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Capítulo 1/La corrupción en tiempo de Chávez  

 

 

 

La Disip por todas partes

Eliézer Otaiza, como jefe de la Disip, creó una infructuosa brigada anticorrupción (foto: El Universal).

El 18 de abril agentes de diversos cuerpos de seguridad allanaron las sedes principales del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (Setra), de la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería y de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Diex-Onidex).

Se trataba de una respuesta ante el congestionamiento de señalamientos que recibían otras unidades del gobierno en materia de corrupción. Al fin y al cabo, las aduanas, el Seniat, el Setra y la Onidex son de los organismos más marcados por las irregularidades desde los tiempos de la IV República.

Los motivos eran diferentes. En el caso del Setra, detuvieron a 9 funcionarios, entre ellos al subdirector del servicio, el coronel Jeidy Ramón Cabrera Osorio, a quien le encontraron placas y dinero en efectivo en su oficina. Además la investigación partió de la nacionalización de más de 1.000 vehículos importados procedentes de Estados Unidos, España, Brasil y Colombia, a un promedio de medio millón de bolívares cada uno. A la acumulación de más de 8 mil tramitaciones de títulos automotores y gestiones de placas, por las que se podían estar cobrando no menos de cien mil bolívares por cada una, se sumaba el forjamiento de títulos originales para amparar actos ilícitos de diversa índole y desbloqueo de los vehículos robados de la base de datos, para evitar su posterior ubicación.

Además del Coronel Cabrera, los otros imputados a los que la Fiscalía ordenó retener (para el 20/04/2001) fueron: Yidith Marisela Yánez (secretaria), José Manuel Cristóbal Rangel (director de Informática), Ramón Benito Román (transcriptor de datos), Lubaliska Ramírez Figueroa (transcriptora de datos), Ubaldo Enrique Salazar Vegas (transcriptor de datos), y Jocelin Caicuto (secretaria y transcriptora de datos). Los delitos señalados por la Fiscalía son: enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias, forjamiento de documentos públicos, entre otros (El Universal).

La corrupción en el Setra había llegado, una vez más, a la cúspide. Tanto, que 114.900 vehículos estaban circulando por las calles y avenidas de todo el país sin placas, debido a la imposibilidad de conseguirlas (El Universal, 24/04/2001).

De acuerdo con el criterio del director del Setra, Juan Antonio Pérez Urdaneta, "la única solución para que no se vuelvan a registrar fallas en la entidad es cambiar el sistema, lo que podría materializarse en un año y medio y costaría 3 millardos de bolívares" (El Universal, 26/04/2001).

Pero el Setra había sido intervenido la primera vez por la revolución bolivariana en julio de 1999, por órdenes del entonces ministro de Transporte y Comunicaciones, Julio Montes. Designaron una comisión interventora integrada por el coronel Luis Contreras, director de Vialidad Terrestre; el ex contralor municipal Moisés Benaím; y el general de la Aviación, Jesús Adolfo Pérez, director de personal del MTC (El Universal, 31/07/1999). Y en noviembre de 2000 se conoció que la Disip se había incorporado a la lucha interna contra la corrupción que ya llevaba sumadas 60 destituciones desde febrero del mismo año, por hechos de corrupción. El procesamiento de unos 35.000 documentos promedio a la semana estaba obstruido por hechos irregulares conducidos por mafias viejas y nuevas.

Al respecto de la nueva situación presentada en abril de 2001, el dos veces ministro de Interior y Justicia, Luis Miquilena, confirmó el mismo día de la movilización de la policía al Setra, el allanamiento a la Diex y Onidex, "como parte de la frontal lucha contra los delitos que se han convertido en cultura. Estas acciones, al igual que el Seniat y el Setra, forman parte de un plan bien articulado del Gobierno, para atrapar a todos aquellos pillos que han venido actuando impunemente en la administración pública. Desde luego, hay que hacer una limpieza profunda... No quiero hacer juicios adelantados a personas que hasta ahora sólo son sospechosas de actos de corrupción en el Seniat" (Unión Radio, 18/04/2001).

En la edición de Quinto Día correspondiente a la semana del 18 al 25 de mayo de 2001 se asegura, producto de la divulgación de la declaración jurada de bienes del coronel Cabrera Osorio, que el mismo declaró un patrimonio del orden de los 246 millones de bolívares antes de jurar como adjunto del Setra, entre vehículos, seis cuentas bancarias y bienes inmuebles. Luego del desglose mediante tres tablas del patrimonio detallado del militar, el semanario se preguntaba: "¿Quién denunció al coronel? ¿Fue una trampa? ¿Perjudicaba intereses de las mafias? ¿Servía a algunas mafias? ¿Se buscó truncar definitivamente se carrera militar? Ojalá, alguna vez se sepa".

Todos los imputados fueron liberados, pero la Fiscalía ordenó una vez más la detención del grupo involucrado el 7 de junio de 2001, al apelar la decisión del juez 15 de control, Marisela Pérez Mata. Esta había considerado la libertad para Cabrera Osorio y otros del grupo señalado, pero los fiscales Américo Gloria y Luis Díaz Acero apelaron sobre la base de los delitos de adulteración de documentos y cobros indebidos y el Ministerio Público logró prorrogar el tiempo para acusar y, según se presentaran las incidencias, prolongar el juicio.

En la Diex decidieron jubilar prematuramente a una tercera parte del personal, unos 1.300 funcionarios, luego de conocerse que se cobraban entre 600 mil y 1 millón de bolívares en forma clandestina para nacionalizar ciudadanos asiáticos o del Medio Oriente y que cada día eran arrestados dos gestores realizando trámites en favor de indocumentados (El Universal, 25 y 26/04/2001).

Por esos días se había conocido que el ingreso a Venezuela, posiblemente por la Rampa Cuatro del aeropuerto de Maiquetía, del ex asesor peruano del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, pudo supuestamente ocurrir con un pasaporte auténtico expedido por la Onidex a nombre de Manuel Antonio Rodríguez Pérez. De la Diex se habían desaparecido 5.369 pasaportes en 2 años. El Director de la institución, general Marcos Ferreira, había ordenado la militarización de la Diex con coroneles activos y el apoyo de la Disip para investigar varias irregularidades (El Universal, 24/04/2001). Luego fue removido.

 

   

 

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