El día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de agosto, la presidenta de la Corte, Cecilia Sosa Gómez, reiteraba que la misma era originaria "en el sentido de que la designó libre y democráticamente el pueblo venezolano. Debemos entender el discurso, las palabras del presidente de la Asamblea (Luis Miquilena) en toda su integridad".

Tres días más tarde, el 6 de agosto, Sosa reiteraba en un boletín de prensa enviado a todos los medios, que la crisis del poder judicial la había decretado la Corte dos años atrás y que el documento al respecto podía ser consultado en la página web de la institución. "El punto de partida es la disciplina, la racionalización de la burocracia administrativa y la asignación de recursos que permitan acelerar tanto el proceso de depuración como la efectividad de las medidas que se adopten, a fin de combatir la incompetencia, la corrupción, la lentitud y la politización. Si bien es cierto que el Poder Judicial está lleno de vicios, también lo es que siempre ha sido un abandonado del Poder Legislativo y del Ejecutivo".

Ya con el decreto de emergencia aprobado, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Aristóbulo Istúriz, escribía un artículo llamado La reorganización del Poder Judicial, en el que llamaba "a la participación activa y a la actitud vigilante de la población, fundamentalmente a los venezolanos más conocedores de la materia... ¡Bienvenidos al debate! Vamos todos a reorganizar el Poder Judicial, para ello la Asamblea Nacional Constituyente, al mismo tiempo que discute las bases sobre lo que será la justicia en la nueva República, decreta la reorganización del Poder Judicial" (El Universal, 20/08/1999). El proyecto había sido discutido con Chávez y la directiva de la Asamblea en La Casona la noche del 16 de agosto y uno de los puntos clave considerado era si descabezaban a los magistrados de la Corte o los ratificaban en sus cargos.

El decreto salió buscando la ratificación, pero era necesario un acuerdo de convivencia. Manuel Quijada, presidente de la recién creada Comisión de Emergencia Judicial, planteó: "tenemos que conversar con la Corte porque la intención no es que se creen problemas. El acercamiento evitaría problemas como el tener que disolver la Corte si ésta desconoce los poderes de la Asamblea Constituyente".

— ¿No lo hizo ya su presidente? –le increpó la periodista Taynem Hernández.

— De palabra, pero no de hecho - respondió Quijada.

La tesis que prevalecía en la Corte era que podían respaldar una emergencia judicial, "pero ajustada a derecho". Se reconocía la creación de la Comisión de Emergencia Judicial presidida por Quijada, pero que la depuración garantizara el derecho a la defensa, la racionalidad y la proporcionalidad de las decisiones a tomar.

La comisión había quedado integrada, además de Quijada, por Elio Gómez Grillo, quien había reclamado airadamente su inclusión (a cambio de la exclusión de Manuel Vadell); Elías López Portillo, Antonio García, Carlos Tablante, William Ojeda, el representante de la Corte como inspector de Tribunales, Alirio Abreu Burelli, y la representante de la Magistratura, Nelly Morillo. En la primera reunión, Quijada le dejó ver a Abreu Burelli, representante de la Corte, que "la idea es que la sustitución de magistrados (había cinco con el período vencido) se resuelva pacíficamente, pero si la Corte no acata la autoridad de la Asamblea procederemos de otra manera" (El Universal, 24/08/1999). "No vamos a ganar nada con eso, sobre todo cuando la Corte manifestó estar dispuesta a dialogar", le ripostó Abreu Burelli.

Mientras tanto, en la Corte –que había estado reunida en sala plena hasta altas horas de la noche del 23 de agosto y con la renuncia de Cecilia Sosa Gómez sobre la mesa- se discutía un proyecto de resolución frente al Decreto de Emergencia Judicial dictado por la Asamblea. El mismo había sido presentado por la magistrada Hildegard Rondón de Sansó y corredactado, supuestamente, por el magistrado Iván Rincón Urdaneta, para el momento segundo vicepresidente de la Corte.

El punto 5º de la resolución marcaba el final de la jornada: "La Corte Suprema de Justicia" –decía el borrador- "reafirma como testimonio ante la historia su sumisión al estado de derecho y a la colaboración entre los poderes públicos. En base a ello, ofrece su contribución para el objetivo fundamental perseguido por el Decreto de Emergencia Judicial. Como ejemplo de su disposición en el sentido antes expresado, autoriza al magistrado Alirio Abreu Burelli para que integre la Comisión de Emergencia Judicial, liberándolo temporalmente del ejercicio de sus funciones mediante la concesión del permiso solicitado por el mismo en la forma prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia". En el resto del documento hacía consideraciones sobre la evolución de la postura de la Corte frente al tema constituyente y su legalidad.

En las minutas de la propia Corte se encuentra que frente al punto antes citado estaban de acuerdo los magistrados: Iván Rincón Urdaneta, Hildegard Rondón de Sansó, Alirio Abreu Burelli, Humberto La Roche, José Luis Bonnemaison, José Erasmo Pérez España, Angel Edecio Cárdenas, Jorge Rosell Senhenn y Antonio Ramírez Jiménez. Y declarados en contra: Cecilia Sosa Gómez, Aníbal Rueda, Héctor Grisanti Luciani, Nelson Rodríguez García, Hermes Harting y Héctor Paradisi León.

