Page 11 - Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Familia

Presentación

El año 2020 quedó profundamente marcado por la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19 a nivel mundial, tanto que hoy en día, ya en el segundo trimestre
del año 2021, la interrupción gradual de la cadena de contagios y del índice de
letalidad del virus es incierta debido a que el proceso de vacunación avanza
lentamente. Su existencia no solo afecta la salud y vida de las personas, sino que
viene interfiriendo en diversos ámbitos de nuestra esfera global, lo que ha
generado que los Estados adopten urgentes medidas para controlar y frenar su
expansión, a fin de garantizar la vida y salud de la población en general,
afectada por la pandemia.

En efecto, la persistencia del COVID-19 en nuestras vidas no solo tiene un
impacto negativo en los niveles económicos, sociales, educativos, políticos, entre
otros, sino que también afecta a la administración de justicia de manera
devastadora, pues ha generado un impacto en la forma de operar y ello acarrea
consigo el riesgo de afectación de los derechos fundamentales de los justiciables
que recurren a los órganos jurisdiccionales en búsqueda de la tutela judicial
efectiva.

Dichos cambios drásticos en el sistema de justicia fueron necesarios para
salvaguardar la vida y la salud de los recursos humanos del Poder Judicial y de
los propios usuarios del sistema. En ese transcurso, se suspendieron los plazos
procesales y se crearon órganos jurisdiccionales de emergencia, lo que incidió
sensiblemente la programación de las audiencias, cuyas fechas ya tenían mucho
tiempo en la agenda, así como el desarrollo de las mismas. Ello no solo
desestabilizó todo el despacho judicial, sino que las medidas de aislamiento
social obligatorio dictadas por el Gobierno Central impidieron que se continúe
con el normal desarrollo de las actividades judiciales; claro indicativo de que no
estábamos preparados para este tipo de emergencia.

No obstante, el Poder Judicial, ante la necesidad de continuar con su misión de
administrar justicia, en aras de no afectar los derechos fundamentales de los
justiciables, vio la oportunidad de recurrir y/o migrar a las bondades y
beneficios de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). La
digitalización fue, en este caso, un aliado estratégico para la renovación y
adecuación de las actividades del Poder Judicial, pues con ella se potenció de
manera inmediata el uso y manejo de los aplicativos informáticos y las funciones
de las plataformas digitales, y ello se logró en base de constantes capacitaciones
virtuales dirigidas a los jueces y servidores judiciales con el fin de reforzar sus
conocimientos y habilidades, ahora en la esfera digital.

En ese contexto, los plenos jurisdiccionales desde el año 2020 se suman a la
tendencia de la justicia digital, a efectos de continuar con el logro de sus
objetivos, como son la predictibilidad de las resoluciones judiciales mediante la
unificación de criterios jurisprudenciales, mejorar la calidad de servicio de