La rotunda victoria de Chávez, apuntalada en un persistente discurso anticorrupción, inmediatamente levantó expectativas de todo tipo. Adversarios y partidarios las expresaron los días, semanas y meses sucesivos al triunfo electoral.

El entonces senador por Aragua y miembro de la coalición Polo Patriótico por el MAS, Carlos Tablante, por ejemplo, escribió que "con la transparencia de la sabiduría popular, el mensaje de los electores del 6 de diciembre fue categórico: cambio. El 95% de la votación se concentró en las fuerzas y opciones que impulsan la transformación radical de las instituciones del país, y más allá, en el establecimiento de un ambiente de honestidad en el manejo de los recursos públicos. El pueblo esperó el momento preciso, venció obstáculos y llegó la hora de lavarle el rostro a la democracia" (El Universal, 14/12/1998).

Gustavo Márquez Marín, otra ficha del MAS, planteaba días más tarde, el 18 de diciembre, que "la expresión más acabada de la debilidad estructural del Estado venezolano en la función de garante del bien común es su incapacidad para hacer cumplir las normas que él mismo establece para regular los diversos aspectos de la vida social, no sólo como consecuencia de la incompetencia crónica y la corrupción que han minado el Poder Judicial, sino también por la carencia de una verdadera capacidad reguladora que se traduzca en control efectivo de los excesos que puedan cometer las empresas o los particulares en diversos órdenes de la vida social y económica".

En tal sentido concluía –al referirse al orden institucional que fenecía- que "la existencia de un propietario permisivo y poco exigente facilitó la formación de una gerencia pública corrupta e ineficiente, la cual con el correr del tiempo mimetizó la cultura populista clientelar" (El Universal).

Francisco Nieto Guerrero, profesor universitario y miembro del consejo superior del ya citado Centro Multidisciplinario de Reflexión sobre la Corrupción, exponía a comienzos de 1999 que "nuevamente la lucha contra la corrupción fue la gran protagonista. En esta campaña (electoral) se oyeron otra vez promesas del más variado calibre. Y de nuevo, al final del análisis, se votó por aquel a quien la percepción popular identificó como el más idóneo para remover ese terrible mal" (El Universal, 04/01/1999).

Sugería Nieto Guerrero al gobierno entrante que los mejores momentos para evaluar la situación de corrupción de un país, justamente se dan cuando ocurren transiciones entre gobiernos o propósitos de transformación nacional producto de rupturas históricas. "Para ello deben dotar a las comisiones de enlace de instrucciones claras y mecanismos bien diseñados, que permitan levantar lo más objetivamente un mapa donde se visualice la verdadera profundidad de la corrupción en Venezuela y donde sea posible distinguir: las áreas más afectadas, los factores que más inciden en su incremento y los que más repercuten en la población".

Luis Piñerúa Ordaz cuestionaba las intenciones constituyentes. "Mentira que para corregir los vicios e imperfecciones que, tras 40 años de experiencia acusa el gobierno democrático, sea necesario derogar la Constitución de 1961. Modernizar el sistema educativo, hacer eficiente el servicio de salud pública, combatir la corrupción, extirpar los males del clientelismo, reducir la burocracia, profundizar la descentralización, organizar un régimen moderno de seguridad social, poner a raya a la delincuencia, evitar el despilfarro invirtiendo los dineros en función del interés colectivo y otras; son medidas ciertamente anheladas por el pueblo, cuya realización depende exclusivamente de que exista una fuerte voluntad política para impulsarlas" (El Universal, 26 /12/1998).

Gustavo Coronel, ya mencionado, planteaba que cualquier estrategia a emprender tenía, necesariamente, que propender a cerrar paralelamente tres brechas clave: la de la Venezuela pobre y rica, es decir, la necesidad urgente de tener menos pobres enseñando a otros connacionales a generar riqueza. La de la Venezuela corrupta y honesta, brecha ética "que nos mantiene en el más profundo atraso y que sólo podrá cerrarse en la medida en la cual exista voluntad política para combatirla y que exige una mayor participación ciudadana para presionar por transparencia y honestidad en la función pública". Y la brecha de la Venezuela dividida entre "quienes ven en el Estado la solución a todos los problemas, y quienes pensamos que la sociedad civil debe ser la gran protagonista del cambio social venezolano" (El Universal, 02/02/1999).

El historiador Manuel Caballero decía que el problema de la corrupción en Venezuela no podía ser corregido por decreto, "ni cambiando políticos corruptos por otros incorruptibles que, indefectiblemente, se corrompan después".

Su principal argumento era que "la corrupción no puede ser controlada ni por una sola persona ni por un solo grupo, ni con el más brillante conjunto de leyes y de constituciones del mundo. La única manera de hacerlo es plantearse el todo como un problema de fuerza: a la de la corrupción hay que oponer otra fuerza del mismo calibre" (El Universal, 14/02/1999).

En mayo de 1999 y ya con la Constituyente encima, Luis Piñerúa Ordaz insistió en el tema, preguntándose: ¿será lícito atribuir al malllamado puntofijismo la primogenitura y el desarrollo de la corrupción en Venezuela? "Sólo a ignorantes enconosos puede ocurrírseles tan perversa simplificación. Ciertamente nuestra imperfecta democracia... está muy lejos de presentar resultados resonantes en la empresa de ponerle freno a la corrupción. ¿Pero acaso garantizan sus detractores un éxito mayor en tal sentido? Ni los hombres del presidente son capaces de exhibir méritos propicios al milagro, ni la forma desordenada e improvisada de sus primeras acciones, que amenazan con eternizarse, parecieran prometerlo así. El Plan Bolívar 2000, si es que alguna vez llega a auditársele, seguramente arrojará luz en ese sentido" (El Universal, 22/05/1999).

Una última referencia sobre el debate, la mayoría de las veces, escenificado en las páginas de opinión de El Universal. Otro asiduo colaborador, Salomón Baum, planteó (29/12/1998) que durante 40 años la democracia puntofijista manejó ingresos cercanos a los 500 mil millones de dólares (promedio de 12,5 millardos por año).

"Cálculos conservadores estiman que cerca de 20%, es decir, unos 100 millardos de dólares, fueron robados, es decir, que fueron a parar directamente a los bolsillos de funcionarios de distintos niveles y sus testaferros. Pero, además de ese robo directo, ha habido malversaciones y manejos que entre comisiones, contratos pagados pero no ejecutados, obras mal hechas, intereses por colocaciones oficiales en los bancos, fundaciones, compras innecesarias y créditos del Estado condonados, también representan al menos otro 20% de esa gran torta".

¿Puede un país –también se preguntaba- levantar cabeza bajo esas condiciones? "No, imposible. Y si aumentan los ingresos... también se incrementan paralelamente el robo y la malversación. Esa es la triste realidad de nuestro país, y si esa situación no se enfrenta con total inflexibilidad desde la Presidencia de la República, dando además un ejemplo aleccionador e inobjetable, no lograremos salir del inmenso agujero en que nos encontramos".