El 13 de marzo el superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, dio unas declaraciones donde manifestaba sus dudas con respecto a una mayor concentración de depósitos oficiales y por la excesiva proliferación de bancos anunciada en seguidilla por el gobierno.

Se refería al Banco del Pueblo, de la Mujer, de la Fuerza Armada, de Microfinanzas y Agrícola, amparados legalmente en la aprobada Ley de Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero del 14 de marzo de 2001 y no lo suficientemente cubiertos por la Ley General de Bancos. Además de la transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en un Banco de Desarrollo Económico.

"La preocupación del jefe del ente regulador está motivada —adicionalmente- por la posibilidad de que los bancos oficiales no cobren intereses como lo ha anunciado el presidente Chávez, pues ello podría motivar su rápida descapitalización, si no son objeto de adecuada supervisión" (Unión Radio, 13/03/2001). La posición a este respecto del asesor financiero Francisco Faraco, era que "Chávez tendría que ser enjuiciado por dilapidar el dinero del Estado (2001, 05/03/2001).

Al ser consultado sobre una investigación emprendida por la Contraloría sobre "supuestos casos de corrupción y problemas de recaudación en el Banco del Pueblo Soberano, el Superintendente de Bancos... reconoció que, efectivamente, si la función de un banco es colocar recursos, evidentemente en este caso no se ha cumplido".

Según Cáribas explicó, "el índice de morosidad del banco se ubicó en 11% para el mes de enero de 2001 (más del doble que el de la banca privada en su conjunto que era de 5%), y 2% por debajo del registrado al cierre del mes de diciembre de 2000. Cáribas, sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que pese a recibir una asignación del Estado de 21 millardos de bolívares, apenas había colocado 1.126 millones de bolívares en crédito, lo que equivalía al 5% de la partida asignada...

— Lo que compete a la Superintendencia —argumentó- es determinar si efectivamente hay buenos sistemas de control interno, si hay buenos sistemas de control de riesgo... Encontramos una serie de fallas en cuanto a estos distintos sistemas y lo hemos observado y estamos diciendo que se ha venido superando... Nuestros montos nos están dando que ellos han otorgado aproximadamente 1.126 millones en créditos y tienen una cartera inmovilizada de 125 millones, lo que nos da el monto de morosidad citado de 11%.

El Banco del Pueblo inició operaciones el 27 de octubre de 1999, para beneficiar a 50 por ciento de la población que no tiene acceso formal al crédito. Según su página web, para el 1º de enero de 2000 ya había otorgado 400 créditos a "pequeños empresarios y nuevos emprendedores. En tan breve período transcurrido desde su puesta en marcha, tal tipo de actividad constituye un récord organizativo y de acción ejecutiva de muy difícil superación" (www.bancopueblo.gov.ve).

Para el diputado de Primero Justicia, Leopoldo Martínez, era necesario abrir una investigación en la Comisión de Contraloría, porque basado en un informe del Superintendente de Bancos, "entre las faltas que se habrían cometido estában el traslado de colocaciones de la cartera de inversiones —los recursos estaban en el Banco Industrial de Venezuela, su accionista, a 21% de interés y después recibieron rendimientos de 16%-; el desconocimiento de las licitaciones para otorgar contratos y la alta rotación de personal y la plataforma tecnológica deficiente que pone en riesgo a 60% de los créditos porque no puede identificarse a los deudores" (El Nacional, 14/03/2001).

Mientras, el presidente del Banco del Pueblo, el ex sacerdote Roberto Rodríguez, negaba las denuncias de Primero Justicia soportadas en un informe del superintendente Cáribas, porque "se basan en medias verdades. Se han entregado 2,23 millardos de bolívares en unos 3.652 préstamos para el cierre de febrero pasado... Se han cometido algunos errores, pero los hemos subsanado a tiempo" (El Nacional, de la misma fecha anterior).

