Si había algo en Venezuela que exhibía los más altos índices de consenso político desde hacía años, era la necesidad de emprender una reforma en el Poder Judicial. Así lo decían todos los diagnósticos sobre las debilidades de la democracia, los programas de gobierno ofrecidos por los candidatos en las elecciones de 1988,1993 y 1998, y un sinfín de estudios de corte académico durante más de quince años.

Antes de la instalación de la Asamblea Constituyente venía ocurriendo una reforma en dicho poder, tal vez al ritmo y maneras de la IV República. Veamos de seguidas un resumen de qué se traía el puntofijismo con tal reorganización general hasta la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) el 1 de julio de 1999, prácticamente un mes antes de la instalación del foro constituyente.

El abogado Fernando Fernández -hoy representante en Venezuela de Amnistía Internacional- argumentaba que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura el 23 de enero de 1999, "se pondrá fin a la acumulación de causas disciplinarias en contra de los jueces, denuncias sin pronunciamiento, expedientes engavetados, causas terminadas por prescripción y no dejará impune aquellos casos en que los funcionarios de carrera sean considerados responsables" (El Universal, 06/01/1999).

El dirigente socialcristiano Ramón Guillermo Aveledo revelaba por esos días, cuando Chávez ya era presidente electo y estaba apunto de juramentarse, que "en Venezuela hay una reforma judicial en marcha, tal como bien los destacara la presidente de la Corte (Cecilia Sosa Gómez) en la apertura del año judicial... hay nuevas normas del Consejo de la Judicatura, Carrera Judicial, Ministerio Público, Policía de Investigaciones Penales y reforma al Código de Justicia Militar, cuyo propósito es adaptar ese texto al también nuevo Código Orgánico Procesal Penal... También está, y posee mucho valor, el Convenio con el Banco Mundial para la modernización del sistema judicial. Estos avances han merecido reconocimiento internacional, como los provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del mismo Banco Mundial, que han ponderado lo exitoso del caso venezolano. Como se ve, hay un trabajo realizado que no debe perderse" (El Universal, 29/01/1999).

Pero en opinión del director de Inspección y Vigilancia del Consejo de la Judicatura, Tom López, no todo era júbilo. Este funcionario pronosticó una estampida de jueces "esperando turno para jubilarse" por considerar que las leyes que estaban entrando en vigencia desmejoraban su condición de vida. De hecho, hizo pública al menos unas 208 solicitudes en este sentido (El Universal,30/01/1999). También anunciaba la destitución de 17 jueces: Naney Rodríguez, Carlos A. Pino, José Rafael Martínez, Ingrid Tauil, Adela González, Nelson Avila, Tatiana Mauri, Ana Olivares, Fanny García Romero, María Kerenia, Luisa Elena Riani, Jesús Lozada, Jorge Gutiérrez, José Malpica, Gilberto Aguirre, Moisés Agreda y Ezequiel Monsalve. "Sus actuaciones no eran propias de un miembro del Poder Judicial, por ignorancia craza y abuso de poder", afirmó junto con la suspensión de otros: Carlos Moreno, Freddy Pietre, Eliseo Moreno, José F. Martínez, Magali Márquez, Ricardo Cedeño, Francisco García, Carlos Oxford y Carmen T. Silva.

Las decisiones anunciadas por López apenas se refería a 26 de los 2.800 procedimientos disciplinarios acumulados en el Consejo de la Judicatura para ese momento.

El otro aspecto crucial que se debatía dentro y fuera de los espacios del Poder Judicial era la conveniencia o no de aplicar la puesta en marcha del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Actores de la IV y de la V República se batían en dos posiciones y sin puntos intermedios: sí es conveniente, no es conveniente.

Los detractores de la puesta en práctica eran: el fiscal, Iván Darío Badell; el procurador entrante Javier Elechiguerra; y el nuevo director del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Carlos Fermín. En la acera de enfrente se encontraban: Gisela Parra, presidenta del Consejo de la Judicatura; Cecilia Sosa Gómez, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y el magistrado presidente de la Sala de Casación Penal y vicepresidente de la Corte, Iván Rincón Urdaneta.

Badell resumía su posición señalando que era inconveniente la aplicación, porque la Fiscalía sólo estaba preparada en las ciudades de Coro y Maracaibo, el país no estaba preparado y porque la infraestructura global de circuitos judiciales modelo estaba disponible solamente en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Lara, Monagas y Zulia (El Universal, 08/02/1999).

