Antes de que finalizara el gobierno de Caldera, el 29 de
diciembre de 1998, fue juramentado el Teniente Coronel Jesús Urdaneta Hernández,
uno de los jefes golpistas de la Operación Ezequiel Zamora emprendida el
4F, como nuevo director de la Disip.
Al igual que Francisco Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández fue
funcionario del gobierno de Caldera. Ocupó el Consulado General de Venezuela en
la ciudad de Vigo, España, mientras que Arias Cárdenas había aceptado ser
administrador general del Programa de Alimentación Materno Infantil (Pami), al
salir los insurrectos por indulto presidencial de la cárcel.
Urdaneta Hernández tomó juramento del ministro de Relaciones
Interiores saliente, Asdrúbal Aguiar. Estuvo acompañado por Luis Miquilena. Ese
día expresó Urdaneta:
— Para mí es un honor asumir esta responsabilidad... Venimos
con la idea de dignificar esta organización, de hacer los cambios que se
requieran para mantener lo que esté bien. Es posible que la Disip cambie de
nombre. Se estudia esa posibilidad... Vamos a respetar los derechos humanos.
Pondremos a este cuerpo al servicio de la colectividad (El Nacional,
30/12/1998).
Previamente, el 9 de diciembre el presidente electo Chávez,
había anunciado la eventual designación de Miquilena como nuevo ministro de
Relaciones Interiores. Al asistir éste a la juramentación del nuevo jefe de la
Disip, declaró:
— La corrupción se expresa en casi todos los estratos porque
es una cultura en el país. Donde haya corrupción haremos una guerra implacable
–dijo al ser consultado en torno a los reiterados casos de irregularidades en la
Onidex (El Nacional, 30/12/1998).
Otro ex titular de la cartera de Carmelitas bajo el gobierno
de Caldera, José Guillermo Andueza, meses más tarde solicitó a Salvaguarda que
investigara la veracidad o falsedad de los señalamientos formulados por
Miquilena, en el sentido de que durante la gestión del primero se habían
cometido irregularidades con la papelería y vehículos del Ministerio que podrían
significar daño patrimonial por 1.000 mil millones de bolívares. El funcionario
entrante formuló reparos a una licitación para adquirir la papelería oficial.
Así como Chávez había designado a Miquilena, hizo lo propio
con el periodista José Vicente Rangel, como nuevo titular del ministerio de
Relaciones Exteriores, el 1º de enero de 1999, desde su estado natal, Barinas.
"Se trata de un abogado y periodista reconocido por la opinión pública y un
militante de gran trayectoria", expresó el entonces mandatario electo (El
Universal, 02/01/1999).
— Yo soy un hombre de diálogo, todo el mundo lo sabe –Rangel
no ocultaba su entusiasmo-. Mi esfuerzo estará orientado a que esa política
tenga un amplio respaldo nacional. Abriré conversaciones, y cuento con el
respaldo del presidente electo, con todas las fuerzas políticas el país. Soy
partidario de la apertura a diversos sectores de la sociedad como la iglesia,
sectores económicos, culturales, las Fuerzas Armadas, para que esta política
(internacional) tenga un amplio e indispensable contenido nacional (El
Universal, 02/01/1999).
En su última columna Los Hechos y Los Días, la del 31
de enero de 1999, Rangel confesó "ahora con mayor angustia porque en pocas horas
accederé por primera vez a una posición de gobierno: le temo al poder... ¿Por
qué razón? Por las características de la trama... La corrupción, por ejemplo.
Ésta no se circunscribe a un determinado período constitucional. Es, en el
fondo, la verdadera institucionalidad. Cuando un gobierno concluye su gestión la
corrupción está lista para asumir el próximo. Los viejos corruptos se reciclan
con pasmosa celeridad. Permean el gobierno que se posesiona con la habilidad que
les confiere una veteranía y audacia ilimitadas y un conocimiento profundo de la
condición humana" (El Universal, 31/01/1999).