En paralelo, varios directores del Banco: Angela Flores, Humberto Romero, Rafael Ramones y Eduardo Iribarren, habían hecho llegar un informe interno al ministro de Finanzas, José Rojas, en el que advertían que "se han detectado colocaciones financieras en tesorería sin la aprobación del comité de riesgo y de la junta directiva, que disminuyen y afectan el patrimonio del banco". Además del inicio "de un plan para otorgar 250 créditos sin cumplir con los procedimientos internos, y otorgamiento de créditos por parte de la presidencia (del banco), gerencia general y comité de créditos por encima de los montos autorizados por la junta directiva, junto con la entrega de préstamos al personal sin el cumplimiento de las formalidades legales".

Víctor Salmerón, periodista de El Universal, entrevistó a Roberto Rodríguez y el 15 de marzo de 2001 escribió el siguiente diálogo:

— ¿Las colocaciones —referidas en el informe- se hicieron sin la aprobación de la junta directiva y el comité de riesgo?

— Se discutían, pero es verdad que no existen actas ni registro de lo que se hablaba en la junta.

— ¿Publicó dos balances sin la aprobación de la junta directiva?

— Cierto. Yo estaba muy mal asesorado por la Consultora Jurídica en ese momento, que ya salió del banco, pero los balances no son inexactos.

— ¿Se entregaron 400 millones en créditos soportados en un sistema Excel y Acces (hoja de cálculo de Microsoft Office) que no cumplían con la seguridad operativa?

— Esos eran los sistemas, pero tenían claves y no había libre acceso.

— ¿No le preocupa que por no cumplir con las normas la Contraloría dicte un fallo adverso?

— Soy responsable totalmente del hecho y no voy a eludir mi responsabilidad. Es el riesgo que asumo al estar aquí... No se han cumplido algunos procedimientos, pero eso no significa que hay dolo o malversación. La formalidad no es lo que define la responsabilidad de la gente, las grandes estafas en el país se han cometido con todos los papeles del mundo...

"La responsabilidad a la que está expuesto el presidente del Banco del Pueblo abarca posibles multas por parte de Sudeban, sanciones a los accionistas de la organización, que es el Estado, que podría destituirlo, una sanción administrativa por parte de la Contraloría General de la República y, de llegar a verificarse elementos suficientes, la solicitud de la Fiscalía de un juicio penal", escribió Salmerón basado en sus fuentes (El Universal 16/03/2001).

El 16 de mayo de 2001 se conoció públicamente la renuncia a la dirección del Banco del Pueblo de los directivos, Eduardo Iribarren, Albi Rodríguez, María Mercedes Delgado y Alfredo de Jesús. "Sólo puedo darme por enterado de estas renuncias –dijo el presidente de la institución, Roberto Rodríguez- cuando me sea enviado un oficio desde el Ministerio de Finanzas, mientras tanto oficialmente no he recibido nada" (El Universal 16/05/201).

Como precedente a la salida de los directivos, se conoció otro informe elaborado para el ministro de Finanzas, José Rojas, en el que se resumen las siguientes situaciones críticas (Quinto Día, 27/04 al 04/05/2001):

El contralor Russián presentó un informe sobre el Banco del Pueblo en los primeros días de junio de 2001, en el que concluyó que "lamentablemente esta institución no está cumpliendo con la misión para la cual fue creada", pero se abstuvo de emitir criterio en torno a posibles hechos irregulares o dolosos (El Nacional, 05/06/2001).

— Se aprobaron balances y se fijaron tasas de interés sin el concurso de la junta directiva, en franca violación de la Ley General de Bancos (Globovisión, 04/06/2001).

El informe especifica que de los 21 mil 316 millones de bolívares de patrimonio, 90% se encuentra colocado en el Banco Exterior (4,43 millardos), en el Banco Industrial de Venezuela (16,74 millardos) y en el intervenido Cavendes (209 millones de bolívares).

Ante el edicto, el presidente del Banco, Roberto Rodríguez, puntualizó:

— Es cierto que hubo cosas que corregir y las medidas ya se tomaron. Ese informe de la Contraloría no lo conocía pero el banco está abierto para cualquier investigación... Hemos entregado 4.500 millones en créditos (El Universal, 05/06/2001).

