Un caso bastante curioso, de comienzo a fin, fue el ocurrido con unas acusaciones que por presunta corrupción denunciaron ante la Asamblea Nacional dos ex funcionarios de la recién creada Defensoría del Pueblo: Oswaldo Cancino, defensor delegado; y Rosauro León, administrador del ente; contra la titular Dilia Parra, a partir de septiembre de 2000.

Concretamente, solicitaban una investigación por gastos inapropiados del orden de los 6 millones 675 mil bolívares, desglosados así: compra de licores y aparatos celulares, pagos de viáticos y varios almuerzos onerosos.

Igualmente pedían que se investigara si la UCV le había cancelado a la Defensora viáticos por una estadía en España, alojamiento por dos meses en el Hotel Avila con gastos diarios de comida, agasajos y taxi; si la funcionaria había insertado a 12 familiares en el despacho y si un cocinero cubano llamado Rogelio Perdomo trabajaba en la institución (El Universal, 15/09/2000). Advirtieron a los periodistas que no se trataba de una retaliación por haber sido removidos de los cargos. Willian Lara se comprometía a investigar en términos de "objetividad, imparcialidad y equilibrio", mientras que el veterano ex constituyente Luis Miquilena salía al paso al escrito, señalando que "yo considero que ella es honesta. Es difícil que se le pueda acusar de un hecho de corrupción" (El Universal, 16/09/2000).

El segundo en la Defensoría del Pueblo, Juan Navarrete, advertía que si Parra renunciaba él haría lo propio: "Si lo que quieren es sacarnos del cargo, que lo hagan, pero no enloden el trabajo de las 380 personas que trabajan actualmente para la institución" (El Universal, de la misma fecha anterior). Es preciso recordar que con la Asamblea Nacional instalada, se aproximaban tiempos para convocar a varios comités de postulaciones que deberían ratificar o remover a todos los funcionarios transitorios que, como Parra, habían sido designados por la Asamblea Constituyente el 23 de diciembre de 1999.

— Cancino fue destituido una vez que se determinó que incurrió en indisciplina y León fue expulsado después de la intervención de la Dirección de Planificación y Presupuesto por manejos inapropiados y poco transparentes – Navarrete se encargaba de aclarar el estatus laboral de los denunciantes.

"Juro que le pediré excusas públicamente a Parra, y de rodillas, si logra demostrar que no hay nepotismo en la Defensoría del Pueblo" declaró Rosauro León para darle soporte a sus cuestionamientos, en compañía de Cancino. "La defensora tendrá que demostrar que en la institución no trabajan hermanos, cuñadas, cuñados, sobrinos, comadres y compadres de ella. Eso es un delito" (El Universal, 17/09/2000). Ambos reconocieron tener vínculos con el MVR, pero "no actuamos ni por retaliación ni por órdenes de Luis Miquilena", agregaron ese día.

— Sería una ingrata si renuncio después de haber sido apoyada por tantas personas –decía Dilia Parra-. Ya olvidé la idea de entregar el cargo este lunes a la Asamblea nacional. Ahora sólo pondré el cargo a la orden del pueblo, para no defraudar a quienes me ofrecieron solidaridad. Si la Defensora no tiene quien la defienda, qué quedará para el pueblo.

Pero el consultor jurídico de la Defensoría, Juan Carlos Gutiérrez, asumió la defensa de Parra, no sin antes renunciar al cargo, pues la fiscal 28, Rosa Memoly, había sido asignada para atender el requerimiento.

— Me dejaron mensajes en mi casa, anunciando por ejemplo que harían más denuncias en mi contra y notificando que había otros candidatos a ocupar el cargo de Defensor. Y tengo que llorar –agregó Parra- porque soy humana y tengo que jurarle al pueblo de Venezuela que no soy una corrompida (sic). Tengo conocimiento de que hay personas que están conspirando en mi contra y que pertenecen a dos grupos interesados en impulsar las candidaturas de Tarek William Saab (diputado a la Asamblea) y Nora Castañeda (luego presidenta del Banco de la Mujer). Esto es trabajo de alta inteligencia. Yo entiendo que Tarek William sea candidato a defensor, pero eso no debe llevar a estrategias que dañen a Dilia Parra y desprestigien a su equipo (El Universal; 19/09/2000).

Gutiérrez, a todas estas, había demandado a los denunciantes a nombre de Parra, por: difamación, injuria agravada continuada, vilipendio político, extracción de documentos públicos, apropiación indebida calificada y lesiones personales. Cancino y León rindieron declaración, entregaron supuestas pruebas a la fiscal asignada y ratificaron las denuncias formuladas. "Pero nunca llamamos corrupta a Dilia Parra, sólo exigimos indagar", para agregar luego: "Yo soy director de ideología del MVR en San Agustín, pero no fui expulsado del MVR", aseguraba León (El Universal, 19/09/2000).