El procurador Elechiguerra, por su parte, argumentaba que lo mejor era postergarlo cuando menos un año, para el 2000, "porque pienso que habría que pensarlo con mucho cuidado, porque no sería conveniente comenzar a implantar el nuevo Código durante un proceso constituyente tan efervescente, que incluso podría modificar la raíz de este reglamento" (El Universal 18/03/1999). El 15 de mayo insistió al denunciar "un chantaje institucional para inhibir cualquier crítica constructiva sobre el Código. Se comete el improperio, por decir lo menos, de tratar de hacer creer que vamos a vivir en una Venezuela mejor a partir del 1º de julio. Esto es total y absolutamente falso" (El Universal 15/05/1999).

Por su parte, el director del CTPJ y abogado Carlos Fermín, aparte de pronosticar un rápido aumento de la impunidad delictiva, dijo que "esta normativa significa una transculturización y la sociedad venezolana no está educada para ello. Se pasará de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, donde lo principal es la defensa del imputado y sus derechos humanos. Habrá que enfrentarse al imputado y decirle: usted fue, pero no se ha legislado sobre la protección al testigo y eso ocasiona un riesgo inminente. ¿Quién se atreve a denunciar sin ser protegido?" (El Universal, 16/06/1999). Durante los días precedentes y los primeros de la implantación, fueron comunes los encontronazos entre petejotas y fiscales, al punto que la junta directiva del CTPJ difundió un comunicado donde advertían que "debido al aumento de dificultades con algunos fiscales del Ministerio Público, como consecuencia del trato inadecuado con funcionarios en distintos despachos, la junta directiva ordena a los jefes de nuestras oficinas informar de inmediato al director o subdirector, de cualquier incidente al respecto". Carlos Fermín bautizó al instrumento como el código huelepega, "ya que el mismo fue engendrado, parido, lanzado a la calle sin ningún tipo de recursos" (El Universal, 30/06/1999).

Gisela Parra, presidenta de la Magistratura, básicamente respondía a los argumentos de Badell y defendía la entrada en vigencia por las siguientes razones: "si el gobierno quiere realmente cambiar la justicia en el país, debe darle un apoyo frontal y decidido al nuevo Código" (El Universal, 09/02/1999). Ratificaba que el 60% de las causas que ingresaban al Poder Judicial eran penales, que se habían invertido 200 millones de bolívares y formado progresivamente unos 8.000 funcionarios judiciales de todas las partes involucradas en la reforma. "Estoy en total desacuerdo con el Fiscal. Nosotros hemos trabajado en la infraestructura incluso desde antes de la aprobación del COPP. En este momento tenemos soluciones alternas para salas de audiencia en los sitios donde aún no hemos concluido las edificaciones". Defenderemos "un proyecto que es visto como el mejor de América Latina y en el cual hemos invertido casi 200 millardos de bolívares. Yo, al igual que Cecilia Sosa, pienso que nada es peor que lo que tenemos actualmente" (El Universal, 18/03/1999).

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia argumentaba a favor que la extensión del lapso para la entrada en vigencia era inconveniente "porque postergar un cambio de esta naturaleza es postergar los beneficios que éste aporte... Recibamos con optimismo este proceso y hagamos lo necesario para que se desarrolle conforme con los postulados de rapidez, transparencia y protección al derecho a la defensa que beneficiarán al ciudadano" (El Universal, 09/03/1999). Sosa también argumentaba que había países con una tradición de más de 200 años en sus sistemas acusatorios y que constantemente los estaban perfeccionando.

El magistrado Iván Rincón Urdaneta, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte y segundo de a bordo de la Corte, aseguraba que el COPP "contenía todos los principios, en materia de justicia, a los que aspira la Constituyente. La Constituyente pide participación ciudadana y eso lo tiene el COPP, quiere decencia, transparencia, eficacia y celeridad en la justicia y eso también lo garantiza. El COPP se adelantó a la Constituyente y la Asamblea debe tomar el COPP para darle guía y seguridad jurídica a los ciudadanos" (El Universal, 22/05/1999).

Durante las primeras semanas de entrada en vigencia del COPP, se reportaron algunas informaciones sobre sus efectos inmediatos. Uno de sus detractores, el director de CTPJ, Carlos Fermín, admitía un incremento en los linchamientos en varias localidades, como Ciudad Ojeda, Puerto La Cruz y Caracas. "El pueblo no entiende esto y cree que vamos a tener una impunidad total" (El Universal, 08/07/1999). El gobernador de Caracas, Hernán Grüber Odremán, anunció que entraría en contacto con el presidente de la Constituyente, para solicitar la derogación del COPP en virtud de que "desde su puesta en vigencia, 3 policías metropolitanos han sido asesinados, otros 14 han sido heridos de gravedad por delincuentes beneficiados por el COPP... Los índices de delincuencia han aumentado 30%" (El Universal, 07/08/1999).