El otro comandante originario del juramento bajo El Samán de
Güere junto con Chávez, Urdaneta Hernández y Arias Cárdenas; Yoel Acosta
Chirinos, más bien fue designado en un cargo político el 1º de marzo de 1999 al
asumir la Coordinación Nacional del Movimiento V República. ¿Su responsabilidad?
Provocar que una fuerza electoral se transformara en un partido político en el
que convivieran en "sana paz" civiles y militares.
Exactamente un año después, estos hombres, los otros tres
comandantes jefes de la intentona y fundadores del MBR-200: Arias Cárdenas,
convertido en candidato presidencial de la oposición; contando con el apoyo de
Urdaneta Hernández y Acosta Chirinos, de un lado; y los ministros Miquilena y
Rangel, más el presidente de la República del otro; protagonizaron una fuerte
disputa pública, antes de las fallidas elecciones convocadas para el 28 de mayo.
El centro de los ataques de lado y lado tuvo como denominador común a la
denuncia de corrupción.
El hasta entonces jefe de la Disip, Jesús Urdaneta Hernández,
había renunciado desde el jueves 20 de enero de 2000, por discrepancias
insalvables con otros miembros del Ejecutivo en torno a la posible violación de
derechos humanos durante la tragedia de Vargas. "De acuerdo con la versión
extraoficial que circuló el comandante Urdaneta Hernández habría reaccionado
poniendo su cargo a la orden por las declaraciones emitidas por el canciller
Rangel, en las cuales planteó que la periodista Vanesa Davies, quien suscribió
un reportaje donde se denunciaban presuntas violaciones, no tenía la obligación
de asistir a la citación que expidió la Disip, ni revelar sus fuentes" (El
Universal, 22/01/2000).
Recuérdese que meses atrás había ocurrido otra disputa
pública entre Urdaneta Hernández y Rangel, con motivo del tratamiento dado en la
policía política al hijo de Lewis Pérez, secretario general de AD, luego de que
fue detenido bajo la acusación de planificar un proceso de
importación-exportación de armas de guerra con fines desconocidos.
— José Vicente Rangel ya había atacado a Urdaneta Hernández
–refresca su memoria la ex constituyente Angela Zago- y yo me enfrento a José
Vicente. El me llama aquí (a la casa de ella) a las 7 de la mañana y me dice:
‘pero bueno, qué te pasa, tú sabes que yo toda mi vida he defendido los derechos
humanos’. Y le dije: ‘no, espérate un momentito, tú estás diciendo que a un
comandante que se alzó con otro comandante (el Presidente) hay que fregarlo en
honor al hijo de un dirigente político, que además de ser enemigo político de
nosotros, tiene fama de ser un tronco de villano. Entonces, él (el jefe de la
Disip) tiene derecho a investigar, son ocho días’. Rangel comentó: ‘yo no estoy
de acuerdo con eso’. ‘Ajá: tú no podrás estar de acuerdo con eso, pero es lo
legal’.
Ignacio Arcaya confirmó la salida del comandante Urdaneta el
22 de enero y su sustitución, transitoria, por el capitán de navío Ramón
Rodríguez Chacín –luego ministro de Interior y Justicia. "Yo no desautoricé al
ex Director de la Disip", aclaraba Rangel por los dudas (El Universal,
27/01/2000).
— Si alguien se siente desautorizado es por la propia
Constitución –remató el Canciller, quien respondió que en torno a hechos de
corrupción del presente gobierno señalados por Urdaneta Hernández: "a mí que me
registren".
El 10 de febrero, Jesús Urdaneta acudió al despacho del
fiscal Javier Elechiguerra y consignó más de 40 casos de corrupción
supuestamente atribuibles al presente gobierno.
—Esto no es más de lo mismo, sino peor –sentenció el militar
retirado-. Nuestro compañero (el Presidente) se ha dejado envolver y ha perdido
el norte que siempre guió al proyecto bolivariano. El Canciller miente y, lo más
triste, es que el Presidente lo sabe (El Nacional, 11/02/2000).
