La Comisión de Emergencia Judicial resolvió intervenir al Consejo de la Judicatura y su tribunal disciplinario. "Normarina Tuozzo sigue siendo la presidenta, aunque sus funciones estén suspendidas", advertía el constituyente Elías López Portillo (El Universal, 28/08/1999). Manuel Quijada, a propósito de la acción, decía que ya todo el poder constituido estaba subordinado a la Constituyente. "Si no priva la Constitución de 1961 sobre la Asamblea, cómo puede privar una sala de la Corte Suprema de Justicia". En cuanto al recurso de los abogados Blyde y Fernández, declaró: "nosotros no podemos violar un estado de derecho que no existe, en un país en el que no funciona el Poder Judicial. Los jueces no han perdido el derecho a la defensa, puesto que los estatutos de la Asamblea indican que el funcionario afectado puede requerir a los constituyentes la conformación de un tribunal de alzada".

Por su parte, la consejera Normarina Tuozzo anunciaba su renuncia por estimar que la Comisión de Emergencia Judicial había anunciado la suspensión de los primeros 48 jueces "de manera poco seria", es decir, sin que los procedimientos establecidos fueran culminados (El Universal, 10/09/1999). "Lo más triste" –dijo- "es que realmente se ameritan medidas muy fuertes en el Poder Judicial, pero deben ser tomadas por líderes serios que las dirijan y que respeten a los funcionarios honestos", acotó para agregar: "tengo información de que un miembro de la Comisión de Justicia se reunió con la Asamblea Nacional Constituyente, y el presidente de ésta (Luis Miquilena) le informó que era política de Estado destituir a 300 jueces en 20 días".

Quijada desestimó la renuncia, tras un acuerdo de convivencia con la Judicatura, pero la consejera hizo irrevocable su renuncia el 13 de septiembre. "Se hace evidente la subrogación de las atribuciones disciplinarias de este organismo, con la cual se cercenó la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y el derecho de las personas denunciadas a ser juzgadas y sancionadas por los jueces naturales, conforme a los procedimientos legales, tanto en el ámbito disciplinario como en el judicial... Se acogió una vía de sancionamiento de los jueces contraria a la prudencia que reclama el conocimiento de las denuncias formuladas en su contra".

Esther Franco La Riva, otra consejera, asumió transitoriamente la conducción del Consejo de la Judicatura, no sin advertir que "esta Comisión tiene que entender que Venezuela ha sido un país regido por la democracia, y que la mejor forma de convivencia es la pacífica. Uno puede colaborar siempre que estemos dentro del estado de Derecho, existan garantías y derecho a la defensa en materia disciplinaria" (El Universal, 14/09/1999).

El punto que había marcado la reacción era la destitución del primer grupo de 8 jueces y la suspensión de otros 48 por la Comisión de Emergencia Judicial, por tener entre 6 y 15 denuncias en su contra.

Quijada anunció el 7 de septiembre la destitución de: Orlando Peña Avendaño (Mérida, por actuar al margen del Código de Procedimiento Civil), Reina Rangel de Medina (Mérida, por actuar a pesar de tener causales de inhibición), Edison René Crespo (Caracas, por no determinar la propiedad de bienes en litigio), Graciela Omaña de Suárez (Caracas, por detectársele borrones y tachaduras en varios expedientes), Flor Ramos de Rojas ( Lara, por simulación de hecho punible), Princesa Cedeño Bravo (Nueva Esparta, por declarar terminada una averiguación días después de entregar un tribunal), Maura Meza Bresanutti (Caracas, por dictar medidas que imposibilitaban el ejercicio profesional de terceros y violar derechos constitucionales) y Ezequiel Monsalve Casado (Bolívar, por decretar la ejecución de una sentencia ya ejecutada, un año después que terminara el juicio).

En la lista de estos primeros ocho destituidos, iba el juez Ezequiel Monsalve Casado, 1ro. en lo Civil, Mercantil, Agrario del estado Bolívar, quien a su vez ya había sido previamente destituido por el director de Inspección y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, Tom López (El Universal, 30/01/1999). Y, curiosamente, se había presentado una equivocación con la juez Mildred Camero, quien había sido suspendida en los anuncios de Manuel Quijada del 7 de septiembre: "aquí tiene que haber un error, estos son procesos que estamos adelantando, tengo que informarme mejor porque no tuvimos mucho tiempo para analizar esta lista", expresó Quijada (El Universal, 08/09/1999).

