Según el texto La hora de la transparencia en América
Latina, editado por Transparencia Internacional (TI), la corrupción aplicada
al sector público es, "el fenómeno por medio del cual un funcionario es
impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para
favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por lo
tanto el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura
estatal. La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: influencia
ilícita, ilegal e ilegítima".
Se compendian las causas de la corrupción en formales,
culturales y materiales. Las causas formales, a su vez, se clasifican en:
"La falta de una clara
delimitación entre lo público y lo privado.
La existencia de un
ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional.
La inoperancia práctica de las
instituciones públicas".
En cuanto a las causas de tipo cultural, se señalan las
siguientes:
"La existencia de una amplia
tolerancia social hacia el goce de privilegios privados. Se permite que
prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica.
La existencia de una cultura de
la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que
"la ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia
social hacia ella.
La persistencia de formas de
organización y de sistema normativos tradicionales, enfrentados a un
orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran
salida a través de la corrupción.
Las causas denominadas materiales, destacan las brechas
existentes entre:
"Las necesidades reales de
control político y las condiciones formales del ejercicio del poder. Por
ejemplo, el conflicto permanente entre los aparatos policíacos y los
sistemas de garantías jurídicas.
Entre el poder social efectivo
y el acceso formal a la influencia política. Por ejemplo, un gremio de
industriales entrega sobornos a algunos miembros del Congreso para que
aprueben una ley.
Entre los recursos de la
administración pública y la dinámica social. Por ejemplo, un funcionario
del Ministerio de la Vivienda recibe dinero de una organización para
orientar ciertos recursos exclusivamente hacia ella.
Entre la impunidad real y la
responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Por ejemplo, un
deficiente sistema de control público permite que las medicinas
asignadas a un hospital, se vendan fuera de éste".
Para TI, la tipología de la corrupción queda clasificada en
seis categorías principales "que constituyen las áreas más vulnerables de un
gobierno": abuso de funciones, comisiones y obsequios ilegales, contribuciones
ilegales, evasión o fraude, cohecho y nepotismo.
Y clasifica en once causales, los elementos que contribuyen a
su desarrollo: coerción estatal, poder de discrecionalidad, burocracia sin
meritocracia, limitaciones de la ley y la justicia, regulaciones vagas sobre
conflicto de intereses, falsa noción de eficiencia, inequidad en la
redistribución del bienestar, escasez de recursos y alteración en su asignación;
debilidad de los grupos de presión; niveles de tolerancia que tengan las élites,
la prensa y la sociedad sobre la corrupción; y la posibilidad de sobrevivencia
de los más débiles a través de una comunicación e integración distorsionadas.
Así, las consecuencias se traducen en: venta de poderes
discrecionales al mejor postor, cobro sobre los contratos del gobierno
adjudicados al mejor postor, recaudación de partidas importantes de empresas con
finalidad política, evasión total o parcial de impuestos, seducción de un juez o
funcionario público y reparto de cargos, prebendas y comisiones entre parientes
y amigos cercanos.
Transparencia es del criterio de que las áreas oficiales más
afectadas por la corrupción son: servicios públicos, licitaciones y
adquisiciones públicas, recaudación de impuestos públicos (impuestos y aduanas),
nombramiento de funcionarios públicos y administración de gobiernos locales.
En cuanto a su intensidad, maneja dos tipos: marginal e
hipercorrupción.
La marginal se refiere a "casos aislados en un contexto de
respeto por las reglas formales. Hay una cultura general de respeto por las
normas, los organismos de control actúan con eficacia, detectan y castigan actos
de corrupción. Aún cuando se involucre a personajes importantes, el sistema
exhibe la capacidad de aislar los casos y sancionarlos. Existe una cultura que
sanciona socialmente al que viola las reglas".
Por lo que respecta a la hipercorrupción, "la cultura general
es permisiva ante las violaciones de las reglas y los organismos de control no
cumplen con su función. Los sobornos son una forma generalizada de resolver los
conflictos y no existen esfuerzos serios para controlar el problema".
Advierten en el estudio que "la corrupción como enfermedad,
se encuentra en todas partes del mundo. Sin embargo hay tiempos, organizaciones
o países con epidemias y otros con una situación controlada. En algunos países
como Argentina y Venezuela y la mayoría de los países en vías de desarrollo, la
epidemia es la situación natural".
De manera que la población de un país debe pagar "costos
inducidos por prácticas corruptas", del siguiente tenor:
"Aumento en el precio de la
administración. El contribuyente se tiene que someter al pago de
sobornos, por lo que tiene que pagar varias veces por el mismo servicio.
Deterioro del ambiente en el
cual actúa el sector privado, lo que deriva bien en una rápida y
excesiva ganancia en momentos de incertidumbre o en un desestímulo a la
inversión interna.
Influencia nociva sobre el
aparato administrativo, debilitando el compromiso del funcionario con
las normas correctas.
La colectividad disminuye el
respeto por las autoridades constituidas y, con ello, la legitimidad del
gobierno.
La corrupción es una barrera
para el desarrollo ya que promueve la falta de voluntad de tomar
decisiones políticas costosas. Un funcionario o político corrupto es una
persona que piensa en sí mismo, poco dispuesto a sacrificar sus
intereses para promover la remota futura prosperidad del país.
Hace posible que se
institucionalice la ilegalidad. Esto conduce inevitablemente a litigios
y cargos calumniosos por lo cual hasta funcionarios honestos pueden ser
chantajeados.
La forma más normal de
corrupción en algunos países –dinero rápido o pagos para acelerar un
trámite- determina decisiones basadas en el dinero y no en las
necesidades humanas".
Junto a Arnold Heidenheimer, ya citado, quizás el otro
experto internacional que más ha estudiado la corrupción es Robert Klitgaard,
por la célebre fórmula: C=M+D-A (corrupción es igual a monopolio, más poder
discrecional, menos rendición de cuentas).
En un trabajo de este profesor de Harvard, titulado: La
corrupción y la promoción de la ética en el servicio público; se sostiene
que "la corrupción desempeña hoy en la política un papel más central que en
cualquier otra época de la que haya memoria. La corrupción es, difícilmente, un
problema exclusivo del Tercer Mundo. Es cierto, en Venezuela se ha publicado un
diccionario local de la corrupción que alcanza dos volúmenes. Pero también es
cierto que un autor francés... tuvo la misma idea en Francia".
Para Klitgaard, "la corrupción, en el nivel más amplio,
consiste en el uso indebido de un cargo con fines no oficiales. Aunque tendemos
a pensar que la corrupción es un pecado gubernamental, por supuesto que existe
también en el sector privado. En verdad, el sector privado está involucrado en
la mayoría de la corrupción gubernamental".
Este experto además reconoce varios tipos de corrupción,
según su grado nocivo en la sociedad:
"La que socava las reglas del
juego. Por ejemplo en el sistema de justicia, en los derechos de
propiedad, en la banca y el crédito. Ésta devasta el desarrollo
económico y político.
La que facilita que los
contaminadores ensucien los ríos o que los hospitales extorsionen a los
pacientes y otros servicios públicos.
La que financia las campañas
electorales, que son menos perjudiciales".