Recordemos, pues, que en el análisis basado en 8 medios de comunicación consultados a lo largo de 36 meses consecutivos: El Nacional, El Universal, El Mundo, Tal Cual, Quinto Día, La Razón, Unión Radio y Globovisión –entre el 6 de diciembre de 1998 y el 6 de diciembre de 2001-, se registró un total estimado en 75.679 millones de dólares en irregularidades administrativas, producto de una concienzuda revisión de casi 2.400 registros de información que ocuparon más de 125 mil centímetros por columna de espacio.

No está demás recordar que, evitando las duplicaciones innecesarias, cada cifra de cada registro de información fue llevada al tipo de cambio promedio anual de cada año, para lograr una mejor aproximación cuantitativa del fenómeno.

El total refleja cerca de 113 casos diferentes de corrupción, que involucran a 134 instituciones públicas, mixtas o privadas, y develan más de 80 tipos de delitos penados por diferentes leyes nacionales e internacionales. El 87,18% de lo denunciado se corresponde con situaciones de supuestas irregularidades administrativas imputadas a la IV República y el restante 12,52% es atribuible supuestamente a la V República en tres años de administración.

De los 75.679 millones de dólares compendiados, 9.691 millones de dólares se correspondieron con casos de presunta corrupción atribuible a la ejecución administrativa de la V República y del gobierno chavista actual, quedando discriminada la segunda cantidad por años, de la siguiente manera:

Por contraste, el comportamiento cifrado de la corrupción imputable a la IV República ciertamente acaparó el grueso de la cifra global, pero no es nada desestimable que la casi segura reproducción de la corrupción haya remontado los casi 10.000 millones de dólares en los últimos tres años, lo cual es un indicador cierto de que, al igual que en el pasado reciente, las irregularidades administrativas y otros ilícitos le estén minando las bases a la llamada revolución bolivariana.

Las cifras anteriores no hacen más que ratificar que existe un muy grave volumen de corrupción denunciada o reseñada públicamente que coloca en entredicho la pulcritud en el manejo de los recursos presupuestarios durante los primeros ejercicios fiscales de la actual administración.

Recordemos que durante la presente gestión gubernamental, se han presentado cuatro situaciones de congestionamiento de corrupción: el período julio a diciembre de 1999, el lapso abril a junio de 2000, los meses de octubre a diciembre de 2000 y de febrero, marzo y abril de 2001.

Por otra parte, los montos revisados también confirman los niveles de corrupción a los que se llegó en los años finales de la democracia puntofijista.

Como ya lo reseñamos en los capítulos 9, 10 y 11, referidos a los casos considerados como emblemáticos de la V República, el origen de los señalamientos básicamente se corresponde con personas o instituciones afectas al oficialismo, y es raro el proveniente de la oposición. Claro está, que ésta ha aprovechado todas las oportunidades políticas que han surgido una vez que se han presentado las distintas situaciones.

También llama poderosamente la atención que en casos como el Plan Bolívar 2000, Fondo Unico Social y el Banco del Pueblo, algunos de sus responsables como el hoy ex presidente del FUS, comandante William Fariñas, y el también ex presidente del Banco del Pueblo, Roberto Rodríguez; adujeron el expediente del "aprendizaje" y los excesivos pasos burocráticos en los que había que incurrir para justificar el desorden administrativo que, sin duda, da pie a la corrupción. A esto habría que sumar la peculiar posición de algunos funcionarios oficiales por las licitaciones, tal como lo manifestó en su debida oportunidad el presidente de Fondur, General Víctor Cruz Weffer, comandante general del Ejército remplazado por el presidente Chávez a fines de 2001.

En cambio, como lo analizamos en el capítulo 8, las acusaciones de la V República contra personas o instituciones de la IV fueron lideradas, lógicamente, por funcionarios partidistas o del gobierno chavista, aún desde cuando ejercían la oposición a los gobiernos anteriores. Las figuras de los periodistas Alfredo Peña y José Vicente Rangel, del veterano político Luis Miquilena y del propio presidente Hugo Chávez, fueron claves en investigaciones emprendidas por las viejas y nuevas instituciones jurisdiccionales, las más de las cuales no condujeron a resultados ampliamente satisfactorios en términos de opinión pública.

En los casos propios de la IV República, compendiados en el capítulo 7, se nota con mayor nitidez la actitud permanente de denuncia por parte de la oposición y de los propios partidos del estatus, Acción democrática y Copei, y del Movimiento al Socialismo, la Causa R y Patria Para Todos. La mayoría de los casos fundamentales, pasaron al olvido y la impunidad gracias a las prescripciones ocurridas en los extintos Tribunal Superior de Salvaguarda y Corte Suprema de Justicia.