La nueva Asamblea Nacional, con la oposición atomizada y en franca minoría: apenas 63 votos contra 102 del oficialismo, tenía entre otras actividades iniciar la actualización de más de 400 leyes como consecuencia de una nueva Constitución.

Entre las Leyes de los Poderes Judicial y Ciudadano tenemos las siguientes: Orgánica del Poder Ciudadano, del Ministerio Público, del Consejo Moral Republicano, de la Defensoría del Pueblo, del Sistema Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, de Carrera Judicial, de Administración de Justicia, de Circuitos Judiciales, de Jurisdicción Disciplinaria Judicial, el Código de Ética del Juez, de Justicia de Paz, de la Contraloría General de la República, el nuevo Código de Justicia Militar y la reforma a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

La conformación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional dio de qué hablar desde el momento mismo de la instalación del parlamento unicameral. El Movimiento V República se debatía entre tomar o no la presidencia del comité más importante de investigación anticorrupción de la Asamblea: si se la quedaba, ello significaba "pagarse y darse el vuelto" pero se evitarían posibles saboteos a la gestión oficial. No tomarla representaría una debilidad frente a la oposición.

AD, como segunda fuerza, reducida a sólo 30 diputados, pero segunda fuerza al fin, manifestó la intención de presidirla. De hecho, un diputado oficialista, Alejandro Armas, declaraba que "necesitamos a gente enérgica en el control del Gobierno, por lo que se acordó dejar esta comisión en manos de la primera fuerza de oposición, que es AD. Esto demuestra que estamos bien intencionados" (El Universal, 04/08/2000). Querían nada más y nada menos que manejar en minoría las investigaciones anticorrupción, el presupuesto y los créditos adicionales y públicos y la acciones contra la conflictividad interna del país.

Pero la buena intención del diputado Armas y los apetitos de AD se quedaron en el camino, cuando insurgió un pacto entre el Movimiento V República, sus aliados y Proyecto Venezuela para conformar no solamente la directiva del parlamento sino las de las comisiones, incluida la de Contraloría. Así, para el 14 de agosto la presidencia de la Asamblea recayó en el emeverrista William Lara; la primera vicepresidencia en el masista Leopoldo Puchi; y la segunda vicepresidencia en Gerardo Saer de Proyecto Venezuela. La idea era que ni AD ni Copei quedaran en las directivas de nada importante en el parlamento.

En consecuencia, Vestalia de Araujo de Proyecto Venezuela pasó a ocupar la presidencia de la Comisión Permanente de Contraloría, pero el MVR se aseguraba de colocar en la vicepresidencia al parlamentario Pedro Carreño, ex golpista el 4F junto con Chávez y barinés al igual que el presidente.

No sólo para los 23 miembros de la referida comisión contralora, sino para cualquier periodista que cubra o indague las incidencias que surgen de su seno, no constituye ningún secreto que los enfrentamientos verbales entre Araujo y Carreño comenzaron desde el mismo instante de conformarse como grupo parlamentario.

Con apenas un mes al frente de la Comisión, Araujo dio unas declaraciones donde afirmaba que "a pesar de tener 94 casos (de corrupción) que investigar, heredados de la Comisión Legislativa Nacional, la Comisión no había podido iniciar las averiguaciones correspondientes debido a que no habían sido nombrados los presidentes de las subcomisiones que la conformaban" (El Nacional, 10/10/2000). Mencionaba como ejemplo el caso del ex gobernador de Caracas, Grüber Odremán, denunciado por el nuevo Alcalde Mayor, Alfredo Peña. "La Comisión ordenó investigar esta denuncia, pero no se le dado curso porque no han sido nombrados los presidentes de las subcomisiones", explicaba.

Así, había otros casos como el de las fallidas megaelecciones, las aduanas, el Seniat y el Plan Bolívar 2000 correspondientes a la nueva administración. "La mayoría parlamentaria de la Comisión, compuesta por el MVR y el MAS, han negado las propuestas hechas entre otros por AD", declaraba Araujo.

