas Delascio, fueron juramentados por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia el 1 de agosto. Asumían todas las facultades de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial en cuanto a la administración del Poder Judicial. En la juramentación, Iván Rincón Urdaneta declaró "no entender por qué en este país se habla tanto de influencias políticas y de designaciones a dedo. Aquí en Venezuela se critica la forma de designar a los que asumirán los cargos, pero se olvida que en los países desarrollados los nombramientos son efectuados por el Gobierno".

Blas Delascio había sido director suplente de Multinacional de Seguros, antes de ocupar un cargo en la Magistratura. Con la salida de Molina, Josefina Entrialgo fue designada como la nueva inspectora de Tribunales. Venía de trabajar con los últimos tres fiscales: Iván Darío Badell, Rafael Pérez Perdomo y Javier Elechiguerra. También la relacionaban profesionalmente con Multinacional de Seguros (El Universal, 30/08/2000). Fue propuesta por Iván Rincón Urdaneta, con los votos en contra de los magistrados Carlos Escarrá, José Rafael Tinoco y Héctor Peña Torrelles. Los también magistrados del Tribunal, Franklin Arrieche y Jesús Eduardo Cabrera, habían sido directivos y abogados de Multinacional, respectivamente, según reportó El Universal del 30 de agosto de 2000.

A pesar de la nueva Dirección de la Magistratura, se mantenía la segunda Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, integrada ahora por Elio Gómez grillo (presidente), Yolanda Jaimes y Beltrán Haddad (a quien le habían ofrecido en vano la Inspectoría de Tribunales); para aplicar las medidas disciplinarias contra los jueces. Pero la Magistratura le reportaba al Tribunal Supremo, en particular a una Comisión de Justicia integrada por los magistrados: Iván Rincón Urdaneta, Levis Ignacio Zerpa, Alejandro Angulo Fontiveros, Juan Rafael Pérez Perdomo, Carlos Oberto Vélez, y Antonio García García.

Concluido el 22 de septiembre el proceso de calificación de los 46 jueces para los estados Miranda y Vargas, comenzó el 15 de octubre el de los 220 para Caracas. Los reprobados estarían por 4 años fuera del Poder Judicial. Se prometía terminar la evaluación completa en el país a más tardar en julio de 2001.

El 19 de enero de 2001, Quijada insistía desde las páginas de opinión de El Nacional, sobre el tema: El nuevo sistema judicial. Pero esta vez, no sabemos si presagiando la crisis ulterior que determinaría su salida tras otro enfrentamiento con Carlos Tablante, hacía un balance de lo actuado por las comisiones anteriores a la Dirección de la Magistratura que para el momento presidía: "la labor de estas comisiones ha sido considerable" y enumeraba entre otros logros:

En febrero de 2001 Quijada le salió al paso nuevamente al diputado Carlos Tablante: "¡Eso es embuste! Esas declaraciones son falsas. ¿Cómo va a observar como insólito que en un año no se haya realizado el primer concurso para evaluar a los jueces y que las designaciones han sido hechas a dedo?... Las evaluaciones apenas fueron publicadas en Gaceta el 14 de marzo de 2000, por la Comisión de Reestructuración, así que ni siquiera ha pasado un año" (El Universal, 03/02/2001).

Agregó que las evaluaciones "son previas a los concursos de oposición. Así que primero se evaluó a 37 jueces de Miranda y 15 de Vargas, y después de reprobar a 14, comenzaron los concursos de oposición para los jueces superiores de ambos estados. Como parte de este proceso, 87 concursantes presentaron una prueba escrita y de éstos 57 reprobaron y 28 pasaron a las pruebas práctica y oral".

De los 28 quedaron, para Miranda y Vargas, 6 candidatos: Alfredo Mónaco, Hermann Vásquez, Freddy Álvarez, Mardonia Mireles, Ildefonso Ifill y Rafael Aponte.