Rangel contraatacó a Urdaneta y dijo que "el señor Urdaneta
me pidió que nombrara a dos familiares suyos: uno para el consulado en Miami
(Víctor Pino) y otro para el consulado en Cartagena (Angel Luis Pino). Urdaneta
había dicho que Rangel había nombrado a su amigo Oswaldo Rodríguez Ramos en el
consulado de Venezuela en Barcelona, España.
—¿Y usted se lo aprobó? -le preguntó el periodista Antonio
Fernández Nays de El Universal (09/02/2000).
— Por supuesto que sí –respondió el Canciller.
— O sea que usted aceptó el carnet, la prebenda?
— Yo acepté el pedimento que me hizo él para complacerlo.
— ¿Y eso no es puntofijismo?
— Quien practica el puntofijismo es quien pide el favor.
Con respecto al dossier consignado por el ex jefe de
la policía política, el fiscal Javier Elechiguerra observó que "para la Fiscalía
no hay nada nuevo bajo el sol y nada es desconocido para el Ministerio Público"
(El Universal, 09/02/2000).
La oposición no se hizo esperar al darse cuenta de que había
un fuego cruzado de denuncias y contradenuncias de corrupción entre antiguos
aliados militares y civiles que tuvieron como denominador común desprenderse de
la situación política predominante hasta 1992, por la vía de un golpe de estado.
— Si lo que los comandantes dicen del alto gobierno es
verdad, pues es grave y debe ser investigado –expresó Eduardo Fernández-. Están
mencionando que uno de los comandantes se está comprando una casa, lo cual no
tiene cómo justificarlo y que el otro comandante hace tráfico de influencia para
nombrar miembros de su familia en el servicio exterior (El Universal,
10/02/2000).
Una "mano peluda" desde el gobierno le sacó a Urdaneta
Hernández una inversión superior a los 137 millones de bolívares, para la
construcción de un chalet en el este de Caracas y luego se deslizaron denuncias
contra los contratos emprendidos por éste para la remodelación de la Disip por
más de 2.000 millones de bolívares.
El ex director de la Disip acusó directamente al presidente
Chávez por ordenarle detener un allanamiento en la casa del Movimiento V
República en La Pastora, donde se había localizado un lote de armas de guerra
extraviadas desde el 4F.
— Ese caso se encontraba en manos de un fiscal, pero en estos
momentos no podría precisar el paradero de ese lote de armas –se explicó (El
Universal, 11/02/2000)-. También trabajé la denuncia en relación con la
empresa Micabú, de la cual es el accionista mayoritario Luis Miquilena y además
poseen acciones Tobías Carrero, dueño de Multinacional de Seguros, y el ex
constituyente Manuel Quijada... Ya terminé mi labor y ahora le toca a la
Fiscalía completarla... Con respecto a la designación de familiares, esto
obedeció a una orden directa que recibí del presidente Chávez, en función de un
plan estratégico; repito, fue una orden directa, no se trata de favores
políticos. No he hecho ninguna denuncia de corrupción contra José Vicente
Rangel, pero sin duda es un personaje nefasto porque continúa con las prácticas
clientelistas de los últimos años.
Con respecto al asunto del chalet, dijo: "le solicité al
Fiscal que a través de una noticia criminis abra una averiguación
exhaustiva de todo lo relacionado con mi casa, para que investigue a fondo cómo
se empezó a construir y de dónde provienen los fondos. Todo esto es producto de
una estrategia de Luis Miquilena y José Vicente Rangel para destruirme" (El
Universal, 11/02/1999).
Los otrora impecables salones del Hotel Avila sirvieron de
escenario para que los amigos de Urdaneta Hernández, tales como Nedo Paniz, el
arquitecto de la llamada casa faraónica, y Gustavo Lemoine, entre otros,
le celebraran una cena de desagravio al ex jefe policial.
