Un hecho conocido el lunes 9 de abril puso de manifiesto las dificultades por las que atravesaban los programas habitacionales del Gobierno. En el informe presentado por el contralor Russián al Parlamento, correspondiente al año 2000, el ente "recomendaba al Ejecutivo la definición del plan quinquenal 1999-2004 del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), así como la elaboración de un plan que involucre a los organismos ejecutores, Inavi, Fondur y Fundabarrios, ‘que permita solventar la situación de atraso presentada en la ejecución de los proyectos desde 1997’".

El informe era preciso al señalar que "el Plan Anual de Vivienda conformado por los proyectos pendientes por ejecutar correspondientes a años anteriores y a las nuevas soluciones habitacionales estimadas para el ejercicio 2000, se incumplieron al igual que el año precedente. El Plan Anual de Vivienda no indica a cuál ente ejecutor le corresponde cada proyecto, ni los plazos de ejecución de éstos, situación que impide medir la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas previstas".

Cabe recordar que diversos entes del sector construcción han estimado el déficit global habitacional del país en 1 millón 500 mil unidades de vivienda y sólo es subsanable en un período de 10 años, si se cumplen religiosamente las metas establecidas.

Con respecto a Fundabarrios, en el informe se expresa que existe una "lenta ejecución en los programas de vivienda y concentración de recursos en colocaciones financieras, por el orden de Bs. 36.400,28 millones" (El Universal, 09/04/2001).

"Para los años 1999 y 2000 se le asignaron a Fundabarrios 10 mil 650 millones de bolívares y 11 mil 436 millones de bolívares, respectivamente. La Contraloría... refiere que durante 1999 y el primer trimestre de 2000 ‘la Fundación no adjudicó viviendas nuevas, sólo se dedicó a atender la formalización de ocupaciones ilegales y la entrega de viviendas en comodato para atender la emergencia de las lluvias".

En el camino quedaron otras denuncias contra la mala calidad de un grupo de viviendas construidas por Fondur —que había recibido desde octubre de 1999 transferencias por unos 25.000 millones de bolívares- en el sector El Dátil de la Isla de Margarita, ratificado por la Dirección de Obras Públicas de la Gobernación de Nueva Esparta, y de la Urbanización Jacinto Lara en el estado Lara, así como otros casos en Anzoátegui y Mérida.

Igual ocurrió con un señalamiento hecho contra Fundabarrios. Según parlamentarios regionales del propio MVR (Marcos Benítez y Jesús Avendaño) la fundación adquirió bienhechurías en el estado Trujillo, concretamente 82,12 hectáreas ubicadas en la población de Monay, con un presunto sobreprecio de 595 millones de bolívares (El Universal, 08, 10 y 15/04/2001).

A pesar de que en un aviso publicitario insertado por Fondur en la edición del semanario Quinto Día del 23 al 30 de marzo, se comentó que el organismo "viene ejecutando una política feroz en la construcción de viviendas que han permitido resultados muy positivos... con acabados verdaderamente dignos"; su presidente entonces, el General Víctor Cruz Weffer, anunció para el año 2001 la construcción de 58.000 viviendas para la clase media a un costo de 800 mil millones de bolívares (El Nacional, 19/03/2001). Este militar, al ser consultado sobre las denuncias efectuadas desde varios lugares del país por la mala calidad de los acabados de algunas viviendas dijo que "se tiene un plan de reinversión de aproximadamente 20 millardos de bolívares para las 6.000 primeras viviendas entregadas".

— Lo que pasa —explicó- es que estas viviendas nuevas están causando el síndrome de las viviendas viejas y ya todo el mundo comienza a buscarle peros para ver si son transferidos a los nuevos desarrollos. Lamentablemente no se puede y lo que se está haciendo es esa reinversión para convertirlas, dentro del tamaño que tienen, en viviendas de la Quinta República.

El General Víctor Cruz Weffer había admitido, como presidente de Fondur, "que la institución no licitó programas de desarrollo de viviendas durante el año 2000, pues licitar no es legal, ya que significa que los cuatro o cinco poderosos de la construcción se ganen todos los contratos". Alrededor de 7.000 viviendas entregadas por Fondur tenían defectos de diverso signo al finalizar el primer semestre de 2001.

Por su parte, la presidente de Fundabarrios, Mariela González, aclaraba "que no se había incurrido en sobreprecio en la adquisición de varias hectáreas de terreno en Monay, estado Trujillo, para la construcción de una urbanización popular, como fue denunciado en la Asamblea Nacional. El Ministerio Público investigaba si en la compra al IAN, de los derechos de uso y posesión del terreno y las bienhechurías construidas sobre él, hubo irregularidades que provocaron pérdidas a la República. Mariela González aseguró haber actuado con transparencia" (Globovisión/JVA, 11/04/2001).

Con el paso del tiempo se reportó que unas 20.000 familias del estado Vargas, básicamente de la clase media y de otras capas sociales, vivían "arrimadas" con familiares o amigos en todo el territorio nacional (El Nacional, 29/04/2001).

— ¿Conavi ha inspeccionado las obras realizadas por Fondur ante las denuncias de problemas en la construcción? –le preguntaron a su presidente, José Matamoros (El Universal, 07/05/2001)..

— No queremos ser los policías de las viviendas, pero queremos cumplir nuestra función, no sólo ver la falla, sino la superación de la falla... Hemos respondido a las denuncias. Las investigaciones han dado una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, en Barcelona tuvimos una situación crítica por los problemas de asignaciones, pero también fallas en la construcción.

Paralelo al problema de la calidad y asignación de las viviendas, el entonces de Fondur, general Víctor Cruz Weffer, anunció que para el año 2001 tan sólo se podría cumplir con el 25 % del plan de vivienda del total de 48.794 unidades (unas 12.000) con una inversión del orden de los 789 mil 500 millones de bolívares en endeudamiento externo (El Universal, 19/06/2001). Pero quedaba pendiente la construcción del 30% de las 46.575 soluciones del año 2000, por un costo de 414 mil millones de bolívares. El general Cruz Weffer fue designado comandante general del Ejército en sustitución del también general Lucas Rincón Romero, quien fue ascendido a general en jefe de la Fuerza Armada, por decisión presidencial del 29 de junio de 2001 y designado como Inspector General de la FAN.

Más recientemente el nuevo presidente de Fondur, Rafael Gruszka, reveló que "sólo se entregarán 18.000 viviendas (este año), dejándose de cumplir con las expectativas. El objetivo previsto eran más de 46.000" (El Universal, 03/09/2001).