Un nuevo episodio, esta vez el último, surgió entre ambos cuando el diputado masista Carlos Tablante, en su condición de presidente de la subcomisión de Justicia de la Asamblea Nacional, denunció que 130 jueces suspendidos por la Magistratura presidida por Quijada tenían un año cobrando sin trabajar. Razón suficiente para solicitar una reunión urgente con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

"Lo grave de todo esto" –declaró Tablante a los medios- "es que se le está causando un daño al patrimonio público ya que existe doble erogación. A los suplentes se les paga el mismo sueldo que al juez suspendido y si el suplente no puede ir al tribunal también se le paga al suplente del suplente. Así que si un juez es corrupto debe ser investigado, destituido o restituido a la mayor brevedad" (El Universal, 07/03/2001). Tablante insistía en que "la designación de jueces provisorios ha sido cuestionada desde que era una función de la Comisión de Reestructuración Judicial, y no podemos permitir que los nombramientos se repartan en parcelas, o se cree una nueva estructura clientelar".

"Muchas de las destituciones se han convertido en pensiones y jubilaciones en beneficio de los denunciados" agregó Tablante (El Nacional, 07/03/2001). Los 130 jueces que estaban cobrando sin trabajar se encontraban distribuidos en 21 estados del país y la cantidad mayor estaba en Distrito Federal (27), Amazonas (13) y Bolívar (11). El también miembro de la subcomisión de Justicia y del MAS, Róger Rondón, en la misma oportunidad sugería que el Tribunal Supremo debía intervenir la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial.

Mientras los diputados Tablante, Rondón, Iris Varela y Raúl Esté, estos últimos del MVR, se reunían con las autoridades del Tribunal Supremo; Manuel Quijada acusaba que "es evidente que Carlos Tablante lo que busca es publicidad y para eso quiere armar un escándalo político. Es lógico que estén recibiendo sueldos porque la Inspectoría Nacional de Tribunales suspende a los jueces denunciados con una medida cautelar y se les da derecho a la defensa" (El Nacional, 08/03/2001).

Aclaraba que no eran 150 ni 130, más bien 98 los jueces que estaban en la situación de cobrar sin trabajar. "Sería ilegal suspenderles el sueldo hasta tanto no se produzca la sentencia sobre ellos. Los 500 jueces que hemos sacado han pasado por el mismo procedimiento y estoy seguro de que si no lo estuviéramos haciendo así, Tablante estaría en la Comisión de Derechos Humanos acusándonos de no cumplir el debido proceso y de violar el derecho a la defensa".

Por su parte el diputado Raúl Esté, junto a Iris Varela, acusaban a Quijada de defender intereses distintos a la reforma del Poder Judicial, por lo que solicitaron su destitución: "Ese señor tiene profundas vinculaciones con el pasado", dijeron. Igual plantearon el caso de Elio Gómez Grillo. El tribunal Supremo de Justicia, en tanto, habilitaba unos 30 inspectores de Tribunales, para solucionar el embudo provocado. Gómez Grillo declaraba: "tengo la conciencia tranquila".

El viernes 9 de marzo se conoció que el Tribunal Supremo había tomado la decisión de remover a Manuel Quijada a partir del lunes 12 de marzo. Los diputados denunciantes solicitaban, adicionalmente, examinar las gestiones de Gómez Grillo, Alcides Cartaya, Marisol García, Ana Cecilia Pantoja, Arturo Calzadilla, Miguel Mendoza, Magali Cornivel, Mazino Valeri y Janeth Iriarte. Elio Gómez Grillo, como presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, argumentaba que "es cierto que las denuncias se han incrementado de 3.000 a 15.000. Lo que pasa es que la ciudadanía cada día adquiere mayor confianza en el proceso disciplinario o de depuración que se está adelantando y siente que va a encontrar un eco a sus denuncias. Este hecho ha complicado el trabajo de la Inspectoría" (El Nacional, 09/03/2001).

Manuel Quijada renunció a la presidencia de la Dirección de la Magistratura el sábado 10 de marzo, sabiendo de antemano que el lunes 12 de marzo probablemente sería destituido por el Tribunal Supremo, cosa de la que estaban enterados algunos diputados de Primero Justicia y de otras organizaciones. "Por eso, para la opinión pública quedó como que solamente había renunciado", dijeron nuestras fuentes. También lo hicieron los otros dos miembros: Blas Delascio y Humberto Cubillán. "Yo nunca me imaginé que cambiar una institución tan podrida como el Poder Judicial y tomar medidas de suspensión desde 1999, podría ocasionar que ahora me acusen porque hay jueces suspendidos que aún gozan de sueldo", exclamó Quijada (El Universal, 10/03/2001). Quijada apareció el domingo 11 de marzo en un Diálogo Con el periodista Carlos Croes y trató de aclarar que su salida no era por irregularidades sino porque el Tribunal Supremo los tenía "atados de pies y manos".