El 4 de febrero de 2000 los ex compañeros de armas y del
presidente Chávez resolvieron celebrar el octavo aniversario de la primera
intentona contra Pérez, con un comunicado leído en Coro donde, además de
ratificar los ideales que respaldaban la creación del movimiento MBR-200,
criticaban "la práctica demagógica-clientelar a las que nos acostumbraron las
viejas maneras políticas, para darle paso a los gerentes y funcionarios con
condiciones de seres humanos sensibles, capaces y comprometidos, sin amiguismo y
sin partidismo como avales" (El Universal 04/02/2000).
Luis Miquilena no dejó pasar el acontecimiento y denunció que
los tres comandantes golpistas "realizaban trabajo fraccional" contra el MVR.
Señaló a cada uno de los jefes golpistas (El Universal, 06/02/200):
Jesús Urdaneta Hernández:
"Solicitaré al nuevo ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Luis
Alfonso Dávila, que investigue el uso que le dio a la partida secreta de
la Disip, pues lleva un régimen de vida no acorde con los 750 mil
bolívares que devenga".
Francisco Arias Cárdenas:
"Llegó a la gobernación del Zulia en hombros de Copei y salió de la
cárcel a repartirle leche al gobierno de Caldera bajo la sombra del
puntofijismo. Es doble su hipocresía. Tres veces vino a hablar conmigo
pidiendo una entrevista especial con el propósito de que no
permitiéramos que Isaías Rodríguez llegara a la vicepresidencia de la
República y que el candidato debiera ser yo".
Yoel Acosta Chirinos:
"La dirección nacional del MVR analizará el caso de Yoel Acosta.
Sobre sí mismo, Luis Miquilena precisó:
— Creo que buena parte de mi vida la he invertido en la lucha
contra el perverso sistema que instauró el puntofijismo. Yo desafío al más
pintado a que me señale algún acto indecoroso durante toda mi existencia. Yo
aspiro a que la vida que he llevado, con esa vida muera, con ese orgullo de
haber tenido una vida vertical, incorruptible, blindada a toda suerte de
agresiones" (El Universal, 06/02/2000).
Chávez se despidió públicamente de sus compañeros golpistas.
— Dice Urdaneta que él llevaba adelante unas investigaciones
sobre corrupción en el gobierno , a todos los niveles. ¿Qué pasa con esas
investigaciones? ¿Las van a continuar?, le preguntaron a Chávez.
— En primer lugar hay que recordar que ese no es el papel de
la policía política. Sin embargo, en varias ocasiones Jesús me trajo
informaciones. A todas les di luz verde. Le dije ‘esa no es tu tarea’, pero
coordina con los entes correspondientes. Una, que yo recuerde, tuvo un resultado
tangible. Después de yo haberle dado la orden de continuar investigando y de
informar a otros entes para cooperar, capturaron con las manos en la masa a unos
altos funcionarios del hipódromo. La Disip los detuvo. Yo ordené eso, porque ese
no era un caso para la Disip, porque ella es la policía política del Estado y
éste era un caso de delito.
Acosta Chirinos salió de la Coordinación de V República el 7
de febrero. De los tres comandantes disidentes del oficialismo, tal vez era el
menos beligerante. En cadena de radio y televisión, el Presidente marcó
distancia definitiva con sus compañeros, ahora convertidos en rivales políticos:
— Yoel Candelario, Jesús Ernesto, Francisco Javier: ¡gracias
por aquellos años!. Cuánta solidaridad durante esos años, cuántos años. Gracias.
Siempre me sentiré orgulloso de haberlos tenido como compañeros. Venezuela les
debe mucho...
