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Capítulo 2/La corrupción en tiempo de Chávez  

 

 

 

 

 

Pasajes sobre la corrupción en Venezuela

Recadi fue el caso de corrupción más notorio de la IV República (ilustración: Víctor Hugo Irazábal).

Aún cuando República Dominicana figura junto a Venezuela como uno de los dos "gobiernos más ineficientes", según las apreciaciones ya comentadas del Banco Mundial, en Dominicana existe un instituto denominado Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).

Para Alianza, son tres las definiciones preferidas sobre corrupción administrativa:

"La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado" (Encyclopedia of the Social Sciences).

"La corrupción se describe como toda aquella acción u omisión del servidor público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos o de posición social, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información privilegiada, influencia u oportunidades" (Plan Transparencia, Para Volver a Crecer).

"La corrupción puede ser el obstáculo individual más devastador que se opone al desarrollo económico, social y político en países que carecen de sistemas políticos abiertos" (Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional)

La Adocco dominicana ha tomado para sí los siete principios definidos en 1997 por The Committee on Standars in Public Life de Londres, los que se consideran como la manera más práctica de averiguar si existe corrupción o no frente a cualquier acto sospechoso. Así, los servidores públicos:

"Deben actuar sólo en términos del interés público y no hacer su trabajo buscando beneficios materiales o económicos para sí mismos, su familia o sus amigos (Interés Público).

No deben prestarse a recibir dádivas económicas o de otro tipo, de personas u organizaciones que puedan buscar influir en sus decisiones o acciones oficiales (Integridad).

En el ejercicio de sus funciones oficiales, tales como nombramientos, adjudicación de contratos, beneficios o subsidios, sólo deben actuar con base en los méritos (Objetividad).

Deben responder políticamente por sus decisiones, acciones y omisiones ante la ciudadanía y deben someterse al escrutinio apropiado de su gestión (Responsabilidad).

Deben ser tan claros como les sea posible con respecto a todas las decisiones y acciones que tomen y deben explicar las que no tengan el carácter de secretas (Apertura).

Deben declarar todo interés privado que los libre de sospechas frente a sus acciones futuras, en función de las posiciones de interés público que ocupen (Honestidad).

Deben promover los anteriores principios con su liderazgo y ejemplo" (Liderazgo).

Se concluye que si se considera que alguno de estos principios ha sido violado, "lo más probable es que se esté configurando una conducta corrupta y por lo tanto debe denunciarse".

 

   

 

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