Primero Justicia apostaba a que Quijada fuera sustituido como resultado de un proceso de candidaturas encauzado por un comité de postulaciones. Así lo planteó el diputado Gerardo Blyde. Al tiempo que el presidente del Tribunal Supremo, Iván Rincón Urdaneta, tal vez amortiguando un tanto la situación, explicaba a la prensa que "la renuncia de los directivos de la Magistratura no obedece a problemas políticos, administrativos o enfrentamientos entre poderes, sino a la búsqueda del perfil gerencial de la Dirección, tampoco está en juego la honorabilidad" (El Universal, 13/03/2001).

— El cambio en el Poder Judicial no podía ser de un hombre por otro, o del Consejo de la Judicatura por una Dirección de la Magistratura –nos refirió Carlos Tablante-. Eso no tiene sentido. Cuando propusimos crear al Director de la Magistratura la idea era tener un gerente, con un perfil académico y profesional, que garantizara a todos los jueces apoyo logístico para que pudieran cumplir bien con su función jurisdiccional.

— ¿Y esto no es lo que está pasando?

— En vez de poner a un gerente calificado, ponemos a un político como lo es Manuel Quijada y lo ponemos con dos miembros más. Se reproduce el viejo concepto del Consejo de la Judicatura. La idea era que el Poder Judicial tuviera una sola cabeza: el Tribunal Supremo de Justicia.

— ¿Y eso no es así? –preguntamos.

— No. Hemos tenido una Comisión de Justicia, integrada por cinco magistrados, que es una cabeza. Una Dirección de la Magistratura, que es otra cabeza. Una Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, la que dirige Gómez Grillo, que es una tercera cabeza. Más el Tribunal Supremo. Tenemos cuatro cabezas y esto todavía coloca al Poder Judicial en fase de transición. Estamos enfrentando la corrupción en el Poder Judicial con más corrupción.

—¿ Por qué?

— Fíjate. Hoy por hoy, se ha suspendido a un montón de jueces y algunos están destituidos. Pero en el caso de los que están suspendidos, la mayoría lo está desde hace un año con goce de sueldo. Hay casos donde existen cargos y están cobrando hasta tres personas. No se ha sido lo suficientemente transparente. La idea era evaluar a los jueces de una manera uniforme y sacar a concurso todos los cargos de jueces lo antes posible.

— Por lo que me dice, usted se siente insatisfecho por lo logrado en la reforma del Poder Judicial...

— Absolutamente. Estamos encaminados en un proceso de limpieza y depuración, pero todavía estamos permitiendo que el proceso se contamine y sufra distorsiones.

— Pero Manuel Quijada tampoco está muy cómodo con sus planteamientos. Han tenido varios encontronazos.

— Por supuesto, cada vez que uno emite una opinión crítica –responde- actúan al estilo político de la IV República que tanto critican. En vez de asumir de manera positiva la crítica y el debate, inmediatamente lo que hacen es descalificarte. Ese es su estilo de ejercer la función pública. Creo que se van a hacer ajustes y algunos cambios en los próximos días. Nos tendrán que dar la razón.

— ¿A qué se refiere?

— Creo que van a cambiar a Manuel Quijada. Creo que sale en no más de una semana.

— Yo que lo estoy buscando para entrevistarlo. De hecho le envié algunas preguntas simples por fax a solicitud de su secretaria o asistente Olga

— Vas a tener que buscarte a otra persona. Yo creo que está raspado...

— Eso es un tubazo –comentamos.

— Sí, eso me lo dijo alguien del Tribunal Supremo de Justicia.

Éste anunció que los cargos de Quijada, Delascio y Cubillán serían cubiertos por tres magistrados del máximo tribunal y que serían investigadas las direcciones de Recursos Humanos, Planificación, Administración y Carrera Judicial de la Magistratura. Se trataba de los magistrados Juan Perdomo, Carlos Oberto Vélez y Luis Martínez (El Universal, 15/03/2001).