Con respecto a lo dicho por Angela Zago, en el sentido de
existir una conspiración para separar a Chávez de los otros comandantes
golpistas, veamos a continuación lo dicho por élla un año más tarde a nosotros
en torno a este asunto:
— Ellos exigieron –explica- y ésta si es una decisión de Luis
Miquilena, conjuntamente con José Vicente Rangel, dada la influencia que tienen
sobre Chávez, y donde parece que el Presidente todavía ni siquiera lo sabe o no
se ha dado cuenta, que era necesario separar al comandante Chávez. Fue una
decisión política y como tal no les importó si el país funcionaba o no
funcionaba. Había que separarlo, porque había que quitarles poder (a los otros
comandantes) antes de que adquirieran más dentro del Estado. Yo creo que más
bien los comandantes fueron ingenuos porque ésta que está aquí, lo denunció en
enero de 1999, lo denunció en otros momentos de 1999 y lo denunció en el 2000.
Dije: ‘hay un complot organizado y tiene que ver con corrupción’. Hagan un
análisis y verán que quienes manejan el poder conjuntamente con Chávez, ninguno
tiene nada que ver con el 4 de febrero ni como comandante ni como filósofo.
— ¿Puede ser más explícita?
— Los verdaderos filósofos de aquel alzamiento, los
pensadores, los ideólogos, los que pueden discutir cosas serias y profundas o
sentarse en un gabinete a discutir con un Presidente, no están operando.
Importantes allí son el Capitán Ronald Blanco La Cruz, el Capitán Antonio Rojas
Suárez. El Teniente Coronel Francisco Arias Cárdenas; el Teniente Coronel Hugo
Chávez, en cierta forma. Yoel Acosta Chirinos es, de los comandantes, el más
inocuo: nunca fue político sino más bien un buen muchacho; y otras personas
entre las cuales deseo destacar a una mujer llamada Herma Marksman.
— ¿Quién es ella?
— Una profesora de historia. Ahora la nombro tranquilamente
porque durante muchos años ella estuvo de bajo perfil, porque podía ser una
perseguida política. Por más de 10 años estuvo vinculada al movimiento MBR-200.
Ahora ni se le quiere acercar al gobierno venezolano.
El 10 de marzo, desde Maracay, Francisco Arias Cárdenas lanzó
su candidatura presidencial para adversar la relegitimación de Chávez. El evento
sirvió como escenario para dar lectura a la llamada Declaración de Maracay.
Estuvo acompañado por Urdaneta Hernández, quien aspiraba a la gobernación de
Aragua, y por Acosta Chirinos, que ambicionaba lo mismo pero en Falcón.
Antes, pero desde Maracaibo, los comandantes exigieron al
presidente Chávez "tomar medidas frente a las denuncias de corrupción y
desviaciones puntofijistas" que han sido formuladas:
— Ahora los que investigamos estamos presionados y
perseguidos y los corruptos están en las calles y riendo. La dignidad de los
hombres no se negocia. Siento una gran decepción y una gran tristeza. La última
vez que hablé con el compañero Presidente, no lo conocía. No era el hombre que
conocí en los últimos 25 años, en los que trabajamos juntos. Es necesario que
algún corrupto vaya a la cárcel en los próximos días –expresó Jesús Urdaneta
Hernández, quien fue el más incisivo. En cambio Arias y Acosta fueron más
comedidos y hasta divergentes.
El 28 de febrero, el presidente Chávez anunció desde Aló
Presidente que explicaría en cadena cada caso de corrupción de los 46 que
consignó Urdaneta Hernández a la Fiscalía:
— Voy en cadena y en hora estelar –advirtió a la audiencia-
No lo voy a hacer a las dos de la tarde y el que quiera ver novelas que lo haga
a la medianoche. No es justo que se esté jugando con la seriedad de mucha gente
y dejando en entredicho a personas que están trabajando por el país (El
Universal, 28/02/2000).
El fiscal Javier Elechiguerra anunció públicamente el 27 de
marzo que antes de que se realizaran las fallidas elecciones del 28 de mayo,
daría a conocer los primeros resultados con respecto a los 46 casos de
corrupción, mientras Urdaneta Hernández denunciaba que podía ser objeto de un
atentado.
