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El comandante golpista Francisco Arias Cárdenas planteaba "la obligación de reorientar el cambio que Venezuela reclamó, y a hacer que se encamine hacia una verdadera revolución de hechos concretos, pacífica, profundamente democrática, que no pretenda soportarse en el enfrentamiento y la intolerancia social y que signifique una transformación productiva, expresada en empleos, seguridad y vida digna para todos". Cuestionaba que si bien se sentía responsable directo "por el resultado del proceso que desatamos en el país en el 92 y que esperó 6 años para concretarse en una alternativa política exitosa, al ser objeto de la confianza de la mayoría de los venezolanos... ahora en el año 2000, después de estos meses de gestión del presidente Chávez, nos empobrecemos a una velocidad vertiginosa, a pesar de que el gobierno ha recibido una gigantesca cantidad de dinero por el aumento de los precios del petróleo" (Plan de Gobierno de Francisco Arias Cárdenas). Las razones fundamentales de la crítica eran: El Presidente y su gobierno han demostrado una absoluta incapacidad para resolver los problemas sociales y económicos de Venezuela. Darle más tiempo es prolongar la agonía nacional actual y profundizar una crisis de inmensas e impredecibles consecuencias para nuestro futuro. La economía venezolana no enfrenta una simple recesión. Se adentra cada vez más en el oscuro túnel de una depresión, caracterizada por la parálisis general del aparato productivo y masivo de empleo. Los puntos centrales del "compromiso para la lucha" de Arias Cárdenas se pueden resumir así: Una transformación social, en donde todos trabajemos arduamente para superar la pobreza y la inseguridad. Una transformación económica, en donde nos planteemos responsable y éticamente, la producción, la distribución de la riqueza, en lugar de la distribución de promesas, y la creación de un clima de confianza en las potencialidades económicas de nuestra sociedad, para nacionales y extranjeros. Una transformación política, descentralizando realmente el Estado venezolano y garantizando el desarrollo de todos y cada uno de los estados y municipios que conforman nuestra patria. Una transformación de la imagen de Venezuela, al hacer de nuestro país un espacio seguro y sólido para la inversión, sin conflictos y atractivo para los ciudadanos visitantes de otros países. Una transformación modernizadora del Estado y la sociedad venezolana, para que tengamos el gobierno eficiente que necesita una sociedad productiva. Entre el decálogo de acciones para darle soporte a los enunciados anteriores se encontraban varias acciones anticorrupción, dignas de mención: Sustanciar de forma inmediata las denuncias de corrupción administrativa, respetando el estado de derecho. Un sistema jurídico estable que proporcione confianza en el país, basado en un verdadero estado de derecho. Realizar un plan nacional de desregulación y simplificación de trámites y normativas. Simplificar los procedimientos de registro y control gubernamental. Fortalecer el Estado y a toda la administración pública nacional, regional y municipal, a fin de garantizarle a la sociedad una mayor eficacia y transparencia en los organismos y políticas públicas. Garantizar la transparencia, colocando énfasis en aquellas instancias en donde el ciudadano se encuentra con más frecuencia con el Estado.
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