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El inicio anecdótico de la depuración del Poder Judicial, incluso antes de que siquiera se convocase a una constituyente, ocurrió en los días finales de enero de 1999. De hecho, ni Chávez se había juramentado como presidente. "Sí, ya me enteré de lo que está pasando y de que mucha gente está llenando las encuestas, y por eso la Asociación y la Federación de Jueces están preparando un escrito de protesta dirigido a la dirigencia del Movimiento V República, y también será entregado a la comisión de enlace del nuevo gobierno, instancia que notificó que no tiene conocimiento del tal evaluación" (El Universal, 29/01/1999). La anterior fue la respuesta que Rosalinda Paiva, presidenta de la Asociación de Jueces del Area Metropolitana, dio cuando se le preguntó sobre los cuestionarios que estaba distribuyendo el MVR en las puertas del Palacio de Justicia de Caracas para sondear acerca de jueces corruptos. La iniciativa se le atribuyó al Coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, fundador del Frente Nacional Constituyente de Profesionales y Técnicos con Chávez y quien pensaba que a "la corrupción había que hacerle un seguimiento intensivo". Valero, tiempo después, se postuló para ocupar el cargo de Fiscal General y se distanció del oficialismo. — "¿Qué están regalando aquí?, preguntó una señora –escribió la periodista Irma Alvarez de El Universal.. — Nada, sólo estamos entregando una encuesta para evaluar a los jueces y limpiar el Poder Judicial –dijo una de las representantes del Movimiento V República-. Llenarla es una cosa muy sencilla, puesto que sólo tiene que marcar las casillas que permitan determinar si alguno o varios de los jueces que están en la lista son corruptos u honestos". Varios Círculos Patrióticos de Evaluación se habían instalado con mesas identificadas con el logotipo del CNE desde las 8 de la mañana del 28 de enero, para indagar sobre la conducta de los jueces. Algunas de las preguntas contenidas en el cuestionario, eran (El Universal, 29/01/199): ¿Acosa sexualmente a sus subalternos? ¿Tiene control etílico? ¿Consume drogas? ¿Tiene testaferros o bienes a nombre de terceros? ¿Vive con ostentación inexplicable, posee bienes de dudosa procedencia, usa vehículos lujosos u objetos suntuarios en desproporción con sus ingresos? ¿Ingresó de forma transparente a la función judicial? ¿Tiene credenciales y destrezas? ¿Carece de preparación? ¿Asiste regular y puntualmente al tribunal donde labora? ¿Su conducta privada y vecinal es cónsona con su investidura? ¿Su vida familiar parece respetable? ¿Pertenece a tribus, mafias o favorece a determinados bufetes de abogados? ¿Sentencia oportunamente? El esfuerzo anterior se confundía en enero de 1999, con la condena que le impuso el Tribunal de Salvaguarda a la juez Mélida Margarita Aleksic Molina, célebre por haber arrojado dinero por una ventana tras ser sorprendida in fraganti en su apartamento de los Altos Mirandinos deshaciéndose de las pruebas de una extorsión. El 12 de agosto de 1999 la Constituyente aprobó un decreto que anunciaba la reorganización de todos los poderes públicos. Dos considerandos y un solo artículo fueron suficientes para garantizar "la transformación del Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa". Considerando: Que la República vive una grave crisis política, económica, social, moral e institucional, que ha llevado al colapso a los órganos del Poder Público y mantiene a la mayoría de la población en un inaceptable estado de empobrecimiento, con el cual se vulneran los más elementales derechos humanos. Que la crisis institucional de los poderes públicos tiene carácter estructural e influye en forma determinante en la imposibilidad de que dichas instituciones puedan por sí mismas superar la crisis. Decreta Único: En razón de la emergencia nacional existente en el país con anterioridad a la instalación de esta Asamblea, se declara la reorganización de todos los órganos del poder público. La Asamblea Nacional Constituyente decretará las medidas necesarias para enfrentar situaciones específicas de la reorganización y dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos del Poder Público que así considere, con el fin de recuperar el estado de derecho, la estabilidad y el orden necesarios para reconstruir la República en el marco de los valores democráticos. El decreto de Reorganización del Poder Judicial fue aprobado el 16 de agosto de 1999 por la plenaria constituyente. El mismo guió el conjunto de las acciones constituyentes para la depuración del poder más señalado como corrupto por la democracia venezolana. Veamos los tres considerandos de soporte a la argumentación: Que es obligación del Estado garantizar el fácil acceso de la población a un sistema de justicia que actúe con la mayor transparencia, imparcialidad, autonomía, celeridad y simplicidad, para lo cual es necesario la existencia de controles sociales sobre la administración de justicia con la participación social democrática. Que la credibilidad y legitimidad del sistema de justicia implica que se garantice la idoneidad ética y técnica de los jueces, asegurando su independencia por medio de mecanismos objetivos e imparciales de selección de los mejores, así como por medio de controles sociales e institucionales sobre su comportamiento. Que para enfrentar la crisis política, económica, social se requiere tomar medidas impostergables, muchas de las cuales requieren de grandes transformaciones del marco jurídico, fortalecer la necesidad de estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La justificación del decreto de emergencia judicial la asumieron los constituyentes Luis Miquilena, presidente del foro, y Hermann Escarrá, presidente de la comisión constitucional. "En absoluto se paralizarán los tribunales", declararon al unísono el día que fueron juramentados por el Consejo Nacional Electoral. "Se efectuará una depuración que permita relegitimar a los jueces ante el país. Aquí no habrá vacío de poder en ninguno de los órdenes de la administración pública, y por ello le hacemos un llamado a los inversionistas a que no tengan dudas de lo contrario. El país está tranquilo, caminará por la vía de la legalidad" (El Universal, 31/07/1999). El mismo día los constituyentes de oposición, Jorge Olavarría -otrora aliado del- y Claudio Fermín, se pproclamaron contrarios a la paralización de los tribunales. Olavarría argumentaba que "la Constituyente no tiene facultades judiciales, la única facultad que tiene es redactar una Constitución". Mientras que el ex candidato presidencial Fermín argüía que "la palabra emergencia tiene una connotación publicitaria, un encanto en su propio mensaje pero dice poco, no transmite nada, es más: ¿qué quiere decir?. Además, el país ya tiene una Corte Suprema y no le hace falta una alta comisión de justicia" (El Universal, 31/07/1999). El otro mosquetero de la oposición en la asamblea, Allan Brewer Carías, prefirió mantenerse un tanto neutral en las primeras de cambio, frente al tema del Poder Judicial. | ||||||||
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