El 11 de mayo tomó las primeras medidas: de un bando, acusó a
Urdaneta Hernández por presunta comisión de enriquecimiento ilícito; y al
Coronel Jorge Garrido, jefe del comando de campaña de la candidatura de Arias
Cárdenas, junto a un grupo de ex directores del Fondo Nacional de Transporte (Fontur)
por delitos contra el patrimonio. El resto del grupo lo integraron: Pedro
Briceño (ex presidente), José Gregorio Zambrano (ex gerente de la flota), Víctor
José Briceño Betancourt (representante de la empresa Colectivos Bripaz), José
Luis Ferro Zuloaga (de la empresa Colectivos Guanti), Luis Petequera (de
Colectivos Valles de Pacairigua), Juan Carlos Rodríguez Oleta, Ricardo José
Delón, Luis Alfonso Henao, Sixto López, Angel Serpa Mirabal, Nancy Vaquero,
Félix Rodríguez Sequera, Pablo Emilio Cáceres, Jesús Omar Ibarra Delgado, Daysi
Luque, Juan Carlos Hiedra, Antonio Rangel Vale y Olegario Braga Suárez.
Garrido reaccionó así: "Espero que me detengan, pero en ese
momento, las escasas personas que no se han percatado, verán el atropello,
autoritarismo y dictadura de este gobierno " (El Universal, 12/05/2000).
Éste consignó un pasaporte al Tribunal 47 Penal, como señal de que no huiría del
país.
Pero del otro bando, Elechiguerra resolvió solicitar al
Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre un antejuicio de mérito contra
el presidente de la Comisión Legislativa Nacional, Luis Miquilena, por el caso
de la impresión de 1 millón de constituciones a través de la empresa Micabú, de
la cual se aseguraba era socio al momento de la contratación.
— Acudo a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, con el
propósito de que conozcan que mis abogados serán Omar Mezza Ramírez (jefe de
alianzas electorales del MVR), Pedro Rondón y Saúl López –reveló Miquilena
(El Universal, 13/05/2000).
José Vicente Rangel, el Canciller, a los días aseguró tener
pruebas sobre atropellos cometidos durante la Tragedia de Vargas en materia
derechos humanos, acusación que recaía indirectamente sobre Urdaneta Hernández,
puesto que era el jefe de la Disip para el momento.
— Estoy convencido de que hubo flagrantes violaciones de
derechos humanos... que funcionarios de la Disip estuvieron comprometidos con
esas violaciones, que hay personas desaparecidas, personas que fueron fusiladas.
Poseo datos concretos sobre numerosos e importantes asesinatos extrajudiciales y
desapariciones forzadas de personas después de la tragedia (El Universal,
23/05/2000).
Según testimonio del nuevo jefe de la Disip, capitán Eliézer
Otayza, Urdaneta Hernández había sido irresponsable frente a la tragedia:
— ¿Jesús Urdaneta Hernández no cumplió con su deber en el
estado Vargas como Director de la Disip? –lanzó una interrogante el periodista
Rodolfo Cardona, de El Universal.
— Creo que no cumplió, fue irresponsable. De demostrarse que
hubo abuso más allá, sin duda, no tengo la menor duda de que sería
responsable...(El Universal, 12/06/2000).
El tribunal 4to. de Control a cargo de la juez Elba Hager le
abrió proceso a Urdaneta Hernández bajo los supuestos de enriquecimiento ilícito
y falsedad en la declaración jurada de bienes, y al arquitecto Nedo Paniz, por
la posible comisión de tráfico de influencia en la contratación de varias obras
de construcción en edificaciones de la Disip.