— ¿Y por qué anuncian nombres a la ligera?, le preguntó la colega Irma Álvarez.

— Porque están prácticamente destituidos –respondió el presidente de la Comisión.

Pidió excusas por haber mencionado a la juez Camero, quien fue nombrada por el presidente Chávez como presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (Conacuid). En la rueda de prensa Rosalinda Paiva, en representación de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, reclamó al constituyente Quijada el no tener cuidado con nombres y apellidos de jueces que podrían luego resultar absueltos de toda sospecha.

El ex candidato a constituyente Juan Manuel Raffalli exponía en un artículo titulado Se presumen culpables, que "bien merecidos tendrán muchos jueces el chaparrón que les viene por estar incursos en hechos de corrupción, pero ello no justifica producir sanciones o medidas preventivas simplemente por el número de denuncias que haya contra su persona, sin ni siquiera abrirles un procedimiento efectivo, sin notificarles y darles la oportunidad de argumentar y probar, es decir sin brindarles la oportunidad de defenderse efectivamente. El caso de Mildred Camero, quien indignada puso los puntos sobre las íes rápidamente, y otras situaciones igualmente absurdas, como por ejemplo la inclusión de jueces jubilados en la lista negra, da una idea de lo injusta que puede resultar la falta de información, unida al exceso de diligencia y el efectismo" (El Universal, 12/09/1999).

Se había incorporado un nuevo inspector nacional de Tribunales, René Molina, en sustitución de Abreu Burelli. Tenía como misión, entre otras, destituir jueces por oficio, mientras los investigaba la Comisión de Emergencia Judicial. No pasó mucho tiempo antes de que Molina denunciara que estaba recibiendo amenazas de muerte. "No me temblará el pulso para suspender a quienes tengan más de siete denuncias, porque si el río suena es porque algo debe estar sucediendo", diría el Inspector (El Universal, 09/10/1999). Dijo esperar "agresiones de cualquier naturaleza. No me van a intimidar con jueguitos malsanos ante los órganos competentes".

Una Asamblea Nacional de Jueces reunida en el Colegio de Abogados del Distrito Federal y presidida por Evalina D’Apollo, ya cuando el proceso se acercaba a los 200 agremiados suspendidos, denunció el 9 de octubre "una conspiración contra el Poder Judicial". Consideraban como sumarias las decisiones hasta ese entonces tomadas por el inspector Molina y en general por los miembros de la Comisión de Emergencia Judicial. "El Inspector General de Tribunales pidió más atribuciones que las que tiene en la ley y se opera así la conspiración donde un grupo tiene la potestad de fabricar el supuesto de la falta y el de la causa de la separación del cargo, fabricar la norma que quiere aplicar y aplicarla. Esto es una sola asociación con plena concentración de poderes" (El Universal, 10(10/1999).

Mientras, un grupo de jueces suspendidos anunciaba que acudirían a instancias internacionales para denunciar la violación de garantías básicas como el derecho a la defensa y el debido proceso. "Esta situación es muy preocupante. Yo voté por Chávez porque creo en el cambio y considero que hay que depurar el Poder Judicial, pero no de esta forma, porque muchos de los jueces que estamos en esa lista no somos responsables de irregularidad alguna. Esto es lo mismo que el holocausto judío y todos los jueces deberían preocuparse por lo que hoy día pasa con nosotros". Era la voz de Sin Sun Ramírez, quien le declaraba a la periodista María Yolanda García. Este juez de Control de Caracas tenía más de quince denuncias en su contra. "Si hay que ir al cielo, tocaré las puertas de Dios, porque yo soy un juez honesto", le decía a la periodista.

Los Integrantes del Tribunal Superior de Salvaguarda, cuya titular encargada era la magistrada Dora Bracho Barreto, tampoco se salvaban de la razzia. El inspector Molina había designado a Carlos López Soto y Elina Marcano para revisar todos los expedientes enviados a tribunales de transición, entre los cuales figuraban casos relacionados con Cavim, bonos Brady, Van Dam, Aeropostal, Viasa, Fogade, auxilios financieros, y los prescritos casos Recadi I, Recadi II, bonos cero cupón. El titular de Salvaguarda, Pedro Osman Maldonado, había sido suspendido previamente.