En la discusión interna, el principal argumento de Cecilia Sosa Gómez era que "la Corte hizo varios pronunciamientos acerca de la naturaleza de la Asamblea Constituyente y sobre las facultades que la mima posee. Se mantenía firme en su convicción de que dicha Asamblea no nació de un gobierno de facto, sino que surgió en un sistema de iure mediante un procedimiento al cual ella misma ha dado su respaldo. Por lo tanto esta declaratoria ( de la Corte) resulta a priori incoherente con el propósito del acuerdo, cuyo efecto fundamental pretende convalidar el Decreto de la Asamblea, el cual está dirigido directamente a desconocer el estado de derecho en el cual ha nacido", decía la transcripción de la importante sesión interna".

"Es evidente" –decía Sosa Gómez- "que a la Asamblea Nacional Constituyente se le autorizó para redactar un nuevo ordenamiento constitucional, que sostendrá el nuevo esquema del Estado democrático elegido por el país; y no para intervenir o sustituir los poderes constituidos, erigiéndose en una suerte de superpoder donde se concentran todas las potestades públicas, como así lo ha pretendido y desde luego, logrado, con el respaldo del acuerdo suscrito por la mayoría del seno de esta Corte, cuyo contenido deploro".

El 24 de agosto Cecilia Sosa Gómez renunció al cargo de presidenta de la Corte Suprema, señalando que ésta se había suicidado con una mayoría de 8 votos contra 6, porque "violó el estado de derecho y avaló la injerencia de la Asamblea Constituyente en la independencia del Poder Judicial... Con profundo dolor tengo que pedirles a los venezolanos, y al mundo, que me perdonen, pero formada en democracia, no puedo participar en lo que considero atentatorio a élla".

Agregaba que "la Constituyente no fue habilitada para dictar actos de gobierno, es un simple mandatario del pueblo, tiene una misión que cumplir y un plazo para ejecutarla. El hecho de que sea originaria, cosa que jamás he discutido y siempre he afirmado, no la faculta para actuar como poder constituido, rompiendo el sacrosanto principio de la distinción entre poder constituido y poder originario, y entre poder absoluto y poder originario".

Se despedía acusando: "¿Ahora quién va a legitimar los actos de gobierno de la Asamblea, cuando lo que vamos a votar es una Constitución?. Con la actuación de la Asamblea y la sumisión de la Corte a sus designios desaparece el último control de la constitucionalidad y legalidad que había en Venezuela... Sencillamente la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: está muerta".

Según Sosa Gómez, la posibilidad de realizar una constituyente había sido analizada por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema, llegándose a la conclusión de que para emprenderla no era necesario modificar la Constitución del 61, cosa que Chávez le agradeció en la juramentación como Presidente el 2 de febrero de 1999 en el Congreso. Bastaba con lo que decía la Ley del Sufragio y Participación Política.

— Cuando se instala la Asamblea Constituyente –nos explicó Cecilia Sosa Gómez- resulta que no era una Constituyente lo que se quería. Pero tampoco se quería hacer una constitución. Lo que se quería era acabar con todo lo que había y se acabó: se acabó con el Congreso, se quería acabar con la Corte y sus cosas positivas. Se quería acabar con la corrupción en el Poder Judicial, idea muy válida. Pero no se podía esperar políticamente, había cierto desespero porque todo se diera muy fácil y en muy poco tiempo. Yo sostuve que la Constituyente ha debido hacer una constitución, pero se creó una comisión encabezada por el señor Quijada y se infiltró la Corte y se infiltraron sus magistrados... (13/02/2001 en entrevista con el periodista).

— ¿Qué quiere decir exactamente con esto, doctora?

— Que los tocaron, para decirles que había que permitir la entrada de la Comisión a la Corte. Cosa con la que yo estaba en desacuerdo, porque la Comisión no era para eso. Yo no me estaba oponiendo a que investigaran lo que quisieran. Pero que no se tomara la Corte Suprema y a todos los magistrados que dictaron aquel célebre acuerdo, del cual yo disentí y que fue motivo de mi salida, como una fiesta de bienvenida. El doctor Abreu Burelli fue el primero que salió con las tablas en la cabeza, como primer inspector de Tribunales. Y así fue con cada uno de los que tocaron por la puerta de la cocina, cuando nombraron a los nuevos magistrados, habiéndoles ofrecido seguramente villas y castillos o por lo menos concientizado sobre el proyecto revolucionario.

La Sala Plena de la Corte, tras la renuncia de Sosa, designó a Iván Rincón Urdaneta como presidente encargado y luego ratificado del máximo tribunal de justicia. Para el momento era el segundo vicepresidente del órgano y presidente de la Sala de Casación Penal. "La Corte no es un presidente, es un órgano administrativo. La Corte son los magistrados", sentenció Rincón Urdaneta (El Universal, 27/08/1999).

A todas éstas, el Decreto de la Emergencia Judicial había sido impugnado ante la propia Corte por los abogados Gerardo Blyde y Gerardo Fernández. El basamento de la acción estuvo soportado en la idea de que "ni la democracia ni los tratados internacionales permiten la concentración de poderes en un solo órgano y, al haber decretado la intervención del Poder Judicial, a través de la creación de la Comisión de Emergencia Judicial, se concentró al Poder Judicial en el poder originario que tiene la Asamblea Constituyente. Esto viola específicamente la base comicial número 8", especificó Blyde (El Universal, 27(08/1999). Mientras tanto, Fernández argumentaba que no era que estaban en desacuerdo con la purga del Poder Judicial: "el recurso interpuesto sólo obedece a la necesidad de que los cambios se efectúen conforme al estado de derecho".