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040124


Carpe Diem

No a la CICIACS
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Tradicionalmente, en Guatemala no han funcionado los ministerios. Y entonces, ¿qué hacemos para corregir el asunto? Pues creamos los fondos sociales.  Y como la cosa sigue sin funcionar,  ¿qué hacemos?  Creamos los comisionados. 

Así nos está pasando con el combate a la impunidad.  No sólo con la de los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad, sino con la del crimen organizado, la de la corrupción de los funcionarios y en general con el incumplimiento de los contratos.  Como el Ministerio Público no funciona, clamamos por ayuda y engendramos cualquier cosa.

Hay un patrón en esta forma de conducta.  Creo que fue Henry David Thoreau quien escribió algo así como que “por cada mil personas atacando las ramas de un problema, hay una sola atacando sus raíces.” 

De acuerdo con la Constitución es al Ministerio Público y a su jefe, el Fiscal General, a quienes les corresponde velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.  A él le toca ejercer la acción penal pública.  Ese órgano y su jefe deberían investigar la existencia de aparatos ilegales de seguridad y de represión. 

Pero el MP es una sola de las tres columnas que sostienen el sistema de seguridad y justicia.  Las otras dos son la Policía Nacional Civil y los tribunales de justicia.  Lo correcto, en este caso, sería que los guatemaltecos reforzáramos aquél sistema.  

Que en primer lugar, toda autoridad estuviera sujeta a la ley, como lo manda la Carta Magna.  Y luego, que contáramos con una Policía equipada y capacitada como Dios manda.  Que el Organismo Judicial no fuera la Cenicienta del Estado.  Qué el MP no fuera un
show personal.

¡Esas son las raíces por las cuales hay impunidad en el país! Y las ramas son las tristes realidades de que la mayoría de crímenes no pasan por una investigación adecuada; que sus autores materiales e intelectuales rara vez son procesados; y que si son enjuiciados se escapan de la cárcel; o peor aún, que muchos de ellos son protegidos por el mismísimo Estado.

Me opongo a la creación de la nefasta Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales  y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) porque ataca las ramas, y no las raíces.  Estoy en su contra, no porque apruebe la represión clandestina, sino porque si fuera aprobada, la CICIACS haría el trabajo que le corresponde al MP.  No la apruebo porque estoy seguro de que, antes de acudir a mamá comunidad internacional, los chapines deberíamos tener más dignidad y arreglar nuestros propios asuntos. 

Me opongo a la pérfida CICIACS porque he visto que los procónsules privilegiados, nombrados desde Nueva York, o Ginebra,  impiden que desarrollemos nuestras propias instituciones y nos acostumbran a caminar con andador.  Como Peter Pan, nunca maduramos como sociedad, ni como país.  Siempre a merced de lo que digan los burócratas internacionales y los grupos de interés que viven a sus costillas.

De verdad veo venir que si la CICIACS es aprobada, el MP, la PNC y los tribunales seguirán siendo un ñaque.   Y que además de haber perdido la oportunidad de fortalecer nuestras instituciones, se habrá enquistado, entre nosotros, uno más atacando las ramas.

Ni lápices dejaron. El viernes amanecimos con la novedad de que el Ministerio de Educación no tiene lápices, ni útiles, para atender a los más de 2 millones de niños que recién ingresaron a clases. 

A pesar de que dicha cartera cuenta con uno de los presupuestos más altos del país, es evidente que el hecho de que poco más del 75% del mismo sea destinado a salarios es un lastre.  Más pareciera que es un ministerio diseñado para asegurarle empleo al gremio magisterial, que uno cuyo objetivo es proveer educación.

Es buenísimo que la ministra busque opciones de cooperación para superar aquel bochornoso estado de cosas, heredado del exministro Torres y “del gobierno de los pobres”. Empero, sería mejor que la funcionaria recibiera todo el apoyo necesario (de su jefe y de la ciudadanía responsable) para que proceda a la reforma profunda de esa cartera.

Una reforma que pase por la descentralización, que abandone el rol administrativo, que destete al magisterio, y que se concentre en la normativa, la calidad y el financiamiento de los servicios.

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