— La verdad se va a imponer –respondió Urdaneta Hernández a
un acoso periodístico- a pesar de que digan que soy un ladrón y un violador de
los derechos humanos. Seguro habrá jueces designados a dedo por Miquilena,
Manuel Quijada y por el mismo presidente Chávez. Y a pesar de todo, garantizo
que enfrentaré esta calumnia y esta vileza con coraje, y le digo al presidente
Hugo Chávez que él está cavando la tumba de este régimen. Deberían enjuiciarlo
por traidor a la patria, a causa de sus vinculaciones con la guerrilla
colombiana. Tengo pruebas porque el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, fue
descubierto pasándole información a Miquilena y a Rangel e incluso al
Presidente, mientras era Director de Inteligencia de la Disip. Ese hombre es
usado por el gobierno para negociar y facilitar información a la guerrilla
colombiana, a pesar de que ésta ha matado a nuestros soldados (El Universal,
22/06/2000).
El caso de Urdaneta Hernández encontró aparente final cuando
la juez Hager, luego de ser señalada por los abogados defensores Jesús Ramón
Quintero y Tamara Bechar Alter ante la Inspectoría General de Tribunales,
sentenció que el juicio debía continuar, pero sin formular cargos ni condena.
A Jorge Garrido le instruyeron un procedimiento según el cual
podía presentarse regularmente al Tribunal 47 de Control a cargo de la juez
Hortensia Padrón, a cambio de la privación de libertad, mientras el proceso
seguía su curso legal. Finalmente resultó exonerado.
Un par de artículos de opinión buscaron orientar a la opinión
pública sobre este cruce de acusaciones de corrupción en época electoral entre
antiguos aliados. Uno del ex juez Frank Vecchionacce, titulado Lista de
corruptos, dejó sentir que "desde siempre en Venezuela se ha hecho abuso de
los tribunales penales para propósitos políticos. Se solicitan investigaciones a
sabiendas de que no se concluirá en nada definido, pero se publicita la
actuación para obtener de ella dividendos estrictamente políticos o para
descalificar a un adversario, sin que a nadie le duela que junto con la
inutilidad de la investigación se juega el prestigio del Poder Judicial y de las
instituciones. Esto dio renombre a denunciadores profesionales" (El
Universal, 14/02/2000).
El otro escrito salió bajo la firma del investigador Herbert
Koeneke, citado ya varias veces, con el título de Corrupción
quintarrepublicana. Expuso que "la V República nació enferma de corrupción,
tal como lo revelan tanto el informe 1999 de la Contraloría General de la
República, hecho público hace poco por Eduardo Roche Lander, como la
consignación en la Fiscalía de 46 expedientes de presuntas irregularidades
administrativas en los más altos niveles del gobierno, nada más y nada menos que
por el ex director de la Disip, Jesús Urdaneta Hernández" (El Universal,
12/04/2000).
El docente contrastó la situación: "Uno y otro caso de
denuncias merecerían decisiones firmes y rápidas del gobierno, no sólo por
provenir de personas reputadamente serias, sino además por haber ocupado ellas
los máximos cargos en lo organismos fundamentales de control e inteligencia del
país al principio de la actual administración. Estas decisiones, sin embargo, no
han sido tomadas y, más bien, se les ha restado importancia a las denuncias o se
han lanzado contra-acusaciones y descalificaciones a los denunciantes. También
se ha pretendido exonerar a priori a uno de los principales acusados ( Luis
Miquilena) con el doble alegato de que fue un héroe de la resistencia durante la
dictadura y de que sirvió de inspiración a una novela histórica sobre la época.
Pues bien, el novelista está muerto y no es posible saber qué pensaría hoy de su
‘inspiración’ a la luz de las evidencias hasta ahora presentadas. Por lo demás,
el haber conocido cárcel y tortura tampoco es garantía de honestidad. Entre
muchos que las sufrieron, como los ‘guasineros’, se encuentra un ex Presidente
de la República, acusado junto con su secretaria privada (Jaime Lusinchi y
Blanca Ibáñez), de numerosos delitos de salvaguarda, cuyos casos prescribieron
por deliberada lentitud procesal".