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La candidatura de Henrique Salas Römer, anidada en torno a la agrupación Proyecto Venezuela y luego con el apoyo de última hora de AD y Copei, sostenía en la plataforma programática, Mi proyecto para Venezuela, que "la crisis que viene azotando a Venezuela desde hace más de 20 años ha sumido a densos sectores de la población en la ansiedad, la angustia y la desesperanza. La situación es cada día más difícil, las demandas de la población cada día más dramáticas, la situación económica y social cada día más comprometida. Ha llegado el momento de provocar un cambio radical". El ex gobernador de Carabobo por dos períodos se presentaba como "un hijo del 27 de febrero, integrante de esa generación de líderes regionales que nació de las reformas políticas surgidas de la revuelta espontánea que estremeció la conciencia nacional a inicios de 1989". Los rasgos para el cambio se ofrecían al electorado bajo los principios de participación, responsabilidad recíproca, libertad individual, compromiso colectivo y bien común. Una primera línea programática maestra era la seguridad, que no sólo abarcaba el resguardo de vidas y propiedades contra el hampa y el crimen organizado, sino también "tener reglas claras y permanentes", además de "respeto a la legalidad y garantía de una recta administración de justicia". La segunda era ofrecer "un gobierno honrado, centrado y eficiente" que, como ejemplo, procurara "la transparencia de los procedimientos y la sanción moral y judicial. El día en el que el venezolano común se sienta orgulloso del gobierno que tiene, habremos logrado un cambio de incalculable magnitud. Un cambio radical". Se impone una ética pública rigurosa para el funcionamiento gubernamental, que además de exigirle una conducta intachable con respecto a los bienes públicos, le exija una entrega completa al compromiso de realizar una gestión responsable, sin ceder al soborno, al clientelismo o al enriquecimiento ilícito. Mi compromiso y el de todos los que me acompañarán en la gestión de gobierno, es con la eficiencia, con la pulcritud, con la transparencia y con el ciudadano. Despojaremos a toda la administración pública y a toda gestión de gobierno de servidumbre a intereses de grupo o partido. Cualquiera que partidice, por poco que sea, su gestión, será destituido sin contemplaciones. El Estado estudiará cada proyecto de acuerdo con sus prioridades y supervisará de cerca la actuación y rendimiento de todas aquellas organizaciones que manejen dineros públicos como es su obligación. Asumiré la orientación del proceso de reforma del Poder Judicial en el marco de una propuesta para impulsar la modernización del estado de derecho. Transformar el Poder Judicial es una exigencia estructural de la democracia y, al mismo tiempo, condición para la dinámica de una sociedad contemporánea y productiva. "Los estudios de opinión revelan que el ciudadano responsabiliza con preferencia a los políticos y a la corrupción por los males que le aquejan y la incertidumbre que lo rodea" –decía el programa de gobierno-. "No está lejos de la verdad. Venezuela es, por analogía, una empresa de gran capital que, por falta de gerencia, en este caso atribuible al liderazgo colectivo de la Nación, no logra remunerar adecuadamente ni al trabajo ni al capital". Al fuerte discurso chavista a favor del proceso constituyente, Salas Römer le oponía el de la descentralización, "aunque muchos de los defectos que se le atribuyen... tienen su origen en la partidización de las distintas instancias del poder público. La burocratización que se observa en algunos municipios y entidades federales ha sido y sigue siendo auspiciada por las cúpulas partidistas como fórmula para mantener una clientela y fuentes de financiamiento de algunas organizaciones políticas". | ||||||||
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