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Capítulo 3/La corrupción en tiempo de Chávez  

 

 

 

Bajo la sombra del escándalo

La firma de Masahiro Kumamoto, presidente de Kobe Steel, se vio envuelta en donaciones ilegales a candidatos en Venezuela (foto: Kovelco).

Mes y medio antes de las elecciones, la casi totalidad de los medios de comunicación nacionales informaron que el 30 octubre de 1998 el presidente Rafael Caldera procedería a inaugurar el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua).

Era posible como consecuencia de una asociación estratégica para la producción de briquetas que, con una inversión inicial de 271 millones de dólares, habían concretado la empresa Kobe Steel Ltd. de Japón (con 50% del capital accionario); los consorcios también japoneses: Marubeni, Mitsui y Nicho Iwai; la empresa mexicana Tamsa; la corporación financiera International Finance Corporation del Banco Mundial; y CVG Ferrominera Orinoco (17,4% del capital).

La Kobe Steel Ltd. o Kobelco, uno de lo más grandes consorcios japoneses con amplia presencia mundial, 10.600 empleados al 31 de marzo de 2000 y presidida por Koshi Mizukoshi, había registrado pérdidas netas en sus ingresos por unos 38.873 millones de yenes, según lo reportaba la Bolsa de Valores de Tokio en su edicto 5.406 del 24 de mayo de 1999, donde se daba cuenta de los resultados financieros del ejercicio fiscal que iba desde el 1 de abril de 1998 hasta el 31 de marzo de 1999 ( http://www.kobelco.co.jp  ).

Kobelco tenía intereses en las áreas de hierro, acero, aluminio, infraestructura, plantas de ingeniería, maquinaria, electrónicos, materiales avanzados, desarrollo de suelos y soldaduras industriales en los cinco continentes. En Venezuela, participa en el proyecto Comsigua desde 1989 y desde 1987 al lado de Minorca en Operaciones al Sur del Orinoco, conjuntamente con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y algunas de sus filiales.

A partir del 10 de noviembre de 1999, es decir, luego de un año de realizadas las elecciones presidenciales del 98, y hasta febrero de 2001; se ventiló ante el Tribunal del Distrito de Kobe el supuesto pago de "donativos electorales" con fondos discrecionales de Kobelco –luego borrados de los libros contables-, por el equivalente de 70 millones de yenes (1,5 millones de dólares), a varios de los participantes en los referidos comicios locales "a cambio de garantizar las inversiones en Venezuela" (El Día/EFE de España y El Universal, 10/11/1999).

El escándalo reventó en Japón como producto de un informe incluido en la edición vespertina de los diarios Asahi Shimbun y Yomiuri Shimbun y el canal público de televisión NHK, basado en la demanda que un grupo de accionistas de Kobe Steel habían introducido contra el presidente honorario, Masahiro Kumamoto, y su predecesor en el cargo, Sokichi Kametaka.

Ambos "reconocieron en sendas declaraciones escritas ante el juez que los pagos se hicieron para comprar favores, pero indicaron que fueron legales y no contravinieron ninguna ley japonesa. Las donaciones no violaron el Código Penal japonés ni la Ley de Control de Fondos Políticos. Pueden ser justificados como actividades económicas y sociales racionales" (El Día/EFE, 11/10/1999).

El caso estaba relacionado, además, con pagos ilegales efectuados por Kobelco al conocido extorsionador de origen japonés, Kazuo Okura, "a cambio de su silencio en las juntas directivas" del consorcio. Esta práctica extorsiva se denomina en Japón yakuza.

Según reportó localmente el diario El Universal, José Vicente Rangel desde La Habana anunció la apertura de una investigación, puesto que se señalaba al embajador de Caracas en Japón, Carlos Nones Sucre, como "mediador en la entrega de los fondos electorales…Fuentes políticas consultadas en La Habana deslizaron que los candidatos beneficiados por el financiamiento fueron Henrique Salas Römer y Luis Alfaro Ucero, pero la Casa Amarilla guarda sus reservas y prefiere constatar las versiones" (El Universal, 18/11/1999). Para el momento, ya toda la directiva de Kobelco había sido destituida y encarcelada preventivamente a instancias de una investigación a cargo de la Policía, al descubrirse vestigios documentales de las operaciones.

El presidente de Proyecto Venezuela, Henrique Salas Römer, reaccionó declarando que "no existe ninguna razón por la cual, ni esa ni ninguna otra empresa japonesa quisiera ayudarme en la campaña. Esos señalamientos constituyen una travesura política lanzada en el escenario habanero para que regresara a Venezuela. Siempre fui un candidato subestimado. Me costó mucho dinero financiar mi campaña electoral y todavía estoy pagando deudas muy grandes que heredé" (El Universal, 26/11/1999). Agregaba que el propio Hugo Chávez y Luis Alfaro Ucero, en todo caso, "deben aclarar si recibieron fondos de Japón".

A todas estas el ex embajador Nones Sucre reclamaba al diario El Universal la mención de su nombre, cuando en realidad había sido señalado por la prensa nipona, la cual había reiterado que fue a través " de la misión diplomática en Tokio por donde ocurrió la intermediación del dinero" (Asahi, 28/11/1999). Igualmente envió un comunicado y una solicitud de derecho de réplica al diario japonés. "Durante mi permanencia (entre el 21 de mayo de 1998 y el 23 de mayo de 1999) nadie se me acercó nunca ni siquiera con la menor insinuación para que participara en actividad ilegal alguna con relación a Japón y Venezuela o ningún otro país. Específicamente, nadie me sugirió jamás, ni yo tampoco habría aceptado, transportar ilegalmente dinero de Kobe Steel, o nadie más en Japón, para entregárselo a persona alguna en Venezuela" (El Universal, 15/12/1999).

Mientras tanto, en el Tribunal del Distrito de Kobe ocurrían otras cosas. Masahiro Kumamoto y Sokichi Kametaka ratificaron en abril de 2000 la realización "de donaciones a políticos venezolanos a cambio de que sus inversiones en Venezuela recibieran un trato favorable" (El Universal, 22/04/2000).

En las actas procesales del caso se lee que Sokichi Kametaka, en su condición de presidente de Kobe Overseas Engineering, había entregado entre 1996 y 1997 unos 135 millones de yenes (800 mil dólares), al presidente de Operaciones al Sur del Orinoco (OPCO), para que destinara estos recursos a lograr favores políticos". Así, quedaba aparentemente aclarada la mención que hicieron los periodistas japoneses a la persona del ex embajador Carlos Enrique Nones, pero aparecía el nombre de José Santiago Núñez Suárez, presidente de Minorca (El Universal, 02/10/2000).

El martes 20 de febrero de 2001 el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela difundió un comunicado en el que se observaba que "nada tuvo que ver el embajador Carlos Nones Sucre con la entrega de fondos de la empresa Kobe Steel para las campañas presidenciales de Henrique Salas Römer y Luis Alfaro Ucero". (El Universal).

Agregaba la Cancillería que si "Kobe Steel efectuó los pagos entre noviembre de 1996 y junio de 1997, Nones Sucre inició sus funciones en Tokio en mayo de 1998, por consiguiente Nones Sucre no pudo haber tenido absolutamente nada que ver con el asunto".

   

 

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