"Nosotros no estamos cuestionando la gestión de Manuel Quijada" –declaró Iván Rincón Urdaneta-. "Y es que, por ejemplo, cuando vamos a una Dirección Administrativa Regional y encontramos irregularidades, no se las atribuimos a él. Recuerden que Quijada sólo fue el cuentadante nacional de la Magistratura, y a mí nadie me ha dicho que él ha efectuado pagos indebidos o algo por el estilo" (El Universal, 15/03/2001).

A los días de dejar el cargo, Quijada volvió a comunicarse con el país a través de El Nacional. Esta vez escribía un artículo titulado El alma humana. "Acabo de vivir una experiencia ilustrativa de la apreciación que puede hacerse de la naturaleza del género humano". Se explicaba: "Entre muchos de los cambios que se han emprendido últimamente, hasta ahora, el más resaltante, reconocido internacionalmente y por la población conocedora de la realidad nacional, es la lucha por la transformación de , quizás, la más pervertida de las instituciones del Estado: el Poder Judicial. Bastó con que los resultados pudieran palparse y la programación de los cambios absolutos se conocieran para que las fuerzas oscuras, diabólicas, que a veces lleva el hombre en su interior, se desataran para tratar de entorpecer las iniciativas y realizaciones, llevadas a cabo en tan poco tiempo" (El Nacional, 16/03/2001).

El Tribunal Supremo abrió a concurso las posiciones máximas de la Magistratura y, luego de analizar unas 40 postulaciones, designó un Comité Directivo conformado por Rafael Ernesto Roversi como coordinador general, acompañado por los magistrados consejeros Elías Roberto Cordero Rodríguez y Abraham Pineda Bello.

Mientras tanto, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, estaba en manos de Elio Gómez Grillo quien ejercía la presidencia, Laurence Quijada y Beltrán Haddad.

La cena ofrecida por los amigos de Manuel Quijada en el Hotel Eurobuilding la noche del 23 de mayo de 2001, encabezada por Luis Miquilena, no logró impedir una nueva crisis en la reforma del poder judicial, donde la figura del nuevo embajador de Venezuela en Portugal –Quijada- no constituyó la excepción a las críticas.

— Más que amigo –el ministro Miquilena elogiaba a Quijada delante de más de 200 invitados-, Manuel es un hombre responsable y cuando se escriban las páginas de la historia, su nombre figurará como el de unos de los pioneros en el cambio de régimen judicial de subasta y soborno (El Universal, 24/05/2001).

Una semana después del homenaje, caía un balde de agua fría. Se conoció que una mayoría de 16 magistrados principales y 4 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia decretó "una reforma para el fortalecimiento del Poder Judicial", reconociendo el fracaso de la emergencia judicial de los dos años anteriores (El Universal, 30/05/2001).

Los puntos de interés de la decisión tomada el propio 23 de mayo, con la ausencia del presidente de la máxima instancia, Iván Darío Rincón, quien se encontraba de gira oficial en España, fueron los siguientes:

El vocero de tal análisis fue el presidente encargado del TSJ, Omar Mora, quien agregó que "después de un año y nueve meses seguimos en emergencia, y yo creo que eso es justo reconocerlo...Sólo resta impulsar una transformación profunda".

— No es correcto hablar de fracaso de la reforma del Poder Judicial. No comparto esa opinión, porque ha existido un gran adelanto. La primera medida que se tomó fue la decapitación de los jefes de las tribus judiciales. Esos fueron separados de los cargos y algunos pasados a la Fiscalía para su procesamiento... Una vez que el Tribunal Supremo se metió prácticamente a dirigir, sobre todo, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a través de la Comisión Judicial que se creó sin estar señalada en ninguna ley ni en la Constitución, prácticamente el proceso se distorsionó –devolvía la pelota Quijada al TSJ (El Universal, 31/05/2001).