En vista de los señalamientos más contundentes, la Fiscalía designó al fiscal Ismael Quijada, con la finalidad de citar finalmente a los directivos de la institución para una investigación. Desde la Asamblea se contradecía a Rodríguez y se afirmaba que sólo se habían prestado 1.275 millones hasta marzo de 2001. Otra parte de la junta directiva puso los cargos a la orden el 7 de junio de 2001. Se trataba del representante del Banco Industrial, Rafael Arocha, y de Agustín Amaro. "Se trata de diferencias de criterio sobre cómo manejar la institución, entre el presidente y nosotros", argumentaron (El Universal, 07/06/2001).

Este episodio provocó que "el acto de relanzamiento del Banco del Pueblo –previsto para el 6 de junio- fuera suspendido hasta nuevo aviso porque el caballito de batalla del Ejecutivo se encuentra desde hace dos días bajo fuego, como resultado de las informaciones ofrecidas por voceros gubernamentales que investigan presuntas irregularidades en la institución (El Nacional, 07/06/2001).

Algunos de los ex directivos renunciantes afirmaban que en apenas 40 días el ente había perdido unos 14 millones de bolívares en reuniones y restaurantes, cosa puesta en conocimiento del ministro de Finanzas, en su debida oportunidad (El Nacional, 08/06/2001). También se conoció que la junta había asignado a dedo el contrato para la red de sistemas de la organización, sin la debida licitación y obviando todo el procedimiento que colocó en manos de la empresa FYC Sistemas el contrato y posterior desarrollo. "La presidencia del Banco constituyó una comisión de licitaciones sin el debido conocimiento de la junta directiva, procediendo por esta vía a suscribir compromisos con terceros mediante adjudicación directa en forma no autorizada" se lee en unos de los párrafos de otro informe elevado a la consideración del ministro Rojas (El Universal, (09/06/2001).

Por considerar que la directiva del ente financiero era inexperta y poco conocedora del manejo de las microfinanzas, el superintendente de Bancos Alejandro Cáribas era partidario de que el banco cerrara las puertas "hasta que estén completamente listos los sistemas tecnológicos, de control interno, de riesgo y los manuales de procedimientos" (El Mundo, 09/06/2001).

— El Banco del Pueblo está muy mal, porque apenas ha entregado 5% de su capital –dijo Cáribas.

El sábado 7 de julio en un Aló Presidente, Chávez anunció desde Barquisimeto la sustitución de Rodríguez en la presidencia del banco por el capitán retirado Humberto Ortega Díaz, "un revolucionario probado en batalla", pero al mismo tiempo que él había decidido meterse a banquero:

— El Banco del Pueblo –explicó Chávez en su programa radial también televisado- cumplió una etapa y ahora se ha adecuado a la Ley de Microfinanzas y va a iniciar un nuevo proceso masivo y mucho mejor orientado para el microcrédito hacia los pobres. Para que dejemos de ser pobres paulatinamente... Dije que el banco ahora pasa a depender de la Presidencia de la República. Un comandante en la batalla tiene que tener la artillería ahí cerca bajo su control directo, concentrar el esfuerzo hacia los pobres, esta es una tremenda noticia" (El Universal, 08/07/2001).

En año y medio el banco otorgó, finalmente, 7.675 créditos por un monto de 8.407 millones de bolívares, pero los beneficios fueron mermando.

Fuente: Diario El Universal

La nueva directiva quedó conformada, entre otros, por Humberto Ortega Díaz, Freddy Rodríguez y Elsa Ordóñez, todos sin experiencia financiera alguna. "He desempeñado cargos gerenciales tanto en la empresa privada como pública", dijo Ortega Díaz en sus primeras declaraciones públicas (El Universal, 10/07/2001). Se comprometieron con el presidente Chávez a otorgar 16.560 créditos en el segundo semestre del año 2001, el día que fue relanzado el Banco del Pueblo en el Círculo Militar, el 9 de julio. Junto con William Fariñas, ex presidente del FUS y primer Coordinador Interministerial del Plan Bolívar 2000, Roberto Rodríguez se convirtió en el segundo funcionario que salía de los programas sociales por la puerta trasera:

— Me transfieren a otras funciones –intentó aclarar su situación laboral ante los periodistas (El Universal, 09/07/2001).

Para julio de 2001 la Superintendencia de Bancos reportó un incremento del orden de 30% en la morosidad de la institución, "con lo que 8 de cada 10 préstamos otorgados presentan retraso en su pago" (El Universal, 19/08/2001).