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La propuesta de gobierno del candidato presidencial de Acción Democrática, Luis Alfaro Ucero, surgió tras la realización de unas jornadas programáticas celebradas en 1997 y quedó plasmada el 3 de junio de 1998 en un documento titulado Nuestro compromiso con el país que tenemos para lograr el país que queremos: programa de gobierno 1999-2004. Sólo que el candidato luego se presentó por cuenta propia, porque el partido lo dejó de lado a última hora para apoyar a otro candidato, Henrique Salas Römer. El programa de gobierno definía a la gobernabilidad democrática como "el ejercicio del gobierno en una forma que la mayoría de la población considere eficaz y legítima". Y a las principales amenazas para el momento como: Limitaciones fiscales y caída del producto de la economía nacional. Atomización del poder político sumada a la pérdida de credibilidad y ‘autoritas’ de los poderes del Estado y de los partidos políticos. Conflictividad social como efecto de los dos aspectos anteriores, pero, al mismo tiempo, causa de nuevos problemas de gobernabilidad. Presencia de privilegios e intereses grupales que frenan los cambios estructurales e institucionales transformadores del Estado. El recetario accióndemocratista, incluidas las iniciativas anticorrupción, entre otras medidas proponía la siguiente estrategia: Apertura económica con visión social e inserción global. Conciliar la eficiencia económica con la equidad y el interés social. Reforzar el papel regulador del estado en forma que sea compatible con la iniciativa individual. Promover regulaciones y mecanismos tributarios que permitan superar la concentración de la riqueza que hace de Venezuela un país dual, es decir una sociedad con un sector minoritario con acceso a todos los bienes de uso y consumo y a todas las tecnologías, y otro marginado de este disfrute, pobre y condenado a seguir siendo pobre hasta tanto no se atienda su situación como prioritaria. Dotar al Estado de instituciones eficientes y jurídicamente confiables. Llevar a cabo una reforma legal y administrativa para lograr un servicio civil capacitado, integrando cuadros profesionales de la Administración Pública mediante concursos de oposición. Descentralizar el ingreso y el gasto público para lograr la justicia tributaria y fiscal. Rescatar el estado de derecho y lograr que la justicia no sea privilegio de quienes detentan medios políticos o económicos. Selección de los jueces sólo con base en méritos y aptitudes. Fortalecer la justicia de paz. Incrementar la inversión de infraestructura física, dotación y tecnificación de los tribunales y la remuneración de los jueces y personal administrativo. Autonomía administrativa y funcional de los tribunales a fin de que cada juez sea quien gobierne y administre su tribunal. Reducción gradual de la nómina del Estado. Concursos de oposición para ocupar cargos técnicos y administrativos del gobierno central. Fortalecimiento e incremento de la autonomía de las agencias reguladoras del Estado. Descentralización de servicios básicos de la sociedad. Definir una política preventiva del delito que integre a los tres poderes del Estado con la sociedad civil, mediante educación e información de los órganos decisores en materia de seguridad. Como parte de la estrategia para lograr un desarrollo económico sustentable, se dejaba por sentado que era necesario lograr una reforma "en el funcionamiento de la economía venezolana, para transformarla de rentista en productiva, de clientelar a transparente, de protegida a abierta...; y reducir la vulnerabilidad de la economía nacional frente al petróleo. En otras palabras, indirectamente se estaban planteado acciones para cambiar las condiciones de la redistribución de la riqueza y, por consecuencia, minimizar las posibilidades de comisión de actos de corrupción al disponer de una economía y un Estado menos centralizado y burocratizado, capaz de brindas mejores productos y servicios a un mayor número de personas. | ||||||||
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