En los meses identificados se fueron revelando ante la opinión pública una serie de informes y de denuncias que, aparentemente, dejaban muy mal parados a los programas financieros y sociales más importantes del Gobierno, dirigidos a combatir la pobreza crítica y extrema y la informalidad económica y marginalidad, acumulados por la democracia venezolana.

Así, las actividades del Plan Bolívar 2000 y la Fundación Proyecto País que lo administraba; las actividades de financiamiento del Fondo Unico Social (FUS); las políticas habitacionales del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi) y Fundabarrios; el Banco del Pueblo; la utilización de los fondos públicos destinados a la atención de los afectados por la "Tragedia de Vargas", entre otros, fueron objeto de denuncias.

Otros programas como Los Niños de la Calle, Multihogares, Prevención de Salud, Lectura y Escritura, Biblioteca del Aula y Capacitación Docente; se vieron igualmente sometidos a un inusual escrutinio público.