Al día siguiente de la reacción pública de la presidenta, el vicepresidente Pedro Carreño salió al paso y dijo que "me preocupa que la presidenta de la Comisión dé alegremente estas declaraciones queriendo hacer ver que no hay voluntad política para abrir las investigaciones. Responsablemente debo decir que no hemos recibido estas denuncias y mal podemos abrir investigaciones de denuncias que no tenemos. Me parece una información efectista, para atraer a los medios de comunicación o venderse" (El Nacional, 11/10/2000). Reconoció el retardo en la designación de los presidentes de varias de las subcomisiones. "No estamos interesados en darle largas a este asunto para avalar la corrupción o entorpecer la investigación de los casos", expresó.

El diputado por la Causa R, Enrique Márquez, declaró en una oportunidad que "hay un enfrentamiento entre la presidenta de la Comisión, Vestalia de Araujo, y el vicepresidente, Pedro Carreño. Carreño se queja de que las subcomisiones trabajan sin su conocimiento, cuando en realidad se aprueba que se realicen las investigaciones en la plenarias de la Comisión" (El Nacional, 18/03/2001).

La tarde del jueves 1o de marzo de 2001, cuando hacíamos antesala para poder entrevistar a la presidenta de la Comisión, Vestalia de Araujo, pudimos escuchar -tabique de por medio- la agria discusión que tuvo con Pedro Carreño. Se agredieron mutuamente en a propósito de las investigaciones sobre la licitación del nuevo sistema de identificación y cedulación contratado por el entonces ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila. Carreño reclamaba a Araujo el engavetamiento del respectivo expediente.

—Realmente fue bastante lamentable –nos explicó Vestalia de Araujo-. Decir que aquí se engavetó un expediente, es un desconocimiento de la realidad. Es imposible engavetar un expediente porque el sistema obliga a que ello no ocurra así.

— ¿Quién hizo ese comentario, doctora?

— Lo hizo Pedro Carreño...

— ¿Por algún caso en particular? –repreguntamos.

— Por el caso de Indra y la nueva cedulación. Cuando se hizo la distribución de la cuenta, él (Carreño) no había asistido a la Comisión.

Fuente: Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Para marzo de 2001 en la Comisión de Contraloría reposaban oficialmente (sin duplicidades) 93 casos de presumible corrupción, heredados de la Constituyente y del Congresillo. Su desglose era el siguiente:

Fuente: Comisión de Contraloría, Asamblea Nacional.

Observamos que entre los casos registrados por el comité parlamentario figuran denuncias contra 34 alcaldes o alcaldías, 8 gobernaciones, 23 institutos del estado de carácter nacional o regional y varios particulares o asociaciones mixtas del Estado, repartidos en toda la geografía nacional.

— Son casos –explica el diputado Alejandro Arzola- que los medios de comunicación han reflejado, que han sido conocidos por la opinión pública. Pero en los estados y municipios hay todavía otros casos espeluznantes de corrupción. Hay casos contra la cosa pública en todo el país que no se conocen. Se quedan en un municipio o en un pueblo alejado de las grandes cadenas de información. Son centenares y miles de hechos de corrupción. Por ejemplo, el ex alcalde del municipio Peña (Yaritagua), Angel Rivero, transfirió de las cuentas de la alcaldía más de 300 millones de bolívares a la cuenta de una hermana. Y eso está certificado por la entidad bancaria que dejó constancia de la cuenta tal del municipio cual.

— ¿Y ese señor porque no está al menos investigado?

— Sencillamente porque el fiscal que tiene el caso el fiscal regional cuarto, Omar González, tiene en su escritorio el expediente y no ha hecho ningún tipo de diligencia para establecer cuando menos un criterio de responsabilidad frente a este hecho. Hay una inspección ocular que certificó todo el proceso de transferencia. También está el otorgamiento de 20 millardos por la vía de la adjudicación directa para la construcción de viviendas en el estado Lara. Los recursos fueron a parar a dos empresas que tienen un mismo dueño.

Fuente: Diputado Alejandro Arzola.