El llamado Poeta de la Revolución, Tarek William Saab, declaró que no quería ser Defensor del Pueblo. "No tengo arte ni parte en esto. Tal vez, producto de los nervios, ella ha utilizado una vieja forma de atacar, pero yo no le acepto ni a Dilia Parra ni a nadie que se me coloque en ese tipo de conflicto. No me interesa para nada la Defensoría del Pueblo, pues me debo al electorado de Anzoátegui, donde fui electo con 67%" (El Universal, 21/09/2000). Nora Castañeda, profesora de la UCV al igual que Parra, hacía lo propio: "Rechazo categóricamente que tanto mi familia como mi persona hayamos participado en algún tipo de campaña y con grupo alguno contra la profesora Dilia Parra y mucho menos contra la Defensoría del Pueblo. Nunca he necesitado cargos para trabajar por los derechos humanos.... esta no es mi práctica" (El Universal, 22/09/200).

Otro episodio identificaba el caso. El abogado de la dirección de Administración de la Defensoría, Manuel Ramírez, fue detenido tratando de sacar documentos de la institución. En su poder tenía, supuestamente, "un disquete con la ruta de las órdenes de pago y otros documentos contables, un manual para la tramitación de viáticos y el registro de ejecución del presupuesto" (El Universal, 22/09/2000). Martínez negó tener relación alguna con Cancino y León, pero igual fue destituido y puesto a las órdenes de la PTJ y la fiscal.

— No soy espía y nunca me encontraron in fraganti con documentos confidenciales –declaró Ramírez-. Me detuvieron en la unidad de Seguridad y me prohibieron la salida de la Defensoría desde las 2:00 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, sin justificación de ley; y luego fui obligado a ir al despacho de Dilia Parra, donde se encontraban los directores. Allí la Defensora permitió que me hicieran un interrogatorio que se convirtió en enjuiciamiento (El Universal, 23/09/2000).

— Pero Oswaldo Cancino y Rosauro León acudieron a la Asamblea para repudiar su despido y dijeron que usted les había informado de lo sucedido –le señaló la periodista Irma Álvarez.

— Yo no acudí a ellos, ellos fueron los que me llamaron para darme su respaldo... Pero todo lo están haciendo a título personal, -respondió Ramírez.

Dilia Parra ratificó ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del Palacio de Justicia, su acusación privada contra Cancino y León. "Creo que el país ya no aguanta más que haya gente que quede impune manchando el honor de las personas" (El Universal, 30/09/2000).

Mientras, Manuel Ramírez solicitaba un antejuicio de mérito contra la Defensora del Pueblo ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, por abuso de autoridad, privación ilegítima de libertad, tratos crueles e inhumanos y difamación. "No hubo malicia de mi parte al sacar documentos de la Defensoría del Pueblo. La única relación que me une con el Dr. Cancino es que él me ofreció su asistencia jurídica y yo, como soy un hombre pobre, la acepté encantado de la vida" (El Universal, 06/10/2000). Cancino y León habían pedido un derecho de palabra ante la comisión de Contraloría de la Asamblea, siendo que ésta recibió los recaudos consignados y procedió con una investigación a Dilia Parra.

Pero el 19 de octubre, la Fiscalía acudió ante la juez 10 de Control Penal, Nancy Toro, y pidió exonerar de cargos por corrupción y malversación a Parra. El requisito era que la Defensora del Pueblo demostrara que los gastos imputados estaban en orden presupuestario y ajustado a las partidas correspondientes. No era cierto lo de su permanencia durante dos meses en el Hotel Avila ni la contratación del cocinero cubano. El tribunal ciertamente exoneró a Parra al considerar que ni ella ni otro funcionario se habían apropiado o distraído bienes del patrimonio público, decía la sentencia de 28 páginas. Quedaba descartado el supuesto nepotismo del que aseguró que se arrollidaría Rosauro León si se demostraba que no era cierto.

Pero en paralelo se ventilaba el otro juicio incoado por Parra contra sus denunciantes. Cancino y León objetaron a la juez 18, Hertzen Vilela, y el expediente pasó a manos del juez 10 de juicio, Luis Antonio Ortiz. Los denunciantes estaban proponiendo cerrar el juicio de manera pacífica.

— Nunca dijimos que la doctora Dilia Parra era corrupta –insistieron Oswaldo Cancino y Rosauro León-. Simplemente que se investigaran unos hechos y no a una persona en particular (El Universal, 17/11/2000).

Así retiraban estos denunciantes las acusaciones que por malversación de fondos, habían presentado desde el 15 de septiembre. Cancino, ante un fuerte acoso periodístico, alcanzó a decir que "ella, Dilia Parra, presentará un escrito donde cesa en la querella por difamación en contra nuestra. De igual forma, anulamos las costas procesales, porque es un delito de acción privada" (El Universal, 17/11/2000).

Según la defensa de Parra, la funcionaria había accedido a otorgar algo llamado "perdón del ofendido", figura empleada en casos de derecho privado. Así, el honor de Dilia Parra, la primera defensora del Pueblo de la V República, quedaba a buen resguardo. Finalizaba, sin duda, un curioso caso que como dijimos al comienzo de este intertítulo, estuvo signado por un cúmulo de extrañas circunstancias, de comienzo a fin.