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La principal oferta electoral de Chávez fue el compromiso de realizar un proceso constituyente para relegitimar todos los poderes constituidos de la IV República. La gran herramienta política frente a los sufragantes fue el señalamiento constante de la "corrupción puntofijista" como causa líder del desastre nacional. El chavismo veía la posibilidad de una constituyente como la respuesta lógica a la Reforma Constitucional que por largo tiempo fue envagetada por una comisión bicameral del Congreso de la República presidida por Rafael Caldera y que nunca fue accionada como mecanismo de drenaje social. El programa de gobierno ofrecido por el chavismo al electorado a lo largo del año 1998, estuvo organizado en cinco puntos de equilibrio: político, social, económico, territorial y mundial. Sin duda que el sentido anticorrupción de la propuesta estaba básicamente concentrado bajo el paraguas de la Constituyente para la democracia participativa, dentro del rescate del "equilibrio político". Según el programa elaborado por la Dirección Nacional Político Electoral del Movimiento V República (Dinape), "todas las decisiones de carácter e interés nacional son sometidas al tutelaje de las direcciones partidistas, sin que sobre éstos exista ningún control efectivo por parte de la sociedad venezolana. El alto grado de concentración del poder, combinado con un Estado que ha manejado y maneja grandes recursos provenientes del negocio petrolero, trajo consigo la generación de corruptelas, compadrazgos y clientelismo, erosionándose el desarrollo democrático de la vida nacional". Así, se argumentaba que "cuando una situación llega a tal grado de descomposición, nace entonces del propio seno del pueblo una fuerza legítima indetenible, capaz de impulsar la transformación de ese marco institucional. Esa fuerza es el poder constituyente. Poder éste que se ha activado en Venezuela, generando un proceso transformador verdaderamente democrático y revolucionario: el Proceso Constituyente...". Las razones de la realización del proceso quedaron argumentadas así: Independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la seguridad jurídica de la Nación, restándole discrecionalidad al Congreso en la elección de sus miembros. La selección y ascenso de los jueces se hará mediante concursos de oposición, públicos y transparentes. Serán de elección popular los jueces ubicados en la base de la pirámide del poder judicial. La autonomía presupuestaria del Poder Judicial debe lograrse mediante el establecimiento de un situado constitucional que le garantice un porcentaje del presupuesto ordinario. Es preciso descongestionar los tribunales y dirimir conflictos menores en el seno de la sociedad, estimulando la creación de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación y el arbitramiento, donde se incorporen figuras como los Jueces de Paz, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Asociaciones de Vecinos. El Poder legislativo debe ser auténticamente representativo y estar revestido de legitimidad, para lo cual será cambiado el sistema de elección de sus miembros: estos, además, estarán obligados por la Constitución a rendir cuentas a sus representados. Se creará el Poder Moral, conciencia ética del sistema, constituido por instituciones formales e informales orientadas a vigilar, controlar y servir de contrapeso a la acción de los gobiernos. Hacer que el Ministerio Público (Fiscalía) actúe como acusador por parte del Estado y como contrapeso, crear la institución del Defensor del Pueblo (Ombudsman). Fortalecer las funciones de la Contraloría General de la República y del Consejo Nacional Electoral y desvincularlos de la excesiva tutela de los partidos políticos. Las propuestas para lograr que el "aparato administrativo del estado funcione adecuadamente", quedaron resumidas así por el aspirante chavista: Desarrollar mecanismos de comunicación e información que hagan de la administración pública una estructura transparente donde el secreto sea la excepción y no la regla, y estimular estrategias orientadas hacia una mayor participación ciudadana en los procesos decisorios de la administración. Que la descentralización sea parte constitutiva de la reforma de la administración pública. Desarrollar mecanismos en la administración pública que la capaciten para formular, implementar y evaluar las políticas públicas en función de los objetivos, en contraste con lo que ha venido sucediendo hasta ahora que se orienta, fundamentalmente, al control y evaluación de procedimientos. Garantizar el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida, evitando la intromisión privilegiada de intereses particulares que la distorsionen y/o la limiten.
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