Los signos de riqueza de unos 130 jueces suspendidos estaban siendo investigados con el apoyo de la Contraloría, la Judicatura, el Seniat, la Cancillería, la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía, la DEA y el FBI, la Conacuid y la Guardia Nacional. Las otras causales de suspensión inicial eran: retardo procesal, nepotismo y poseer más de siete denuncias acumuladas.

El 6 de diciembre se realizó de acuerdo con las normas del COPP un juicio contra la juez suspendida Mary Rodríguez Herrera. Supuestamente había permitido el cobro de honorarios profesionales por 856 millones de bolívares en detrimento de la administración del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). "Este es el caso paradigmático para empezar los juicios contra los jueces, ya que todos sabemos que no soy la más corrupta" (El Universal, 07/12/1999). Fue acusada por el inspector Molina por negligencia, imprudencia, ignorancia de la ley y atentado contra el Poder Judicial. Ganó el caso y la colocó en la condición de ex juez. Molina expresó en la oportunidad: "en ese banquillo no sólo está sentada una persona, sino la sociedad que no tomó correctivos y las universidades que no formaron".

Fuente: Comisión de Emergencia Judicial, El Universal.

El periodista y constituyente William Ojeda, autor de la obra que lo llevó y lo sacó de la cárcel: Cuánto vale un juez, proponía la confiscación de los bienes de los jueces destituidos. Ello porque en la lista anterior estaban involucradas fortunas por más de 3.000 millones de bolívares y 500 mil dólares, "cantidad con la que pueden construirse no menos de 700 casas", decía (El Universal, 03/01/2000).

— ¿Por qué usted se adelantó a solicitar una acción que debe estar prevista por el Fiscal para cuando finalicen los juicios? –le preguntaron varios periodistas al secretario de la Comisión de Emergencia Judicial, Ojeda.

— Porque hay que darle un respaldo institucional a estas medidas.

— ¿Eso no vulnera la defensa de quienes aún no han sido juzgados como culpables?

— Ya existen expedientes suficientemente sustanciados y los indicios ya están sólidos y robustecidos. Además, las posibilidades de defensa que han sido vulneradas son las de personas a quienes se les negó este derecho durante años. Estos jueces son una cuerda de bandidos y así lo sabe todo el mundo.

No obstante lo dicho por Ojeda, a la juez María E. Oporto le solicitaron disculpas posteriores porque logró demostrar bienes y dinero producto de una herencia. Igual ocurrió con otros casos muy contados.

Las actividades de la Comisión de Emergencia Judicial, conformada por el decreto del 16 de agosto de 1999, en realidad marcaron la primera etapa del proceso. Ya para fines del mismo año se comenzaba a hablar del nuevo perfil del juez venezolano que, según el inspector René Molina, tenía que "ser un hombre bueno, porque detrás del legalismo y las formas, lo que se esconde es la perversión, y contra eso lo que se necesita es un hombre con conciencia, que sea capaz de entender la misión que tiene en su sociedad" (El Universal, 30/11/1999).

Se proponía que los nuevos jueces no fueran mayores de 40 años ni menores de 27, ya que el desempeño personal comienza a decrecer después de unos treinta años de ejercicio profesional. Se vislumbraba también la posibilidad de redactar un Código de Ética del Juez Venezolano.

Dada la proximidad en la cesación de funciones de la Asamblea Constituyente, la antigua Comisión de Emergencia fue sustituida por una nueva Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Manuel Quijada quedó como presidente; el constituyente Elio Gómez Grillo como vicepresidente; junto a Laurence Quijada, Pedro Guevara, Isabel Fassano, Alfredo Arismendi y Chilby Abouhamad Hobaica, todos principales. Los suplentes fueron: Juan José Bocaranda, José Chacín Buaiz y Carmen Elvigia Porras. René Molina fue ratificado como inspector de Tribunales, y el abogado Beltrán Hadad fue designado como adjunto (El Nacional, 19/01/2000).