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Otra candidata que se quedó "con los crespos hechos" al final de la campaña electoral fue Irene Sáez Conde. En esta oportunidad era Copei quien le daba la espalda, para apoyar en las últimas semanas la candidatura de Henrique Salas Römer contra las aspiraciones de Chávez. Eran tres las líneas maestras presentadas previamente por Sáez en su propuesta programática denominada Reconstruir a Venezuela: mi propuesta para el cambio 1999-2004: Un profundo cambio del Estado para servir a los ciudadanos. Seguridad integral. Una economía con responsabilidad social. En líneas generales el sostén de la anterior estrategia pasaba por explicar que "Venezuela necesita cambiar para lograr el bienestar que se merece. Es necesario corregir el proceso de empobrecimiento y la injusticia a que hemos estado sometidos para abrir las inmensas posibilidades de desarrollo de nuestro país". Se argumentaba que "éste es el objetivo central del programa que presento.... Ofrezco verdaderos cambios a todos los venezolanos, decepcionados y defraudados por la mala administración del Estado. Con este fin propongo un programa de acción del cual mi gobierno será responsable y rendirá cuentas a los ciudadanos". Luego de preguntarse ¿quién ha rendido cuentas y aceptado responsabilidad por las acciones u omisiones que nos han llevado a donde estamos hoy?, enumeraba unas medidas generales y particulares que pudiésemos considerar como de lucha contra la corrupción y que quedaron plasmadas en lo que llamaron bases para un buen gobierno: Transformación de las instituciones públicas en medios efectivos de atención ciudadana. Revalorización del servicio público para rendirle cuentas al ciudadano. Reconstrucción de nuevos valores compartidos y establecimiento de nuevos equipos humanos en la administración pública. Los funcionarios públicos deben estar al servicio de las comunidades. Centralización de servicios y recursos hacia estados y municipios. Reforma del gobierno central para reducirlo y hacerlo más eficiente en 10 áreas estratégicas. Transformar al Congreso Nacional para ponerlo bajo el control de los ciudadanos. Independizar el Poder judicial para implantar la justicia y la seguridad jurídica en el país. Políticas sociales efectivas para la prevención del delito. Participación ciudadana en la administración de los servicios. Incorporación de más profesionales en la administración pública. Reducción de los procedimientos administrativos a los indispensables para garantizar: seguridad, calidad de vida y justicia. Eliminación de trámites innecesarios. Reforma y descentralización de la administración de justicia bajo la elección en el Senado de los magistrados de la Corte Suprema propuestos por la Presidencia con apoyo del examen de la ciudadanía. Concurso de oposición para ingresar a la carrera judicial. Creación del Defensor del Ciudadano. Presupuesto justo y capacitación para el Poder Judicial. Adecuación del sistema legal judicial. Juicios públicos y orales para eliminar el secreto sumarial y la corrupción con los que los jueces han venido actuando.
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