La confrontación armada contribuyó a la transformación de Colombia de un país esencialmente rural a uno urbano en circunstancias complejas, favorecido por un marco político excluyente. La aparición de nuevos grupos armados que comparten con el Estado el monopolio de las armas, la implementación de modelos económicos que han aumentado la pobreza en el país, y con mayor incidencia en el campo, lleva a que en las ciudades se agudice el desempleo y la marginación.

Como consecuencia de la confrontación armada y de otras manifestaciones de violencia que subsisten en Colombia, tenemos el desplazamiento forzado de miles de personas que fueron obligadas a salir de las denominadas zonas de conflicto para refugiarse en lugares que les garanticen de alguna forma su supervivencia física; el reclutamiento de adolescentes que se convierten en fuerza importante de trabajo para mantener la guerra y últimamente el secuestro de niños para presionar en uno u otro sentido.

Existe una responsabilidad compartida entre quienes participan de las hostilidades contra la población civil y que justifican con acciones violatorias de los derechos humanos y del derecho humanitario, pues se esgrimen argumentos de legalidad o legitimidad que no comparte la población inerme que se encuentra en medio del fuego o que es convertida en objetivo militar.

Dentro de los principales promotores de la violencia, encontramos a la guerrilla, que cambió su inicial forma de operar comenzando un

proceso de degeneración política y social en su interior; la alianza paramilitares-grupos de autodefensa, quienes mediante acciones violentas intentan imponer nuevos escenarios políticos, relacionados con “una solución armada al conflicto guerrillero, y un reconocimiento político mayor para su organización”¹.

A los anteriores actores armados reconocidos por un conflicto político, se suman otros actores armados que con igual virulencia intentan imponer por la fuerza y la intimidación, sus intereses. El narcotráfico que ha organizado sus propios centros de poder en los llamados “carteles”, desde donde manejan el comercio y venta de estupefacientes, la vinculación de personas a la actividad, la producción de droga, las alianzas con la guerrilla para el tráfico de armas, etc. Sumados, está la delincuencia común que aumenta cada vez más, acudiendo a métodos y armas sofisticadas para realizar actividades delictivas, ajuste de cuentas y justicia privada.

Por último tenemos a las fuerzas de seguridad del Estado: fuerzas militares, policía e inteligencia, quienes tienen a su cargo recuperar el estado de derecho y proporcionar seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados. Con medidas de fuerza han intentado derrotar a la guerrilla, sin lograrlo, en detrimento de la calidad de vida de la población.

Los diferentes gobiernos ante tal situación, han oscilado entre la represión y la concesión. Pero lo cierto, es que el Estado colombiano ha sido incapaz de proteger de modo efectivo a la población civil que queda atrapada en medio de las luchas, que es atacada deliberadamente o es obligada a tomar partido por alguno de los actores de la guerra.

Generalmente, los partidos tradicionales (liberal y conservador) y los grupos insurgentes, argumentan como factor determinante en el fenómeno de la violencia, la extrema pobreza de una buena parte de la población, la carencia de servicios públicos y la deficiencia de las entidades de bienestar social. Afirmación, que desvía el análisis y por ende las soluciones, por cuanto no son las masas populares las que por su paupérrima situación dirigen la lucha política, más bien su situación es aprovechada para atraer adeptos especialmente entre los jóvenes desempleados a quienes se les ofrece dinero a cambio de su militancia, de esta manera los muchachos que ingresan no lo hacen por tener una determinada concepción ideológica sino por dinero.

La situación de conflicto armado en Colombia que lleva más de medio siglo, ha generado múltiples formas de violencia que se retroalimentan y sobreponen de tal manera que agudizan la situación social y política del país propiciando una anarquización generalizada. Pues en un conflicto de larga duración, los oponentes reclutan, entrenan y equipan fuerzas adicionales para participar en más combates, prolongando la guerra y ampliando las matanzas y la destrucción.

Ante este panorama, se recurre cada vez más a la incorporación de menores de edad, constituyendo una fuerza importante en las filas de la guerrilla, los grupos de autodefensa y en el ejército colombiano, conformando el grupo de “soldados invisibles”² de la guerra. Según el General Fernando Tapias, el 30% de la guerrilla y los paramilitares son niños y niñas³.

La participación de jóvenes en el conflicto armado de manera directa o indirecta, es una situación alarmante e intolerable, pues se está involucrando en la guerra a los miembros más vulnerables y al “futuro del país”.

Desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos, el desplazamiento por el conflicto armado o la obligatoria participación en él, son un atentado contra la vida y dignidad humana, impiden la libre opinión, organización y participación ciudadana y acaba con la identidad de las personas obligadas a emigrar o a ser partícipes de la guerra. Si se toman los derechos económicos, sociales y culturales: afecta el derecho al trabajo, aumenta las cifras de desempleo, atenta contra la producción agropecuaria, modifica la tenencia de la tierra, deteriora la calidad de vida, perjudica a las ciudades que reciben esta inmigración no planificada, trastorna la gestión pública, la planeación local y nacional, genera problemas de vivienda, servicios públicos, salud, educación, fomenta la inseguridad y “constituye un traumatismo para las personas obligadas a subsistir en un entorno extraño en condiciones de desarraigo, discriminación”⁴, exclusión y pobreza.

Dentro de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad y desplazamiento están las mujeres, niños y jóvenes, que al no recibir respuestas institucionales inmediatas y acordes con la realidad de estos grupos, engrosarán en las grandes ciudades las filas de desempleados, mendigos y niños de y en la calle. Se necesita profundizar en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y demográficos y en nuevas propuestas para enfrentar el problema con realismo y decisión.

El problema debe hacer parte de la agenda de preocupaciones en el ámbito nacional e internacional, de diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales. La intensión es hacer visible una situación que es necesario analizar, fijar puntos de referencia para un debate amplio sobre la problemática y propiciar mecanismos que impidan que la población menor de edad sea involucrada en actos de guerra por cualquiera de los grupos en conflicto.

Citas

1. Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. Imprenta Nacional de Colombia, 2000.

2. Término usado por el investigador y periodista Alirio Bustos Valencia, en su libro: Los niños de la Violencia. Intermedio Editores, 2000.

3. Citado por Tim Johnson, en el artículo del Miami Herald denominado Colombia’s: Child Soldiers.

4. Desplazados por violencia y conflicto social en Bogotá. Arquidiócesis de Bogotá – CODHES, 1997.

Este trabajo es autoria de:

Nelly Tovar Torres (Comunicadora Social. Fundación Servicio Juvenil)