Así, se abrió paso a una suerte de "sobremarcha judicial" con la que se pretendía cambiar a otros 1.400 jueces. El otro elemento de gravitaba en la controversia era la eventual aprobación definitiva del Código de Etica del Juez, circunstancia adversada por Quijada si ello ocurría antes de la designación de la totalidad de los jueces. No obstante, el magistrado Omar Mora tenía otra concepción del asunto:

— Sobre este Código de Etica se está elaborando un proyecto de reglamento para aplicar sanciones más severas a los jueces corruptos. En caso de falta grave, se aplicará la destitución del cargo como pena principal, pero pretendemos aplicar dos penas accesorias: inhabilitación para ocupar cargos públicos y académicos por 12 años y reducción de la pensión de jubilación (El Nacional, 01/06/2001).

Gisela Parra, ex presidenta del Consejo de la Magistratura durante la IV República, no perdió la oportunidad de señalar los siguientes aspectos (El Universal, 01706/2001):

— Pero el presidente encargado del TSJ ya dijo que no existían evidencias que justifiquen el enjuiciamiento de funcionarios? –la interrogaron.

— Entonces ya están benditos. Si el Tribunal Supremo dice que todo está perfecto, si esto es así, continúa la impunidad. Quiere decir que aquí todo el mundo dispone, perjudica, es irresponsable, negligente y no hay sanción. ¡Viva la impunidad!

El ministro Miquilena salió en defensa indirecta del señalado cuarto hombre al mando de la revolución, Manuel Quijada, tras Chávez , él mismo y José Vicente Rangel:

— No hay fracaso en la reforma del Poder Judicial. La etapa que se ha venido haciendo cumplió un papel muy importante y se avanzó en ese camino. Como no está completada y hay necesidad de continuar avanzando, el Tribunal ordenó la reestructuración (El Universal, 01/06/2001).

— Usted asegura que no hay fracaso ¿Cómo explica que los magistrados lo admitan? Le repreguntaron al ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

— Ellos no han dicho eso...

— Omar Mora aseguró que no ha pasado nada en este tiempo.

— Lo que han dicho es que ha habido fallas. Pero hay que hacerle un reconocimiento a la gente que trabajó en eso.

— ¿A Manuel Quijada?

— A Manuel Quijada y a otra gente que trabajó allí.

"La Contraloría no se quedará de brazos cruzados" escribía la periodista Irma Álvarez el 2 de junio, a lo que agregaba: "estudiará si los funcionarios que encabezaron la emergencia judicial incurrieron en transgresiones administrativas, gastos injustificados o daños al patrimonio público" (El Universal, 02/06/2001).

De regreso en el país, Iván Darío Rincón, el titular del TSJ planteaba que la nueva reestructuración duraría unos tres años, aparte de que se solicitaría un nuevo crédito por 20 millones de dólares al Banco Mundial para emprenderla.

En julio de 2001 fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el Código de Etica del Juez, sobre la base de dos proyectos presentados al parlamento: uno, por el Tribunal Supremo de Justicia; y otro, por el diputado Carlos Tablante, presidente de la Comisión de Justicia de la Comisión de Política Interior. La diferencia entre uno y otro documento estribaba en que el proyecto del TSJ excluía las normas de ética para los propios magistrados del máximo tribunal, situación con la que no estaba de acuerdo Tablante.

— Todos, absolutamente todos, entran por el mismo aro. ¿Cómo es eso que unos sí y otros no? Como ex constituyente sé que no sólo la letra sino el espíritu del artículo 267 de la Constitución incluye a magistrados y jueces en el objeto del referido Código (El Universal, 14/07/2001).

La entrada en vigor del Código de Etica del Juez deja prácticamente sin funciones a la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial presidida por Elio Gómez Grillo, pues las faltas disciplinarias y sanciones pasarían a ser revisadas directamente por la Coordinación de la Magistratura. Aunque Tablante era de la idea que la vigilancia de los jueces estuviera a cargo de colegios electorales disciplinarios que eligieran regionalmente a los llamados jueces disciplinarios.

En julio de 2001 también se conocieron los nombres de los cuatro primeros jueces vitalicios, designados por concursos de oposición: Josefina Meléndez Villegas, Luis Guevara Risques, José Quijada Campos y Roraima Medina García, tras superar todas las pruebas diseñadas por jurados especializados. Lograron superar a otros 80 aspirantes. Apenas eran cuatro de los 1.400 jueces formales que requiere el país.