Un tubazo periodístico propinado por Ultimas Noticias el 6 de mayo de 2001 dejó al descubierto lo que verdaderamente estaba pensando Chávez: la eventual posibilidad de decretar un estado de excepción para combatir la corrupción administrativa y otras situaciones consideradas críticas por el gobierno. Al menos fue el eslabón que siguió como lógico a la preocupación expresada por Chávez en el Congreso.

En efecto, en la edición se titulaba: "Habrá estado de excepción". Y el vocero era el ex constituyente Hermann Escarrá. "El presidente de la República estudia seriamente un decreto de estado de excepción en el país para poder actuar con mayor rapidez en contra de la pobreza y la corrupción", explicaba.

Se encargaba de aclarar Escarrá que se podía llegar a decretar tal medida, siempre y cuando se respetase el resto del ordenamiento legal establecido en la Constitución Bolivariana, en especial lo atinente a los derechos políticos, civiles y la libertad de expresión. Además, en concordancia con la Carta de la Naciones Unidas y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La información de Ultimas Noticias, absolutamente inesperada para el gobierno, el oficialismo e, incluso, para la oposición en general, fue solamente aprovechada –antes de que se convirtiera en un verdadero debate nacional- por el concejal metropolitano Enrique Ochoa Antich, quien señaló al día siguiente que "el Presidente está considerando...un estado de emergencia con el propósito de ocultar la nueva corrupción que horada la credibilidad del régimen" (El Universal 07/05/2001).

La posibilidad de tales medidas extraordinarias provocó colateralmente un enfrentamiento que condujo al distanciamiento del presidente Chávez con uno de sus principales aliados políticos: el Movimiento Al Socialismo. "Estoy pensando seriamente y si me piden probabilidades de que yo decrete el estado de excepción, les digo que la probabilidad, en la medida en que estudio recomendaciones, diagnósticos sociales, etc., la probabilidad va creciendo, voy a seguirlo pensando en el viaje" –expresó Chávez durante la cadena presidencial del jueves 11 de mayo.

— No diré amén –precisó- ante la liberación de personas acusadas de corrupción por parte de ciertos jueces. Yo respeto cualquier decisión de cualquier juez, pero eso no indica que uno va a decir amén. A la corrupción hay que darle en el hígado...Yo sí he pedido diversas opiniones. ¡Por qué yo no voy a tomar una decisión! Y es que me sale: ¿Quién me va a decir a mí que nó? Si eso está escrito aquí en la Constitución.

El nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia, Diosdado Cabello, en una declaración aparentemente enfrentada a los comentarios previos del Presidente o producto de un cambio de seña oficial, planteaba que no creía que "sea el gobierno el que tenga que atacar el problema de esta manera. La respuesta la deben dar el Poder Judicial, la Fiscalía y los organismos de investigación. No es el Presidente de la República quien va a meter preso a la gente." (El Nacional 16/05/2001). Daba a entender que un estado de excepción no era necesario para combatir la corrupción. Al menos no lo justificaba.

Mientras el Presidente viajaba a Asia, la DISIP creó una brigada especial para reducir tanto a hampones calificados de amenaza pública número uno, como a los jefes de las mafias anticorrupción. Estaban ofreciendo una recompensa de 5 millones de bolívares por José Nelo, el ex golpista señalado como supuesto jefe de la banda Los Blindados del Seniat. A esta iniciativa se opuso el fiscal general, Isaías Rodríguez, por considerarla violatoria de la Constitución Bolivariana y porque aún no existe una Ley de Protección a Testigos (El Nacional 17/05/2001).

El comisario Enoé Vásquez se erigió como el jefe de la brigada "cazacorruptos" que perseguía también a delincuentes "primium" como Oswaldo Martínez Ojeda, capturado en el estado Portuguesa seis días antes que Vladimiro Montesinos. Al regreso del largo periplo por Asia, Europa y Estados Unidos; Chávez fue desinflando la idea del estado de excepción. En una oportunidad habló de la "emergencia económica" (El Nacional, 26/05/2001), en otra de la "emergencia social" (El Universal 03/06/2001), en una tercera dejó entrever que se había "formado un alboroto" innecesario (El Nacional, 29/05/2001), pero previamente desde Yakarta había descartado que el país se encaminara hacia una situación de emergencia (El Universal, 31/05/2001). Sin embargo la mesa quedó servida y la mayoría de la Asamblea Nacional y el Movimiento V República se quedaron esperando la decisión presidencial.

En el camino quedaban tres temas colaterales de interés, cuyas respuestas debían buscarse de inmediato: uno, el por qué la Asamblea Nacional, hasta ése momento, no había considerado formalmente nunca el Anteproyecto de Ley Anticorrupción encargado por el entonces vicepresidente ejecutivo de la República, Isaías Rodríguez, al experto José Alejandro Arzola desde noviembre de 2000. De esto hablaremos más adelante.

Dos, el planteamiento proveniente de cinco ex cancilleres de la IV República: Ramón Escovar Salom, Miguel Angel Burelli Rivas, Simón Alberto Consalvi, Fernando Ochoa Antich y Humberto Calderón Berti, sobre la posibilidad de que el presidente Chávez fuese enjuiciado "por su gestión al frente de la política exterior de dádivas sin contraprestación" como el Convenio Petrolero con Cuba, el Plan Bolívar 2000 y las megaelecciones, en principio.

Y tres, una eventual reforma al Código Orgánico Procesal Penal, pues la impunidad acumulada en el país desde su entrada en vigencia en junio de 1999, ya no se toleraba desde el punto de vista de la criminalidad y la corrupción.