• Implementar políticas feministas y muchas otras de control social; como la CURP biométrica, el terrorismo fiscal y la extorsión a través del SAT, el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, etc.

• Enviar militares a las fronteras Norte y Sur de México para frenar la migración hacia los EEUU.

• Entregar delincuentes bajo pedido mediante supuestos tratados de extradición.

• Permitir sobrevuelos de drones militares estadounidenses en territorio mexicano.

• Imponer cuotas compensatorias y aranceles a terceros países; como China, Corea del Sur, India, Viernam, Tailandia, Taiwán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Brasil y Nicaragua. Todo bajo presión de Estados Unidos.

• Realizar (con el uso de la fuerza pública) operativos de confiscación de bienes y mercancías de origen asiático bajo el argumento de combatir la evasión fiscal y la piratería.

• Entregar agua que México necesita, no debe, o no tiene a Estados Unidos, bajo el cumplimiento de un supuesto tratado de aguas que data de 1944, pero que en realidad obedece a las amenazas de Trump con imponer aranceles a México.

• Permitir el saqueo de bienes y recursos nacionales (tierras, agua, metales preciosos) a favor de grandes empresas transnacionales.

El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, decretó el lunes 15 de diciembre de 2025 la expropiación de 26 inmuebles de propiedad privada en cuatro estados clave del sureste mexicano: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La medida, publicada ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), abarca una superficie total de 44,447.31 metros cuadrados y tiene como objetivo fundamental garantizar la ejecución inmediata del proyecto Tren Maya (Elefante blanco heredado de Andrés Manuel López Obrador). De acuerdo con el decreto presidencial, los bienes expropiados pasan a favor de la Federación, a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., al considerar que la infraestructura ferroviaria destinada al transporte de pasajeros y carga constituye un área prioritaria para el desarrollo nacional y, por tanto, una "causa de utilidad pública", conforme a la Ley de Expropiación.

Claudia Sheinbaum, al igual que su predecesor Andrés Manuel López Obrador, ha participado en diferentes rituales indigenístas y afromexicanos de supuesto caracter simbólico, pero que en realidad son idolatría y brujería disfrazadas con la intención de obtener ciertos beneficios personales a cambio de consagrar México a los demonios.

Resulta irónico y absurdo que esta feminista que tanto protesta contra los mal llamados feminicidios en México le rinda culto a esas falsas deidades indigenistas que tantos sacrificios de mujeres y niños reclamaban antes de la llegada de los españoles a América.

Por culpa de estos gobernantes populistas y corruptos al servicio de la masonería, en México han aumentado exponencialmente las tasas de criminalidad (secuestros, extorsiones, asesinatos, etc.) en los últimos años. Todo gracias a estos gobiernos que promueven la mal llamada "cultura de la muerte" y el aborto.