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Producto del discurso que traía el chavismo desde 1992 en contra de la IV República, fue común la entrega de diversas propuestas anticorrupción a la Asamblea Constituyente. Veamos al menos dos de éstas provenientes de centros de educación superior y que reflejan, por una parte el rencor que en el país se había acumulado contra la impunidad, y por el otro la sobreexpectativa colectiva planteada para su terapia en el foro constitucional. Los profesores de la Universidad del Zulia adscritos al Proyecto Lago: Rodrigo Cabezas, Armando Aniyar, Rafia Souki, Adnovio Suárez y Nestor Morán; proponían medidas de combate a la corrupción, basadas "en el ejercicio de la soberanía popular y en resguardo de un ejercicio profesional honesto y transparente de la Hacienda Pública Nacional", ante una inminente declaratoria de la emergencia nacional (El Universal, 07/08/1999): Ordenar a todos los niveles de la administración pública, centralizada y descentralizada, suspender de inmediato los pagos de contratos de obras otorgados sin cumplir con la Ley de Licitaciones y su reglamento. Declarar nulos todos los decretos de emergencia dictados por órganos de la administración central, gobernaciones y alcaldías, para burlar la Ley de Licitaciones y su reglamento. Hacer cumplir de manera irrestricta todos los procesos licitatorios para el otorgamiento de nuevas obras con recursos del gobierno central, FIDES, Ley de Asignaciones Especiales, Plan Bolívar 2000 y recursos de endeudamiento externo e interno. A partir de este acuerdo, se hace obligatorio incorporar en los comités de licitaciones a un representante de la Cámara de la Construcción de la entidad federal respectiva, de la universidad autónoma correspondiente y de los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Economistas. La asignación de los contratos de obra por adjudicación directa por emergencia o calamidad pública, serán previa y debidamente certificados por la Contraloría y la Fiscalía. Queda prohibido dictar decretos de emergencia para otorgar contratos sin Ley de Licitaciones. Se comisionarán fiscales y contralores para supervisar la aplicación de las medidas, con competencia para tomar medidas penales y de salvaguarda.
En virtud de lo anterior proponían un conjunto de acciones constituyentes, del siguiente tenor: ( http://www.geocities.com/Petsburgh/8021/mvr.html ) Impulsar y reactivar el enjuiciamiento de parlamentarios, personeros del gobierno, magistrados de la Corte, de la Judicatura incursos en actos de corrupción o de complicidad en los delitos contra la cosa pública o el narcotráfico. Destituir a los magistrados del Consejo de la Judicatura, reemplazar a todos los jueces y fiscales de la República, hasta constatar su probidad, honestidad y transparencia en la administración de justicia. Fundar y constituir el Poder Moral como órgano del Poder Nacional, el cual podrá planificar y dirigir todo lo concerniente a la educación, designación del Poder Electoral y además con amplias facultades contraloras y derecho de veto. La nueva Constitución, en su lucha contra la corrupción, desviación del poder y de los recursos presupuestarios, deberá configurar una Ley Orgánica de Continuidad Gerencial y Administrativa que garantice las obras de interés público social, así como su acción punitiva en aras de enjuiciar y encarcelar al funcionario público corrupto o que por error u omisión resulte culpable de mala administración o pésima gerencia. El Poder Moral, asumiendo las funciones del Consejo de la Judicatura, designará a los magistrados de la Corte en virtud de la meritocracia, la probidad y la honestidad del juez respectivo. Los demás tribunales y juzgados de la República deberán regionalizarse, eligiéndose a los jueces por el voto popular. A propósito de éstas y otras iniciativas, consultamos a la ex constituyente, Angela Zago: — ¿Por qué la Asamblea Constituyente decide combatir a la corrupción básicamente planteándose una depuración del poder judicial, sabiendo que en el país había causas que en ese momento estaban judicialmente abiertas? ¿O por qué no se reabrieron juicios a Jaime Lusinchi o Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, o se planteó la revisión de casos tan complejos de corrupción con sentencias cuestionadas como Recadi? — Eso no estuvo planteado como problema de corrupción –nos respondió-. Yo recuerdo las discusiones como un planteamiento para hacer un poder judicial distinto. La constituyente duraba seis meses y en esos seis meses teníamos que establecer las bases para la organización de un nuevo Estado jurídico, político, social, pero en ningún caso para tocar un tema puntual. Eso no se planteó. Si hacíamos un poder judicial independiente, este poder podía investigar todo lo que tú quisieras y ese era el planteamiento que traíamos desde atrás. — ¿Cómo se imaginaban los golpistas del 4F que sería el curso ulterior de la corrupción, tras la realización de una constituyente? — La corrupción es una de las cosas más aberrantes de los gobiernos anteriores. Era una de las banderas fundamentales. Cuando se hablaba de que había que combatir la corrupción, se hablaba de que había que combatirla exactamente separando los poderes. Siempre insistimos en eso. Si los poderes dependían uno del otro, era imposible evitar la corrupción porque no se tenía un poder que se pudiera investigar. En las primeras de cambio, la Constituyente convivió con los poderes constituidos expresados en la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, pero bajo un clima de constante tensión. Otro factor inicial que determinó el curso de las relaciones desde la Asamblea hacia el exterior de la misma fue el eventual anuncio de intervención de los tribunales, gobernaciones de estado y alcaldías nacionales. "Aunque por ahora no se disolverá el Congreso ni la Corte Suprema" –advertía el ex rector de la UCV y constituyente, Edmundo Chirinos-, "la Asamblea declarará la emergencia judicial para reestructurar los tribunales e intervendrá gobernaciones y alcaldías a través de contralores generales que, sin destituir a los titulares de esas instancias, fiscalizarán el manejo de sus recursos públicos. Se trata de paralizar los tribunales y designar jueces honestos, de trayectoria profesional y competencia jurídica" (El Universal, 30/07/1999). El también constituyente Pablo Medina solicitaba, concretamente, la intervención de las gestiones de los gobernadores Emery Mata Millán (Delta Amacuro), Jorge Carvajal (Bolívar) y Bernabé Gutiérrez (Amazonas). "Las asambleas legislativas de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas han determinado que estos gobernadores están implicados en casos de corrupción administrativa y otros delitos", sentenció (El Universal, 10/08/1999). El jefe de la fracción parlamentaria de Patria Para Todos, José Albornoz, advertía que estaban investigando al gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo: "ya hay cuatro demandas ante la Corte Suprema de Justicia por numerosas irregularidades. Por lo tanto ese gobernador tendrá que rendirle cuentas no solamente a su entidad sino al resto del país y a la Asamblea Constituyente". Al tiempo que eximían al gobernador pepetista Alexis Rosas, a quien el partido del presidente le había retirado su apoyo por "un impasse político". Henrique Salas Feo se defendió en los medios de comunicación. "Quieren dañar mi imagen, por eso ponemos todos los libros contables, no solamente a disposición de la Fiscalía, sino a la orden de los denunciantes". Solicitó al titular del Ministerio Público, Rafael Pérez Perdomo, la designación de un fiscal para que investigara si efectivamente había irregularidades. "Durante el período electoral surgieron algunas denuncias que en su momento fueron clarificadas ante el colectivo", dijo el gobernador (El Universal, 11/08/1999). El 11 de agosto, a la semana de haberse constituido, la directiva de la asamblea distribuyó un proyecto de decreto para declarar la Emergencia Nacional en todos los poderes públicos. | ||||||||
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